La Unidad de Víctimas entregó $5.221 millones a estas familias afectadas por las acciones de grupos guerrilleros y paramilitares a manera de reparación por lo que sufrieron.
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| Fany Sánchez siente que fue reparada, no sabe si ha perdonado, y no conoce la verdad sobre los motivos de la muerte de sus hijos. FOTO: Alcaldía de Valledupar |
Con la certeza de que no es suficiente una reparación económica por ser víctimas del conflicto armado, 227 familias del Cesar y La Guajira asistieron a un acto simbólico en el que además de recibir las cartas-cheques, les dieron un árbol como homenaje a la vida. Las familias que llegaron a Valledupar al acto colectivo de reparación recibieron $5.221 millones que pueden utilizar para mejorar sus vidas.
Fany Sánchez, una mujer de 61 años, vivía en su finca con su esposo ytres de sus siete hijos. Era una parcela pequeña en lo alto de la Serranía del Perijá, donde sembraban fríjol, tomate de árbol, mora y otras frutas, que al venderlas en Codazzi les daba para vivir sin angustias. Pero el 19 de noviembre de 2002, a las seis de la mañana, un grupo de hombres vestidos con camuflados se llevaron a los dos hijos menores: Jhon William y Luis Alberto Quintero, de 16 y 18 años. Eran hombres del ELN que querían reclutarlos a la fuerza.
“A los pocos minutos sentimos los disparos. Dios mío, grité. A mí no me dejaron ir a verlos, pero mi esposo y mi otro hijo fueron a ver y los habían matado”, recuerda con la carta-cheque en una mano y el árbol en la otra, y muchas lágrimas que no paran de correr por su rostro. Para Fany ni la plata ni el árbol le podrán borrar de su corazón el dolor que siente por la pérdida de sus hijos.
A sus dos hijos los enterraron en el mismo sitio donde los mataron y toda su familia salió ese mismo día de la finca y sólo diez años después regresaron acompañados de la Fiscalía a la exhumación de los cuerpos, que aún están en proceso de identificación. “Lo único que quiero es que me devuelvan los restos de mis hijos para darles cristiana sepultura en el pueblo donde vivo hoy”. Fany vive en un corregimiento sobre la Troncal de Oriente, donde trabaja como cocinera en un restaurante de la transitada vía, pues debe velar por su esposo que a partir de la muerte de los muchachos quedó afectado emocionalmente. Trinidad Quintero el jefe de este hogar perdió sus facultades mentales y cada vez que observa la foto de sus hijos llora desconsolado. Por eso esta mujer que hizo un viaje de dos horas para recibir la reparación económica, dice que a su familia no le interesa recuperar la tierra: “Si perdimos a mis hijos, ahora que no se pierda la tierra”.
Sobre el destino que le dará a los 12 millones que recibió, asegura que le gustaría comprarse una casa. Hoy viven con una de sus hijas en precarias situaciones. Pero es probable que ese dinero no les alcance.
Los esposos Jaramillo, desplazados del corregimiento de Carraipía, en Guajira, son otra familia que recibió reparación. Digna, una de los ocho hijos de esta pareja, no sabe qué van a hacer con esta plata. “Esto no repara en nada, mi papá está muerto y no va a revivir”. Al padre de esta familia lo asesinaron los paramilitares en su finca en 1997, porque lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. Después de su muerte decidieron que no debían salir de su tierra, pero al poco tiempo llegaron las camionetas con los hombres de las Autodefensas y les dijeron que debían irse. Los cultivos y el ganado, todo, se quedó allá, y se fueron a vivir al pueblo. La finca de esta familia queda muy cerca de Venezuela y nunca más volvieron a ella por miedo a más retaliaciones. “Preferimos olvidar todo y hoy nos toca hacer de todo para poder vivir”.
Mientras la directora territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira, Juanita Ramírez, leía la carta de dignificación que envían desde Bogotá a las víctimas, en la que lamentan lo que les pasó en el conflicto armado interno, y les reafirman que saben que no podrán borrar las heridas que dejaron los hechos, pero si los ayudarán a cicatrizarlas, el joven Luis Francisco Tovar, de 24 años, que a los 11 años vio como asesinaron a su padre los paramilitares para quitarle la finca que tenía en Fundación (Magdalena), pensaba que esta reparación le servía mucho para impulsar su incipiente negocio de impermeabilización. “Cuando mataron a mi papá, yo era muy pequeño y me tocó comenzar a trabajar como aserrador, como lo hacía él, pero nos amenazaron y tuvimos que irnos”, cuenta.
Este joven, su mamá y sus otras tres hermanas se fueron para Valledupar y ahí comenzaron una nueva vida. No volvieron a saber de la finca y cuando quisieron ir a Instrumentos Públicos, se sorprendieron al comprobar que no existía ningún título de propiedad a nombre de su padre. Al parecer, los paramilitares le hicieron firmar una venta ficticia antes de su muerte. “Para mí esto es solo un acto simbólico para tratar de ayudar, es un incentivo moral y emocionalmente”, dijo Tovar.
Ramírez de la Unidad de Víctimas recordó que en el Cesar existen 267 mil víctimas y esto apenas es el inicio. Con estos recursos, ya suman cerca de $12 mil millones las reparaciones hechas a la fecha.
