Unas 24 familias desplazadas, y que habían sido reubicadas por el Incoder en zonas de riesgo en Quindío, se encuentran en el limbo porque las autoridades no encuentran donde reasentarlas.
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| Una dura carga han tenido que llevar los campesinos desplazados en Quindío. Foto Semana. |
Manuel*, un campesino del Cauca, y su familia llegó en 2007 al municipio de Pijao huyendo de la violencia. Muy pronto se encontró con otras familias de Tolima y Valle del Cauca que, como ellos, se habían desplazado por la violencia y estaban siendo reubicados por el Incoder.
De esa manera, aél y a otras 24 familias les entregaron dos fincas en ese municipio del centro de Quindío.
Las fincas se llaman El Diamante y Maracaibo, y los campesinos muy pronto se adaptaron a esta nueva tierra que, a pesar de estar en unas montañas muy escarpadas, les proveía para su sustento. En ese entonces el Incoder no tuvo presente que las fincas estaban en zonas de reserva forestal y además estaban ubicadas en zonas de riesgo.
En El Diamante, el Incoder ubicó a 16 familias y en Maracaibo a las otras ocho, pero esta disposición después les traería el primer problema.
Las familias levantaron ranchos, hicieron cercas, prepararon latierra y sembraron café, mora y plátano. No les importó lo agreste del terreno y al poco tiempo sintieron que ya podían decir que esos predios era suyos.
“Ese predio era maluco, todo era rastrojo, no tenía agua, ni energía, ni nada”, dice Manuel con algo de resignación, pero contaron con apoyo de Acción Social para empezar un proyecto productivo para cada familia.
“Lo que me dieron fue una ayuda de 3 millones de pesos en mora y alambre, pero para seguir trabajando me tocó acudir a préstamos en el banco y gota a gota con particulares”, agregó.
Manuel y algunos de los parceleros aprovecharon esta oportunidad y montaron una cooperativa para vender la producción de plátano. La asociación estaba compuesta por 27 productores y al mes vendían entre 500 y 600 kilos del producto.
La disputa legal
El fruto de su trabajo dio resultado después de 18 meses. Pero cuando estos campesinos creyeron que tenían su vida de nuevo en marcha, el alcalde de Pijao, Édgar Cuervo Osorio, hizo medir la finca Maracaibo para saber cuántas familias podían ser adjudicadas.
Este predio había sido comprado por el Incoder en 2007 y pretendía titularlo a 13 familias campesinas.
Pero, el concepto técnico de la alcaldía decía que en esa finca solo podían ser reasentadas ocho familias, para preservar el mínimo tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares y no como lo pretendía el Incoder. Incluso al momento en que se hizo este estudio el predio lo ocupaban 10.
Al ver que el Instituto insistía en apretujarlos en los predios, la comunidad le pidió al alcalde y al personero del pueblo que intercedieran para solo se titularan a ocho familias. Por este motivo, la alcaldía logró que la Defensoría del Pueblo que instaurara una tutela para reversar la decisión del Incoder.
Cuando todo esto pasaba, la Corporación Autónoma de Quindío realizó un estudio de suelos y determinó que solo el 20 por ciento de las tierras que ocupaban los campesinos de Maracaibo servía para explotación agrícola.
Esta decisión complicó aún más el panorama de los campesinos porque, en 2009, el juzgado Segundo de Familia falló la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo (Ver decisión), con la que no sólo se frenó la titulación sino que ordenó al Incoder reubicar a todas las familias de ese predio.
En ese momento los campesinos que buscaban limitar el número de familias adjudicatarias empezaron a quedar en el aire.
El Diamante en bruto
Paralelo a este proceso, los campesinos del predio El Diamante también empezaron a correr con la misma suerte de sus vecinos.
Como se explicó arriba, estos desplazados fueron reubicados en unas laderas de montaña y por la temporada invernal se presentó un deslizamiento de tierra y una estudiante de derecho, Mauren Juliana Mejía, interpuso una acción popular porque consideró que estas familias estaban en riesgo.
Al tiempo, otro estudio realizado por la Corporación Autónoma del Quindío – CRQ- concluyó que el predio no era apto para el total de 16 familias que había reubicado el Incoder sino para solo tres. Además que un “14 por ciento podía ser explotado para agricultura”, dice el informe.
Este concepto sirvió para que el 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Quindío fallara la acción popular de Mejía (Ver decisión), y ordenara al Incoder reubicar a todas las familias. La sentencia también obligó al Incoder coordinar con la CRQ la recuperación ecológica de las dos fincas: El Diamante y Maracaibo.
Sin respuesta
Al poco de tiempo, la Defensoría del Pueblo empezó a visitar a los campesinos para notificarles que tenían que salir de las dos fincas.
Manuel recuerda que los funcionarios los hicieron firmar un papel para la reubicación. “Nosotros pensábamos que era mejor la reubicación en otro lugar, que era una cosa buena y resulta que en la tutela no pusieron en ninguna parte que nos indemnizaran las mejoras, ni los esfuerzos que habíamos hecho, sólo que nos sacaran a otro predio que tenga vocación agrícola”.
