En San Francisco quieren caminar seguros y tranquilos

      
En este municipio del Oriente antioqueño avanza el desminado humanitario. Los campesinos están retornando a sus veredas, pero se teme que grupos armados vuelvan a sembrar explosivos.
 
 Vereda La Lora, de San Francisco, libre de sospecha de minas antipersonal. Foto: VerdadAbierta.com        

En el municipio de San Francisco, Oriente lejano de Antioquia, sus campesinos quieren caminar con seguridad en las veredas y por eso confían en el proceso que adelanta un batallón de desminado humanitario del Ejército Nacional que, día tras día, barre las veredas para eliminar las minas antipersonal y la munición sin explotar, elementos que evidencian la intensidad de la guerra que padeció esta región a finales de la década del ochenta y comienzos del dos mil.

Esta población, ubicada en la zona de bosques del Oriente antioqueño, fue una de las más golpeadas en el departamento por la presencia de facciones guerrilleras de los frentes 9 y 47 de las Farc y el frente Carlos Alirio Buitrago del  Eln, así como por facciones paramilitares ligadas a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y las operaciones militares del Ejército Nacional.

Las cifras del desplazamiento evidencian el alto impacto de la confrontación armada entre las comunidades. Un corte realizado por la Defensoría del Pueblo a septiembre 30 de 2010 mostró que de este municipio salieron 13.431 personas, es decir, el 87% de sus pobladores, quedando en el casco urbano y en algunas veredas cerca de 3.500 personas solamente. Informes de esta agencia del Ministerio Público establecieron que la guerrilla, seguida de grupos paramilitares y, en menor proporción, la Fuerza Pública, fueron los agentes expulsores.

Aníbal Vásquez, un líder campesino de la vereda La Lora, recuerda los amargos momentos que padecieron las comunidadescuando se recrudecieron los choques armados y tuvieron que salir de sus parcelas: “el primer desplazamiento masivo fue el 15 de marzo de 2003. En esa época, entró el Ejército con la Operación Marcial y había combates todos los días, entonces nosotros, para cuidar nuestras vidas, mejor salimos de las fincas y nos vinimos para el casco urbano”.

Como respuesta a esa arremetida de tropas especiales de la IV Brigada, los subversivos optaron por replegarse a las zonas más boscosas y montañosas del municipio, no sin antes sembrar de minas antipersonal algunos de los caminos y pasos veredales, con el fin de contrarrestar y contener el avance de la Fuerza Pública, lo que generó un drama humanitario para los campesinos cuando, meses después, decidieron retornar a sus parcelas.

“Las veredas San Isidro, Jardín, La Lora, Rancho Largo y Boquerón fueron minadas por el Eln y las Farc. Cuando minaban un sector, los guerrilleros a nosotros los pobladores que por cierto sitio no podíamos caminar porque había minas. Ellos nos advertían”, rememoró Aníbal. Las veredas La Lora y Boquerón son limítrofes y, de acuerdo con este labriego, eran estratégicas para la guerrilla, de ahí la alta contaminación del terreno con estos artefactos explosivos. “Entre los años 2003 y 2005 ocurrieron tres accidentes en la vereda La Lora, el resultado fue un muerto y dos heridos”, afirmó.

De acuerdo con cifras del Programa Presidencial Acción contra las Minas Antipersonal (Paicma), entre 1990 y octubre de 2012, en San Francisco se reportaron 110 víctimas de eventos con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, ocasionando la muerte de 19 personas.

Punto de quiebre
Las constantes acciones militares contra las facciones de las Farc y el Eln asentadas en este municipio, que provocaron sendas bajas y deserciones, posibilitaron que desde el año 2008 ingresara el Batallón de Desminado Humanitario N. 60, para adelantar labores de limpieza del terreno. Las tareas comenzaron en las veredas Boquerón, El Aguacate, El Jardín, Rancho Largo, San Isidro, La Lora y Cañada Honda.

De acuerdo con miembros de este equipo de desminado, entrevistados por VerdadAbiera.com en el casco urbano de San Francisco, los avances en estos años son significativos: de 42 veredas que tiene este municipio, 22 ya están libres de sospechas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. “Si seguimos los protocolos del Paicma, las podremos entregar en corto tiempo”, aseguró uno de los militares al frente de estas labores.

