Cuatro casos de congresistas liberados luego de investigaciones de la Fiscalía dejan abierto el interrogante de si por esta vía se ayudará a sepultar este escándalo.
El escándalo de la para-política está próximo a cumplir dos años. Y si todo sigue como va, algunos creen que es posible que no dure tres. Justo ahora, cuando se comienza a definir el destino de los casi 70 congresistas involucrados, las últimas noticias podrían hacer pensar que así como se dio una catarata de capturas, podría venir un chaparrón de absoluciones.
En menos de dos semanas se salvaron de condenas tres congresistas, y a estos se suma el caso del ex representante Jairo Merlano, absuelto unas semanas atrás. Entre los que se libraron de la cárcel está Mario Uribe que, por ser primo del Presidente de la República, tenía un peso específico en este proceso.
Si se hace una simple lectura matemática de lo ocurrido, se encuentran hechos que dan pie, por decir lo menos, a una reflexión.
En primer lugar, de los ocho casos de congresistas que se han resuelto vía Fiscalía –o mejor ex congresistas, pues renunciaron a su curul para que los investigara la justicia ordinaria–, cuatro han sido condenados y cuatro ‘absueltos’. Pero el detalle está en que las cuatro condenas –Alfonso Campo, Miguel de la Espriella, Jorge Luis Caballero y Dieb Maloof– no se dieron propiamente por mérito de la investigación de los fiscales, sino porque los involucrados aceptaron los cargos. Y en dos de ellas (De la Espriella y Caballero) recibieron rebajas de hasta la mitad de la pena.
La Corte Suprema, por su parte, ha condenado a tres (Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives y Eric Morris) a entre seis y siete años de prisión.
El segundo dato, que también es sintomático, es que cada día crece el número de congresistas que han renunciado a su curul para que los investigue la Fiscalía. Ya van cerca de 20. En un principio era la estrategia preferida por parlamentarios como Luis Alberto Gil o los ya mencionados de la Costa, sobre los cuales existía un gran manto de duda. Pero luego se sumaron otros como Humberto Gómez Gallo (a uno de los que se les precluyó en los últimos días), Ciro Ramírez y los dos que le dijeron adiós al Senado la semana pasada, Carlos García Orjuela, ex presidente del partido de La U, y Guillermo Gaviria Zapata.
Y si se entra a analizar con detenimiento cada una de las decisiones tomadas en los cuatro casos de ‘absolución’ mencionados, salta a la vista una preocupación protuberante. Por lo menos tres de las cuatro investigaciones adelantadas por la Fiscalía tienen vacíos evidentes o, mejor, no se responden todas las preguntas de cada caso.
En lo referente a Mario Uribe, por ejemplo, fuentes de la Fiscalía le comentaron a SEMANA que la decisión de revocar la medida que lo había metido en la cárcel tuvo que ver con la fragilidad de la investigación de la primera instancia. Y que por ello, quedó abierto el caso para que se practiquen más pruebas. En el caso de Jairo Merlano, por dar otro ejemplo, la juez del caso dijo que “los hechos objeto de la investigación se quedaron en el campo de las posibilidades”.
Si bien el fiscal Mario Iguarán ha mostrado gran valor en reabrir casos históricos (como el del Palacio de Justicia), frente a la investigación de la para-política le han llovido cuestionamientos. Como el de la Corte Suprema, que anuló el proceso del ex director del DAS, Jorge Noguera, por fallas de procedimiento. O como el de la senadora Gina Parody que, con datos en mano, mostró que no arranca la investigación a cientos de políticos locales por sus nexos con paras.
Lo cierto es que con una Corte Suprema que ha tenido que atajar ataques que le lanzan desde distintos flancos, y una Fiscalía que está mostrando debilidades en el proceso, la posibilidad de que la justicia lleve a buen puerto la para-política corre riesgos reales.
¿Cuáles son las preguntas sin responder en los cuatro casos mencionados?
1. Mario Uribe
La detención de Mario Uribe, el 22 de abril, se basaba en testimonios que hablaban de encuentros entre éste y el jefe paramilitar Sa lvatore Mancuso en 2002, año en que el senador registró un crecimientode sus votos: de 3.958 en 1998 a 11.136 en 2002. La defensa de Uribe apeló la detención, el vicefiscal Guillermo Mendoza revisó el caso, la semana pasada concluyó que no había “graves indicios de responsabilidad” y ordenó la libertad del ex senador.
En su providencia, el vicefiscal entra en franca contravía con las tesis del fiscal que hizo la investigación. De sospechoso y falto de credibilidad califica Mendoza el testimonio de Mancuso, quien, según él, no logró precisar cuándo ni cuántas veces se reunió con Uribe. Más credibilidad tienen para el vicefiscal la ex congresista Eleonora Pineda y el periodista Antonio Sánchez, que afirman que hubo sólo una reunión y fue después de las elecciones de 2002.
