Una víctima de despojo de esta empresa criminal lleva siete años esperando que la justicia se apersone de su caso, pero solo ha logrado que lo remitan de un lado para otro.
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| Según la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, hay 106 denucias de predios urbanos en Medellín. |
Hace ya más de siete años que Néstor Salgado recorre los pasillos del edificio José Félix de Restrepo, donde se concentra gran parte del aparato judicial de Medellín. En cada despacho visitado ha contado la misma historia y aportado documentos para corroborar su versión: que hombres de la llamada ‘Oficina de Envigado’ lo despojaron violentamente de su apartamento, lo obligaron a titularlo a nombre de un tercero que, a su vez, lo negoció con otra persona y que ahora es habitado por gente que no conoce.
Pero, por razones que van desde vacíos en la normatividad penal, falta de claridad en competencias, recientes reformas judiciales y hasta el paro el judicial de 2012, ningún despacho ha logrado tramitar su caso y atender su petición de proteger jurídicamente el bien para que no pueda ser comercializado y, luego, cancelar la escritura de compraventa que, según Néstor, fue obligado a realizar a punta de pistola y por la cual no recibió un solo peso.
“Yo no soy el único que está pasando por esto. Conozco varias personas que vivían en El Poblado y esta gente de ‘La Oficina’ les quitó los apartamentos, y ellos por miedo no denuncian, y los que sí lo hacemos, vea como nos va con esta justicia”, respondió sin ocultar su enfado.
Víctima de una vendetta
Su enojo con el sistema judicial comenzó a finales del año 2007. En los primeros meses de ese año, Néstor había seguido con atención informes periodísticos y versiones de funcionarios del Alto Gobierno que daban como un hecho la muerte de Daniel Alberto Mejía, alias ‘Danielito’, uno de los jefes del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y mano derecha de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en la ‘Oficina de Envigado’.
La confirmación de la muerte de su verdugo animó a Néstor a contar su historia ante un fiscal de Derechos Humanos de Medellín: “Yo había comprado un apartamento en el barrio El Poblado, en el año 1996, y se lo alquilé a mi tío. Resulta que a él lo asesinan el 23 de noviembre de 2003 en el municipio de Itagüí. Ahí me entero que estaba metido en malos pasos. Cuatro meses después aparece la viuda de mi tío, con un sobrino de nombre Alejandro, diciéndome que mi tío había negociado el apartamento con Alejandro y que lo tenía que entregar. Yo sí les dije que cómo así, que no había documentos ni nada que probaran eso, entonces, no tenía por qué”.
Confiado en que sin documento alguno de por medio no podrían obligarlo a entregar su apartamento, Néstor se negó en repetidas ocasiones a ceder a las pretensiones de la mujer. Lo que él desconocía en aquel momento era que su propiedad iba a ser objeto de algo que en el argot del bajo mundo se conoce como una ‘recogida’; es decir, el bien era considerado parte de pago de una deuda entre mafiosos que iba cobrarse “a las buenas o a las malas”, sin importar quién saliera afectado.
Darse cuenta de ello fue algo tan doloroso que aún se estremece al recordarlo: “Resulta que un día, por allá como en abril de 2004, yo estaba trabajando cuando recibo una llamada de mi mamá. Yo para esos días vivía con ella, cuando la escucho muy asustada cuando me dice: ‘aquí hay unos señores que quieren hablar con usted’. Entonces, me dice un tipo: ‘hermanito, es para que hablemos del apartamento’. ‘Yo no tengo nada que hablar con usted’, le respondí, pero llega y me dice: ‘hermanito, es mejor que sí, porque aquí estoy con su mamá y no va a querer que le pase nada’. ¡Claro! Resulta que la tenían encañonada varios tipos”.
Ante semejante presión, a Néstor no le quedó más alternativa que asistir a una reunión a la que fue citado en un local comercial del municipio de Envigado. A la cita acudieron la esposa de su tío y el sobrino, acompañados de alias ‘Danielito’, alias ‘Hugito’ y otras personas más. Allí recibió instrucciones precisas por parte de Daniel Mejía, quien le dijo que debía acudir a una Notaría en Medellín a firmar una compraventa, que no se preocupara que todo “estaba conversado”.
Efectivamente, el 22 de abril de 2004 y en la Notaría 4 de Medellín quedó asentada en la escritura número 1453 la supuesta venta que Néstor Salgado hace de un apartamento ubicado en la Urbanización Barcelona del barrio El Poblado a un tercero de nombre Hernán de Jesús Mosquera, por valor de 100 millones de pesos.