La decisión del Tribunal de obligar al Incoder a encontrar otras tierras para reubicarlos se les convirtió en un dolor de cabeza. Los funcionarios no han podido encontrar un sitio propicio porque la mayor parte del Quindío es reserva forestal y en especial Pijao, en donde el 90 por ciento de su territorio también tiene esa afectación.
Lorena Arenas, abogada de Incoder, y quien ha seguido todo el proceso, asegura que esto es una contradicción porque muchos particulares tienen tierras en zona de ladera, y a ellos “nadie les ha pedido certificación ambiental, nadie los está sacando y todo lo tienen cultivado en café”, agrega la funcionaria.
Esta situación ha puesto sobre el tapete un problema mayor. Según los funcionarios del Incoder, el mapa que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – encargado de determinar el uso de los suelos en el país- no aporta claridad para la búsqueda de predios para la agricultura. “Porque todo es reserva forestal sin que se evalúe la posibilidad de encontrar un equilibrio entre producción agrícola y protección del medio ambiente”, dice la abogada Arenas.
Una evidencia de esta situación ha sido que el Incoder ha presentado 25 solicitudes ante la Corporación Autónoma del Quindío para que ésta permita la reubicación de los campesinos, y todas las ha negado aduciendo que esas tierras están en zona de reserva forestal.
Para tratar de encontrar una solución ante estos obstáculos, el Instituto le ha tocado buscar predios en otros departamentos como Caldas, Valle y Risaralda.
La Corporación ha respondido ante las críticas de que están ensañados con estos desplazados y que ha hecho acciones similares contra otros particulares que usufructúan tierras protegidas, pero que están dispuestos a ayudar a solucionar la situación de los campesinos pero bajo sus condiciones, esto es protegiendo las zonas forestales.
Mientras todas estas instituciones se pasan la pelota y no resuelven qué hacer, los campesinos no saben qué hacer.
Manuel dice que desde que se conoció la decisión de sacarlos de esas tierras Acción Social les han cortado la ayuda humanitaria. Además varios campesinos han dejado de lado su trabajo y ellos mismos han buscado fincas porque la fecha límite del Tribunal vence el 31 de diciembre de 2011 y no saben que pasará después de ese día.
Además han pagado de su bolsillo varios estudios de suelos, pero se han encontrado que la burocracia y la tramitología del Incoder también ha colaborado con la impresión que será imposible encontrar una tierra a donde irse.
Incluso,dice que por su cuenta ha presentado 11predios pero no han clasificado porque la CRQ insiste en los mismos argumentos: o están en zonas de reserva o las tierras no son para producción agrícola. “Eso no lo entendemos porque hay tierras que hace 70 u 80 años están produciendo café”, dice el campesino.
“Si hay tierra en Quindío pero los dueños no se someten a esto. Es mucho requisito y las demoras del Incoder y de otras instituciones nos joden”, sentencia Manuel.
La agonía
Más allá de esta búsqueda, los campesinos se sienten frustrados porque no hay una solución a la vista y ante el ultimátum del Tribunal de Quindío sienten que pueden perder todo si dejan sus fincas.
Muchos de ellos son escépticos porque ya llevan más de dos años en la búsqueda y los predios que les ha presentado el Incoder están en peores condiciones a los que actualmente habitan. “Lo que pide la gente es que tengan agua y luz”, agrega Manuel.
Durante la última reunión de las partes involucradas en la reubicación para verificar el cumplimiento de la sentencia, funcionarios del Instituto indicaron que se han reubicado 12 de las 24 familias de ambos predios. Entre tanto, los campesinos que aún permanecen en las fincas perciben el proceso con total pesimismo.
Por ejemplo no saben cómo pagarán las deudas que tienen con los bancos y que pensaban abonar con la próxima cosecha. También no ha habido claridad si les van a reconocer las mejoras que les han hecho a esas tierras.
“Estamos cada vez más perjudicados. Estamos pidiendo una prórroga para disfrutar un poco de los cultivos ya que vamos a ubicarnos en otro lado, y queremos disfrutar de lo que tenemos porque no vemos otra alternativa”, dice Manuel.
En éste punto, varios campesinos coincidieron que lo ideal sería que el Instituto les entregue una finca que ya esté en producción para que no tengan que empezar de ceros y sacar provecho a lo cultivado en El Diamante y Maracaibo. También propusieron la posibilidad de una indemnización tipo carta cheque con la que cada uno pueda comprar la finca que le guste y que la Defensoría o la Procuraduría le haga seguimiento al proceso.
Ahora los campesinos solo esperan que antes del 31 de diciembre el Incoder logre reubicar a todas las familias. Entre tanto, VerdadAbierta.com conoció que recientemente los desplazados interpusieron una tutela en contra del Incoder por considerar que en este tortuoso proceso les han vulnerado sus derechos fundamentales, incluso uno de ellos afirmó que si la situación sigue como hasta ahora pelearía por su parcela y no entregaría el predio.
*Nombre cambiado por razones de seguridad
