Según la ONG Codhes el desplazamiento de campesinos causado por el conflicto armado está subiendo en forma dramática este año. El gobierno tiene datos que, al contrario, registran un descenso.
Muy preocupante es el panorama de desplazamiento que presentó este martes la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). De acuerdo con su informe sobre el primer semestre de este año, 270.675 personas debieron abandonar sus lugares de vivienda en los primeros seis meses de 2008.
La cifra representa un incremento del 41 por ciento de los desplazamientos ocurridos en igual periodo de 2007, situación que no se veía desde 1985. Entre enero y julio de este año, cada día 1.503 personas tuvieron que huir de sus casas, según registra Codhes.
Pero lo más lamentable es que volvieron los éxodos masivos. En el primer semestre de 2008 se presentaron 66 casos que afectaron a 33.251 personas, la mayoría en Nariño, Chocó, Antioquia, Vichada, Arauca y Córdoba.
Esos departamentos, junto con otros 13, registran una grave situación humanitaria, toda vez que reportan 76 de cada 100 personas desplazadas. Se ubican, principalmente, en 12 regiones, que son: zonas costera, piedemonte costero y cordillera del departamento de Nariño; Nororiente del Cauca; piedemonte de Putumayo y Caquetá; alto y medio Ariari; alto y medio Guaviare; Arauca y norte de Boyacá; Sur de Córdoba y norte de Antioquia; Magdalena Medio; región central del Chocó (San Juan); Montes de María; zona cordillera del Eje Cafetero, y parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para Acción Social , la agencia presidencial que atiende con ayudas de emergencia y otros programas a los desplazados, las cifras que presentó Codhes son irreales. Según el gobierno la metodología de conteo que emplea esa organización, basada en estimativos, y que incluye en la sumatoria actividades como las marchas de protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos, hacen poco confiables sus cifras.
“Mientras CODHES realiza una estimación del fenómeno, el gobierno, a través del Registro Único de Población Desplazada – RUPD, lleva un registro administrativo, cuasicensal, del fenómeno”, dice Acción Social en un comunicado.
Acción Social clasifica el desplazamiento de dos maneras: por expulsión, es decir, personas que tuvieron que abandonar sus tierras, y por recepción, que son las personas que llegan a otros lugares. No necesariamente los registros por recepción se presentan en el mismo año porque, por ejemplo, una persona abandona su lugar de vivienda y puede demorar varios meses o años en asentarse definitivamente en otro sitio.
Según los datos de Acción Social, en el primer semestre del año se deplazaron por expulsión 111.161. Esta cifra es menos de la mitad del registro de Codhes. Y da cuenta de un descenso con base en la información que se registró en igual periodo de 2007 cuando 151.889 personas fueron expulsadas de sus tierras. Los departamentos que más desplazamiento reportan son Antioquia, Bolívar, Chocó, Magdalena y Tolima.
Chocó y Antioquia coinciden en ambosregistros como dos de los departamentos con la situación más grave.
Un nuevo tipo de desplazamiento
Según Codhes, la razón de la nueva ola de desplazamientos son ahora los intereses económicos sobre la tierra y ya no el control político, como fue el caso durante los años 90.
“El rearme paramilitar asociado a la fragmentación de carteles de la droga y la intencionalidad de asegurar el despojo de tierras podrían explicar en parte este incremento de desplazamiento forzado que se origina en zonas en las cuales las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia aseguraron control político e institucional”, dijo Jorge Rojas, director de Codhes.
En otras regiones, el desplazamiento tiene su origen en el interés por usar la tierra con fines agroindustriales, como cultivos de palma y caña de azúcar.
Las guerrillas siguen siendo motivo de desplazamiento
Las Farc, aunque golpeadas, se mantienen en pie de guerra. Según Codhes, “convirtieron sus territorios en campos minados, extorsionan y amenazan a la población y desarrollan formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niños, niñas y adolescentes, para suplir bajas y deserciones. Además, pareciera que las Farc están cobrando sus derrotas militares con la población civil, dadas las retaliaciones por supuestos o reales casos de delación o información a las autoridades”.
Pero además de enfrentarse con las fuerzas estatales, las Farc mantiene su guerra con el ELN en algunos departamentos, especialmente en Arauca, Nariño, Cauca y Chocó.
Sólo en Arauca, esa confrontación provocó un incremento del 153 por ciento del número de personas desplazadas en relación con el primer semestre de 2007. Tales enfrentamientos entre guerrillas han provocado alianzas con narcotraficantes y paramilitares en algunas zonas.
Según el informe de Codhes, “la ofensiva de la Fuerza Pública, presionada para que produzca resultados, no está exenta de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los falsos positivos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, generan un ambiente de desconfianza y temor en la población civil y presionan desplazamiento forzado”.
Además, las fumigaciones y la erradicación manual de cultivos ilícitos generan desplazamiento porque “sin más posibilidades de supervivencia como consecuencia de la concentración de la tenencia de la tierra, miles de campesinos y colonos persisten en las siembras de coca y amapola en extensas zonas de territorio nacional, hacia donde se extiende el conflicto armado con todas sus consecuencias para la población civil”.
Los reclutamientos por parte de los grupos armados ilegales y nuevas bandas emergentes después de la desmovilización de las AUC, también están generando desplazamiento.
Lo más grave de este reclutamiento es que los grupos ilegales no discriminan entre niños, mujeres y hombres reinsertados para que formen sus filas.
Igualmente, el informe reseña como el conflicto y el control territorial tiene un efecto sobre el acceso de la población a alimentos. Así, el hambre sigue siendo un método de guerra que provoca desplazamientos. “La salida de Emberá del departamento de Risaralda hacia la capital del país prendió las alarmas por la situación de comunidades en zonas de alta confrontación armada en las que se imponen bloqueos, se limitan las posibilidades de producción, almacenamiento y comercialización de alimentos y se restringe la caza y la pesca”, dice el informe de Codhes.
En las ciudades, preocupa el desplazamiento intraurbano con el incremento de la violencia en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura y Santa Marta.
Defensores de población desplazada: en la mira
En el primer semestre de 2008 murieron siete líderes de los desplazados que participaban en acciones para la protección de sus derechos dentro de la Ley de Justicia y Paz. Además, 255 dirigentes de la población desplazada fueron amenazados y muchos tuvieron que desplazarse de nuevo o exiliarse.
El informe reseña también que los pocos desplazados que han retornado a sus tierra, lo hicieron sin garantías de seguridad y en condiciones de pobreza.
Todo ese panorama desconsolador lleva a Codhes a concluir que “el desplazamiento forzado es una realidad que se mantiene y crece en la medida en que continúa la guerra irregular y se profundiza su degradación. El país está conociendo los horrores del conflicto armado de la década pasada, descubriendo fosas comunes e historias de masacres que, en su momento, fueron denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. Los hechos siguen ocurriendo y ocultarlos no contribuye a superar esta etapa de violencia”.
Publicado en Semana.com 30/09/08
