El desplazamiento de 70 familias del corregimiento de Santa Bárbara en 2002 ocurrió por combates entre El Ejército y las Farc. La primera sentencia restituyó diez predios a igual número de familias.
 |
|
| El abandono de los predios se produjo por combates entre el Ejército y las Farc. Foto Revista Semana |
A 42 kilómetros de Pasto, en el corregimiento de Santa Bárbara, por lo menos un centenar de personas huyeron de la violencia en abril de 2002 por combates entre el Ejército y las Farc. La mayoría de los campesinos abandonó sus predios por miedo a ser asesinados o porque fueron tildados de colaborar con alguno de los bandos enfrentados. Los desplazados huyeron a la capital nariñense en busca de ayuda.
Después de once años la justicia los reconoció como víctimas del conflicto armado y ordenó a diferentes instancias del gobierno otorgar las garantías para que diez de estas familias desplazadas puedan volver a sus predios. Así lo decidió el 15 de marzo de 2013 el Juez Especialización en Restitución de Tierras de Tumaco, después de atender la demanda de restitución documentada por la Unidad de Restitución de Tierras.
Esta Unidad fue creada en junio de 2011 con la Ley de Víctimas y su función es atender las reclamaciones de restitución de las víctimas del conflicto y documentar estos casos para presentar demandas ante jueces especializados en tierras. Son los jueces quienes determinan si hubo abandono y despojo, y de ser así, determinan la inmediata restitución.
Según lo documentó la Unidad de Tierras, el conflicto en este corregimiento de Pasto comenzó en los años 80 cuando comenzaron a hacer presencia primero el M-19, luego los frentes 2 y 29 de las Farc y después el grupo Comuneros del Sur del Eln. Para estas guerrillas, el territorio era considerado estratégico por la movilidad que les ofrecía, teniendo en cuenta que el departamento limita con Ecuador y además tiene un puerto importante con salida al mar Pacífico.
En la demanda, la Unidad indicó que el conflicto estalló con la siembra de coca pero sobre todo de amapola. Cuando el gobierno comenzó a fumigar los cultivos ilegales en esta zona en 2001, la violenciarecrudeció porque no solo la guerrilla sino también los paramilitares comenzaron a disputarse los territorios para seguir en el negocio. Esto generó más desplazamiento. El antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, reportó que de 2001 a 2002 aumentaron las expulsiones de personas en todo el departamento, principalmente en Pasto.
En la reconstrucción de la historia del conflicto, la Unidad documentó que fue la compañía Jacinto Matallana del Frente 2 de las Farc la que más hizo presencia en Pasto, entre 1995 y 2006, principalmente en los sectores de Santa Lucía, Santa Isabel, Santa Teresita, Santa Bárbara, Los Alisales, Río Bobo y el corregimiento del Encano.
En la vereda Alisales, vecina del corregimiento de Santa Bárbara, este brazo de las Farc instaló en 1999 un campamento a cargo de alias ‘El pastuso’. En este y en los poblados vecinos se incrementaron las extorsiones, fue volada una antena de la entonces empresa Telecom y comenzaron los hurtos a vehículos. Un hombre que servía de árbitro de los campeonatos locales de la vereda fue asesinado por el grupo guerrillero.
La sentencia describió que la violencia empeoró aún más en 2002 cuando las Farc convocaron a los campesinos a varias reuniones para que reemplazaran los cultivos tradicionales de sus fincas por el de amapola. El Ejército envió un grupo de contraguerrilla a la zona llamado Macheteros del Cauca para desmantelar la compañía guerrillera lo que condujo a los combates.
Los enfrentamientos comenzaron el 11 y 12 de abril en el corregimiento de Santander, en el municipio de Tangua, que es vecino a la vereda El Cerotal en el corregimiento de Santa Bárbara. Esto provocó una mayor ola de desplazamientos. Según el Rupd, de Pasto salieron expulsadas 2.188 personas, la cifra más alta del departamento. “El 13 de abril los combates continuaron cuando el Ejército entró a la vereda Alisales, desmantelando al grupo guerrillero que se había asentado el lugar”, indica la sentencia.
Las familias le contaron a la Unidad de Restitución que cuando volvieron a Santa Bárbara a recuperar sus fincas, encontraron que éstas estaban deterioradas. Pero lo que más les preocupa es la seguridad y por eso insistieron en la demanda que el Estado les brinde las garantías para el retorno. “…si bien hay una relativa calma, el miedo a una nueva incursión subsiste. Esto se refleja en las declaraciones de los diferentes reclamantes pues en éstas aún se vislumbra el miedo de que hechos como los ocurridos hace 10 años se vuelvan a repetir”, señala el juez en su fallo.
Según el Registro Único de Población Desplazada del antiguo Acción Social, de Pasto salieron desplazadas 4.891 personas entre 1997 y agosto de 2010. Al 3 de enero de 2013, ante la Unidad de Restitución las víctimas habían registrado 1.558 solicitudes de restitución en Nariño por 33.384 hectáreas. De este total, 205 solicitudes son de Pasto por 1.643 hectáreas.