Y al valorar el aumento de la votación del senador Uribe en 2002, el vicefiscal considera que se debió más al impulso que le dio estar acompañado de la persona con más opciones para la Presidencia (Álvaro Uribe Vélez). Finalmente, Mendoza no le cree del todo a Jairo Castillo, ‘Pitirri’. Su relato es bastante farragoso y algo incoherente, anota Mendoza.
¿Por qué el fiscal que hizo la investigación ordenó la detención con elementos acusatorios tan frágiles? ¿Por qué la Fiscalía no investigó el negocio de tierras que Mario Uribe hizo en 2000 con el ‘Tuso’ Sierra, uno de los 14 jefes paramilitares extraditados?
2. William Montes
La situación del ex congresista William Montes se complicó a finales de 2006, cuando el país conoció el pacto secreto de Ralito firmado en 2001 entre políticos y jefes paramilitares para refundar el Estado.
La Corte Suprema ordenó su arresto en mayo pasado y el senador decidió renunciar a su fuero. Su caso pasó a la Fiscalía y ésta lo acusó por concierto para delinquir agravado. Sin embargo, la semana pasada, un juez absolvió a Montes. En su sentencia afirmó que las reuniones por sí solas no configuran el delito que se le endilgaba.
En el proceso aparecen tres testimonios clave. El de los paras Mancuso y ‘Diego Vecino’ y el de ex director del informática del DAS Rafael García. Los dos primeros fueron vagos al comienzo y después favorables a Montes. Mientras García –condenado por haber puesto el DAS al servicio de los paramilitares y cuyo testimonio no tiene credibilidad para el juez– explicó que en Magdalena sólo podían hacer política los candidatos de los paramilitares, por lo que le pareció muy extraño que en El Retén, la campaña de Montes era la más fuerte.
También cabe preguntar a la Fiscalía por qué tampoco se consideró la confesión de Alexis Mancilla, ‘Zambrano’, ex comandante de las Auc en los Montes de María. El había dicho que estaba siendo presionado para que no siguiera hablando contra los políticos de Bolívar a quienes –aseguró– los paras favorecieron en las elecciones en 2002.
3. Jairo Merlano
Después de que el ex senador sucreño Jairo Merlano fue absuelto de los cargos por vínculos con los paramilitares, quedó una pregunta en el aire: ¿por qué la Fiscalía, que es la encargada de acusar, no llamó al testigo clave en este proceso? La Corte Suprema le había iniciado investigación a Merlano, y decidió privarlo de la libertad el 8 de noviembre de 2006 porque decenas de habitantes del norte de Sucre afirmaban haberlo visto en febrero de 2002 haciendo política con el ‘Oso’, temido comandante de las autodefensas.
Cuando el proceso pasó a la Fiscalía se suponía que el ‘Oso’, quien está rindiendo versión en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sería llamado como testigo clave del proceso. Pero eso jamás pasó. A esto se sumó que varios testigos, al ser controvertidos durante el proceso, se retractaron, y otros entraron en contradicciones. La juez así concluyó que los hechos objeto de investigación “se quedaron en el campo de las probabilidades” y ordenó su libertad.
¿Por qué se les da mayor credibilidada las retractaciones si hay conceptos jurídicos que dicen que las retractaciones por sí mismas no valen? ¿No tiene ninguna importancia el hecho de que la fórmula de Merlano a Cámara, Muriel Benito Rebollo, se haya declarado culpable?
4. Humberto Gómez Gallo
El 11 de agosto la Fiscalía precluyó la investigación que se seguía contra el ex presidente del congreso Luis Humberto Gómez Gallo, detenido desde el 10 de diciembre de 2007, acusado por desmovilizados de reunirse en en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y el extraditado Eduardo Restrepo Victoria, alias el ‘Socio’.
Sin embargo, cuando la Fiscalía empezó a investigar, encontró inconsistencias. Gómez argumentó que no tenía votaciones atípicas y logró demostrar que se encontraba en España para el momento en que se realizaron las reuniones en las se decía que participó. Además, el mismo desmovilizado no logró identificar a Gómez cuando en una diligencia se le puso en frente una fila de personas para que lo identificara.
La Procuraduría no estuvo de acuerdo con la preclusión. Sostiene que el testigo no identificó a Gómez por temor, ya que en días previos a esa diligencia, en la cárcel de Picaleña –donde está recluido– corrió el rumor de que sería asesinado el que atestiguara contra políticos importantes.
Publicado en Semana.com 23/08/2008
