El Procurador reveló que 126 funcionarios serán investigados por no cumplir con la atención a los desplazados del conflicto armado, como lo ordena la Corte Constitucional.
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| Los campesinos desplazados no han tenido la atención necesaria por parte de las instituciones. Foto: Semana |
Ante la sala especial de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la población desplazada, el procurador Alejandro Ordoñez advirtió que existen 126 casos de funcionaros a los que se les abriría investigación disciplinaria por el incumplimiento de sus funciones de proteger y velar por atención a la población desplazada.
El representante del Ministerio Público aseguró que desde 2008, ha recibido 319 solicitudes de investigación contra funcionarios, de las cuales, 13 están en evaluación disciplinaria, 51 en investigación formal y 14 en investigación normal.
Sobre el papel de las instituciones, Ordóñez dijo que se han reportado graves fallas por parte del Incoder en los procesos de reubicación de la población desplazada de los predios de San Jorge, Mi Mazatlán y Jalisco en Pacho, Cundinamarca; del predio Tolemaida en el municipio de Nilo en Cundinamarca; y del predio Maracaibo en el municipio de Buenavista, Quindío.
En su intervención, el Procurador advirtió que los Comités Locales de Atención Integral a la Población Desplazada del municipio de San Onofre en el departamento de Sucre no han presentado los informes sobre la existencia de predios rurales en las fechas en las que se originaron los desplazamientos que tienen registrados.
Ordoñez precisó que la situación actual de los desplazados se convirtió en la mayor crisis humanitaria de la historia de Colombia. “Las actuales circunstancias de las personas en situación de desplazamiento forzado configuran la mayor crisis humanitaria de nuestra historia, producto de las violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el procurador general.
La tarea de la Procuraduría
Según lo expuesto por Ordoñez, la Procuraduría fortalecerá el control con relación al cumplimiento de la política pública de prevención y atención del desplazamiento forzado en Colombia. Dijo que se creará un Sistema Integral de Prevención, conformado por todas las instancias del Ministerio Público, que evaluará y de ser necesario intervendrá en las instituciones que deben trabajar por los desplazados.
Dentro de las funciones de este sub-organo se encontrarían: Atender las políticas en materia de desplazamiento forzado, justicia transicional y atención a víctimas. La protección de bienes de la población desplazada por la violencia. Otorgar nuevas funciones a Procuradores regionales y provinciales para hacer responsables de velar por la protección de los municipios priorizados por la Corte Constitucional en la sentencia sobre atención a la población en situación de desplazamiento.
También verificarán que las declaraciones de las víctimas y/o desplazados estén completas y contengan toda la información necesaria para la valoración en Acción Social, incluyendo datos sobre bienes abandonados.
La Procuraduría hara un seguimiento a alcaldes y gobernadores, Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y Acción Social, para que estas entidades incluyan, por obligatoriedad, partidas para la atención de la población desplazada.
También se eliminará el subregistro de víctimas del desplazamiento forzado y verificará las acciones que deben realizar las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada –SNAIPD.
¿Qué dice la sentencia sobre desplazamiento de la Corte Constitucional?
La sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional establece quelas víctimas de desplazamiento forzado tienen derecho a recibir por parte del Estado un trato preferente por tratarse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, que en la mayor parte de los casos son mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad.
La decisión busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y obliga a las instituciones públicas a adoptar medidas enfocadas en la atención de la población en condición de desplazamiento.
