La pobreza y la violencia volvieron nómadas a los campesinos del corregimiento de Almagra en Ovejas, Sucre. Cuando el conflicto armado amainó entre 2006 y 2008, los campesinos que abandonaron sus predios, regresaron y encontraron a otros, que también habían sido víctimas de la guerra.
Con tantas vueltas, no tardaron en aparecer los conflictos entre parceleros, casi todos con derechos legítimos sobre una misma parcela. Eso fue lo que pasó en la finca Vilut y los Amigos donde labriegos, que ocuparon el predio en diferentes épocas, alegaban tener el derecho a la propiedad argumentando diferentes motivos, aunque nadie tenía en su poder una escritura registrada.
La situación se hizo más compleja a finales de 2008 con la llegada a la zona de un empresario que les compró baratos sus predios a unos campesinos y desalojó a otros que vivían en la finca. En la actualidad todos exigen el derecho a la propiedad.
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El desplazamiento
En 1980 Jorge Blanco era un campesino de 30 años. Había pasado gran parte de su vida buscando junto a su familia una tierra donde cultivar y derivar de ahí su sustento. Invadió con otros dos campesinos una finca desocupada con el curioso nombre de Vilut y los Amigos, que pertenecía a un terrateniente de la región.
Después de 10 años de vivir allí, en 1990, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, compró el terreno de 145 hectáreas para entregárselo a siete personas: Blanco, los otros dos ocupantes de la finca y cuatro campesinos más. El Incora les entregó un título en común y proindiviso, que les daba la propiedad colectiva sobre todo el terreno, y no una parcela en particular. Los campesinos se comprometieron con el Instituto a aportar el 30 por ciento del valor del predio.
El Incora les entregó la tierra, los adjudicatarios pagaron su parte, y no les pareció relevante registrar las escrituras con sus nombres como nuevos dueños. “Lo único que nos importaba era que nos habían dado la tierra. Para todos era más una cosa de palabra”, recordó Blanco.
Con el paso del tiempo, unas familias beneficiarias se fueron porque no encontraron la forma de prosperar económicamente, otros por la violencia que los hizo escapar hacia el casco urbano.
Jorge Blanco y su padre permanecieron en la finca y para 1995, le permitieron entrar al predio a los Chamorro y que ocuparan un sector abandonado. Detrás de ellos llegaron más víctimas de la violencia y gente sin tierra que encontraron en Vilut y los Amigos un lugar para quedarse.
Para 2008, cuando por la acción de la fuerza pública y la desmovilización paramilitar, los Montes de María se tornaron más tranquilos, los adjudicatarios originales del Incora que habían abandonado la tierra, volvieron a interesarse en ella. En la finca vivían en ese momento 10 familias, incluidos los Blanco.
Entre los que habían llegado después, varias familias entraron con autorización de los propietarios originales. Así, por ejemplo, Manuel y Luis Salcedo, unos hermanos que huyeron desplazados de la vereda Pijiguay luego de que los paramilitares cometieran una masacre en 1997, llegaron al predio ese mismo año con el permiso de Pablo Jaraba, un campesino que había recibido el título en 1990. En 2007, Jaraba quiso regresar y los Salcedo alegan que el derecho de propiedad ya es de ellos. Insisten en que no solo tuvieron la autorización, sino que le compraron a Jaraba una parcela de Vilut y los Amigos por un valor cercano al millón de pesos. Jaraba sostiene que lo único que le pagaron fueron unos árboles frutales.
Al conflicto entre campesinos que habían abandonado la tierra y otros más que habían llegado a ocuparla, se sumó el desorden del Incora. Cuando fue liquidado en 2004, el Instituto hizo un balance de los predios que le pertenecían para que pasaran a manos de la entidad que la remplazó, el Instituto de Desarrollo Rural, Incoder. Como las siete familias que recibieron la tierra en 1990 nunca registraron las escrituras, la finca legalmente siguió en manos del Estado y la propiedad pasó de una entidad a la otra.
El panorama se complicó aún más cuando llegó, a finales de 2008 y en medio del conflicto entre los campesinos, un empresario paisa con la idea de montar un criadero de búfalos.
VOLVERTierras en promoción
Carlos Mario Vásquez Gaviria, un empresario de Medellín con inversiones en agroindustria y en el sector de suministros para instalación de gasodomésticos, llegó a los Montes de María para comprar tierras, invitado según él mismo cuenta, por un familiar que tenía fincas en la región.
Vásquez Gaviria adquirió varios predios en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar en 2007 y un año después llegó a Ovejas donde compró parte de la finca Vilut y los Amigos a cuatro campesinos que habían recibido los títulos del Incora en 1990, aunque pertenecían legalmente al Incoder.
El empresario pagó los predios, en promedio a 500 mil pesos la hectárea. Con tres de los cuatro campesinos firmó un contrato de compraventa, pero con el cuarto, precisamente Jorge Blanco, hizo el traspaso de la propiedad modificando la escritura. Después de 17 años de que el Incora le hubiera entregado el título, Blanco fue a registrar los documentos a la Oficina de Registro en Corozal y aunque no podía hacerlo, porque el predio ahora pertenecía al Incoder, la directora de dicha oficina registró la escritura. Por esta irregularidad, la funcionaria fue suspendida seis meses por la Procuraduría General de la Nación.
