VerdadAbierta.com documenta el despojo de la familia Salabarría y cómo algunas de sus parcelas fueron a parar a manos de un vecino.
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| La familia Salabarría asegura que fue despojada de seis parcelas y 110 reses en noviembre de 1991 en la parcelación Mundo Nuevo, en zona rural de Córdoba. Foto archivo |
Cuando un funcionario del Incoder llamó en marzo de 2011 a Maritza Salabarría alcanzó a pensar que su destierro por fin había terminado. Desde el lugar donde ella y 44 familiares se refugiaban, armaron maletas y viajaron hasta Córdoba con la promesa de que en pocos días les entregarían los títulos de dos de los seis predios, que hacían parte de una parcelación llamada Mundo Nuevo en zona rural a tres horas al sur de Montería, que reclaman desde hace veinte años cuando fueron desplazados por los paramilitares. El presidente Juan Manuel Santos anunció que asistiría a la ceremonia.
Pero eso no sucedió. Cuando Maritza y su familia se preparaban para recibir de vuelta sus tierras, les dijeron que la ceremonia había sido cancelada. El gobierno no tenía listos los títulos a nombre de la familia y sin esos papeles no les podían devolver los predios.
Pero además, cuando fueron a ver sus propiedades no las reconocieron. En el lugar donde había cientos de pequeñas parcelas con cultivos de pancoger, como las que cultivaron con su padre, encontraron un extenso campo ganadero que se llama Hacienda El Dominó.
La familia Salabarría tenía allí seis parcelas que sumaban 110 hectáreas, donde pastaban igual número de cabezas de ganado.
Hace unos días Maritza viajó a Bogotá y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le prometió que antes de fin de año le restituiría las tierras. El Incoder ya la llamó y le dijo que el viernes 18 de noviembre le entregará, ahora sí, los títulos de dos de las seis parcelas.
VerdadAbierta.com documentó la compleja y sufrida historia de las tierras de los Salabarría.
Tiempo de cosecha
En la década de los ochenta el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Incoder, les dio tierras a 294 campesinos de Córdoba que diez años atrás le habían invadido unos predios al hacendado Martín Vargas en la zona rural de Montería. Vargas cedió esa tierra y en esta el Incora desarrolló la parcelación Mundo Nuevo.
Entre esos campesinos estaban Emiro José Salabarría y su hijo Dagoberto. Y a ellos el Incora les dio las parcelas 60 y 76 a las que llamaron Las Esperanzas. En 1987 el Incora les tituló las parcela (la B1) a Raúl Manuel Salabarría, otro de los hijos, y la 42 a Marcial Antonio Fernández, esposo de Maritza, otra hija de don Emiro.
Los Salabarría prosperaron con sus cultivos de pancoger y su ganado y antes de que terminara la década, don Emiro pudo comprar otra parcela, la 63, a sus compadres Alberto Díaz y Víctor Vidal Moreno. Su hijo Dagoberto también les compró una parcela a sus vecinos Alejandro y Mariano Vega, la 51. Así, la familia Salabarría completó seis parcelas en Mundo Nuevo, y aunque no colindaban entre sí, construyó una casa principal, una tienda y 110 reses, el capital suficiente para darles un buen vivir.
Llegó el terror
En noviembre de 1991, cuarenta paramilitares llegaron en un camión a Mundo Nuevo y les dijeron a los Salabarría y a los demás beneficiarios del Incora que tenían 20 días para desalojar las tierras. “La primera vez que los vimos, nos insultaron y nos dijeron que si no salíamos nos iba a pasar igualito que a la gente que mataron en Las Tangas”, dijo a VerdadAbierta.com, Maritza Salabarría, la hija de don Emiro que hoy está reclamando que les devuelvan sus tierras.
Y para que no les quedara duda de que su amenaza iba en serio, ese mismo día mataron a un hijo del señor Julio Herrera.
