Varios expertos aconsejaron a los fiscales de Justicia y Paz que seleccionen los casos que llevarán a los estrados para agilizar el proceso de justicia transicional. Pero seleccionar y priorizar los casos implicaría que la reparación judicial de las victimas tendría que esperar.
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Van cuatro sentencias de Justicia y Paz y solo una está en firme. Foto de Camilo Aldana ICTJ. |
Tras analizar las experiencias de justicia transicional en Guatemala, Argentina y ex Yugoslavia, varios expertos en procesos de justicia transicional le sugirieron a los fiscales colombianos, que llevan el sometimiento a la justicia de miles de paramilitares desmovilizados, que seleccionen los casos que llevarán a los estrados judiciales y condenen primero a los mayores responsables.
Ponentes reunidos en la “Conferencia Internacional: Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales” debatieron las posibilidades de mejorar el impacto de la Ley de Justicia y Paz en Colombia.
El Alto Consejero de Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo Cano, un experto en conflicto armado consideró que el principal embudo de Justicia y Paz es que no se puede perpetuar en el tiempo. Su tesis es que al paso que van los procesos judiciales la Fiscalía se demoraría 94 años en terminarlos.
Puso como ejemplo que mientras 188 fiscales investigan Justicia y Paz, sólo 25 se están ocupando de las llamadas Bandas Criminales o Bacrim.
Para Alexandra Valencia, Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala de Justicia y Paz, calcular los efectos de la Ley 975 (Justicia y Paz) en términos matemáticos es una visión errada. La magistrada afirmó que: “miles de víctimas han sabido quienes han matado a sus familiares ya que aunque, haya habido pocas sentencias hasta el momento, si se ha cumplido con un cierto nivel de satisfacción a sus demandas”.
Hasta el momento solo se han producido cuatro sentencias en Justicia y Paz.
En marzo de 2009, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a Wilson Salazar Carrascal alias ‘El Loro’ a cinco años de prisión por el asesinato, entre otras imputaciones, de la ex candidata a la alcaldía de San Alberto –Cesar-, Aída Cecilia Lasso.
En junio de 2010, los ex jefes paramilitares Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Úber Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ fueron condenados a ocho años de prisión por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján en 2000. (Ver especial multimedia sobre la masacre).
En diciembre de 2010, Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’ fue sentenciado a ocho años de prisión por 25 masacres de civiles y cuatro asesinatos políticos en Cúcuta (Ver nota). Y por último, en julio pasado, Aramis Machado Ortiz alias ‘Cabo Machado’ fue condenado en Justicia y Paz a seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fuga de presos y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.
Diego López Medina, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó el sistema de justicia transicional adoptado en Colombia con Justicia y Paz obliga a investigar miles de delitos atroces en profundidad lo que resulta una tarea dispendiosa y costosa para los operadores judiciales.
“Si me hubiesen matado a mi padre para mí sería el mayor crimen de lesa humanidad que pueda existir y por eso las víctimas no deben ser quienes dicten las políticas de la justicia transicional” afirmó López Medina . En su opinión hay que posponer la investigación de los homicidios dispersos para concentrarse en la violencia sistemática.
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| Andreas Forer, director de Profis, explica cómo se deben priorizar lo casos en Justicia y Paz. |
Andreas Forer, director de la ONG alemana Profis, aconsejó que los fiscales seleccionen los casos y produzcan lo que él llamó macrosentencias por bloques paramilitares o por departamentos. “Las víctimas tendrán que entender que tal vez su caso no sea el primero pero sin que eso implique que más adelante no se le dé una salida jurídica válida” afirmó.
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| María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ, habla sobre cómo agilizar el proceso de justicia transicional en Colombia. |
María Camila Moreno, Directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), dijo que la actual apuesta del gobierno para atender a las víctimas es la reparación administrativa a través de la ley de víctimas.
Para Moreno se debe de volver al objetivo estratégico de la justicia transicional y orientar todos los esfuerzos en develar y desmantelar los mecanismos de poder de los aparatos paramilitares.
El penalista Paul Seils, quien dirigió las investigaciones de las matanzas cometidas por el Ejército en Guatemala, estuvo de acuerdo con la necesidad de seleccionar y priorizar, pero aclaró que primero hay que identificar las particularidades del caso colombiano y proceder con transparencia ante las víctimas y la opinión pública para evitar crear falsas expectativas.
En esa línea para que el proceso de justicia transicional sea más transparente, Andreas Forer, piensa que todos los actores de la sociedad, partiendo por los medios de comunicación, deben involucrarse en el proceso. Recomendó que debería de abrirse el acceso a las versiones libres de los paramilitares desmovilizados y reforzar el rol de las ONGs para controlar el trabajo de la Defensoría del Pueblo.
La Conferencia fue convocada por el Proyecto Profis por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán administrado por la Cooperación Internacional Alemana (GIZ), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