El 21 de julio de ese mismo año, la propiedad cambió de dueño. En la escritura número 1955 de la Notaría 20 figura que Miriam Ester Puello Medrano pagó por esta propiedad 100 millones de pesos de los cuales, 40 millones se entregaron al momento de cerrar el negocio mientras que el restante se canceló semanas después, gracias a una hipoteca otorgada por una entidad bancaria.
“Yo no conozco a ninguna de estas personas. Ni sé quién estaba viviendo ahora en mi apartamento. Mi familia me pidió que no hiciéramos nada. Que dejáramos las cosas quietas. Pero me atreví a denunciar y vea como van las cosas”.
Peregrinar sin resultados
Tras conocer la historia, el fiscal de Derechos Humanos consideró que, tratándose de una declaración contra un reconocido miembro de las Auc como alias ‘Danielito’, lo más recomendable era remitir el caso a Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. En esta Unidad tomaron nuevamente su versión y de allí pasó a la Defensoría del Pueblo, donde, una vez más, relató su drama.
Su deseo de pronta justicia contrastó con la compleja realidad que afronta el proceso de aplicación de la Ley 975: jefes paramilitares extraditados, postulados fallecidos durante el proceso y mandos medios que siguieron delinquiendo. Total, aclarar los hechos narrados por Néstor no se veía factible en el corto plazo y la misma Fiscalía de Justicia y Paz le sugirió acudir a la Unidad de Persecución de Bienes del Ente Investigador, con sede en Bogotá.
“Allá me recomendaron que pidiera una audiencia al Magistrado con Función de Control de Garantías de Justicia y Paz y que en ella le solicitara medidas cautelares para proteger el apartamento. Así, ya se podía iniciar la investigación contra la viuda de mi tío y su sobrino, que siguen por ahí como si nada, haciendo de las suyas y en los negocios raros que ellos mantienen”, expresó Néstor.
Pero su infortunio tiene también algo de irónico: “Hicimos la solicitud en julio del año pasado y nos programaron audiencia para el 27 de octubre. Pero resulta que la cancelaron porque en esos días la justicia estaba en paro y no se podía entrar a las salas de audiencia. La reprogramaron para el 22 de enero. Y resulta que voy, expongo el caso, hago la solicitud y el Magistrado me responde que él ya no puede hacer eso. Que si yo hubiera ido antes del 3 de diciembre muy seguramente hubiera ordenado las medidas cautelares, pero como reformaron la Ley de Justicia y Paz, él ya no tiene esa competencia”.
Los excesivos trámites y las respuestas escuetas y vagas de los funcionarios judiciales lo han llevado a afirmar que la justicia colombiano no está hecha para proteger a las víctimas, “y de paso creen que estoy tratando de estafar, porque me lo han dicho, que yo estoy tratando de recuperar un bien que vendí legalmente y que puedo terminar en la cárcel. Pues si me toca me voy a la cárcel, pero voy a demostrar cómo me quitaron mi apartamento”.
Lo que deja en evidencia el caso de Néstor es que el despojo urbano fue una práctica empleada por los grupos armados ilegales con mucha más frecuencia de la que se creía. Según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, el flagelo fue de tal magnitud que ya existen zonas microfocalizadas en donde se priorizará la intervención. Una de estas zonas es el barrio Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño.
Hasta el 14 de enero del presente año, la Unidad de Restitución de Tierras recepcionó 106 solicitudes de reclamación sobre predios urbanos ubicados en Medellín, convirtiéndose en uno de los 20 municipios del departamento con más casos registrados de despojo urbano. Aunque la cifra puede ser mucho mayor, pues el temor que persisten entre las víctimas de este flagelo, sumado al hecho de que en muchos casos los victimarios continúan operando, hace que el subregistro sea bastante elevado.
La pregunta es, ¿tiene los suficientes dientes la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para enfrentar el despojo urbano? Funcionarios de esta entidad consultados por Verdadabierta.com responden enfáticamente que sí, que el articulado contempla trámites expeditos para la restitución de este tipo de inmuebles. Una buena noticia para Néstor, quien pese a los tropiezos que ha tenido en el sistema judicial, piensa continuar en su lucha por recuperar su apartamento porque según él, “estoy seguro que si logro recuperarlo, otras personas que han pasado por lo mismo que yo se animan a denunciar”.