La Unidad de Justicia y Paz documentó que, en efecto, para esa época había llegado a Córdoba un grupo paramilitar creado por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño que empezó asesinar a campesinos y líderes agrarios con el pretexto de vengar el asesinato de su padre por parte de las Farc. Les llamaban ‘Los Mochacabezas’ porque desmembraban a sus víctimas. Aterrorizados, miles se desplazaron y abandonaron sus propiedades. (Lea: Los Castaño, ‘los tangueros’ y el origen del Bloque Bananero en Urabá).
Las Tangas era una de las fincas de los Castaño en Córdoba y fue conocida por ser un centro de entrenamiento de los paramilitares que luego fueron ‘exportados’ al Urabá antioqueño y chocoano, Sur de Bolívar, Catatumbo y al sur del país. Según lo documentó Justicia y Paz, el 14 de enero de 1990 los paramilitares asesinaron en esa finca a 43 personas que con lista en mano habían secuestrado de Pueblo Bello, un corregimiento de Turbo, en Antioquia. Aún 36 cuerpos siguen desaparecidos. (Lea: Condenan a dos ex paramilitares por la masacre de Pueblo Bello)
A los 20 días, ‘Los Mochacabezas’ regresaron a Mundo Nuevo pero esta vez, disparando. A las seis de la tarde mientras los campesinos huían entre el monte, los paramilitares quemaron la tienda de Dagoberto, el centro de salud y el colegio. “Quedamos dispersos”, cuenta Maritza. “Pensé que a varios de mis familiares los habían matado. Ellos creían lo mismo de mí. Al otro día sacamos lo poco que quedó, tuvimos que dejar el ganado y nos fuimos para Planeta Rica”.
Planeta Rica era el municipio más cercano para refugiarse. Desde allí todos los días ella y su esposo Marcial Antonio Fernández se turnaban para dormir entre la maleza y cuidar el ganado que habían dejado en las parcelas. Un día Marcial no volvió. “Eso sucedió como a los quince días que nos sacaron corriendo. Alguien nos dijo que ocho hombres armados habían llegado y se habían llevado a Marcial con el ganado. No volvimos a saber nada de él”, contó Maritza.
A pocos días de la desaparición de Marcial, dos hombres motorizados buscaron a los Salabarría en Planeta Rica. “Amenazaron a mi papá y le dijeron que nos querían volver a ver. Salimos huyendo para Belén de Bajirá en Urabá”, dijo Maritza.
La cita con Mancuso
Tratando de rehacer su vida en el Urabá, Maritza montó un negocio de bebidas mientras sus hermanos se dedicaron al cultivo del banano. Allí tuvieron tranquilidad por seis años, pero entonces, volvió la violencia. La Unidad de Justicia y Paz documentó que fue precisamente a mediados de la década de 1990 que la Casa Castaño ordenó la incursión al Urabá, con Hebert Veloza alias ‘H.H.’ y Fredy Rendón alias ‘El Alemán’ y sus bloques Bananero y Élmer Cárdenas, a la cabeza. “Ya había tres grupos armados, había mucho muerto y rumores. Mi papá decidió que regresáramos”, recordó Maritza.
Huyendo de las masacres del eje bananero, los Salabarría volvieron por segunda vez a Planeta Rica. Allí los contactó Jesús Ramírez, un socio de una hacienda que colindaba con las parcelas de Mundo Nuevo llamada El Dominó, y les ofreció comprarles sus parcelas. “Nos dijo que llegáramos a un arreglo, que midiéramos la tierra y le vendiéramos. Cuando fuimos mi papá se tiró debajo de un palo de limón y pegó un grito. El señor que envió Ramírez a medir la tierra de los Salabarría le dio tristeza con don Emiro y no fue capaz de cumplir con su tarea. No vendimos”, dijo Maritza.
Pasó casi un año, y en 1998, alguien les dijo que las 110 cabezas de ganado que les habían robado de las fincas en 1991 estaban cerca a la quebrada Los Sanandreses. Don Emiro creyó el rumor y en vísperas de la Navidad contrató un carro para que lo llevara hasta allá. Jamás regresó. El conductor le dijo a la familia que las Auc los habían interceptado y se lo habían llevado. Su esposa no aguantó la noticia y ese día murió de un infarto.
