Los campesinos desplazados que solos o apoyados por el Estado deciden retornar enfrentan varias dificultades. Los impuestos y servicios adeudados les impiden un regreso digno.
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| Los desplazados de Antioquia tienen unas difíciles condiciones para el retorno. Foto: Semana |
Alcaldías sin recursos económicos para invertir en reparación de vivienda y proyectos productivos; programas estatales que son insuficientes; solicitudes de condonaciones de impuestos que no se admiten; y ventas de propiedades a bajo precio para cancelar deudas con el Estado, son algunas de las vicisitudes que deben afrontar los campesinos que pretenden regresar a sus tierras luego de más de 10 años de desplazamiento forzada.
Ese tipo de dificultades las están afrontando en Antioquia muchos de los labriegos que han retornado a sus parcelas en la subregión del Oriente, una de las zonas del departamento con más índices de expulsión en la última década. Según cálculos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), entre 2000 y 2004 el número de personas desplazadas de manera forzada por razones del conflicto llegó a 53 mil personas.
Un amplio porcentaje de esos desarraigados son de origen campesino, lo que significa que sus intenciones de retorno están ligadas al campo y a las posibilidades de reactivar sus labores productivas. Algunos ya han regresado estimulados por programas estatales como Retornar es Vivir, liderado la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y que reporta un retorno de por lo menos 68.000 personas al Oriente antioqueño.
Sin embargo, el alcalde Nelson García de Granada, asegura que ese tipo de programas no es suficiente: “Acción Social no ha podido reparar a las personas que retornan. No solamente en Granada sino en todo el Oriente. Han ayudado a mitigar las necesidad, pero no a darles el respiro necesario y digno para retornar”.
Para atender este tipo de reclamos, el programa Retornar es Vivir ha sido complementado con un programa adicional conocido como Incentivo al Retorno y a la Reubicación. Con él se busca que el regreso de los campesinos desplazados a sus parcelas se dé en condiciones dignas, a partir del deseo de los afectados para poder avanzar en el derecho efectivo para que se inicien procesos de reparación integral y colectiva en estas comunidades.
En Granada, por ejemplo, ya se han registrado 1.448 familias que tienen el propósito de empezar a sembrar fríjoles, maíz, cuidar las gallinas los cerdos y las vacas que perdieron hace 10 años, cuando tuvieron que abandonar la localidad por amenazas de paramilitares y guerrilleros. Lo que se pretende con este programa es generar la sensación de arraigo entre los retornados.
Pese a las buenas intenciones que tienen este tipo de programas institucionales, los campesinos siguen teniendo miedo, ya no por la presencia de grupos armados, sino por el futuro de sus parcelas y sus actividades productivas, pues hay problemas que aún no se resuelven, entre ellos las deudas generadas por el no pago de los servicios públicos y el impuesto predial durante los años de su ausencia forzada.
Ese tipo de vicisitudes la padecen Gilberto Antonio Guarín y su esposa Aura Rosa López. Ambos decidieron retornar al municipio de San Carlos sin la ayuda de la Alcaldía ni de Acción Social. Solos emprendieron el regreso a su finca ubicada en el paraje La Holanda, de donde huyeron hace diez años cuando los paramilitares decidieron instalarse allí.
Cuenta Aura Rosa que en el 2001 mataron a su sobrino y los autores del crimen, hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), afirmaron que como a él, iban a matar a todos los que se quedaran. El pequeño caserío fue abandonado en poco tiempo.
Gilberto Antonio Guarín, Aura Rosa y sus dos hijas se fueron para Medellín, donde vivieron dos años; luego se trasladaron a Puerto Berrío y, posteriormente, a Puerto Nare. A finales de mayo de este año tomaron la decisión de regresar a su parcela en San Carlos, pues habían escuchado que la situación estaba muy tranquila, había más seguridad y hasta podrían recibir ayuda de vivienda.
Cuando esta familia llegó a La Holanda no había casi nadie allí, su casa estaba en el piso y no tenían donde vivir. Sus dos hijas consiguieron un préstamo y con la plata que les dieron construyeron una pieza para todos. La idea era empezar de nuevo y Gilberto cultivó una huerta casera para tener algo que comer. Sembró yuca, tomate, maíz y cebolla.
Pero no contaban con las deudas de los servicios públicos y del impuesto predial. El labriego busco ayuda y después de mucho rogar le anularon la deuda de los servicios públicos, que ascendía a 200 mil pesos. Con lo que no ha podido es con el predial. Según Aura Rosa, “la deuda es muy grande, es por eso que nadie nos dice cuánto es. Tampoco nos van ayudar para que no tengamos que pagarla, lo que ellos no saben es que nosotros no tenemos plata, apenas tenemos nuestra huerta que nos alcanza para comer”.
