El Observatorio del Centro Internacional de Toledo para la Paz encontró que el sistema de justicia transicional sólo ha podido reconocer al 12 por ciento de las víctimas que se han registrado.
 El proceso de Justicia y Paz tiene siete años de funcionamiento y ha arrojado pocas sentencias. La Ley está a punto de ser reformada para agilizar el proceso judicial. Foto: archivo Semana. |
Luego de analizar las cifras del proceso de Justicia y Paz, el Observatorio del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax-Colombia) encontró que este sistema está en la capacidad de atender y lograr la reparación judicial de 46.106 víctimas, del total de 386.069 que denunciaron crímenes.
Lo anterior significa que si hoy terminara el proceso de Justicia y Paz, sólo el 12 por ciento del total de las víctimas de los paramilitares conocerían la verdad y serían reparadas judicialmente.
Según el Centro, el grueso de las víctimas de los paramilitares no han se presentado a los procesos que se adelantan en Justicia y Paz y tampoco han sido reconocidas por sus victimarios. Esto en el proceso judicial implica que si los ‘paras’ no reconocen estos crímenes, no se conocerá la verdad y por último no serán reparadas por ellos.
Así las cosas, el Observatorio cuestiona si tras siete años de aplicación de La Ley de Justicia y Paz, se puede “hablar de un límite o cierre de Justicia y Paz y la apertura del nuevo sistema de reparación integral de la ley 1448 de 2011 para el 88% restante y las víctimas que sigan acudiendo al nuevo registro”.
Esto es lo que encontró el Observatorio:
El número de víctimas reconocidas aumenta lentamente
A pesar de que el número de víctimas registradas en la Fiscalía aumenta año a año, esto no significa que sean reconocidas como tal en el proceso de Justicia y Paz. El ente investigador debe verificar que las personas realmente sean víctimas del conflicto y les otorga una acreditación para avanzar en el proceso judicial.
En ese sentido, el Observatorio encontró que el número de víctimas reconocidas o acreditadas dentro del proceso de Justicia y Paz nunca ha superado el 12 por ciento. Para marzo de este habían registradas 386.069 posibles víctimas, pero sólo fueron reconocidas 46.106.
De acuerdo con las anteriores cifras, en el Observatorio establece tres categorías de víctimas. La primera, compuesta por las víctimas que han sido reconocidas por los postulados en versión libre ycuyo proceso podrá avanzar hasta el incidente de reparación. Allí están el 12 por ciento de víctimas registradas.
La segunda categoría está compuesta por las víctimas que asisten a las versiones libres y no han sido reconocidas por los excombatientes y tienen dificultades para avanzar en el proceso; en esta categoría está el ocho por ciento de las víctimas, es decir, 29.821 personas. Y la última categoría, en la que se encuentra el 80 por ciento de víctimas registradas (310.142), que son las que no han asistido a las diligencias de versión libre.
Para estos dos últimos grupos de víctimas, el Observatorio recomienda “activar de manera oficiosa toda la institucionalidad de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), de tal suerte que estos grupos de víctimas perciban que pese a las dificultades de adelantar la reparación judicial es posible acceder a los beneficios de corte administrativo”.
El paradójico embudo de las postulaciones
En el último año el número de combatientes que se desmovilizaron aumentó de 55.228 a 56.276. En el papel, ese aumento podría significar para las víctimas una mayor posibilidad reparación porque más personas tendrían que responder por sus crímenes.
Pero en la práctica, esa tesis resulta ser diferente por el requisito de postulación al proceso de justicia transicional. En ese sentido, el Observatorio encontró que el número de postulados al proceso penal especial de Justicia y Paz se redujo en el último año.
“Al analizar la variación existente año a año en el número de postulados se evidencia que el proceso alcanza un pico en 2007 y a partir de ese punto se inicia una reducción paulatina de tal número, sumando para el 2012 un total de 5.000, lo que corresponde a 8,8% del número total de desmovilizados registrados. Lo anterior indicaría una decisión de parte del Gobierno Nacional de estimular las desmovilizaciones sin que necesariamente implique la postulación al proceso penal de Justicia y Paz”, concluye el informe al respecto.
Otro problema se encuentra con el número de versiones libres terminadas, que es la primera etapa procesal en Justicia y Paz. Al respecto, el informe reseña que a marzo de 2012 se habían iniciado 2.784 versiones libres, pero que en los últimos tres años se registró el número más bajo de audiencias terminadas.
