Mucha tierra en pocas manos: Incoder

El Incoder hizo un estudio en 10 departamentos y encontró que a la mayoría de campesinos les ha entregado pocas tierras, mientras a unos pocos les ha entregado grandes extensiones. Preparan reforma.

En dos décadas, la mayoría de los títulos entregados a campesinos por el antiguo Incora y por el Incoder han sido minifundios. En otros casos, ha beneficiado a pocos con grandes extensiones de tierras. Foto Revista Semana

En Magdalena y los Llanos Orientales, donde se supone que la tierra debía ser distribuida a los campesinos, ésta terminó en manos de pocos que acumularon grandes extensiones. Este fue un hallazgo del reciente estudio que hizo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, después de analizar los títulos que entregó entre 1996 y 2012 en diez departamentos.

El Incoder encontró que durante las últimas casi dos décadas ha titulado de forma inequitativa: mientras la mayoría de las familias recibieron la mitad o menos de las hectáreas que les correspondían; a pocas les fueron entregadas muchas.

La alerta para el Incoder fue encontrar que de los 39 mil títulos entregados, un alto porcentaje fueron micro y minifundios. Muy distinto ocurrió con otros 1.500 títulos. En estos, el estudio encontró que las regionales adjudicaronmás tierras de la permitida, superando lo que el Instituto define como Unidad Agrícola Familiar, UAF, es decir, lo que considera el Estado que necesita un núcleo familiar para producir su propio alimento y producir un excedente que le permita progresar.

“Nos preocupa cómo se ha manejado históricamente el tema de la titulación. En Colombia ha habido una minifundización del campo, cuando la Ley 135 de 1961, la que impulsó la reforma agraria, la prohibía. Ha habido adjudicaciones irregulares a personas que no cumplían con los requisitos. Integrantes de una misma familia lograron titularse varios predios, propietarios buscaron a sus empleados para hacer lo mismo y hay casos de funcionarios públicos que en ejercicio lograron adjudicaciones”, dijo Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del Incoder.

Aunque el estudio ha sido hasta ahora estadístico, los 1.500 expedientes estarán bajo la lupa de la Dirección Técnica de Baldíos que, de probar las irregulares, puede adelantar procesos de revocatoria para que los predios vuelvan a la nación y sean redistribuidos. Según el análisis, en la muestra encontraron que más del 20 por ciento de las adjudicaciones en Casanare, Meta y Magdalena, superaron el número de hectáreas que están establecidas para esa zona como Unidad Agrícola Familiar.

Así se puede ver cómo en Hato Corozal, Casanare, en donde la UAF es de 287 hectáreas, solo el 5 por ciento de los títulos entregados cumplieron con la norma. Pero lo extraño allí es que más del 50 por ciento de las familias adjudicadas les entregaron sólo 100 hectáreas, es decir casi una tercera parte de lo que necesitan para producir y subsistir. Mientras que un 30 por ciento de los títulos entregados allí fueron de predios entre 600 y 800 hectáreas.

En San Martín, Meta, ocurrió lo mismo. Sólo 8 por ciento de los títulos cumplieron con el rango UAF. A casi 60 por ciento de las familias el Instituto de tierras les entregó casi la mitad de lo que es una unidad agrícola (680 hectáreas). Los títulos en su mayoría fueron por 420 hectáreas. Sin embargo, por lo menos el otro 30 por ciento de los títulos fueron de predios que duplican la UAF, llegando incluso a las 1.800 hectáreas.

Lo que viene
El Incoder considera que debido a la mala distribución y a la falta de una política que garantice la permanencia del campesinado en la tierra, los baldíos se están agotando. Con base en este estudio y en otro que contrató con Iica, concluyó que la solución está en actualizar las unidades agrícolas familiares y titular a los campesinos con base en sistemas productivos.

Germán Cardoza, funcionario de la Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo, explicó que a la hora de realizar los estudios encontraron que el catastro estaba desactualizado, además no había una definición clara de las UAF en las regiones, titulaban zonas de reserva forestal, y no se estaba teniendo en cuenta la productividad de cada zona.

Para poner freno a la situación, el Incoder elaboró una radiografía por cada uno de los diez departamentos haciendo una propuesta de unidad agrícola de acuerdo con la vocación y uso del suelo, el clima, hidrología, geomorfología, topografía y diversos aspectos socioeconómicos.

