Por las nuevas normas de reparación, las víctimas deben contar sus casos y para ello acuden a los periódicos. Uno de los sitios de mayor consulta es el archivo de prensa de la Universidad de Antioquia. Allí comparten sus tragedias.
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| las víctimas de la violencia deben recurrir hoy a las notas de prensa para respaldar su solicitud de reparación. Cortesía: U. de A. |
Entre titulares, artículos y crónicas judiciales de decenas de periódicos, doña Gloria intenta encontrar al menos una línea donde se reseñe el asesinato de su hijo, ocurrido el 7 de mayo de 1999 en Medellín. Pero la infructuosa búsqueda, resumida en varias horas de minuciosa lectura, no arroja resultados satisfactorios.
Luego de suspirar profundamente, vuelve y solicita nuevos ejemplares, pide fechas adicionales. Limpia sus anteojos con el revés de su camiseta y busca la postura más cómoda para leer.
“Es que sin esa noticia, Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social) no me da la reparación por mi hijo”, dice, mientras saca de su bolso, como para que no haya lugar a dudas, un papel arrugado donde se leen los documentos que exige la entidad estatal a las víctimas de la violencia que quieran acceder a ese derecho.
Entre unos y otros figura un recorte de prensa que de cuenta del hecho violento, la víctima y el victimario. O por lo menos, suministre información sobre la situación de violencia en un tiempo específico en determinado lugar.
Por cuenta de este requerimiento, las llamadas a los periódicos solicitando revisar sus archivos se han triplicado en los últimos seis meses. Ni qué decir de la sala de consulta de la colección patrimonial de la biblioteca central de la Universidad de Antioquia, donde se encuentran archivados ejemplares de prensa tanto de circulación nacional como regional, desde principios del siglo XVIII hasta hoy.
Desde mediados del año anterior, las visitas a esta sala aumentaron de tal forma que excedió la capacidad de atención de los funcionarios, generando traumatismos e inconvenientes en la prestación del servicio. Para superarlos, la Universidad decidió implementar turnos de dos horas, entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche, que deben solicitarse telefónicamente. En la actualidad, el promedio diario de asistencia por turno es de 60 personas, que equivalen a más de 300 personas en una jornada completa.
Muchos de esos nuevos usuarios de la biblioteca provienen de diversas susbregiones del departamento, y aún del país; unos y otros llegan con la intención de sumergirse en una dolorosa regresión en el tiempo a través de las páginas de los diarios y buscar entre ellas noticias de sus familiares muertos. “Ha venido gente hasta del departamento de Córdoba y Arauca. Y estamos esperando que la afluencia de público se incremente con el paso de los meses”, asegura José Luis Arboleda, coordinador de las colecciones patrimoniales de la biblioteca de la U. de A.
Para las organizaciones que acompañan a las víctimas del conflicto, esta procesión diaria, bien por los pasillos de la biblioteca o bien por los centros documentales de los periódicos, constituye “un acto que revictimiza, que no tiene razón de ser”, sostiene John Fernando Mesa, coordinador para Antioquia de Redepaz.
“¿Por qué razón la víctima tiene que ponerse en la tarea de demostrar que sus muertos son reales?”, se pregunta Mesa. “He sido testigo de gente que viene de Ituango, campesinos que no saben leer y tiene que buscar en la prensa esa noticia donde se diga que efectivamente, a su familiar sí lo mataron. Es injusto, eso debería ser una labor de la Fiscalía”.
Contradicciones del proceso
En una de las esquinas de la sala de la biblioteca se encuentra María Luisa Mora, quien lleva más de dos horas leyendo con suma atención la montañita de periódicos que tiene a su lado buscando la noticia de la muerte de su hijo Sergio Andrés, de 19 años de edad, ocurrida en el barrio Popular el 19 de octubre de 2002, cuando regresaba del trabajo.
“Desde el año pasado comencé a hacer las vueltas para la reparación por la muerte de mi hijo, y lo primero que me preguntan es si yo sé quien lo mató. ¡Cómo si yo supiera! En esos años sí había mucha violencia en el barrio, pero, ¡qué se va a poner uno a preguntar quién es quién! Y me dijeron que llevara un recorte de prensa donde aparezca que a él lo mataron. ¿Eso no es como muy injusto que desconfíen en la palabra de uno?”, se pregunta María Luisa.
Paradójicamente, dar con la noticia no es garantía de acceso pleno a la reparación. De ello puede dar fe Margarita Cano, quien pese a reunir todos los requisitos exigidos por la ley no sabe si podrá recibir lo que el Estado le garantizó como un derecho. Todo por cuenta de las imprecisiones informativas que produce la inmediatez del periodismo y los sesgos de las fuentes, particularmente las policiales y militares.
