El Bajo Cauca Antioqueño es una de las zonas de Consolidación en la que no ha habido avances en la lucha contra el narcotráfico, los grupos armados y en la que la presencia del Estado no ha logrado disminuir la criminalidad.
Por su condición de epicentro del tráfico de drogas, por la precaria respuesta institucional y la persistencia de los grupos armados ilegales, el Bajo Cauca Antioqueño se ha convertido en uno de los principales retos para el Plan de Consolidación Nacional.
Así lo plantea el más reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz denominado “Balance de la Política de Seguridad Democrática”, dado a conocer en el seminario internacional “La Política de Consolidación Territorial del Estado Colombiano: evolución, desafíos, obstáculo y potencialidades”.
El estudio analizó cuatro zonas del país, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María, la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, para evaluar la Política de Consolidación, implementada en el último periodo del gobierno Uribe.
En la investigación, la Fip encontró que el Bajo Cauca es una de las regiones en donde la consolidación del Estado ha sido limitada y no ha generado cambios ni en la seguridad, ni en la ilegalidad, ni en el desarrollo social. Según Juan Carlos Palou, experto en el tema, la zona del Bajo Cauca representa uno de los mayores desafíos para el Estado en cuanto a la consolidación territorial del Estado se refiere.
Aunque en la zona hacen presencia los frentes 18 y 36 de las Farc, son las denominadas Bacrim, las que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y generan el mayor riesgo para los habitantes de la zona y uno de los grandes interrogantes sobre el desempeño de la fuerza pública. Según el estudio, la creciente influencia de bandas como Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas ha hecho evidente la necesidad de que se reformule la estrategia de la fuerza pública para combatirlas.
Sin embargo, lo más preocupante que revela el estudio es que las instituciones locales y regionales que hacen presencia en la zona no sólo son incapaces de satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, sino que al parecer siguen siendo controladas por grupos de paramilitares que no se desmovilizaron. De esta manera, la corrupción y el precario tejido institucional propician la ilegalidad.
Por otra parte y aunque las cifras muestran un relativa reducción de las hectáreas cultivas con coca, según el análisis, la dependencia del narcotráfico es latente todavía. La erradicación de los cultivos se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno nacional ya que en la zona se siguen presentando marchas campesinas en contra de la estrategia antidrogas, lo que evidencia el fracaso del plan y lo dejan muy mal parado, señaló Palou.
El estudio de la Fip revela, además, que en el Bajo Cauca día a día se hace más evidente el uso inapropiado de la minería y la cada vez más notoria inclusión de los grupos armados ilegales en la explotación ilícita de oro. En este sentido, el análisis explica que la débil incidencia institucional ha sido incapaz de controlar un monstruo que se les esta creciendo, el de la minería ilegal.
De acuerdo con los resultados y recomendaciones de la investigación, el gobierno nacional debería trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional en varios sentidos, el primero reduciendo la violencia generalizada, mediante la consolidación de instituciones que incluya la participación de la sociedad civil, no sin antes mejorar la autoridad judicial.
En segundo lugar reduciendo el espacio que se han tomado las Bacrim y su incidencia en la instituciones locales. Para la Fip es indispensable que el gobierno nacional profundice el la lucha contra las Bacrim por medio de la vía judicial.
Y en tercer lugar, priorizando la oferta de proyectos productivos, educación y cultura en vez de la erradicación.
¿Qué es la Consolidación?
La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática fue implementada durante el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de darle continuidad a la reconocida Política de seguridad Democrática. Según la Fip, la iniciativa gubernamental incluye un ofensiva militar contra los grupos armados ilegales, una estrategia antidroga ligada a la erradicación y el impulso del desarrollo regional y humano, en catorce zonas con presencia de grupos ilegales.
La ofensiva militare ha protagonizado la implementación de al Política, razón por la cual ésta ha sido objetivo de numerosas críticas, por sus métodos y programas como la red de informantes y el programa de soldados campesinos, iniciativas que involucran a la población civil en el conflicto armado.
Zonas como la Macarena y los Montes de María, han sido exitosos ejemplos de la pacificación en el marco de la consolidación. Sin embargo en general persisten enormes desafíos para mantener el espacio recuperado por el gobierno en esos lugares, entre ellos, los grandes vacíos que tienen las instituciones locales, la corrupción, el narcotráfico, que esta muy lejos de ser controlado, la creciente amenaza de las bandas criminales y la persistencia de la guerrilla.
En este sentido, según el estudio presentado por la Fip, la Política de Consolidación ha sido exitosa en cuanto al diseño. Sin embargo todavía persisten numerosas incógnitas en cuanto a su desarrollo.