Los Salabarría huyeron de Planeta Rica, desplazados por cuarta vez, y por miedo se dispersaron por diferentes pueblos de la Costa Caribe. Siete años después, en 2005 Maritza escuchó que en Santa Fe de Ralito el gobierno adelantaba negociaciones con los paramilitares para su desmovilización y decidió encarar a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar del Bloque Catatumbo y vocero de las Auc.
“Me le presenté con los títulos de mi papá en una carpeta y le dije que esa tierra era de nosotros, que por qué no nos la devolvía y me contestó que por qué yo había esperando tanto tiempo. Le respondí que teníamos miedo, que ya nos habían matado a varios familiares”, recordó Maritza. Luego el ex jefe paramilitar miró una base de datos en su computador, le indicó que efectivamente esa tierra era de Emiro José Salabarría y le dijo que podían regresar.
Mancuso había desmovilizó en diciembre de 2004, pero según el registro de Justicia y Paz, no alcanzó a confesar en Colombia el despojo en Mundo Nuevo, porque fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Desilusión
En junio de 2006, alentados por la desmovilización de los paramilitares, los Salabarría retornaron a Mundo Nuevo, pero en menos de 72 horas casi todos salieron de nuevo a diversos pueblos por amenazas. El único que resolvió quedarse cerca, en Planeta Rica, fue Ángel Emiro Salabarría, un hermano de Maritza. Los otros no se dieron por vencidos y, aunque les tomó casi un año, consiguieron el dinero para que Maritza viajara con una hermana a Bogotá para pedir ayuda. La Comisión Nacional de Reparación asumió el caso y lo presentó ante el Ministerio de Agricultura.
Un grupo del gobierno especializado en estudio de tierras encontró que las parcelas que les había titulado a los Salabarría el Incora y las que ellos habían comprado no estaban a su nombre. Ahora figuraban como dueños, los propietarios de la finca vecina de El Dominó. Desde que uno de los socios de esta finca les ofreciera comprárselas, los Salabarría venían denunciando que su vecino había corrido cercas y se había quedado con varias parcelas de Mundo Nuevo.
Mientras el gobierno estudiaba el caso, volvió la tragedia. Hombres armados se llevaron a Ángel Emiro, el hermano que había decidido quedarse en Planeta Rica. “Nos dijeron que lo subieron a una camioneta y desde entonces se encuentra desaparecido”, dijo Maritza.
Las amenazas contra los demás siguieron y para protegerlos, el gobierno se comprometió a reubicar a la familia fuera de Córdoba. En agosto de 2007 los Salabarría fueron a vivir en otro predio de la Costa Caribe. El gobierno les dio el título, recursos para comprar herramientas y un subsidio para realizar un proyecto productivo.
Aunque la finca que recibieron del Estado, compensa en parte sus sufrimientos, los Salabarría siguen luchando para que les devuelvan la tierra de Mundo Nuevo que era de su familia y que se las arrebataron a la fuerza.
VerdadAbierta.com, con base en documentos oficiales, confirmó lo que los Salabarría han denunciado: que hubo irregularidades y que algunas de éstas terminaron a nombre de Fabio Andrés Gutiérrez Velásquez, el vecino dueño de la Hacienda El Dominó.
Las Esperanzas
En 1988, Emiro Salabarría le había pedido al Incora que las dos parcelas que le había titulado primero en 1981, la 60 y la 76, y que él llamó Las Esperanzas, se las titulara a su hijo Dagoberto. Pero el Incora tardó tres años en atender su petición y en lugar de titulárselas a Dagoberto, en julio de 1993 le entregó la parcela 60 a Julio Manuel de Hoyos Bracamonte, y la segunda no la readjudicó y fue a dar al Fondo Nacional Agrario, FNA, la bolsa de global predios estatales. (Lea el listado de adjudicación y revocatoria).
