Con la sentencia a 30 años de cárcel, se pone fin a una carrera política rodeada de corrupción y se reivindican a las víctimas de la Unión Patriótica (UP).
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El fallo contra el político liberal se dio luego de una larga lucha jurídica dada por las víctimas de la UP. |
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La condena a 30 años de cárcel proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el cacique liberal antioqueño César Pérez García marca el fin de un político que, desde comienzos de la década del ochenta, se había convertido en un barón electoral en el Nordeste antioqueño, una región convulsionada por la violencia.
Según se lee en la sentencia, fechada el pasado 15 de mayo, y aprobada por unanimidad por la Sala de Casación Penal de este alto tribunal, el municipio de Segovia conjugaba en los años ochenta “la historia de caciquismos y de liderazgos locales, compatibles con un orden constitucional excluyente y centenario que limitaba la participación política”. Quien lideraba en la región el panorama político era, justamente, César Pérez García y su partido Liberal.
Julio César Restrepo Cadavid, uno de los testigos que compareció al juicio, ilustró así el entorno del poder local que se vivía en Segovia hace 25 años: “el señor Pérez era como decir el cacique político de la región y el señor Sigifredo era como el cacique local, entonces los alcaldes los nombraba la secretaría de gobierno departamental […] Él era latonero y mecánico, pues él, Sigifredo; entonces él se ponía su ropa de trabajo y se paraba en la esquina a ver y si el alcalde no funcionaba como él decía. Él llamaba a César Pérez y el alcalde ahí mismo lo cambiaban”.
Por su parte, otro testigo, Javier Ávila, aseguró que para la década del ochenta, en la que los mandatarios locales eran nombrados por el Gobernador, Pérez García “ponía los alcaldes”. Según este testimonio, “como eran nombrados a dedo, digamos, entonces se presentaban y él era un político oha sido un político muy importante y entonces en todo el nordeste casi todos los alcaldes eran de él”.
Pero esa hegemonía política se vería alterada por el triunfo electoral de la Unión Patriótica (UP) en el municipio de Segovia en las elecciones de 1988, cuando se inauguró la elección popular de alcaldes. En esa ocasión, ganó la candidata de ese movimiento, Rita Ivonne Tobón Areiza, y además obtuvieron siete de trece curules en el Concejo municipal
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, esa victoria electoral, “trascendental en la vida política de Segovia y en su imaginario colectivo, se convirtió en detonante de la intolerancia y pronto grupos de ultraderecha que desdeñan del pluralismo y de la política como factor de inclusión social, notificaron a nombre del denominado movimiento “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, que no habría paz política mientras los “idearios democráticos” estuviesen en peligro por la incursión de nuevas fuerzas políticas que en su criterio tenían afinidad con grupos ilegales de izquierda”.
La creación de ese grupo armado ilegal, considerado en la época como de justicia privada, fue celebrada, según narró durante el juicio la ex alcaldesa, por un político cercano a Pérez García: “En ese tiempo Sigifredo Zapata cogió un panfleto y decía, ‘ya ve lo que vamos a hacer’. En el Parque de Segovia dijo: ‘esto no es más que el principio’. Para todo el mundo era claro algo que todo el mundo repitió siempre y que era una certeza: que toda esta orientación venía de César Pérez”.
El hostigamiento a los sectores políticos alternativos y de izquierda quedó reflejado en un telegrama enviado por Juan de la Cruz Mazo Hernández, Presidente del Concejo Municipal, el 1 de noviembre de 1988, diez días antes de la Masacre, al entonces Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos:
“Por segunda vez antes de que el Municipio de Segovia y regiones vecinas se conviertan en zonas como el Urabá y Magdalena Medio, denunciamos atropellos, instigamientos (sic) a alcaldesa, concejales Unión Patriótica, militantes de la UP, Partido Comunista y población civil, por parte de Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército) y grupos paramilitares, Muerte a revolucionarios del Nordeste M.R.N, y similares, mediante boletines amenazantes y otros concejales Unión Patriótica, por intermedio Presidencia del Concejo, solicitamos desplazar una Comisión de Procuraduría. No permita señor Procurador que por falta de atención a denuncias claras, Segovia sea otra Mejor Esquina del país. Atienda nuestro llamado, aún no es tarde.”
Y de las amenazas se pasó a los hechos: el 11 de noviembre de 1988 un comando armado proveniente del Magdalena Medio, y por orden de Henry Pérez, ingresó al casco urbano y asesinó a 43 personas y dejó heridas a 34 más. El alto tribunal calificó el hecho como “un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese municipio”.
