Se trata de establecer si un puñado de funcionarios estuvieron involucrados en dejar sin tierra de manera irregular a campesinos que fueron desplazados de sus parcelas para favorecer intereses privados.
Durante el juicio que se adelanta contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de Justicia y Paz, Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de persecución de bienes, informó a la Sala que se están adelantando investigaciones en contra de varios funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó que colaboraron con los paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba y Antioquía.
Así mismo, Donado señaló ante los magistrados de Justicia y Paz, que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando a miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes presuntamente se aliaron con las autodefensas de Salvatore Mancuso y de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para usurpar tierras a campesinos a finales de la década de los noventa. (Leer El fraude de los Castaño para despojar)
Amenazas a familiares de Eleonora Pineda y Benito Osorio Villadiego
Dentro de los investigados se encuentra Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien para la fecha de los hechos participaba como representante del Ministerio de Agricultura dentro del Fondo. Sotomayor había sido señalado por Benito Osorio, ex gerente del Fondo, como uno de los miembros de la junta que había aprobado compras masivas de tierras que habían sido despojadas por los paramilitares.
Cabe aclarar que el Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad de economía mixta que tiene un 20 por ciento de participación del Estado a través del Ministerio de Agricultura, hecho que explica la presencia de Sotomayor en el Fondo para la época de los hechos.
Estas investigaciones son resultado de las versiones del extraditado Salvatore Mancuso y de Benito Osorio Villadiego, quien fuera durante diez años gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y quien ha sido investigado por sus nexos con los paramilitares hasta que un juez de Montería anuló su proceso.
Al final, será la fiscalía la encargada de establecer cómo, con la complicidad del Incoder y de las Notarias de Montería y Apartadó, el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de 6.500 hectáreas de tierra de las que habían sido desplazadas por los paramilitares, al menos 60 familias de campesinos cordobeses y antioqueños.
Según Salvatore Mancuso, la complicidad del Fondo Ganadero con los paramilitares fue tal, que “dentro de los predios de los que se apropió el fondo con complicidad del Incoder y de las notarias, Carlos Castaño tenía un inmueble que le servía como refugio. En esta finca también se firmó el acuerdo donde se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc”.
Así funcionó la confabulación para despojar
Detrás del despojo de más de diez mil hectáreas y del desplazamiento de miles de campesinos de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, existió una maquinaria de corrupción en la que participaron funcionarios de la notaria 3 de Montería, la notaria de Apartadó, el Incoder y el Fondo Ganadero de Córdoba.
Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía y la información aportada por ex jefes paramilitares, todas estas entidades se confabularon con la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una ong creada por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para facilitar el despojo de tierras en la región.
Funpazcor, que era representada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño – hoy prófuga de la justicia- era la encargada de coordinar con las distintas entidades la maquinaria del despojo paramilitar que facilitó que el Fondo Ganadero de Córdoba hiciera compras masivas de tierras a precios irrisorios. “Mientras la hectárea de tierra en la zona se comercializaba a 300 mil pesos aproximadamente, el Fondo Ganadero pagó cerca de 50 mil pesos por cada hectárea a los campesinos”, aseguró la Fiscal Liliana Donado.
“Sor Teresa Gómez actuó como intermediaria entre las víctimas del despojo y el Fondo Ganadero de Córdoba a través de poderes falsos de los campesinos”, señaló la fiscal Donado, quien agregó que estos poderes tenían graves vicios legales e inconsistencias en las firmas y en las huellas de los campesinos que supuestamente estaban vendiendo sus tierras de manera voluntaria al Fondo Ganadero.
En las escrituras que resultaron de las compras masivas en las que aparece la firma de Benito Osorio, para entonces presidente del Fondo como comprador, la Superintendencia de Notariado y Registró encontró que las irregularidades también salpicaban a funcionarios de la notaria tres de Montería y la única notaría de Apartadó, por esta razón, según la Fiscal donado, la Superintendencia adelanta una investigación disciplinaria y la fiscalía una penal.
Según Benito Osorio quien fuera el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue la junta directiva del Fondo Ganadero la que aprobó entre el 97 y el 98, la compra masivas de entre 100 y 109 predios de los que los paramilitares habían desplazado a miles de campesinos. Allí, el Fondo sustituyó con ganadería extensiva, los pequeños cultivos de los campesinos.
“La junta directiva (entre la que se encontraba Benito Molina, Víctor León Fernández, Luis Gallo Restrepo y Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo, según Benito Osorio), había aprobado estas compras para asegurar el dominio de los paramilitares en la región”, aseguró la Fiscal Donado, quien basándose en las declaraciones Osorio y de Mancuso compulsó copias en agosto de este año para que se iniciaran las correspondientes investigaciones.
De acuerdo con la exposición de Donado, “el Fondo Ganadero se dio cuenta que las tierras no eran buenas para la ganadería extensiva y por eso en su momento hicieron contratos de de arrendamiento con cooperativas de proyectos productivos manejados por desmovilizados, relacionados con la Casa Castaño y los ‘paras’ de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
Finalmente la fiscal Donado aseguró que el Fondo Ganadero de Córdoba anunció su intención de devolver estas tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo paramilitar.