Más tarde, De Hoyos, le vendió la parcela 60, a Fabio Andrés Gutiérrez Velásquez, el dueño de El Dominó (Lea el folio 1 y 2).
Las parcelas 63 y 51
Las parcelas 63 y 51 que don Emiro y su hijo Dagoberto les habían comprado a unos vecinos de manera informal nunca quedaron debidamente registradas la compra ni la venta. Una de esas fincas la quería don Emiro para su hija Damaris que no tenía tierras.
Sin saberlo, pues estaban refugiados en Urabá, en 1994 elIncora le tituló la parcela 63 a Virgelina González de Casas. Dos años después, en 1996, el Instituto de tierras le revocó la parcela a González y en marzo de 1999 se la readjudicó a Jorge David Manchego Velásquez. Lo extraño, según la matrícula, es que antes de que le titularan esa parcela, Manchego ya había ido el 30 de diciembre de 1998 a la Notaría Única de Pueblo Nuevo para venderle esa parcela a Fabio Andrés Gutiérrez Velásquez. Según lo constató el Incoder, Manchego era un trabajador de la Hacienda El Dominó. (Lea el folio)
Con la parcela 51 lo que sucedió es que nunca quedó registrada la venta que, según Maritza, hicieron los hermanos Vega a Dagoberto Salabarría, sino que hasta 1993 éstos siguieron apareciendo como los dueños. Mientras los Salabarría estaba desplazados, en 1993, el Incora recovó esa parcela a los Vega y se la entregó a Julio Manuel de Hoyos Brocamonte, la misma persona a la que le titularon una parcela de Las Esperanzas. En 1998 Brocamonte le vendió a Fabio Andrés Gutiérrez Velásquez. (Lea el folio)
Las parcelas B1 y 42
No le ha sido fácil al Incoder reconstruir qué pasó con la parcela B1 que le dio el Incora a Raúl Salabarría y la 42 que se la titularon al esposo de Maritza, hoy desaparecido, en 1987. En los archivos incompletos del Incoder, figura que el antiguo Incora revocó la adjudicación a Raúl en marzo de 1993 y se la entregó en julio de ese mismo año a otra persona argumentando que Raúl había vendido el ganado que el instituto de tierras le había entregado, junto con la tierra. Pero es extraño que Raúl haya podido vender ese ganado entonces, cuando estaba viviendo desplazado en Urabá y no podía ni asomarse por Mundo Nuevo porque allí mandaban los paramilitares que lo desplazaron. (Lea las resoluciones)
El caso de la 42, que era de Marcial, esposo de Maritza, es aún más raro. En diciembre de 1988, antes de que los Salabarría salieran huyendo, figura que el Incora se la revocó porque Marcial había vendido el ganado que el instituto de tierras le había entregado. Maritza dice que nunca les avisaron siquiera que les habían revocado ese título y que su marido nunca vendió el ganado. En el archivo del Incoder no dice que haya sido readjudicada a un tercero. (Lea las resoluciones)
La batalla jurídica
En suma, después de seguir el curso de las decisiones del Incora, tres de las parcelas que los Salabarría reclaman están hoy tituladas a un mismo hacendado, dueño de la finca vecina a Mundo Nuevo, Fabio Andrés Gutiérrez. Son éstas la 51, la 60, la 63.
En febrero de 2008 el Incoder comenzó un trámite, conocido como de caducidad contra Gutiérrez, por las parcelas que los Salabarría reclamaban y que figuran hoy a su nombre.
Sobre las dos primeras parcelas, la 51 y la 60, el trámite no prosperó y el Incoder archivó el caso. No obstante, en el caso de la 51, nunca estuvo formalmente a nombre de los Salabarría, aunque si se hiciera un catastro social como el que prevé la Ley de Víctimas, se podría establecer si en efecto, los Salabarría tuvieron la tenencia de esta parcela y la cultivaron. Esto no se ha hecho.
