El 2 de junio de 2001, hombres de Salvatore Mancuso secuestraron y asesinaron al líder del pueblo Embera Katío en Córdoba. Diez años después de su desaparición, la justicia colombiana no ha establecido los motivos y ni los cómplices de este crimen.
En una entrevista del periodista y filósofo francés Bernard Henry Levy a Carlos Castaño en 2001, le preguntó si los atentados a sindicalistas, políticos de izquierda e indígenas eran un asunto arbitrario. El entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia le respondió “¿Atentados a ciegas nosotros? ¡Jamás!. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. ¡Por eso los matamos!”.
A renglón seguido el filósofo francés volvió a la carga: “Bueno, y el jefe de los indígenas del Alto Sinú, ¿a quién le impedía trabajar él, ese pequeño jefe indio que bajó a Tierralta?”.
Levy le preguntaba por el líder indígena de la comunidad Embera Katío, Kimmy Pernía Domicó, quien había sido desaparecido a manos de hombres de Salvatore Mancuso el 2 de junio de 2001. Castaño le respondió vehemencia: “¡La represa! ¡Impedía el funcionamiento de la represa!”.
El 23 de febrero de 2008, el ya desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso admitió que fue el quien organizó el asesinato y desaparición de Pernía; dijo, además, que el crimen fue ordenado por Castaño porque, supuestamente, el líder indígena negoció tierras con su resguardo para la represa de Urrá, pero que los dineros de esa negociación fueron a parar a la guerrilla de las Farc.
El cuerpo del líder indígena, según Mancuso, fue desenterrado por los paramilitares después de ser asesinado en algún lugar del nudo de Paramillo, en Córdoba, y arrojado a las aguas del río Sinú. Desde entonces, nadie sabe del paradero de su cuerpo, ni mucho menos si algún paramilitar ha confesado ante la justicia los motivos del crimen, ni los intereses ni los autores intelectuales del mismo.
Esas han sido las dos únicas alusiones que se han tenido por parte de paramilitares sobre las razones que llevaron a Castaño a dar la orden de acabar con la vida de Pernía, quien días antes de su desaparición había llegado de Canadá en donde estuvo exponiendo ante el parlamento de ese país, las razones por las que su comunidad se oponía a la construcción de la represa de Urrá, en la que participaba una empresa canadiense.
Manto de impunidad
El crimen de Pernía no fue el único que padeció la comunidad Embera Katío del alto Sinú. Desde la llegada del grupo de Mancuso a Tierralta y sus alrededores, unos 25 líderes de la comunidad indígena fueron asesinados.
Existen varias hipótesis sobre el por qué los grupos armados se ensañaron con esta etnia.
Los Embera Katío, unos 7 mil indígenas, han habitado desde tiempos inmemoriales las riberas del río Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba. Con la decisión a mediados de los noventa de construir la central hidroeléctrica de Urrá, comenzó un conflicto con la comunidad del alto Sinú porque los nativos alegaban que la represa alteraría su vida, sus costumbres y su forma de alimentación, centrada en la pesca.
Los indígenas iniciaron movilizaciones y acciones legales contra la represa. Coincidencialmente, en esa época, Salvatore Mancuso ya había conformado un grupo paramilitar en la parte baja del Nudo de Paramillo que mantuvo un pulso con los frentes 5 y 18 de las Farc que azotaban a ganaderos y comerciantes de Córdoba con secuestros y extorsiones, y que tenía el control sobre el cultivo de hoja de coca en la zona.
Pernía era un líder indígena que, junto con Alonso Domicó, mayor que él y el joven Lucindo Domicó, lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico Urrá. En 1995 organizó el Do Wambura (“Adiós río”), una movilización de mil indígenas desde el Resguardo de Karagabí hasta Lorica, para protestar contra el proyecto y exigir que la empresa dialogara con los nativos. Estuvo presente en la ocupación de la Embajada de Suecia en 1996 para denunciar el incumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá tras el Do Wambura.
Participó, además, en la presentación de una acción de tutela contra la empresa Urrá que fue fallada en favor de los indígenas en 1998. Tras el asesinato de Alonso ese año y de Lucindo en 1999, Kimy debió salir de su región y refugiarse en Bogotá.
Como una tenaza los paramilitares también avanzaron por la zona del Urabá antioqueño y obligaron a la guerrilla a replegarse a las zonas altas del Paramillo.
En medio de este conflicto armado, los líderes indígenas empezaron a ser objetivo de los grupos paramilitares y guerrilleros, y como consecuencia de esta disputa varios de sus líderes empezaron a ser amenazados y asesinados.