La propuesta del Incoder, en resumen, es reducir las extensiones de tierras que entrega en la mayoría de los departamentos.

En la zona valle de Arauca, por ejemplo, donde la unidad agrícola es de 517 hectáreas, el Incoder propone que sea  de 219; en el piedemonte de Putumayo la unidad es de 74 hectáreas y la propuesta es que sea de 32; y en Vichada donde las UAF oscilan entre 1.200 y 1.600 hectáreas, el Instituto propone que se reduzcan en promedio a entre 300 y 440 hectáreas. En otras regiones como Magdalena y Cesar casi que la unidad agrícola se mantiene como la de ahora.

¿Por qué reducirla? Los expertos del Incoder explican que el uso de la tierra y la concentración de la propiedad han cambiado durante los últimos años. Y además de la escasez de tierras para seguir titulando a campesinos, en varias regiones ha habido unas altas inversiones que han encarecido la tierra.

Sin embargo, el Incoder asegura que se basa en estudios técnicos y las hectáreas propuestas, además de estar por encima de lo que ha sido titulado históricamente, son suficientes para que el campesino progrese.

“La idea es romper con el mito de que las UAF son de subsistencia. La propuesta del Incoder es de una unidad agrícola integral. Es decir, que en el predio la familia garantice su seguridad alimentaria a través de una UAF soporte (seguridad alimentaria, una área de protección ambiental e infraestructura predial), pero también desarrolle un sistema productivo, sea forestal, agroforestal, silvopastoril o agropastoril, que les permita capitalizar y tener un patrimonio. Esta no es una propuesta que amarra al campesino a que cultive un solo producto, se le ofrecen distintas opciones de acuerdo con la productividad y la conexión con los mercados”, indicó Cardoza.

A partir de diferentes estudios técnicos, matemáticos y económicos, el Instituto de tierras tiene diferentes propuestas de sistemas productivos para cada una de los departamentos, y en lo que queda de este año realizará los estudios de Tolima, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, y de las otras 14 regiones del país para tener la radiografía completa de cómo ha sido la titulación histórica en estas zonas y cuál sería la propuesta de UAF.

Las propuesta está siendo socializada en las regiones con productores, instituciones relacionadas con el campo y académicos, y el 4 de abril de 2013 será presentada a la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

De haber una actualización a las Unidades Agrícolas Familiares, este cambio no tendrá que tramitarse en el Congreso. El Incoder por medio del Consejo Directivo tiene las facultades para emitir una nueva resolución que reemplace la 041 de 1996 del antiguo Incora, que fue la que delimitó las UAF. La idea del Instituto es que de haber una nueva norma esta sea aplicada para las titulaciones de los próximos 12 años.

“Este ejercicio de reformulación de la UAF es importante para el país ya que en realidad nunca se había hecho. El primer ejercicio lo hizo el Incora en 1996 sin fundamentos técnicos, sin soporte cartográfico real, de manera desordenada y casi infundada. Eso ha propiciado en parte el desorden en la titulación y el aprovechamiento de los baldíos. A partir de esta nueva unidad agrícola, ya podremos tener tranquilidad sobre el correcto uso de los suelos, la productividad de la empresa básica campesina y la equitativa distribución de la tierra”, indicó Miriam Villegas, gerente del Incoder.

Cristóbal Lugo, académico e investigador del Observatorio del Territorio del Llano, explicó que la propuesta del Incoder debe ser estudiada con minucia, sobre todo, para saber si en realidad las hectáreas propuestas como UAF son suficientes para el progreso del campesino y si el gobierno se compromete de verdad a ofrecer los incentivos, la tecnología y el acompañamiento para hacer productivas las tierras.

“Efectivamente la tierra en los Llanos se ha encarecido con la llegada de las agroindustrias. Pero estas inversiones sobre la tierra han sido favorecidas por el gobierno. Las tierras en el Llano se han vuelto productivas porque se les ha hecho un tratamiento con cal, y esas inversiones tuvieron incentivos estatales. La pregunta es si los campesinos van a tener el mismo apoyo para poder ser productivos, y no verse forzados luego a vender sus tierras”, indicó el académico.