Después de analizar los documentos que guarda la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro encontraron posibles legalizaciones de tierras despojadas.
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| Hay sospecha de que en los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo fueron legalizadas tierras despojadas. Foto: Semana. |
Grandes negociantes de las tierras en Urabá lograron quedarse con numerosas hectáreas de forma fraudulenta y gracias a que “funcionarios públicos se prestaron para el despojo de aquellas fincas a través de distintas modalidades”, según encontró la Superintendencia de Notariado y Registro.
Funcionarios de esta superintendencia revisaron los folios de matrícula inmobiliaria de 1.400 predios rurales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, que atiende los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo.
El estudio consistió en analizar el origen de aquellas propiedades y se encontró que más de un 80 por ciento de ellas provenían de titulaciones de terrenos baldíos y adjudicaciones hechas por el Incora y por el Incoder a campesinos de la región.
“Muchas de las parcelas adjudicadas por el Incora y el Incoder se encuentran aún en cabeza del adjudicatario, y cuando éste la ha vendido, las ventas posteriores o transferencia de dominio no superan las tres transacciones”, dice el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, que calcula en 41.790 hectáreas el volumen de tierras transadas bajo estos mecamismos fraudulentos.
Lo extraño es que entre quienes han adquirido los predios que la Nación les adjudicó a los campesinos de esa zona, se encontró que una misma persona o empresa compró varios. “Dentro de las transacciones de dominio posteriores a las adjudicaciones, se observa la adquisición, que una misma persona natural o jurídica ha adquirido más de tres predios rurales, concibiéndose este fenómeno como adquisición masiva de tierra en la región del Urabá Antioqueño”, advierte el documento, entregado en Medellín por el titular de esa dependencia, Jorge Enrique Vélez.
Los expertos que hicieron el estudio encontraron que esta situación es semejante a lo ocurrido en los Montes de María, donde la compra masiva de tierras a pequeños parceleros, que vendieron muchas veces presionados por la violencia, por amenazas y a veces hasta con documentos falsos, se vio reflejada en el incremento de los bienes de grandes hacendados.
En Urabá, algunas ventas se hicieron con supuestos poderes que los campesinos daban a terceros para negociar su tierra. Entre los apoderados más frecuentes para efectuar las ventas, la Superintendencia encontró los nombres de Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eljach Zúñiga, Fabián Darley Roldán Villa y Sor Teresa Gómez. Esta última está prófuga de la justicia después de haber sido condenada por el homicidio de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo.
Estos apoderados les vendieron a Zulma Yibi Romero Cerquera, Otoniel Segundo Hoyos, Humberto León Atehortúa Salinas y al Fondo Ganadero de Córdoba. Contrario a lo que mucho se ha sospechado, no se encontraron empresas bananeras con grandes propiedades de estastierras posiblemente usurpadas.
Para la Superintendencia, también resultó llamativo que el Incora y el Incoder emitieran 133 resoluciones que revocaban adjudicaciones de terrenos de la nación que estaban disfrutando los campesinos de la zona. Lo que se encontró fue que esas mismas tierras fueron adjudicadas luego y, más tarde, revocadas otra vez para volver a adjudicarlas. Esto “afecta la estabilidad del proceso de formalización de la propiedad rural”, según se lee en el informe.
Por años, la región de Urabá ha sido emblemática del despojo de tierras. Mucho se conoce ya del mapa de la violencia y de los comportamientos de los hombres armados en esa zona. Lo que poco se ha logrado entender es cómo se legalizaron las tierras que les quitaron a los campesinos. Pero todo indica que ahora se está prendiendo la luz para conocer ese lamentable capítulo de la violencia rural en Colombia.