Resulta que el 20 de abril de 2002, integrantes del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinaron a tres personas en inmediaciones del puente conocido como “El Mico”, en el barrio Moravia, de Medellín. Se trató de un menor de edad y a dos hombres identificados como Germán Adolfo Ocampo y a Didier Enrique Ramírez Cano, este último hijo de Margarita.
Para esa época, este sector era epicentro de una cruenta disputa entre integrantes de las Milicias Bolivarianas de las Farc y los paramilitares y la noticia dada por los medios de información hoy es un problema para las pretensiones de Margarita: en la prensa quedó consignado que ese día se registró un enfrentamiento que dejó como saldo trágico tres milicianos muertos.
No obstante, el 28 de abril de 2008, el exintegrante del bloque Cacique Nutibara de las Auc y postulado a Justicia y Paz, Arley Hernando Benítez, alias ‘Plomo’, reconoció en diligencia de versión libre el crimen de Didier Enrique Cano, pero aclaró se trató de un error. “A él le habían dicho que en el (puente) Mico habían tres milicianos y dio la orden de matarlos, pero que después se dio cuenta que se habían equivocado”, relata la madre de la víctima.
Pero el alivio que sintió ese día al ver “reparada” el alma de su hijo tras la confesió del exparamilitar se fue al traste cuando en febrero de 2012, funcionarios de Acción Social le manifestaron que, pese al reconocimiento de su condición de víctima de las Auc, no se podía efectuar la entrega de su reparación material “porque en la prensa figura que mi hijo era disque un miliciano, y que hasta que la prensa no rectifique no me dan mi reparación. ¿Puede creer eso?”.
Margarita espera que a finales de marzo le den una respuesta definitiva frente a su caso por parte de la oficina en Antioquia del Departamento para la Prosperidad Social (antes Acción Social).
Sigue buscando
Mientras tanto, otras víctimas de la violencia, como doña Gloria, continúan en su búsqueda documental. Curiosamente, ella no sabría asegurar si encontrar la noticia sobre el asesinato de su hijo será un motivo de tranquilidad o, por el contrario, podrá despertar nuevamente dolores que creía enterrados en lo profundo de su alma.
Su intuición apunta a que ocurrirá lo segundo, pues solo recordar la situación que atravesaba la comuna 6 de la capital antioqueña para el año 1999, le arruga el corazón, le quiebra la voz y le humedece los ojos.
“En esa época el que mandaba por allá era ‘Frank’ y como comenzó la guerra con los ‘paracos’, ¡imagínese cómo se puso eso!”, recuerda la mujer, en alusión a la confrontación que sostuvieron una poderosa banda criminal, liderada por alias ‘Frank’, con amplio dominio en las partes altas de la franja noroccidental de la capital antioqueña, contra los integrantes del bloque Cacique Nutibara, comandadas en ese sector por alias ‘El Negro Elkin’.
Para esos años, el lente mediático retrataba un país sumido en una profunda crisis de seguridad, donde las guerrillas del Eln y las Farc copaban titulares de prensa por sus actos de guerra contra la población civil. Y aunque en las páginas de la prensa local ya comenzaba a escribirse tímidamente la historia de la violencia que marcó el fin del siglo XX e inicio de la década del dos mil, doña Gloria no pudo hallar noticia alguna sobre la muerte de Wilfer Andrés Pérez, ocurrida el 7 de mayo de 1999.
Por cuenta de la disputa entre alias ‘Frank’ y los hombres del Cacique Nutibara, barrios como París, Picacho, Doce de Octubre, Pedregal, Santander, ubicados en la zona noroccidental de la ciudad, fueron epicentro de una guerra sin cuartel que dejó un centenar de muertos, entre combatientes y personas ajenas a este conflicto, como Wilfer, un joven de 19 años con limitaciones cognitivas que se ganaba la vida lavando buses en las terminales de buses cercanas a su casa.
“Como no se metía con nadie, se movía con tranquilidad por todas partes. Vivíamos en Pedregal y un día salió a las 4 de la mañana a ayudar a despachar unos buses a la terminal de París, pero en el camino lo pararon unos muchachos y lo mataron. Casi me muero de la pena moral. Después de eso me fui del barrio, no he vuelto por allá”, cuenta doña Gloria, al tiempo que mira con atención cada titular, cada noticia, a ver si por lo menos encuentra un párrafo que resumió lo que a ella le toma más de media hora narrar y toda una vida recordar, para presentarlo como prueba de la vida y muerte de su hijo, toda una paradoja a la hora de buscar una reparación ante el Estado.