Con contratos de compraventa en mano y con la escritura con su nombre, Vásquez tomó posesión de cerca de 80 hectáreas de la finca a principios de 2009 y comenzó a desarrollar su proyecto de crianza de búfalos.
Según los campesinos que ocupaban la tierra, las tensiones comenzaron porque el ganado del empresario se metía dentro de sus sembradíos y los dañaba. “Tuvimos varias discusiones y nos tumbó unos ranchos que teníamos. Finalmente nos tocó salir porque en febrero de este año él (Vásquez) vino y nos amenazó”, según contó un miembro de la familia Chamorro que ocupaba Vilut y los Amigos.
Los campesinos afectados por Vásquez Gaviria interpusieron un amparo policial para volver a sus tierras, pero el empresario se ha negado a asistir a las reuniones para conciliar, convocadas por la inspectora de Policía de Ovejas, Candelaria García. “Cada vez que me encontré con el señor Vásquez para hablar del tema, se puso muy grosero conmigo. Luego simplemente dejó de venir a las reuniones a la que lo citábamos para que concertara con los campesinos”, contó García.
La situación entre todos los que reclaman la propiedad es de tensión e incertidumbre, según cuenta la inspectora de Policía. En la actualidad, el empresario ocupa gran parte de la finca, y en el resto, se encuentran algunos campesinos que llegaron hace 15 años y que disputan sus derechos con los labriegos que recibieron los títulos del Incora en el 90.
El camino a la restitución
El Incoder, comotenedor legal de Vilut y los Amigos, determinó que quién debe definir el derecho a la propiedad del predio es un juez de tierras de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución. “Allí hay víctimas de desplazamiento y la ley nos ordena que estos procesos pasen a manos de la Unidad de Restitución para que sean presentadas las respectivas demandas ante los jueces”, dijo un funcionario del Incoder, en Sucre.
En el caso del empresario paisa, la justicia tendrá que definir si compró de buena fe la tierra al precio que lo hizo. Hasta el momento solo Jorge Blanco ha señalado que Vásquez Gaviria le pagó un valor muy inferior al comercial (ver carta venta).
”Yo me conseguí un perito después y me dijeron que esas tierras al menos valían un millón seiscientos mil. Yo vendí a 500 mil porque estaba desesperado, tanta violencia en la zona me había dejado con miedo y sin plata. Además, ‘el cachacho’ (Vásquez) no me ha pagado todo, no me quiere responder”, dijo Blanco.
Vásquez Gaviria le dijo a VerdadAbierta.com que pagó el precio justo y que lo que hizo fue “un mal negocio”. El empresario señaló que para la época intentó pedir un préstamo al Banco Agrario, poniendo como garantía hipotecaria la tierra que iba a comprar y que en ese proceso, uno de los peritos que trabaja para esa entidad avalúo en 350 mil pesos la hectárea.
“Pagué a 500 mil, por encima del precio que me dijeron. La tierra estaba en muy mal estado y me tocó invertirle mucho para que produjera, al menos un millón por hectárea. Si en este momento me ofrecen millón y medio por cada una, la vendo”, dijo el empresario. Vásquez Gaviria aceptó que aún debe dinero a los campesinos, pero señaló que lo cancelará una vez se solucionen los problemas y tenga las escrituras registradas en sus manos.
Al ser preguntado por este portal, sobre la posibilidad de publicar el avalúo del Banco Agrario, el empresario se negó, insistiendo que es un documento privado y no tiene por qué hacerlo público, pero aseguró que si tiene que defender la buena fe de sus acciones ante un juez, lo mostrará.
VerdadAbierta.com consultó con la sucursal del Banco Agrario en Sincelejo y un funcionario aseguró que los avalúos solo se hacen cuando el propietario de un predio autoriza el proceso en el que su propiedad servirá como garantía hipotecaria. Jorge Blanco insiste en que nunca avaló ninguna solicitud de préstamo por parte del empresario y que por lo tanto no hubo ningún avalúo. “El vino y ofreció esa plata. Pagó lo que nos quiso dar”, dijo Blanco.
En cuanto a la posesión que alegan los campesinos que fueron desalojados, Vásquez Gaviria insiste en que le compró a los legítimos dueños y que el Estado no puede darle prioridad a quienes vinieron a ocupar tierras de campesinos que se fueron por la violencia. Insiste en que no ha amenazado a los labriegos y que sólo busca respetar sus derechos como propietario.
“Gente que me vendió tuvo que dejar su finca porque los desplazaron. Ahora llegan estas personas a intentar que el Estado les entregue la tierra, cuando lo que hay que hacer es respetar las decisiones de las verdaderas víctimas, quienes me vendieron”, señaló Vásquez.
Es un caso complicado por la enredada historia de Vilut y los Amigos. Tendrá que ser el juez de tierras quien defina quiénes son víctimas y quiénes tienen derecho a la restitución o a algún tipo de reparación, según aseguró un funcionario del Incoder.
El caso de este predio será todo un reto para la ley, porque en ella confluyen víctimas de la violencia que insisten en reclamar la misma tierra; otros que aseguran que vendieron demasiado barato por las penurias en que estaban después del posconflicto; particulares que abandonaron el predio por motivos económicos, pero con argumentos para reclamar la propiedad; y un empresario que pagó en parte la finca y tiene documentos para probarlo.
