De las 30 parcelas que fueron adjudicadas a campesinos por el Incora, 24 están en manos de otros, entre éstos, una empresa carbonera que las usa de botadero de escombros.
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La violencia guerrillera y paramilitar que azotó a los pueblos del eje minero del Cesar, comprendido entre los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná, en el centro del Cesar, afectó especialmente a los campesinos que tuvieron que aprender a sobrevivir entre dos fuegos.
Dan testimonio de esta doble violencia los habitantes de la vereda Santafé, del corregimiento de Estados Unidos (Becerril), donde en la década de los ochenta instaló su centro de operaciones el ex jefe guerrillero ‘Simón Trinidad’. Años más tarde, Santafé fue víctima del terror de los grupos paramilitares comandados por alias Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, y Oscar José Ospino Pacheco, ‘Tolemaida’, comandantes del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc.
La historia conflictiva de la vereda Santafé comenzó cuando la guerrilla de las Farc conminó al dueño para que les pagara extorsión, como no cedió, intentaron secuestrarlo y le destruyeron su finca. Desesperado por la presión en 1987 la vendió al Incora.
Cerca de 50 familias campesinas se instalaron entonces en la finca para conseguir que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les adjudicara la tierra. “Nosotros llegamos el 9 de noviembre de 1989 –dice Sifrey Culman un adjudicatario de esa época y hoy líder reclamante de la tierra –y a los pocos días nos visitaron funcionarios del Incora”.
El Instituto les tituló parcelas en Santafé a 30 familias, pues no alcazaba para más gente. “A las otras las mandaron para otro predio que se llama Manantiales”, recuerda Culman. Los campesinos de Santafé recibieron los títulos el 26 de noviembre de 1991, según consta en las escrituras.
Pero desde un año antes de que les entregaran los títulos de propiedad, siguieron los problemas. El Ejército atacó a la guerrilla de las Farc en la zona. Uno de los adjudicatarios del Incora, Nayith Martínez Tapias, murió en medio del enfrentamiento. Días después el Ejército lo presentó como supuesto miembro de las Farc, muerto en combate. Le inventaron hasta un alias, ‘La Mona’. A los campesinos les entró pavor y huyeron.
Sin embargo, al poco tiempo regresaron, pero no se quitaron el estigma de colaboradores de la guerrilla. En 1997, llegó a sus predios un numeroso grupo con hombres de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) de los hermanos Castaño y de los paramilitares del Sur del Cesar de Juancho’ Prada. Con fusiles en mano les ordenaron desalojar.
Detrás de las intimidaciones violentas, llegó un personaje llamado Percy Diazgranados que decía tener vínculos con la minera nacional Carbones del Caribe, por entonces dueña de las ricas minas de carbón de La Jagua y Cerro Largo. Les ofreció comprarles rápidamente sus parcelas a muy por debajo de su valor real.
El profesor Weimar Navarro, que quería su finquita, se negó a venderle al comisionado que hablaba supuestamente a nombre de Carbones y prefirió venderle a otra persona. Días después los paramilitares se lo llevaron de su finca y a 500 metros de allí, lo mataron. Cortaron su cuerpo en trozos que enterraron. Su familia después pudo desenterrar sus restos y huyó.
De los 30 adjudicatarios originales, 19 vendieron amedrentados, seguramente temiendo correr la misma suerte del profesor. Después del 2000 apareció el Bloque Norte y su frente Juan Andrés Álvarez, que en un inicio fue comandado por alias ‘El Tigre’ y luego por ‘Toleimada’ y las cosas se pusieron peor. Solo en el corregimiento de Estados Unidos y sus alrededores asesinaron a más de 100 personas y existe una larga lista de personas desaparecidas, que según cuentan labriegos y habitantes que retornaron muchos años después, fueron enterrados en fosas comunes. Entre las víctimas, cayó Pedro Rico, un campesino que se llevaron de su casa en el municipio de Becerril.
Culman y otros líderes aseguran que Diazgranados compró varias de las 19 parcelas para él, para su esposa y para otros amigos. Luego les vendió esas mismas parcelas a Carbones del Caribe. Parte de las tierras que quedaron en manos de Carbones del Caribe fueron vendidas en 2004 a la multinacional suiza, Glencore, cuándo ésta le adquirió la mina La Jagua. Y esta minera hoy arroja sus escombros (las rocas y tierras que quedan luego de explotar el carbón) en unas de esas parcelas que originariamente eran de los campesinos beneficiados por la reforma agraria en Santafé. (Ver documento de Incoder).
