Este grupo llevaba el proceso de Jesús María Valle. Activistas de Medellín señalan que se reactivaron las intimidaciones a defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
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| Alertan por amenazas a defensores de derechos humanos en Medellín. Foto VerdadAbierta.com |
Por cuenta deamenazas de muerte contra varios de sus integrantes, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, decidió suspender todas sus actividades y cerrar sus instalaciones hasta tanto no cuente con las garantías suficientes para ejercer su labor.
Así lo informó la organización no gubernamental a través de un comunicado público en el que señala que desde finales de 2012 habían informado al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación sobre los hostigamientos telefónicos, la interceptación de comunicaciones y las intimidaciones mediante panfletos de los que venía siendo objeto esta organización.
En los últimos meses se intensificaron dichas amenazas a tal punto que obligaron al cierre de la institución el pasado 25 de mayo, toda vez que, tal como lo señalan en su comunicado, el Estado desatendió por completo sus quejas y sus directivos contaban con información precisa sobre las intenciones de sectores armados de hacer efectivas dichas amenazas en las próximas horas.
“La Fiscalía se demoró más de dos meses para iniciar las primeras pesquisas, las cuales se emprendieron sin ningún interés que condujera a un resultado. La inminencia y seriedad de las amenazas propició el retiro del GIDH de uno de sus miembros voluntarios más activos en los últimos años”, informó la ONG a través de su misiva pública.
En diálogo con VerdadAbierta.com, María Victoria Fallon, integrante del GIDH, precisó qué si bien desconoce de qué sectores provienen estas amenazas, es claro que estas guardan estrecha relación con la condena que recibió, en noviembre 2008, el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de El Aro y La Granja, Ituango, proceso en el cual el GIDH representó a las víctimas de estos crímenes ante el tribunal internacional.
“Las amenazas comenzaron tiempo después de la condena de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) por las masacres de Ituango”, manifestó Fallon, quien además lamentó que la Fiscalía, en vez de atender sus llamados, haya iniciado una investigación formal contra la ONG.
“Resulta que con ocasión del fallo de El Aro y La Granja, el Estado está en la obligación de cumplir unos compromisos –reabrir la investigación, pedir perdón y colocar una placa conmemorativa en el Palacio de Justicia de Medellín- que no ha hecho. Entonces, hay una serie de personas reclamándole al GIDH. La Fiscalía hizo eco de esas quejas e inconformidades e inició una investigación contra nosotros”, acotó la activista.
Cabe recordar que el GIDH también representó a la familia del inmolado defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso en el que fue condenado el Estado colombiano por no “proteger la vida de Valle Jaramillo”. El abogado, natural de Ituango y quien se caracterizó por sus férreas denuncias sobre la connivencia de sectores de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo en el Norte de Antioquia, fue asesinado el 28 de febrero de 1998 en Medellín por órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño.
Esta organización presentó además ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho casos de personas desaparecidas durante el desarrollo de la Operación Orión, ejecutada por fuerzas combinadas de Policía, Ejército, DAS, CTI y Fuerza Aérea en la comuna 13 de Medellín.
Y aunque “la Comisión declaró admisible los casos y es muy probable que para finales de este año o principios del próximo pasen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, según lo contó la jurista, es innegable que este cierre forzoso afectará los procesos sociales, de promoción y defensa de derechos humanos que venía realizando esta ONG en diversos sectores de la capital antioqueña, principalmente en la convulsionada comuna 13.
“No son hechos aislados”
Consultados sobre este particular, varios representantes de derechos humanos de la capital antioqueña coincidieron en señalar que la decisión del GIDH de suspender sus actividades deja en evidencia el delicado clima que enfrentan hoy día tanto las organizaciones como los líderes sociales, barriales, juveniles y culturales en una ciudad como Medellín.
“El hecho de que una ONG diga que va a cerrar sus puertas porque no cuenta con las garantías para desarrollar su trabajo es algo bastante grave”, declaró Rafael Rincón, expersonero de Medellín, quien no dudó en afirmar que hoy día hay un ambiente hostil contra las organizaciones sociales: “En Medellín la situación, por lo general, no ha sido fácil, pero ha habido periodos en que se puede ejercer la defensa de los derechos humanos. Pero en este periodo en particular ha reaparecido ese ambiente hostil”.
Y quienes vienen padeciendo con mayor fuerza dichas hostilidades son los líderes barriales, juveniles, culturales y sociales, en especial aquellos que residen en las comunas que hoy son escenario de dura confrontación armada como las comunas 8, 13, 16 y los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista. Según el reporte de la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, en lo que va corrido del año cerca de 60 líderes sociales y activistas de derechos humanos han sido amenazados en la ciudad y un número no determinado de ellos ha tenido que abandonar sus barrios.
De mantener esta tendencia, Antioquia, y su capital en particular, estarían ubicándose por segundo año consecutivo como la región más peligrosa para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, tal como lo reseñó el programa Somos Defensores, iniciativa no gubernamental dirigida a documentar las vulneraciones a los defensores de derechos humanos y gestionar mecanismos para su protección.
De acuerdo con el informe de esta iniciativa, de las 357 agresiones registradas contra activistas y organizaciones sociales en todo el país durante 2012, 69 correspondieron a asesinatos y de ellos, 19 se cometieron en Antioquia, cifra que no solo representó la más alta para todo el país sino que se incrementó con relación a los 17 asesinatos de defensores y líderes sociales registrados en 2011.
El Informe también señala que desde este departamento se instauraron 886 solicitudes ante la Agencia Nacional de Protección (ANP) de las cuales fueron otorgadas 300. Por su parte, la Personería de Medellín, en su informe anual sobre la situación de derechos humanos para el año 2012 reseñó que de los 157 casos de amenazas contra líderes sociales registradas en la ciudad, se logró tramitar ante la ANP medidas de protección especial para 48 de ellos, dado el inminente riesgo en que se encontraban.
“Lo que le pasó al GIDH le viene pasando a otras organizaciones de menor envergadura desde hace rato. Desafortunadamente se encendieron las alertas cuando se conocieron las amenazas contra León Valencia, contra los periodistas, contra el mismo GIDH. Pero en esta ciudad, y casi que en otras regiones del país, hay una situación muy delicada, un clima muy hostil contra las organizaciones y defensores de derechos humanos. Particularmente creo que ninguno de estos casos obedece a hechos aislados”, opinó Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que representa a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
Similar concepto tiene el director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Diego Herrera Duque: “desafortunadamente se viene recrudeciendo el escenario de agresiones contra el movimiento de derechos humanos. Todo lo que viene pasando con los reclamantes de tierras, con los líderes sociales que apoyan el proceso de paz, y ahora la situación del GIDH, que para mí no se trata de un hecho aislado. Y temo que esto se puede profundizar en la medida en que avancen los diálogos de paz”.
Sea un hecho aislado o haga parte de una plan sistemático para acallar a los defensores de derechos humanos en el país, lo cierto es que la responsabilidad ahora es del Estado, para que adelante las acciones pertinentes y tendientes a que aquellas épocas oscuras de la historia colombiana, donde los contradictores políticos y líderes sociales caían asesinados bajo el más completo manto de impunidad, no vuelvan a repetirse.