En el caso de la 60, que don Emiro había pedido revocarle el título para que se lo readjudicaran a su hijo, el Incora se la quitó y se la dio a un tercero. Sin embargo, en los archivos de Incoder hoy sí figura la petición de don Emiro que nunca fue atendida por el instituto y VerdadAbierta.com la halló.*
Sobre la parcela 63, después de un largo proceso jurídico que incluyó el recurso de reposición por parte de Gutiérrez, en agosto de 2011, el Incoder confirmó la decisión de quitársela. En la resolución, el Incoder concluyó que Jorge David Manchego fue empleado por muchos años de la Hacienda El Dominó y que Gutiérrez fue “un comprador de mala fe” y que por eso no le reconocerá las mejoras de esa parcela. (Lea las resoluciones de revocatoria).
Pero otra es la versión de Gutiérrez. Aunque él prefirió no hablar con VerdadAbierta.com, su abogada, María Cecilia de la Ossa, dijo que su apoderado compró las parcelas 51, 60 y 63 de forma legítima y conforme a la Ley. De la Ossa le dijo a VerdadAbierta.com que, como lo estipula la Reforma Agraria, Julio Manuel de Hoyos Brocamonte le pidió permiso al antiguo Incora para poder vender las parcelas 51 y 60 y que así se lo autorizó el director regional de la época.
En el caso del predio 63, explicó, Jorge David Manchego solicitó el mismo permiso y como el Incora no le respondió en tres meses lo favoreció el silencio administrativo. Es decir, que pudo vender. Como el Incoder falló en contra de Gutiérrez en este caso, la abogada dijo que presentará una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. “El Incoder no tiene la razón”, señaló.
Nuevas esperanzas
“Los funcionarios del Incoder en su gran mayoría no estaban preparados para resolver problemas de despojo de predios y su restitución… Las cosas han tenido que cambiar. Ahora las decisiones administrativas para restablecer los derechos de víctimas deben fundamentarse en el bloque de constitucionalidad y leyes de justicia transicional, como la Ley de Víctimas”, explicó Javier Mendoza, consultor en restitución y saneamiento de la propiedad rural.
Juan Manuel Ospina, gerente del Incoder, explicó que existe la voluntad política para comenzar esta restitución y calificó el caso de los Salabarría como emblemático. Según el gerente, éste despejó el camino para hacer el estudio completo de títulos de los antiguos parceleros beneficiarios de Mundo Nuevo. “Esto puede garantizar muchas mejores condiciones de seguridad para el retorno de las familias. Pero es importante que apenas suceda la restitución, las instituciones del Estado no desaparezcan. Debe haber una articulación del Estado”, dijo Ospina.
Ese es el temor de los Salabarría. El Incoder se comprometió a entregarles el 18 de noviembre el título de la parcela 63, que le fue revocada a Gutiérrez, y de la parcela 76, que aguardaba en el Fondo Nacional Agrario. También desempolvó el caso de las parcelas 51 y 60 y estudia si éstas se pueden recuperar vía Ley de Víctimas.
“Tenemos miedo. Necesitamos garantías, con solo decirle que hasta un batallón para que nos cuide. Y si eso no se puede, que nos indemnicen por tanto sufrimiento”, dijo Maritza Salabarría.
Después de que le devuelvan las dos parcelas a los Salabarría, el reto del Incoder, como lo anunció Ospina, será verificar si la familia también tiene derechos sobre por lo menos otras dos parcelas más, de las seis que reclaman. Y, luego, también tendrá que analizar sin otras parcelas las 294 de Mundo Nuevo se convirtieron en otras fichas de El Dominó.
*VerdadAbierta.com con asesoría de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, solicitó al Incoder las resoluciones de adjudicación, revocatorias y readjudicación de predios de beneficiaros de Reforma Agraria entre 1996 y 2006 en varios departamentos de Colombia, entre ellos, Córdoba. Tras un fallo de tutela a favor, el Incoder respondió en 2011 un oficio en el que relacionó las adjudicaciones que realizó el antiguo Incora en la parcelación Mundo Nuevo, entre ellas, las parcelas de los Salabarría.
