Un año después de aprobada, varias organizaciones no gubernamentales ya comienzan a advertir lentitud en la aplicación de la Ley de Víctimas y formulan propuestas para hacer más expeditos los procesos de restitución de tierras.
Para que el Gobierno Nacional pueda cumplir la meta de devolverle a sus legítimos dueños cerca de dos millones de hectáreas de tierras que fueron usurpadas en el marco del conflicto armado, es necesario que contemple otros mecanismos distintos a la vía judicial como los actos administrativos así como iniciar procesos de restitución colectiva. De lo contrario, se estaría poniendo en riesgo el éxito de la iniciativa bandera de la administración Santos.
Así lo plantean las organizaciones no gubernamentales Instituto Popular de Capacitación (IPC) y Fundación Forjando Futuros en una publicación titulada: “Restitución colectiva de tierras en Colombia: una propuesta para cumplir con éxito la devolución de tierras en los 143 municipios de mayor despojo”, donde proponen, además, crear una política de seguridad sostenible y permanente para los reclamantes de tierra así como fortalecer las instituciones en aquellas regiones priorizadas por el Gobierno Nacional para la entrega de tierras despojadas.
Y es que, de acuerdo con la publicación de las organizaciones, los 134 jueces agrarios y 60 magistrados que espera tener el Gobierno Nacional para 2014 deberán resolver un potencial de 360.000 casos de restitución, tal como lo calcula la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, lo que equivale a decir que cada funcionario judicial tendría que conocer 2.687 procesos, “lo que hace a todas luces inviable la restitución judicial y se repetiría el fracaso de la reparación a las víctimas tal como sucedió con la Ley 975”.
“Si no avanzamos en procesos de restitución colectiva de tierras, esto no va a rendir. En las zonas priorizadas por el Gobierno Nacional los despojadores fueron los mismos: las Autodefensas con sus diferentes bloques. Entonces, si el despojador fue el mismo y los predios son colindantes, entonces podemos hablar de un daño colectivo y frente a esto, una restitución colectiva”, señala Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a víctimas de despojo de tierras del Urabá antioqueño ante los estrados judiciales.
La propuesta de las organizaciones se sustenta en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que dice que “los titulares de la acción (de restitución) pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios, en los cuales se dé uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento”.
“¿Nosotros qué le estamos pidiendo al Gobierno? Que esta sea la ruta preferente. Simplemente para dar un ejemplo, en Urabá pasaríamos de 3.000 procesos judiciales a 25. En Montes de María se acercaría a 35 procesos judiciales. En el Catatumbo son cerca de 27.000 los bienes despojados. Con tres jueces no sería suficiente para adelantar esa labor”, agrega el director de Forjando Futuros.
Con buenos ojos
Para quienes alegan haber sido despojado de sus predios por cuenta de la guerra entre guerrillas y paramilitares, la propuesta de una restitución colectiva, tal como lo quieren impulsar las organizaciones, suena bastante coherente y llamativa. “Por la seguridad que hay en estos momentos, no es muy viable que solo se le restituya a una víctima. Es que ya hemos visto lo que pasa en esos casos. Por eso, nosotros creemos que es mejor de manera colectiva”, sostiene Fernando Enamorado, reclamante de tierras del Urabá antioqueño, quien señala que el caso de Albeiro Valdés, más conocido como ‘Colombia’, es bastante ilustrativo sobre este particular.
Mediante una decisión administrativa y luego de varios años de lucha, el Gobierno Nacional le devolvió a Valdés, a finales de 2009, una finca de 38 hectáreas ubicada en la vereda El Tigre del corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, que los paramilitares al mando de Carlos Correa le habían usurpado por allá a finales de los años 90. Pero lo que parecía una noticia reconfortante y esperanzadora terminó convertido en tragedia. A los pocos días de retornar a su predio, ‘Colombia’, como le decían sus amigos, fue amenazado por desconocidos que dijeron ser de las “Águilas Negras”.
Albeiro interpuso las denuncias respectivas. Incluso, señaló a varios terratenientes de la región como los responsables de la intimidación. Su pedido de protección especial no surtió efecto alguno pues el 10 de mayo de 2010 fue hallado muerto en uno de los tantos platanales que bordean la vía Turbo-Necoclí. Aún hoy sigue sin esclarecerse la causa de su muerte ni los presuntos responsables. Paradójicamente, el 25 de junio de ese mismo año, el entonces alcalde de Necoclí, Edelfred Villalobos, decidió, mediante acto administrativo, entregarle las 35 hectáreas que el Estado le había restituido a Colombia, a un ganadero de la región llamado Jairo Humberto Echeverry Bedoya.
“Por eso es que es mejor que la reparación sea colectiva. Cosas como el de ‘Colombia’ siguen pasando. Muchas de las familias de Las Tulapas (que fueron beneficiadas con decisión judicial de restitución en 2011) no han podido retornar por motivos de seguridad, y también porque no ha habido acompañamiento del Gobierno. Allá la cosa sigue jodida”, advierte Fernando Enamorado.
Por ello es que, adicional a los procesos colectivos, las organizaciones no gubernamentales le piden al Gobierno la formulación de una “política de seguridad permanente y sostenible para los reclamantes de tierra”, que incluya la prohibición del porte de armas en las zonas priorizadas para restitución de tierras; divulgación pública de los nombres de los testaferros; y mostrar mayores avances en las investigaciones adelantadas por los crímenes cometidos a la fecha contra los campesinos reclamantes, pues como lo expresa Gerardo Vega, “no es posible que a la fecha hayan sido asesinados 60 líderes de tierras, 11 de ellos en Urabá y hasta el momento solo haya tres personas detenidas por estos casos”.
Como se recordará, luego de múltiples análisis, el Gobierno Nacional definió 12 zonas que agrupan 143 municipios donde se concentró en mayor medida el despojo y abandono de tierras. Son ellas el Catatumbo; Cauca y Valle; Magdalena Medio; Magdalena y Cesar; Montes de María; Nariño; Putumayo; Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; resto de Antioquia; Sur del Meta; Tolima y Urabá. Estas zonas representan casi el 50% del territorio nacional y se estima que en ellas hay más de 92.250 predios despojados o abandonados con una extensión de 3.046.246 hectáreas.
Hasta el pasado 15 de julio, el Incoder había recepcionado 15.490 solicitudes de restitución que comprometen 1.173.482 hectáreas. Antioquia y Bolívar figuran como los departamentos con mayor cantidad de predios solicitados en restitución. Parte de los análisis realizados por las organizaciones revelan que en la gran mayoría de estas zonas aún operan grupos armados ilegales, principalmente bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización de los paramilitares, donde también persisten fenómenos como el desplazamiento forzado.
