Ya operan en Antioquia las dos primeras oficinas que estudiarán solicitudes de reclamación por más de 42.000 hectáreas. Empresarios bananeros ratifican compromiso con la restitución.
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| En la región agroindustrial de Urabá se darán intensas disputas jurídicas por la restitución. Foto VerdadAbierta.com |
Por cuenta de la guerra que sostuvieron paramilitares y guerrillas en Antioquia en los últimos 25 años, unas 694.000 personas debieron abandonar forzosamente sus predios y, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a cerca del 50% de estas personas les despojaron sus tierras de manera violenta.
Y son precisamente estas familias las que espera el Ministerio que se acerquen a la nueva oficina de la Unidad de Restitución de Tierras, inaugurada en Medellín y en la cual se recepcionarán las solicitudes de reclamación de restitución que formulen las víctimas de este flagelo.
“En esta Oficina se estudiará la reclamación, se mirará si son serias o no, se ayudarán a documentar y si la administración ve que sí obedece a un despojo violento, acompañará a la víctima hasta los estrados de un juez agrario, para que sea él, de conformidad con el Estado de Derecho, el que diga la última palabra”, explicó el ministro Juan Camilo Restrepo, quien estuvo presente en la apertura de la oficina en Medellín.
Según Restrepo, Antioquia reviste tal importancia que inicialmente se abrieron dos oficinas, una en Medellín y la otra en Apartadó, Urabá antioqueño, región donde tanto organizaciones no gubernamentales como agencias estatales han documentando un volumen elevado de despojos de tierra. “Y estamos pensando en abrir otra en el Bajo Cauca antioqueño, muy probablemente en el municipio de Caucasia”, añadió el funcionario, sin que precisara una fecha para ello.
Las cifras corroboran las apreciaciones del Ministerio. Desde que entró en vigencia la Ley 1448 (o Ley de Víctimas) el Gobierno Nacional ha recibido 8.952 solicitudes para reclamar unas 683.765 hectáreas. De estas, el mayor número de reclamaciones se han formulado en territorio antioqueño: unas 800l, que comprometen unas 42.349 hectáreas.
Turbo, en el Urabá antioqueño, registra el mayor número de solicitudes de reclamación, con 72 en total, que a su vez comprometen un área de 3935.098 hectáreas. Le sigue Mutatá, con 71 (2890.481 ha); Arboletes con 40 (1349.426 ha); Dabeiba con 32 (1111.082); y Necoclí con 27 (2802.308).
Los municipios del Oriente antioqueño también presentan un importante número de reclamaciones, pero, de acuerdo con los análisis del Ministerio, en este caso se trata de predios abandonados forzosamente por razones del conflicto armado. En ese orden de ideas, las localidades de Granada, Sonsón, San Carlos y San Francisco encabezan el listado en esta subregión antioqueña con 36, 33, 32 y 26 solicitudes respectivamente.
Apoyo regional
La apertura de las oficinas en Medellín y Apartadó se suman a las ya inauguradas en Bogotá, Montería, Sincelejo, Carmen de Bolívar y Valledupar y que a su vez, hacen parte de la nueva institucionalidad consagrada en el Decreto Reglamentario de la Ley 1448, que ordena la creación de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Tierras Despojadas.
Para las organizaciones que agrupan a víctimas de despojo, como la Fundación Forjando Futuros, la apertura de las oficinas es un paso importante toda vez que, gracias a la reglamentación de la Ley, hoy se observa mayor claridad en las competencias de las entidades del Estado en materia de restitución de tierras.
“Aunque sí lamentamos que apenas sean dos oficinas. Y el que la atención esté centralizada en Medellín y Apartadó va a dificultar que se conozcannuevos casos”, aseveró Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, quien aseguró que desde su organización ya se presentaron 300 casos para que sean analizados por la Oficina de Medellín y unos 150 serán entregados al despacho que servirá a la región agroindustrial.
“Ojalá nos podamos embarcar en el camino de la restitución sin que se sigan registrando las amenazas, que el Gobierno Nacional garantice que la gente no va a ser nuevamente amenazada, ni asesinada, ni desplazada”, agregó el director de Forjando Futuros.
