Recientes amenazas contra líderes de restitución de predios en Urabá revelan una nueva estrategia para obstaculizar los procesos de reclamación.
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| La tierra fue uno de los botines de guerra más preciados en el Urabá antioqueño. |
Intimidar, deslegitimar y dividir las comunidades reclamantes de tierras parecen ser las estrategias de aquellos empresarios y terratenientes del Urabá antioqueño para obstaculizar la restitución de predios despojados por grupos paramilitares.
Así lo hizo saber Gerardo Vega Medina, director de la organización no gubernamental Forjando Futuros, luego de analizar la serie de amenazas y campañas de desprestigio que se han conocido en las últimas semanas contra él y tres voceros de la Asociación Tierra y Vida, por su labor de acompañamiento a los campesinos que buscan la restitución de sus predios, arrebatados en la década del noventa y comienzos del dos mil por facciones paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“La labor que estamos haciendo es de política pública, de aplicación de ley, apoyados por USAID (agencia del gobierno norteamericano), España y el Ministerio de Agricultura”, precisó Vega Medina.
Forjando Futuros y Tierra y Vida finalizaron 140 procesos de documentación de supuestos despojos de predios rurales, por unas cinco mil hectáreas, situados en el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca, los cuales le serán entregados al Gobierno Nacional este viernes en Medellín. “A cada uno de esos predios ya se les hizo levantamiento topográfico y las respectivas mediciones como parte del proceso de documentación”, indicó el directivo de Forjando Futuros. Lo que viene ahora es la presentación de cada uno de ellos ante los jueces agrarios, para que determinen cuál será el futuro de los bienes inmuebles en litigio.
Las nuevas amenazas fueron proferidas contra Vega Medina, de Forjando Futuros, así como contra Carmen Palencia, Presidenta Nacional de Tierra y Vida; Jorge Solano, integrante de Tierra y Vida en la región del Catatumbo, en Norte de Santander; Carlos Páez y Manuel Mercado, representante legal y secretario de Tierra y Vida, capítulo Urabá, respectivamente.
Una de las particularidades de las recientes amenazas fue su simultaneidad. Se presentaron cuatro hechos en menos de ocho horas, entre el 5 y el 6 de junio pasado, lo que supone una intensificación de las acciones contra aquellos que lideran la reclamación de tierras en el país.
La primera de ellas ocurrió en la noche del 5 de junio, cuando un grupo de personas se hizo presente en las afueras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, donde se realizaba un foro sobre víctimas promovido por la revista Semana. Allí se repartió un afiche en el que se señaló a Vega y a Palencia como despojadores de tierras durante su militancia en el Ejército Popular de Liberación (Epl) con presencia en el Urabá antioqueño. “Esa es una acción intimidatoria”, aseguró el directivo de Forjando Futuros.
Al día siguiente, llegaron volantes anónimos a las oficinas de Tierra y Vida en el Catatumbo, Norte de Santander, y en Apartadó, Antioquia. En el caso del Urabá antioqueño, se amenazó directamente a Carmen Palencia, Carlos Páez, Manuel Mercado. En el documento se les advierte que si los predios ubicados en las veredas Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, en el sur de Turbo, son devueltas a sus antiguos dueños “tendrán que mantener esos H.P. escoltas siempre detrás del jopo de ustedes para que no les quiebren el culo”.
Además, se señaló a Manuel Mercado como la persona que está ayudando a los reclamantes a presentar sus documentos ante las autoridades respectivas: “A ustedes que están liderando su maricada y Manuel Mercado que los siga llevando a las unidades, que ya sabemos que él está más fácil, no lo hemos atacado todavía, pero espere nuestra contundente reacción hacia ustedes perros H.P porque tierra van a tener, pero tres metros encima de ustedes H.P”.
Y otro hecho que se sumó a la situación fueron los supuestos comentarios que hicieron varios empresarios bananeros y ganaderos en el municipio de Chigorodó contra Gerardo Vega. Al parecer lo que dijeron fue que “había que sacarlo del medio porque es la persona que está moviendo e impidiendo que continúen los desalojos, es quien está impulsando también la realización de levantamientos topográficos en la zona”. Los comentarios le llegaron a Vega a través de una persona de confianza de la región.
A estas amenazas se suma otra que fue hecha el 24 de abril pasado contra Beatriz Elena Mestre, quien hace parte de la junta directiva de Tierra y Vida en el Urabá antioqueño y reclama 160 hectáreas de tierra ubicadas en la vereda Villa Rosa, del corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, Antioquia. A través de un panfleto escrito con letras en rojo, simulando sangre, le advirtieron que si “quieren tierra se la vamos a tirar encima hp”. Esta mujer ha sido objeto de intimidaciones desde el año 2007, cuando a través de diversos mecanismos comenzaron a presionarla, obligándola a dejar la región por un tiempo.
Estos hechos intimidatorios justamente cuando las organizaciones Forjando Futuros y Tierra y Vida han concluido la documentación de 101 casos de supuestos despojos en los municipios de Mutatá, Chigorodó y Turbo, y de 39 más Cáceres y El Bagre. Este proceso incluye un detallado trabajo de recopilación de pruebas, análisis de contexto, medición de los predios y levantamiento topográfico, con el fin de llevar esa información ante los jueces agrarios, instancia encargada de definir finalmente quién es el dueño de los predios reclamados.