Francis Alexander García, quien hace parte de la Asociación de Víctimas de Granada (Asovida), tiene una visión muy pesimista de los retornos “Ese proceso ha sido fatal”, afirma. “Al principio parece un sueño lo que nos pintan, pero la realidad es completamente distinta. Las vías para ir a las veredas están abandonadas y la mayoría tienen derrumbes. Las casas están caídas y no hay plata para repararlas”.
En cuanto a los proyectos que tienen la Alcaldía y la Gobernación, García dice que tampoco hay mucho para hacer: “La Gobernación empezó un programa para pintar las casas y lo único que pintaron fue el coliseo”.
Los proyectos productivos son, a su juicio, otra falencia en el proceso de retorno y pone como ejemplo lo que ocurre en la vereda Santa Ana: “Allí, la gente no tiene nada que comer, sólo tienen panela”. A estas dificultades se les suman los problemas con el pago de los servicios públicos y el impuesto predial. Francis afirma que existe un gran porcentaje de población desconectada porque no tienen plata para pagar y “los que han tenido con qué pagar el impuesto y los servicios quedan quebrados luego para empezar su nueva vida”.
El caso de Manuel, quien pidió no ser identificado plenamente, representa el extremo de las dificultades que han afrontado algunos de los retornados. Luego de huir de Granada en el 2001 por la constante presencia de paramilitares y guerrilla, decidió volver en el 2009 y reconstruir su vida.
Una vez en su parcela, le anunciaron que tenía deudas muy grandes por no haber pagado los servicios públicos y el impuesto predial durante su ausencia forzada. Manuel se había confiado de una supuesta decisión que se tomó en el Foro energético que hubo en el 2005 en el Oriente antioqueño de suspender el cobro de los servicios después de 7 años de ausencia; no obstante, le exigieron que se pusiera al día con esa deuda y con la del impuesto predial, una de las rentas municipales más afectadas por el desplazamiento forzado. Con los escasos recursos que tenía, saldó las facturas, pero al final se dio cuenta que no tenía más plata por lo que tuvo que vender la finca a bajo precio para poder sobrevivir.
Los alcaldes del Oriente antioqueño no son ajenos a esa tragedia, pero dicen no tener herramientas eficaces para ayudar a quienes están retornando, sobre todo si se tiene en cuenta que esas administraciones dependen, en mayor medida, de los ingresos que genera el cobro del impuesto predial.
Frente a esta situación el Alcalde de Granada leexplicó a Verdadabierta.com que “hemos tratado de hacer condonaciones de intereses, pero los campesinos dicen que cómo les vamos a cobrar si ellos duraron 9 años sin producir nada”, y allí se genera entonces el conflicto entre unos y otros. El caso de esta localidad es uno de los más preocupantes de esta subregión, pues pasó de tener 19.000 habitantes a finales de la década del noventa a tan solo 4.200 en 2002, lo que ha impactado las arcas municipales en cuanto a los tributos se refiere.
Otro de los mandatarios locales preocupados por la situación es José Maximino Castaño, del municipio de San Luis: “la mayoría han vuelto porque hay mejores condiciones de seguridad y porque la Alcaldía los ha apoyado. Nosotros hemos luchado para que les condonen el pago de los servicios, pero el impuesto predial es la única entrada que tenemos”. Aquí la situación es también problemática allí, pues pasó de tener 16.000 habitantes en 1999 a 6.500 en el 2002.
Esa misma preocupación se vive en el municipio de Cocorná. Si bien con la estrategia Incentivo al Retorno y a la Reubicación más de 1.500 personas fueron atendidas por Acción Social, la Secretaria de Hacienda Ruth María Giraldo reconoce que el problema sigue siendo el impuesto predial: “es una de las carteras morosas más rezagadas del municipio. La gente dice que como son desplazados no tienen por qué pagar, sobre todo las personas que viven en la zona rural”.
Según la funcionaria, la deuda global del impuesto predial en esta localidad llega a los mil millones de pesos, una suma no despreciable, y pese a que la administración, conjuntamente con el Concejo, decidió crear un programa de incentivos con descuentos para el pago de este tributo, nadie ha pagado lo que debe. Además, como no hay nada que reglamente ni los descuentos, ni los incentivos, la deuda sigue creciendo.
Una de las alternativas que se está comenzando a discutir en el Oriente antioqueño para subsanar este tipo de obstáculos es la de la reparación administrativa para los municipios, que ha sido planteada por el Alcalde de Granada. Según él, las localidades no han recibido nada ni por la pérdida de la economía, ni por el pago de impuestos por razones del conflicto armado y los desplazamientos forzados que provocó en años pasado.
Los afectados coinciden en advertir que mientras no se superen ese tipo de obstáculos, el retorno de los desplazados se hará cada vez más difícil y el impacto de los programas institucionales se quedará corto. Hay allí un reto para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues muchos esperan que su aplicación le pueda garantizar a cientos de familias desplazadas un retorno seguro a sus parcelas y una progresiva recuperación de sus actividades económicas.