En parte, esto se explica a raíz de los nuevos excombatientes que fueron incluidos en el proceso transicional. Para el Observatorio, “pareciera confirmarse una tendencia según la cual el aumento de postulados y de inicio de versiones libres implica la reducción de la capacidad institucional y la posibilidad de terminar las audiencias libres redundando en la no satisfacción de la expectativa de lucha contra la impunidad”.
La exigua reparación
El Observatorio reseña que hasta el momento sólo se han realizado once incidentes de reparación relacionados con 686 hechos criminales. Estas cifras equivalen al 1,2 por ciento del total de hechos enunciados por los excombatientes en sus versiones libres.
Ese número de incidentes también equivalen a once postulados a Justicia y Paz, lo cual significa que sólo 0,2 por ciento de exintegrantes de grupos armados que se acogieron al proceso de justicia transicional, han avanzado hasta la etapa en la que se define la reparación de sus víctimas. Y con relación a las víctimas, 3.582 han llegado a esa etapa de reparación judicial, correspondientes al 0,9 por ciento de víctimas registradas y al 7,7 de víctimas reconocidas.
En el informe se alerta sobre la dificultad de reparar a las víctimas debido a los bienes aportados por los postulados para mitigar el daño que causaron. “A marzo de 2012 se había entregado por los postulados un total de 7.453 bienes, apenas 86 bienes más que los entregados a marzo de 2011 (7.367). De los bienes entregados, sólo 4.051 cuentan con “vocación reparadora”, es decir, del total de bienes entregados, que suman $96.598.927.073 millones de pesos, sólo el 54% tienen vocación reparadora”.
La verdad entorno a los crímenes
El Observatorio destaca la importancia de la confesión de los crímenes que los grupos paramilitares cometieron para aterrorizar y controlar a la población civil.
A marzo de este año, los postulados confesaron 894 masacres en ante fiscales de Justicia y Paz; pero al mismo tiempo, llama la atención porque a pesar de las desmovilizaciones, entre 2005 y 2011, 141 personas fueron masacradas por “desconocidos”.
A esa misma fecha, los excombatientes confesaron 23.092 homicidios. Al respecto, el 12,2 por ciento de víctimas que asistieron a las versiones libres para indagar por esos crímenes, logró la confesión de los hechos por parte de los postulados.
Para marzo de 2012, 39.284 personas se registraron ante Justicia y Paz como víctimas del delito de desaparición forzada, equivalentes al 10,1 por ciento del total de víctimas registradas. En el último año la denuncia de estos crímenes aumentó, y el Observatorio destaca “un énfasis de la Fiscalía por convocar jornadas de atención a víctimas direccionadas específicamente a recopilar información sobre este delito y la constitución de una unidad especializada para investigarlo”.
Pero hasta marzo de 2012, los postulados sólo habían sido confesados 3.272 casos de desaparición forzada, correspondientes al 8,3 por ciento del total de delitos registrados por las víctimas.
El caso piloto de Mampuján
El Observatorio analizó el caso de la masacre de la masacre de Las Brisas y del desplazamiento de Mampuján, que fue el primer hecho condenado en Justicia y Paz, conocido como el Caso Mampuján.
En él encontró que el proceso de investigación y juzgamiento se caracterizó por la información brindada por los postulados, y “sólo en último término, se apeló a la reconstrucción del universo concreto de las víctimas, reduciendo las posibilidades de participación de ésta en la construcción de los hechos”.
Por lo anterior, indica, quedaron insatisfechas algunas expectativas de las víctimas. Las víctimas perciben que no se supo la verdad entorno a todos los responsables de estos crímenes, de sus beneficiarios y de los motivos de la incursión paramilitar que terminaron con la masacre y el desplazamiento. También está presente la exclusión en el proceso de judicial de otras comunidades que también resultaron afectadas por esos hechos, como la comunidad de La Bonga. Por último, debido al manejo que se le dio al caso, este fue reconocido sólo por Mampuján, lo que generó susceptibilidades con la comunidad de Las Brisas, en donde fueron masacrados inicialmente once campesinos.
En el informe también se analiza los procesos de campesinización y descampesinización de esa región limítrofe entre los departamento de Sucre y Bolívar, a raíz de la violencia en los años 90.