Según Vega Medina, “lo que vemos es una intensificación de las presiones para que no continuemos colaborando con la documentación de los casos, quienes promueven esas acciones buscan la obstaculización, por eso han recurrido también a la vía del desprestigio y de la división de las comunidades”.
La estrategia de dividir a los reclamantes de tierras no es nueva. Ya ha sido puesta en práctica por empresarios, terratenientes, Fuerza Pública y analistas políticos en los territorios colectivos de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó, localizados en el Atrato medio chocoano, colindante con las veredas Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, donde se adelantan procesos de recuperación de predios.
En esas cuencas hubo un intenso despojo de tierras aprovechando los desplazamientos masivos que se presentaron en 1997 y una masiva siembra de palma africana. Para evitar los procesos penales, que transcurren en un juzgado especializado de Medellín, los involucrados en el tema promovieron la división de los consejos comunitarios, señalando a unos como integrantes de la guerrilla de las Farc y deslegitimando su liderazgo, lo que guarda similitudes con lo que le viene ocurriendo a los voceros de Forjando Futuros y Tierra y Vida.
“Los hilos conductores de esas estrategias de deslegitimación aplicadas en Jiguamiandó y Curvaradó y que se vienen extendiendo a las organizaciones reclamantes de tierras en Urabá están ligados a empresarios y terratenientes que tienen intereses en una y otra región”, precisó Vega Medina y señaló con nombres propios a dos de ellos, no obstante, para no entorpecer las investigaciones VerdadAbierta.com los mantiene en reserva.
Para el directivo de Forjando Futuros, quienes están detrás de las amenazas son varias personas a las que calificó de “clase empresarial emergente y codiciosa”, que “viene de abajo”, buscando ampliar su negocio a través de la tenencia masiva de tierra.
VerdadAbierta.com denunció en octubre de año pasado que otra de las estrategias para afectar a los reclamantes del Urabá antioqueño era aislarlos laboralmente. En esa ocasión, campesinos que buscan la restitución de sus predios contaron cómo testaferros de los ‘paras’ presionan para que finqueros no les den trabajo, ni nadie les compre en las tiendas que poseen algunos de ellos en zonas rurales.
La agresiva reacción de aquellos que buscan entorpecer la reclamación de tierras en Urabá no sólo involucra a quienes promueven la restitución por vías legales sino que, de fondo, sino que contiene una fuerte crítica a las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional para fortalecer los procesos de recuperación de predios a sus legítimos dueños. Por eso no es casual que las amenazas llegaran veinte días después de que la Presidencia de la República emitiera la Directiva N. 05, fechada el 17 de mayo, en la cual reitera que “la restitución de tierras a las víctimas de abandono y despojo es uno de los principales objetivos de la política del Gobierno Nacional y representa un esfuerzo histórico para avanzar en la reconciliación nacional, la reconstrucción de los territorios y la activación del sector rural”.
Al respecto, Vega Medina indicó que la incomodidad que hoy sienten los presuntos despojadores de tierras no sólo es contra las organizaciones que él representa sino contra la postura del Gobierno Nacional y las negociaciones de paz que se desarrollan en la Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc.
“El Gobierno ya tiene acuerdos en el tema agrario con las Farc; además, está urgido de tecnificar el campo y ofrecer garantías para que el conflicto armado llegue a su fin, por ello creo que aquellos que se oponen a la restitución también están cuestionando al Gobierno. A nosotros nos han cogido como chivos expiatorios”, indicó Vega Medina.
Bajo este escenario lo que se presume son mayores ataques contra los reclamantes de tierra, no sólo en el Urabá antioqueño sino en aquellas otras regiones del país donde se adelanten estos procesos. ¿Qué hacer entonces para evitar un mayor desangre y lograr que los procesos de restitución sean exitosos?
Vega Medina considera que el problema está en la aplicación eficiente de justicia, escenario en el cual se deben dar varias respuestas a preguntas como ¿quiénes están atrás de las amenazas?, ¿quiénes las patrocinan?, ¿quiénes están mandando a matar, intimidar y amenazar? “Mientras la justicia no actúe, nunca habrá carros suficientes ni pistolas ni teléfonos ni nada de esas cosas. La protección individualizada es importante, pero no es lo fundamental; lo fundamental es que haya sanciones penales contra los responsables que financian y orientan ese aparato criminal”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidió con esa apreciación y al reaccionar a las intimidaciones contra los voceros de los reclamantes de tierras aseveró que “un ingrediente fundamental de la protección es la investigación eficaz y la condena de la justicia a los criminales que perpetran estas amenazas”.
Juan Carlos Monge, representante encargado de esta Oficina en el país instó a las autoridades a actuar a favor de los reclamantes: “El Estado en su obligación de protección y prevención debe sancionar a los responsables e impedir que continúen las intimidaciones en contra de las víctimas. Proteger la vida de los reclamantes de tierras es también proteger el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