En esas tareas ha sido efectiva la participación de las comunidades campesinas que ha venido retornando a las veredas paulatinamente en los últimos años y recobrado su dinámica productiva: “La gente colabora mucho, es muy afecta al desminado y constantemente nos señala posibles sitios contaminados”.

Otras 14 veredas están en amarillo, es decir, vienen siendo revisadas con detalle para determinar el grado de presencia de estos artefactos explosivos. Al frente de esas actividades está un suboficial.

El secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño, reconoció que la gravedad de la amenaza que representan las minas antipersonal para las comunidades en proceso de retorno y las califica de “declaratoria de guerra perpetua”, dada su permanencia bajo tierra y su potencial peligro.

Desde su despacho se ha venido apoyando el trabajo que adelanta el batallón de desminado humanitario y al alcalde Luis Emigdio Escobar Villegas para lograr, en el mediano plazo, tener un municipio sin sospechas de minas.

“Estamos trabajando para que ojalá durante este año puedan dar esta noticia. Es muy difícil, por la extensión del municipio, que tiene 42 veredas, pero nuestro compromiso es para que los campesinos retornen y vuelvan a producir”, reiteró el funcionario, quien espera que esta población comience a caminar hacia lo que el gobernador Sergio Fajardo ha llamado “el capítulo de la inteligencia, la creatividad y la educación”.

La ecuación, según Londoño, es integral: “Desminado, retorno de los campesinos, acompañamiento en sus procesos productivos y generación de oportunidades, ese es nuestro propósito”. De hecho, desde su despacho, se trabaja con 220 familias en la recomposición del tejido social y en el acompañamiento a sus procesos comunitarios.

Por su parte el Alcalde de la población calificó el desminado como un primer paso “para lograr un retorno digno y seguro de los campesinos a sus parcelas”.  Su aspiración es que antes de acabar su gestión, en el 2015, San Francisco sea el segundo municipio en Antioquia, después de San Carlos, también en el Oriente antioqueño, libre de sospechas de minas antipersonal.

Uno de los retornados a la vereda La Lora es, justamente, Aníbal Vásquez, quien destacó las acciones que se han venido haciendo para lograr un mayor bienestar: “la comunidad regresó y ahora trabajamos todos con el apoyo de programas de asistencia por parte del gobierno”.

Riesgos latentes
El clima de optimismo que respiran las autoridades departamentales y locales, así como algunos pobladores, es opacado por los riesgos latentes que aún genera la presencia de grupos armados organizados ilegales en algunas veredas. “Ya se escucha de la presencia de esos grupos, se han vuelto a sentir, pero no están llegando hasta las propias veredas”, le dijo una docente rural a VerdadAbierta.com.

El temor fue confirmado por integrantes del Batallón Humanitario. En riesgo hay seis veredas, entre ellas El Brillante, San Agustín, La Holanda y La Honda, cercanas al corregimiento Aquitania, donde hay presencia de cultivos de hoja de coca.

“Tenesmos información, aún por confirmar, que en esas veredas hay una especie de células, reductos delincuenciales armados, que podrían causar muchos daños y sembrar más minas. Se cree que son reductos de los frentes 9 y 47 de las Farc, que pueden dañar el trabajo que se ha venido haciendo”, indicó el militar.

Parte del problema con esas seis veredas es que están en el abandono total, no vive nadie en ellas, y los militares que adelantan las labores de desminado tienen problemas de acceso, en parte por la logística que manejan para sus tareas de limpieza. “Todo eso nos dificulta mucho el proceso de investigación”, reiteró. Por el momento están creando los  protocolos necesarios para ingresar a esos territorios.

Otra de las dificultades que se tienen para lograr la meta de municipio libre de sospechas de minas antipersonal es la presencia de cultivos de hoja de coca administrados, al parecer, por grupos armados post-desmovilización ligados a las antiguas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que podrían recurrir a la utilización de estos artefactos explosivos para impedir la erradicación.

Los esfuerzos de autoridades locales y regionales, de la Fuerza Pública y de la voluntad de retorno de los cientos de campesinos que huyeron de la confrontación armada, podrían verse truncadas si los grupos armados ilegales persisten en sembrar las veredas con estos artefactos, proscritos por el Derecho Internacional Humanitario. En San Francisco quieren caminar con seguridad y confían en que nadie se los impida.