En ese sentido, la Corte concluyó que Pérez García “asumió los propósitos que motivaron al grupo ilegal, sobre todo, la persecución que realizaban contra los grupos subversivos, la población que eventualmente los apoyaba y, de manera más concreta, los militantes y partidarios (población civil) de la Unión Patriótica, disidentes de la tradición política impuesta en las regiones por los partidos políticos tradicionales, como es el caso del partido liberal que lideraba César Pérez García en la región de Segovia”.
Pero lo paramilitares no actuaron solos. La justicia pudo comprobar que sectores de la Fuerza Pública acantonados en el Batallón Bomboná sirvieron de apoyo al comando paramilitar. Según el alto tribunal, “algunos oficiales del Ejército Nacional facilitaron la ejecución de los nefastos hechos de la noche del 11 de noviembre de 1988, con lo cual la intimidación a quienes optaron por políticas distintas, según lo decía el impreso del Movimiento ‘Muerte arevolucionarios del Nordeste’, no fue una amenaza carente de realidad o una actitud simbólica sin contenido alguno”.
Uno de los testigos que fue enfático en resaltar la confluencia de actores legales e ilegales en la ejecución de la masacre fue Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, quien a juicio de la Corte fue consecuente en su relato desde el momento en que decidió contarle a la justicia las razones de la masacre, “la manera como se planificó el operativo, el apoyo de algunos miembros del ejército y la policía, la identidad de los gestores de la matanza y los móviles de la misma”.
En una indagatoria realizada el 29 de febrero de 1996, este ex paramilitar, que comandó la incursión al casco urbano de Segovia, implicó a Pérez García en el cruento crimen múltiple: “Hay un Senador o Representante a la Cámara, no recuerdo que era para ese entonces, en esa época perdió las elecciones en Segovia y su nombre es César Pérez García, a raíz de eso él fue y buscó a Fidel Castaño para que lo ayudara a sacar la UP de Segovia. Fidel Castaño lo contrató, corrijo, lo contactó con Henry Pérez, que en ese tiempo era uno de los jefes paramilitares en Puerto Boyacá. Henry Pérez se reunió con los dos en Medellín, con Fidel Castaño, César Pérez y Henry Pérez… El señor Pérez le decía que le colaboraba con lo que fuera necesario pero que él no podía perder esa región”.
Una vez perpetrada la masacre, recordó alias ‘Vladimir’, llegó un mensaje de felicitación a los paramilitares, el cual fue transmitido por Fidel Castaño: “era un mensaje de agradecimiento de César Pérez… nos decía, bueno de parte de César Pérez muy agradecido, muy contento, todos estamos muy felices, así es que se trabaja Vladimir, mire que si se puede hacer las cosas…”.
Luego de valorar las pruebas, la Corte concluyó que Pérez García “era el ‘Cacique de Segovia’ y en esa condición dispuso a su antojo del poder que un modelo de democracia absolutamente imperfecta le permitía, por lo cual si alguien resultaba perjudicado con los resultados electorales que abrían espacio a un nuevo mapa político, era el acusado”.
Una vez se conoció la sentencia contra Pérez García, una de las víctimas sobrevivientes, Emilse Restrepo, le dijo a VerdadAbierta.com que la decisión “fue un golpe positivo porque nosotros estábamos pidiendo eso, pidiendo justicia, que esos hechos tan horribles no quedaran en la impunidad, sobre todo en el caso de mi familia”.
Durante el ataque, Emilse recibió heridas en las piernas, pero eso fue lo de menos. Los paramilitares le asesinaron a su papá, Carlos Enrique Restrepo Rivera, de 65 años en esa época, y a sus hermanos Gildardo Antonio, Carlos Enrique y Walter de Jesús.
Esta mujer, que hoy vive en Medellín, recuerda que el político liberal “era un caballero, un señor muy atento, muy amable; nosotros éramos muy humildes y cuando él viajaba de Medellín a Segovia, pasaba por mi casa y nosotros lo atendíamos como podíamos y él siempre se mostraba agradecido de nuestras atenciones”.
Sin embargo, una vez perpetrada la masacre, su visión sobre Pérez García cambió radicalmente: “imagínese cuál sería nuestro impacto al ver cómo acabó con mi familia y traicionó a nuestro pueblo”.