Quien también celebró la apertura de esta nueva oficina fue el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, quien ofreció todo el acompañamiento por parte de la Administración Departamental para que los procesos de restitución culminen de manera exitosa.
“Reparar a las víctimas de la violencia, en particular a quienes han perdido sus tierras, es una obligación y un deber de nosotros como Estado. Y en Antioquia le apostamos a la Ley 1448 porque creemos en la dignidad del espíritu humano y por eso es que en Antioquia le apostamos a solucionar las desigualdades, las violencias y la cultura de la ilegalidad”, manifestó el mandatario departamental.
Bananeros, comprometidos
En la inauguración de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras VerdadAbierta.com tuvo la oportunidad de conversar con Roberto Hoyos Ruiz, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), quien insistió en que el gremio que representa no es el “malo del paseo” en la aplicación de la Ley de Víctimas.
“¿Qué más tenemos que hacer para demostrar que estamos jugados y dispuestos a acompañar este proceso, porque creemos que es una Ley que contribuye a la paz y al desarrollo del campo colombiano?”, se preguntó el líder gremial.
Hoyos Ruiz aseguró que el mal ambiente alrededor de los empresarios bananeros se debe a una verdad mediática malintencionada: “el gremio bananero está quedando como el malo del paseo, como el que no quiere la Ley de Víctimas, cuando es todo lo contrario. Se ha querido desinformar con el gremio bananero”.
Su molestia se fundamenta en las repercusiones que generó en la opinión pública las observaciones hechas por este gremio a la marcha que congregó a unas 20 mil personas en el municipio de Necoclí, durante una marcha convocada por el Gobierno Nacional para promover el respaldo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Días antes de la concentración, en la que se hizo presente el presidente Juan Manuel Santos y varios de sus colaboradores, Augura manifestó en un mensaje al mandatario su preocupación por la realización de la movilización por cuanto “la euforia de los manifestantes puede alterar los ánimos de los involucrados y generar innecesarias situaciones de conflicto que hoy consideramos superadas. Urabá es un paciente en convalecencia al que hay aplicarle altas dosis de racionalidad”.
En el mismo comunicado, el gremio bananero señaló que “si el Gobierno decide seguir adelante con el acto programado en Necoclí, una comisión de la Junta Directiva de Augura se hará presente en dicho evento, como una demostración de acatamiento a la Institucionalidad y a la voluntad del señor presidente Santos”, como efectivamente sucedió.
Pero esa aclaración no fue suficiente para diluir las tensiones entre los empresarios bananeros y las organizaciones que agrupan a las víctimas de despojo de tierras; por el contrario, éstas han venido incrementándose paulatinamente y se reflejaron en la primera reunión de la Mesa de Tierras sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad de Urabá, celebrada en Apartadó el 1 de febrero pasado, donde bananeros y líderes de la restitución se trenzaron en acusaciones mutuas que llevaron a Fundauniba y a la Fundación Forjando Futuros a denunciarse mutuamente ante la Fiscalía General de la Nación.
Hoyos Ruiz, insistió en rechazar la propuesta que vienen formulando las organizaciones de víctimas según la cual, los empresarios bananeros le aporten al Fondo de Reparación tres centavos de dólar por caja de banano exportada, los mismos que algunas comercializadoras le pagaron a los grupos paramilitares entre los años 1997 y 2002.
“Es una petición incoherente. Nosotros venimos cumpliendo una función social muy importante a través de las fundaciones, que llevan 25 años de trabajo, con inversiones mayores a los 120 mil millones en el Urabá. Y queremos fortalecer nuestra presencia en la región, pero no a través de ese estilo que nos quieren imponer”, afirmó.
Pero así como ratificó que los bananeros están comprometidos con la Ley, también pidió mesura y mayor planificación tanto a las víctimas como al propio Gobierno Nacional a la hora de restituir las tierras en Urabá, pues se trata de un proyecto bastante ambicioso que requiere propuestas productivas sostenibles.
“Eso ya lo ha hecho el sector bananero. Hace 20 años, cuando se reinsertó el Epl, llevamos 600 familias a trabajar y hoy son exportadoras de plátano, pero eso no es noticia”, concluyó el Presidente de Augura.