Otra parte de las tierras de los adjudicatarios originarios, cerca de 300 hectáreas, están hoy cultivadas con palma africana. El dueño estuvo vinculado con Carbones del Caribe y su sembradío, al parecer, es usado como anillo ecológico para mitigar el impacto de la explotación carbonífera.
Según las cuentas del líder de tierras, de las 30 parcelas que les adjudicó el Incora originalmente, los campesinos vendieron 19 parcelas a bajos precios, presionados por grupos paramilitares. De éstas, 14 están sembradas de palma africana, tres terminaron en botaderos de escombros de la carbonera y dos son hatos ganaderos. De las 11 restantes, cinco las tienen sus dueños originales que se negaron a vender y a salir de la tierra y seis están ocupadas por personas diferentes a sus propietarios iniciales.
Culman y otros 23 adjudicatarios originales han llevado su caso a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura para que les devuelvan las parcelas que tuvieron que vender a la fuerza. La Unidad ha tomado el caso y lo está documentando, según contó a VerdadAbierta.com, el director territorial de la Oficina de Restitución de Tierras, Nelson Silva. El funcionario confía en que la restitución en Cesar comience a dar sus frutos este año. Hasta ahora van ocho sentencias en el Cesar de restitución de tierras.
Una vez la Unidad presente el caso ante el juez y, si hay oposición de los actuales dueños, éste va ante los magistrados del Tribunal de Restitución de Tierras. La justicia tendrá que definir si las empresas carboneras, la palmera y las demás personas que hoy tienen la tierra compraron estos predios de buena fe. En caso que se demuestren la buena fe, los parceleros serían compensados con otras tierras similares, pero si no se comprueba y el fallo favorece a los reclamantes, la Unidad de Restitución sería administradora de los proyectos agroindustriales instalados en las tierras si así las víctimas lo aprueban, según lo contempla la Ley 1448 en su artículo 99. Ya hubo un caso fallado en Córdoba, donde no se demostró la buena fe y las tierras con todo y el cultivo de maracuyá que había sembrado los nuevos dueños fueron devueltas a los campesinos.
Según información preliminar de la Unidad de Restitución, el predio Santafé tendría otra complicación: parece que está dentro de un área de reserva forestal, según la ley 2 de 1959. Aún si se confirmara esto, no obstante, se podría restituir porque ya existió una adjudicación legal de la tierra por parte del Incora.
Una vida de lucha
Sifredy Culman Vargas carga consigo permanentemente un maletín lleno de documentos. Son pruebas que ayudarán a restituir la tierra no sólo la suya, sino la de otros 23 parceleros de Santafe, y la de otras víctimas de las veredas El Cacao y Caño Grande, en el municipio de Curumaní, que él también representa.
Por ser tan conocedor del tema, se muestra pesimista. “Veo muy difícil que nos devuelvan esas tierras, porque está el carbón y ese gran cultivo, ahí hay una gran inversión que no van a dejar tan fácilmente”, le dijo a VerdadAbierta.com. Su parcela, la número tres, está sembrada de palma una parte y la otra está sin producir.
Aunque dice creer en la restitución, si ve con preocupación la lentitud del proceso. En el Cesar son 195 mil hectáreas las que están pendientes de restitución y las ocho sentencias sólo resuelven los reclamos por mil hectáreas.
También está pendiente de la restitución de más de 600 hectáreas en El Manantial, vecinas de Santafé, también en el corregimiento de Estados Unidos, zona de Pueblo Viejo, situada en la Serranía del Perijá.
Hoy los parceleros de Santafé están asociados a la Fundación Integral de Víctimas y Restitución de Tierras y hacen parte de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, que ya tiene 120 asociados, entre ellos, los 24 reclamantes de Santafé.
Culman asegura que le ha tocado una vida muy dura desde que se desplazó y más ahora que es líder de tierras. Ha recibido panfletos amenazantes el 6 de marzo y el 3 de abril de 2013. Además hace dos meses llegó un desmovilizado a su casa, que hace parte de las bandas criminales, buscándolo. Pero no había nadie en la casa. “Me salvé de esta”, dice. Hoy la Unidad Nacional de Protección le ha brindado medidas especiales de seguridad.
