Un total de 27 carpetas fueron entregadas en junio pasado por la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución de la Fiscalía a un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín. Cada una de ellas contiene información detallada que busca probar que paramilitares al mando de Salvatore Mancuso desplazaron a igual número de familias en las veredas Isaías, La Naranja y Porvenir Tulapa y luego, las obligaron a vender sus tierras a bajos precios.
Con ellas, el Ente Investigador solicitará que se restituyan estas fincas a las familias que alegan ser las legítimas dueñas. Los predios en litigio también reúnenirregularidades señaladas por la Superintendencia de Notariado y Registro luego de estudiar con detenimiento las matriculas inmobiliarias asentadas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, donde la que más se destaca es la compraventa de varias parcelas adjudicadas por el Incora (hoy Incoder) y en las que los adjudicatarios venden mediante otorgamiento de poder a una misma persona.
Tales son los casos de los compradores Zulma Yibi Romero Cerquera y Nelson Cárdenas Montenegro, quienes registraron el 26 de diciembre de 2005 en la Notaría Única de Apartadó la compra de 18 y 13 predios respectivamente, entre ellos varios de los que hoy son objeto de reclamación.
Uno de los predios es la finca El Principio, de 14 hectáreas, en El Porvenir Tulapa y cuyo dueño otorgó poder especial a Jorge Eljach Zúñiga, el 19 de mayo de 2005, para que negociara su predio con Romero Cerquera. Otro de los implicados en esta compraventa es Fabián Darley Roldán Villa, a quien los propietarios del predio Las Delicias, de 49 hectáreas, también en El Porvenir Tulapa, le otorgaron un poder especial el 19 de mayo de 2005 para que negociara con Zulma Yibi Romero.
También está el caso de Carlos Alberto Grajales Gómez, quien le vendió a Romero Cerquera el predio Las Mercedes, de 86 hectáreas en la vereda Isaías que, a su vez, había sido adquirido por Benjamín Alvarado Bracamonte, según consta en escritura pública de septiembre de 1996 de la Notaría Única de San Pedro de Urabá.
En estos casos, la Fiscalía intentará demostrar que para estas transacciones comerciales se utilizaron falsos poderes y que los compradores sacaron ventaja de la condición de desplazados forzados de los propietarios.
Y no será la primera vez que estas personas se enfrentan a la justicia. De acuerdo con la investigación de VerdadAbierta.com, en la Fiscalía 124 Seccional de Apartado se inició una investigación radicada bajo el número 7077 por concierto para delinquir contra Fabián Darley Roldan Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez, Zulma Yidi Romero Cerquera, Nelson Cárdenas Montenegro, Guido Manuel Vargas López y Jorge Eljach Zúñiga.
De igual forma, la Unidad de Justicia y Paz con sede en este mismo municipio había citado a comparecer en el proceso de restitución de 15 fincas en Las Tulapas, pero tal como quedó consignado en el informe del fiscal de esta seccional: “Ninguno de ellos se hizo presente. Solamente los dos últimos a través de su apoderado manifestaron no estar disponibles a rendir declaración y ofrecieron como prueba las versiones rendidas en el proceso 7077”.
Pero, según pudo establecer VerdadAbierta.com, la misma Fiscalía ordenó archivar este proceso en agosto de 2011, tras no encontrar suficiente material probatorio que permitiera vincularlos con el proyecto paramilitar o con las denuncias de despojo de tierras en el Urabá, mientras que una fiscalía de Derechos Humanos de Medellín abrió una nueva investigación contra Guido Vargas por el delito de desplazamiento forzado.
