De las 304 familias campesinas que vivirán en esta extensa finca, 152 habían sido desplazadas de sus tierras por la violencia. Algunos de ellos le contaron su historia a VerdadAbierta.
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| Estos son algunos de los campesinos que serán beneficiados por el programa de reinstitución de Las Catas. Foto: VerdadAbierta |
En la madrugada del 21 de diciembre de 1991 un grupo de hombres armados llegó a la casa de la familia Tapias Osuna en la vereda Nueva Lucía, corregimiento de Buenos Aires la Manta, Montería. Sacaron de la vivienda a Ángel Rafael Tapias Cruz de 55 años y a sus hijos Azael de 22 y a Luis Miguel de 14, los tendieron boca abajo en el patio y los mataron con tiro de gracia. La esposa y madre presenció la masacre y logró salvar de los victimarios a Luis Alfredo de 10 años, a quien también iban a asesinar.
Hoy, 20 años después, cuenta esta triste historia su hijo Domingo Tapias Osuna, quien tenía 23 años entonces y su familia resultó escogida entre las 304 beneficiarias del nuevo modelo de restitución de tierras del gobierno Santos.
Domingo Tapias recuerda que sus otros hermanos, eran 12 en total, se salvaron porque se habían casado y vivían en otras parcelas. Como pudo, mantuvo la calma hasta que se cumplieron las nueve noches de duelo. Al día siguiente se fue para Montería y después fue sacando a los demás miembros de la familia. Por la zona comenzaba a patrullar un grupo al que llamaban ‘la gente del Mono’, que se movía en la zona rural de los municipios de Tierralta y Montería.
Evaristo Espitia, un agricultor que vivía en Pajillal, Arboletes, en el Urabá antioqueño abandonó la parcela en la que vivía hace 20 años porque le fueron matando a los vecinos. Dice que no aparece como desplazado, porque en esa época denunciar el hecho era tanto como comprar el cajón. En esos días, sus vecinos anochecían en sus casas y no amanecían y nadie sabía por qué. Ninguno de ellos dijeron estar amenazados ni les veían trabajar en actividades distintas que la agricultura en sus parcelas o como jornaleros recolectores de cosechas o peones de ganadería. Recuerda entre las víctimas a María González, Alfonso Tordecilla y a la familia Gutiérrez. Era un vereda de casas dispersas, donde él tenía cuatro hectáreas de plátano, dos vacas, dos caballos, dos burros, más los animales de patio. Como pudo malvendió todo lo que tenía y se llevó a su familia para Montería, ciudad en la que encontró trabajo cargando y descargando camiones y vendiendo plátanos en el mercado público.
Domingo y Evaristo se inscribieron hace siete años ante el Incoder solicitando el subsidio de tierra y les adjudicaron de manera provisional como beneficiarios de un predio en la hacienda Las Catas, Ayapel, en la región del San Jorge, Córdoba. La adjudicación se hizo de manera provisional, porque el bien incautado a los hermanos Moncada, narcotraficantes aliados de Pablo Escobar, no había sido declarado extinto por la justicia, lo que ocurrió solo a finales de 2011.
Ana Manuela Manchego Arrieta vivía a mediados de los años 90 en la vereda San Antonio, actual municipio de San José de Uré, en la región del San Jorge, cuando los grupos armados les dijeron que salieran si querían tener vida. La mayoría sólo alcanzó a irse con sus hijos y la mera ropa. Los Manchego se fueron al municipio de La Apartada, donde denunciaron lo que les pasó y donde ha vivido los últimos años. También fue beneficiaria de un título provisional y alcanzó a levantar un rancho, pero la incertidumbre por la provisionalidad del título no les permitía establecerse de manera definitiva.
Rodolfo Buendía Palmera fue desplazado de la vereda Nuevo Nariño, corregimiento de Canalete en el municipio de Los Córdobas, vivía con sus padres cuando fue desplazado en el año 1999. Se fue para Montería. Al igual que las familias de Domingo, Evaristo, Ana Manuela y otras 152 familias que fueron desplazadas por el conflicto armado, solicitó para la suya un subsidio de vivienda.
Ahora el gobierno les ha entregado el título de Las Catas, en común y proindiviso, lo que quiere decir que el título es colectivo, y los adjudicatarios tendrán que organizarse para explotar la tierra en forma colectiva. Además se les darán dos hectáreas en forma individual cada familia para que construyen su vivienda particular y sus cultivos de pancoger.
Durante los años que han vivido en desplazamiento se han dedicado al comercio, al mototaxismo, al trabajo como jornaleros en fincas ganaderas. La mayoría de los beneficiarios iba con frecuencia a darle vuelta al predio, pero ahora ya llegaron para quedarse.
No todas las familias que han llegado a Las Catas fueon desplazadas. También han llegado allí otras 152 familias que había solicitado tierra y venían del municipio de Ayapel. Este está a orillas del río San Jorge y de la ciénaga de Ayapel, en la subregión de La Mojana en Córdoba. El alcalde de Ayapel, Juan David Cardona, le agradeció al presidente Juan Manuel Santos haber empezado con este modelo en una región donde la población se ha desplazado por la violencia de los grupos armados y por las inundaciones. Actualmente tienen familias viviendo en desplazamiento desde hace dos años por las crecientes de los ríos Cauca y San Jorge.
Las Catas arranca como un proyecto piloto del enorme plan gubernamental de entrega y formalización de tierras. Se han impuesto la meta de regularizar tres millones de hectáreas.
