Terrenos que equivalen a dos veces el área de Medellín están bajo la lupa. Un juez no ha permitido que vuelva a la Nación una parte que, se sabe, fue adjudicada de forma irregular. En el resto habría fincas de un congresista y un jefe paramilitar.
En esta historia confluyen de una forma muy singular las tres ramas del poder público. Por el Ejecutivo está el Incoder, que adjudicó irregularmente 38.000 hectáreas de tierra en Vichada. Hizo la entrega a 31 personas que viven en Risaralda, a cientos de kilómetros de las fincas, pero que tienen en común alguna relación con las empresas o la vida política del senador risaraldense Habib Merheg.
Por el Legislativo está Merheg, quien asegura que no tiene nada que ver con estas adjudicaciones y que lo único que hizo fue llevar a Vichada a unos amigos para que conocieran oportunidades de inversión.
Y por el Judicial, está un juez civil del municipio de Dosquebradas, Risaralda, quien con 13 fallos en los últimos meses ha impedido que el gobierno reverse las adjudicaciones, ahora que cayó en la cuenta de que se hicieron de forma irregular.
Y como si le faltaran actores a este relato, también aparece sobre él la sombra del poder paramilitar. Resulta que el gobierno encontró que los terrenos entregados de forma irregular están concentrados en dos grandes globos de tierra (ver mapa en la siguiente página). En medio de los dos quedaron otras 32.000 hectáreas que llamaron la atención de las autoridades.
En total, entonces, son 70.000 hectáreas, en la zona de Caño Muco, que están en entredicho: 38.000 irregularmente adjudicadas y 32.000 de las que aún no se identifican plenamente sus propietarios y no se conoce con certeza cómo fueron adquiridas. Esta superficie equivale a casi dos veces el área de Medellín, o a cuatro veces la Hacienda Carimagua, también en estas llanuras y centro de polémica hace poco.
El año pasado SEMANA demostró las irregularidades en 16.000 de estas hectáreas. Ahora se amplía la extensión de tierra controvertida, que es fronteriza con Venezuela y tiene como uno de sus linderos el río Meta, la principal opción de transporte en la región. Fue por muchos años una zona olvidada, pero empezó a ser muy apetecida ante la posibilidad de que se hagan millonarias inversiones, en especial para producir biocombustibles.
Tras la publicación de SEMANA, el Incoder encontró serias irregularidades en la adjudicación de las 38.000 hectáreas, como que los beneficiarios no cumplían los requisitos sobre el tiempo de ocupación y explotación de la tierra. En su momento, algunos de ellos le dijeron a esta revista que incluso nunca habían ido al Llano. El gobierno ordenó investigar al funcionario local que entregó los baldíos y lo retiró del cargo. Fue entonces cuando se inició la revocatoria de las adjudicaciones que ahora ha encontrado un obstáculo en el juzgado civil de Dosquebradas.
En las visitas previas al desalojo, los funcionarios del Incoder descubrieron algo sorprendente: los trabajadoresde las fincas no sabían quiénes eran los adjudicatarios de las mismas. Por ejemplo, en el video que certifica la visita oficial a uno de estos terrenos, una pareja residente allí dice: “Al que conocemos es al senador (…) Él vino una sola vez el año pasado (…) De resto, no conocemos a nadie más acá (…). Él vino y habló de palabra con nosotros… pero el contrato no lo hicimos con él”. Según ellos, lo hicieron con la persona que hace las veces de administrador tanto de esa finca como de varias de las adjudicadas irregularmente.
El senador Merheg dice que no entiende cómo pueden decir esto, pues según él ha estado en algunos de estos predios, pero de visita y no en calidad de propietario, y menos dando órdenes a los trabajadores. Para él no es exacto que se diga que tiene dos fincas en la nueva zona donde el gobierno investiga los títulos pues, según él, sólo tiene una. Dice que la otra a la que se refiere la gente corresponde a un negocio en el que iba a ayudar a un extranjero a comprarla, pero que se dañó a raíz del escándalo. “Investiguen lo que quieran investigar, yo llevo tres años y medio con mi tierra y estoy feliz (…) jamás he escuchado que ‘Macaco’ tenga tierras allá”, asegura, a la par que reconoce que tampoco tiene títulos de propiedad de su predio. “Yo no estoy en una condición distinta a la que tienen las demás personas con inversiones en la región”, dice refiriéndose a azucareros, agroindustriales y finqueros que, según Merheg, ocupan terrenos de igual manera que él.
Por su parte, el juez civil de Dosquebradas Omar Ramírez Rojas, quien falló a favor de 13 de los adjudicatarios irregulares sendas tutelas interpuestas por ellos, considera que sus actuaciones son irreprochables. Sostiene que sus fallos sólo afirman que el Incoder no ha cumplido con el debido proceso. Las decisiones de este juez han impedido que el gobierno pueda materializar el decreto con el que crea una Zona de Reserva Especial en estas tierras, con lo que buscaría que en la explotación que allí se haga participen desplazados y campesinos.
En esta pelea jurídica, se abrió una compuerta a favor del Incoder, cuando el Tribunal de Risaralda reversó en segunda instancia uno de los fallos del juez de Dosquebradas.A partir de entonces, el juez ha rectificado su posición inicial y está negando las nuevas tutelas que le han llegado.
Todo el caso es francamente escandaloso. Y aún falta mucho por investigar. Por ejemplo, en la Corte Suprema está abierta una indagación preliminar sobre los supuestos vínculos del senador Merheg con los paramilitares y en particular con ‘Macaco’. Algo que no tiene que ver con este caso, pero que no deja de ser una coincidencia que llama la atención. Por lo pronto, sería necesario que alguna autoridad aclare si el senador tuvo algún rol en las adjudicaciones irregulares, o si se benefició de estas.
Publicado en semana.com 07/19/08
