El 90 por ciento de las casi 3 mil solicitudes presentadas por los campesinos denuncian despojos violentos.
 |
|
| En Santander, las víctimas han presentado 1.425 solicitudes reclamando 79.768 hectáreas. Foto archivo Semana |
En Santander y el Magdalena Medio, una gran parte del trabajo de la Unidad de Restitución del gobierno se concentra en documentar dónde quedan las parcelas que eran de campesinos y cómo fueron pasando de mano en mano durante la violencia.
En el proceso de documentación, la Unidad y los campesinos que han participado del proceso se han encontrado con que sus antiguas parcelas donde había cultivos de pancoger hoy hay extensos sembradíos de palma aceitera o proyectos de ganadería, lo que ha dificultado la identificación de las fincas que reclaman las víctimas.
“En esta regional hemos ido encontrado patrones. De las 2.804 solicitudes de restitución de tierras, entre 90 y 95 por ciento son casos de despojo. Es difícil encontrar reclamaciones por abandono. Eso significa que la mayoría de casos corresponde a múltiples transferencias en la propiedad, que cambió de dueños, muchas veces en forma forzosa, varias veces. También hay una muy alta transformación del uso de la tierra y eso ha dificultado la identificación de los predios”, dijo a VerdadAbierta.com Mónica Rueda, directora de la Unidad de Restitución de Tierras territorial Santander.
Esta Unidad atiende las solicitudes de 108 municipios del Magdalena Medio: Yondó y Puerto Berrío, de Antioquia; el sur del Cesar con los municipios comprendidos desde San Alberto hasta La Gloria; el sur de Bolívar desde Cantagallo hasta Regidor por la ribera del río Magdalena, y los 87 municipios de Santander. Desde abril de 2012 a la fecha, esta entidad -creada por la Ley 1448 o Ley de Víctimas para atender las reclamaciones de tierras de los campesinos y presentarlas ante los jueces especializados- ha recibido en esta región casi 3 mil solicitudes por 172.255 hectáreas que les fueron arrebatadas por la fuerza a campesinos.
Lupa a casos críticos
Según Rueda, la Unidad le dio prioridad a los casos donde hay mayor número de reclamantes. En el sur de Bolívar las víctimas han presentado 496 solicitudes, siendo San Pablo y Simití los municipios en donde se concentran buena parte de las demandas. Allí muchas de las reclamaciones provienen de campesinos que fueron forzados a vender sus parcelas a precios irrisorios o a abandonarlos.
En sus relatos, varias víctimas han señalado como responsables del despojo a integrantes del Bloque Central Bolívar -Bcb-, a cargo del extraditado Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’. Por lo menos 16 familias han solicitado la restitución de sus predios, que desde hace varios años fueron sembrados con palma aceitera.
Del sur del Cesar, la Unidad ha recibido 700 solicitudes, siendo La Gloria y San Alberto los municipios con mayor número de reclamantes. En el primero se presentaron 286 solicitudes, un gran parte de ellas de desplazados en 1996 de la antigua hacienda Bellacruz -hoy hacienda La Gloria- por paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc (Lea: Tierra prometida en La Bellacruz). Desde 2009, la antigua hacienda es explotada por la empresa palmera La Dolce Vista. Los campesinos reclaman una parte de la tierra advirtiendo que donde se desarrolla el cultivo de palma hay tierras baldías, situación que fue confirmada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse).
En San Alberto, las solicitudes han sido 253, la mayoría de personas que fueron tituladas por el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria -Incora-, y que en sus denuncias han señalado a los paramilitares del Bcb como los causantes del desplazamiento y del posterior despojo. La Unidad de Tierras ha encontrado que varios de los predios tienen más de un comprador y que estos en la actualidad están sembrados con palma y fueron destinados para la ganadería.
“Probar la acumulación de tierras ha sido difícil. Hemos encontrado que varios integrantes de una familia compraron varias parcelas que originariamente eran de campesinos. Eso implica que no podemos estudiar los casos de forma individual; sino que hay que hacerlo en conjunto para analizar, por ejemplo, los apellidos”, indicó la Directora Territorial de la Unidad de Restitución.
En Santander, las familias reclamantes han sido 1.425 y gran parte de ellas se concentran en Barrancabermeja con 224 solicitudes y Sabana de Torres, con otras 221. Según la Unidad de Restitución, en Barrancabermeja, el puerto petrolero, los casos de restitución corresponden a lotes urbanos. La Unidad de Justicia y Paz ha documentado que desde 1998, cuando entraron allí las Autodefensas Unidas de Colombia en una sangrienta ofensiva y durante ocho años siguieron cometiendo masacres, desplazamientos, desapariciones y asesinatos.
En Sabana de Torres, gran parte de los relatos de los campesinos señalan que fueron desplazados por guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón del Eln y luego por paramilitares del Bcb. La primera decisión proferida por un juez de tierras en esta región fue en este municipio, que reconoció la expulsión de un campesino de su parcela y ordenó a las autoridades garantías para su retorno (Lea: Juez ordenó primer retorno en Sabana de Torres, Santander). La Unidad de Restitución espera que otras 10 demandas de restitución de tierras de este municipio sean resueltas este mes por el Tribunal de Norte de Santander.
En los relatos, varios campesinos han expresado que no quieren retornar. No solo por miedo ante la persistencia de actores armados en la región, sino porque ya ha pasado demasiado tiempo y sus vidas ya han cambiado.La mayoría de los reclamantes fueron expulsados cuando tenían entre 50 y 60 años y dicen que les quedan pocas fuerzas para volver al campo. Además, sus hijos jóvenes se adaptaron a la ciudad. Rueda aseguró que un reto de la Unidad será documentar el despojo: “no siempre el tercero es el despojador. Cada caso tiene su particularidad”. Según el antiguo Registro Único de Población Desplazada, de Santander salieron expulsadas por la violencia 85.279 personas entre 1997 y agosto de 2010. Del total de municipios, Barrancabermeja fue el lugar de donde salieron más personas desplazadas, con 24.140 registros.
Ante la a Unidad de Víctimas, otra institución creada por la Ley 1448 de 2011, se han registrado 191.000 personas de Santander. Luis Alfonso Aparicio, director de la Unidad en esta región, indicó que 161.000 de los registros son víctimas de desplazamiento forzado. “La mayoría de las víctimas están concentradas en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, el área metropolitana, porque todos estos municipios han sido receptores”, dijo el funcionario. La Unidad ha entregado $56 mil millones de pesos en reparaciones administrativas y otros $10 mil millones en ayudas de emergencia. Según Aparicio, trabajan en documentar cinco casos para lograr la reparación colectiva: la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, en el municipio de Landázuri; el municipio de Simacota; el corregimiento Turbay en el municipio de Suratá; el corregimiento de Riachuelo en Charalá, y el municipio de Málaga.
