Un grupo de paramilitares del Bloque Centauros aseguró que no acudirá a
los Tribunales de Justicia y Paz, mientras el Gobierno no resuelva el
‘limbo jurídico’ en el que están varios ‘paras’ que se desmovilizaron
después del 25 de julio de 2005.
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| Exparamilitares de los Llanos dijeron que aunque seguirán participando en versiones libres, no asistirán a las audiencias ante Tribunales mientras no tengan claridad jurídica sobre sus condenas. Foto archivo Semana |
El jueves 30 de junio de 2011 en la mañana, Elba Beatriz Silva, jefe de la Unidad de Justicia y Paz y Claudia Patricia Arguello, fiscal 5 encargada que investiga a los paramilitares de los Llanos, viajaron hasta el patio R3 de la cárcel la Picota paraconvencer a un grupo de desmovilizados del Bloque Centauros y Frente Héroes de los Llanos que asistiera a la audiencia de imputación de cargos ante un magistrado de Justicia y Paz.
La audiencia había sido programada para el viernes 1 de julio de 2011 en los Tribunales de Cundinamarca, donde Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, Luis Arlex Arango alias ‘Chatarro’, Leonardo Escobar alias ‘Pájaro’, Eduardo Augusto Hernández alias ‘Tino’ y Erlin Pino alias ‘Fercho’ aceptarían cargos por 82 delitos que cometieron en los Llanos Orientales. A las fiscales Silva y a Arguello les llegó información horas antes de la audiencia que el grupo paramilitar no asistiría a esa diligencia.
La negativa la hicieron saber estos desmovilizados a la Fiscal General de la Nación mediante una carta en la que le expresaron preocupación por sus procesos. Aseguraron que no hay claridad jurídica para un gran número de paramilitares que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz.
Recientemente la Corte Suprema reiteró en una sentencia del 26 de mayo de 2011 que los delitos cometidos por paramilitares después del 25 de julio de 2005 serán procesados por la justicia ordinaria. En ese fallo, los magistrados advirtieron que no podían recibir una formulación parcial de cargos presentada por el Fiscal 2 de Justicia y Paz en contra de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’ y otros exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, porque los delitos documentados habían sido cometidos después de esa fecha (Lea la sentencia aquí).
“…Esta Sala ha sostenido de manera pacífica que cualquier conducta realizada después de entrada en vigencia de la Ley 975, o que siendo de efectos permanentes haya iniciado después de ésta, no será acreedora de la pena alternativa prevista para el trámite de justicia y paz… Las actuales ofertas para nuevas desmovilizaciones no pueden ser contrarias a las formas, normas y jurisprudencia sobre el asunto, razón por la cual se ha intentado reformar el ámbito de aplicación de la ley siendo este un asunto de exclusiva competencia del legislador”, dijo la Corte en el fallo.
Y aunque los exparamilitares del Bloque Centauros han sido de los grupos que más ha colaborado en Justicia y Paz, según conoció VerdadAbierta.com, sus abogados creen que cuando se haga control de legalidad de los crímenes presentados ante la magistratura, los postulados no serán beneficiados con la pena alternativa de cinco a ocho años que contempla la Ley de Justicia, sino que quedarán por fuera de ella y recibirán penas de hasta 40 años por la justicia ordinaria. Todo esto con base en varias jurisprudencias de la Corte, incluyendo la última contra Ramón Isaza.
Por tanto, los paramilitares le reiteraron desde la cárcel a las fiscales que no asistirán a las audiencias ante los magistrados, hasta tanto no se presente un proyecto de ley que aclare su situación respecto a los delitos que pudieron cometer después de entrar en vigencia la Ley 975.
¿Cuál es el limbo?
El ‘limbo jurídico’ al que se refieren los exparamilitares de los Llanos fue una de las razones por las que el Bloque Élmer Cárdenas a cargo de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, que delinquió en el Urabá chocoano, dijo en octubre de 2010 que no volvería a Justicia y Paz.
El artículo 72 de la Ley de Justicia y Paz señala que los postulados solo recibirán beneficios jurídicos (cinco a ocho años de cárcel) para los delitos que cometieron antes del 25 de julio de 2005. Por los crímenes que hayan cometido después de ese día, serán juzgados por la justicia ordinaria que contempla condenas de hasta 40 años. La preocupación, advierten los exparamilitares, es que el Bloque Centauros se desmovilizó el 3 de septiembre de 2005 y el Héroes de los Llanos el 11 de abril de 2006.
“Los postulados no acudirán ante la magistratura mientras no tengan claridad si van a terminar recibiendo dos condenas: una en Justicia y Paz y otra en la justicia ordinaria”, dijo Claudia Patricia Arenas, abogada de alias ‘Pirata’, exjefe militar del Bloque Centauros.
Aunque las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’ se desmovilizaron el 7 de febrero de 2006, el abogado de varios desmovilizados de este grupo asegura que, contrario al caso de los Llanos, ellos seguirán acudiendo a los tribunales. “Ellos seguirán participando de todas las etapas del proceso porque confían en que el Gobierno solucionará el tema jurídico”, dijo Camilo Güisa, abogado de las Acmm.
Pese a que los exparamilitares de los Llanos le dijeron a la fiscal Elba Beatriz Silva que seguirán participando de las versiones libres y de la búsqueda fosas, la Fiscalía reconoció que esto demora el acceso a verdad, justicia y reparación a que tienen derecho todas las víctimas. “Por supuesto, si los desmovilizados no asisten a las audiencias, se atrasa todo el proceso judicial”, señaló Silva.
Las versiones libres son solo la etapa preliminar del proceso judicial. Después de enunciar y confesar los crímenes ante un despacho de Justicia y Paz, la Fiscalía investiga y verifica, y luego lleva estos casos ante un magistrado para su imputación, formulación y luego legalización para llegar finalmente a una sentencia.
Según la sentencia y los pronunciamientos de la Fiscalía, los abogados de las víctimas y de los postulados, la solución del limbo la tiene el Congreso. “La justicia y el Estado de Derecho se rige por las leyes. Ahí no hay vuelta de hoja. Este no es un tema de voluntad política; es un tema de carácter legislativo”, dijo Leonid Ávila, abogado de la Comisión Nacional de Juristas.
El riesgo para las organizaciones de víctimas es que la Ley, conel tiempo, siga ampliando el plazo para otorgar beneficios a quienes cometen delitos de lesa humanidad. “La Ley de Justicia y Paz vino después de un proceso de negociación entre el Gobierno y los paramilitares. Las partes participaron de esa negociación y si se cometieron delitos después de la fecha estipulada, hay un incumplimiento de los acuerdos y la sanción es legítima”, dijo Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Según las actas de desmovilización, la mayoría de los bloques que se desmovilizaron lo hicieron después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz: el Libertadores del Sur se desmovilizó el 30 de julio de 2005; Héroes de Granada el 1 de agosto de 2005; Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada el 6 de agosto de 2005; Bloque Pacífico el 23 de agosto de 2005; Bloque Centauros el 3 de septiembre de 2005; Bloque Noroccidente Antioqueño el 11 de septiembre de 2005; el Frente Vichada el 24 de septiembre de 2005; las Acmm el 7 de febrero de 2006; y el Frente Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia el 15 de febrero de 2006, por mencionar a algunos de ellos (Lea aquí el informe oficial de desmovilización).
Los exparamilitares de los Llanos aseguraron, por medio de sus abogados, que el 1 de julio de 2011 darán a conocer de forma pública la carta que le presentaron a las autoridades y la justicia, después de que los magistrados de Justicia y Paz tengan conocimiento de ella.