A la par, la comunidad indígena logró que la Corte Constitucional reconociera los reclamos indígenas ordenando a Urrá compensarlos por los daños a su comunidad.
Sin embargo, el crimen de Pernía, como el de los otros líderes asesinados o desaparecidos, empezó a deambular por despachos judiciales. “No hay una explicación pública sobre el por qué de la persecución al pueblo indígena”, dice Viviana Rodríguez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que lleva este caso.
Marta Domicó, hija de Pernía y quien para la época de la desaparición de su padre tenía 25 años, recuerda que el conflicto armado lo sentían los líderes de su comunidad, que no podían participar en las movilizaciones contra la represa: “Estaban señalando a líderes, tenían un control sobre aquellos que estaban protestando, señalándolos directamente”.
Los indígenas protestaban silenciosamente contra los asesinatos y señalamientos, pero cuando desaparecieron al líder indígena decidieron ir más allá. “Allí empezamos a denunciar”, dice la hija del líder asesinado, con lo que lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impusiera medidas cautelares a favor de los Embera Katío y le ordenó al gobierno colombiano que adoptara medidas de protección de esta comunidad del Alto Sinú.
Sin embargo, y a pesar de tener este tipo de garantías, los Embera Katío sienten que se ha avanzado poco para aclarar los crímenes contra los líderes de su comunidad y que su comunidad, como lo pretendían los violentos, terminó desintegrada.
“Nos debilitaron del liderazgo, no tenemos cómo proteger a nuestras familias. Desistimos de seguir peleando. Nos atemorizaron, y de los compromisos que tenían con el territorio, el medio ambiente, la salud y la educación, ninguno se ha cumplido”, dice Marta.
En el balance que hicieron amigos y familiares de Pernía a diez años de su desaparición y muerte, entre ellos miembros de la Comisión Colombiana de Juristas que llevan el caso ante la justicia colombiana y el sistema interamericano de derechos humanos, la impunidad rodea el caso de los Embera Katío y los daños causados son irremediables.
La investigación de la desaparición y muerte de Pernía no ha avanzado en la Fiscalía, según cuentan los abogados de la comunidad, y no hay ninguna persona vinculada al crimen, mientras que en Justicia y Paz la última noticia, y única, que se tiene es la de Salvatore Mancuso quien confesó su participación en el crimen mientras estuvo en el país y no ha vuelto a hablar del tema en sus versiones libres desde Estados Unidos; mientras que algunos de los paramilitares que participaron en el hecho como alias ‘el Paisa’, un jefe urbano de las Auc en Tierralta fue asesinado.
Por este manto de impunidad, la Comisión Colombiana de Jurista intentará impulsar las investigaciones en la justicia colombiana para verificar con los hombres de Mancuso, “lo que había detrás del crimen de Pernía”, explica la abogada Rodríguez.
Desintegración
Por otra parte, la situación de los indígenas del alto Sinú parece ser desalentadora. Diez años después de lograr que la Corte Constitucional reconociera sus reclamos contra la represa, los Embera Katío sienten los efectos del conflicto, la pérdida de sus territorios ancestrales y el cambio que ha tenido el río en sus vidas.
Efraín Jaramillo, antropólogo y amigo de Pernía, quien además fue exiliado por amenazas de Carlos Castaño, dice que el fallo de la Corte Constitucional, que obligó a la empresa Urrá S.A. a pagar por 20 años a los Emberá por el impacto de la hidroeléctrica, no ha logrado paliar el daño que se le hizo a esta comunidad.
“En 7 años se cumplen los 20 años, en los que Urrá tiene cancelar un monto determinado de plata a los indígenas y después de que esto pase la gente no sabe que va a hacer. Hoy el pueblo Embera tiene dos resguardos, uno el Karagabi con 100 mil hectáreas y el otro es el Iwagadó con 10 mil hectáreas, todos titulados. Sin embargo, ellos dicen que la inundación es la violación de los derechos humanos, porque la tierra para los indígenas hace parte de un derecho fundamental porque garantiza la sobrevivencia y muchos de ellos no tienen cómo hacerlo”, explica Jaramillo.
A lo que agrega que al final con la hidroeléctrica se acabó con el último reducto de agua del Caribe colombiano. “No fue una solución definitiva a las inundaciones de las partes bajas del río Sinú que cada año son más devastadoras”, dice Jaramillo, quien espera que después de 10 años la investigación sobre el crimen de Pernía no termine en la impunidad.
