Aunque la importancia histórica de la ley de víctimas opaca el debate de lo que cuesta ponerla en marcha, el país deber estar consciente de que incluso tendrá que pagar nuevos impuestos para financiarla. Por Revista Semana
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| Una niña camina por los escombros de la Escuela de Juradó, Chocó, destruída por la guerrilla, 1999. |
El martes pasado, cuando el senador Juan Fernando Cristo estaba en el atril haciendo su última defensa de la ley de víctimas, se armó un pequeño alboroto en la plenaria del Senado. Minutos antes había llegado una carta del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en la cual pedía hacer unos ajustes al proyecto.
La carta, de seis folios, cayó como un baldado de agua fría. En teoría, el permiso del gobierno para aprobar la histórica ley ya estaba dado. Pero el ministro Echeverry quería dos cosas. En primer lugar, dejar una constancia histórica, pues insistía en que era imposible hacer un cálculo exacto del costo de la ley y rogaba a los congresistas mantenerse en un marco de sostenibilidad fiscal. Y en segundo lugar, apretar tuercas de algunos artículos para evitar que se le abrieran cráteres al fisco.
El impasse de la carta se solucionó. En parte porque los congresistas acogieron algunas sugerencias del ministro y en parte porque al ministro lo llamaron desde la Casa de Nariño para recordarle cuál era la voluntad del presidente. En un abrir y cerrar de ojos Echeverry firmó una nueva carta para darle el aval fiscal a la ley.
El episodio, si bien no pasó a mayores, demuestra que el costo sigue siendo un punto crítico de la ley de víctimas. Como se recordará, esa fue la excusa que dio el gobierno anterior para no aprobarla. “¿Qué hubiéramos hecho con una ley que cuesta unos 82 u 85 billones? Sería letra muerta -dijo, hace exactamente dos años, el entonces presidente Álvaro Uribe, para justificar el puntillazo que le dio a esta ley-. ¿Saben cuánto recauda el país este año, yéndole muy bien, para todo lo que necesita? Sesenta y ocho billones de pesos. ¿Quién paga esa ley? No habría manera”.
El argumento de Uribe no era del todo cierto. Pues para hacer las cuentas incluyó rubros que no estaban entonces -ni están hoy- en la ley, como la restitución de bienes muebles y la protección especial para todas las víctimas. Y, en todo caso, no se trataba, ni entonces ni ahora, de pagar la ley en un solo año, sino en un lapso de diez.
Más allá del debate, hoy la pregunta de cuánto cuesta la ley sigue pendiente de resolver. El ministro Echeverry dice que es imposible hacer un cálculo de su costo. “Yo, como ministro de Hacienda, no puedo decir lo que vale”. Es más, según dijo a SEMANA, “cualquier cifra que se dé es temeraria”.
Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan calcular unos costos aproximados. Hay que decir que dos de los más grandes rubros de la ley, en teoría, no implican nuevos gastos, pues por cuenta de otras leyes ya tienen que estar contemplados en el presupuesto del Estado para los próximos diez años.
Uno de ellos es la atención integral -salud, educación y vivienda- para todas las víctimas, que serían cuatro millones, según cálculos de los congresistas ponentes Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, y el segundo es el pago de indemnización por vía administrativa a cerca de un millón de ellas. “Desde el gobierno Uribe, el Estado, atendiendo fallos de la Corte Constitucional, ha destinado unos cuarenta billones de pesos para la atención de desplazados y la indemnización de víctimas.
No es plata que vaya a salir de las arcas mañana. Será a lo largo de una década”, ha dicho Cristo.
Una buena tajada de esos 40 billones tiene que ver con gastos corrientes del Estado, como son salud y educación, que se le brindan a cualquier ciudadano en condiciones vulnerables. El gasto nuevo es el de las indemnizaciones, pero nadie sabe cuánto cuestan porque aún es incierto el número de beneficiarios, y el monto variará según los derechos violados. El gobierno, según la ley, fijará los topes.
Si se hace un cálculo aproximado, el total de las indemnizaciones podría sumar entre 10 y 15 billones de pesos. Eso suponiendo que se mantienen los topes para cada víctima de otra ley (la 1290 de 2008) que habla de un máximo de 14 millones de pesos a cada familia víctima de desalojo y de 21 millones de pesos por asesinato o secuestro. Y suponiendo también que, como dice el congresista Rivera, no serían más de un millón las víctimas a indemnizar: las cerca de 300.000 que se inscribieron en el registro de víctimas y las poco más de 700.000 familias desplazadas.
Al respecto, en la carta del ministro Echeverry al Senado decía que como parámetro de comparación sobre lo que se les destinará a estos dos rubros en los próximos diez años valdría la pena tener en cuenta que para la vigencia de 2011 se destinaron 2,3 billones de pesos (1,8 billones para atención integral y 500.000 millones para indemnización). ¿A ese paso serían unos 23 billones de pesos en los diez años? ¿Sería suficiente?
Un segundo paquete del costo de la ley de víctimas tiene que ver con gastos que se generan por la creación de las nuevas unidades administrativas: la de atención a las víctimas y la de restitución de tierras, así como el Museo Histórico y la nueva jurisdicción de tierras. Si bien no está cuantificado el costo de ponerlos a funcionar, se podría comparar con lo que hoy cuestan entidades parecidas. En su orden, la Agencia Presidencial para la Acción Social, 32.000 millones de pesos (un monto similar se iría para atender víctimas y otro tanto para restituir tierras); el Archivo Histórico, 6.000 millones, y la jurisdicción de Justicia y Paz, 9.000 millones. Es decir, en funcionamiento de las nuevas entidades creadas por la ley de víctimas se estaría hablando de unos 80.000 millones depesos al año.
Y el tercer y último paquete es el costo en sí de la restitución de tierras. En teoría, más allá de la operación administrativa, no requeriría de nuevos recursos, pues se trata de que las víctimas reciban baldíos o predios extinguidos hoy en poder del Estado o de que recuperen parcelas que les pertenecen, que hoy están en manos de otros privados. Sin embargo, la suma de las compensaciones para los que no puedan ser restituidos en tierras, como víctimas que no puedan retornar o tenedores de buena fe, pueden representar también sumas billonarias..
De cualquier manera, no es plata menor. El propio ministro de Hacienda admitió que se tendrá que recurrir a nuevos impuestos para pagar la ley.
¿Cuánto costaría no pagar?
Los números por momentos asustan. Y tal vez por eso es que el gobierno no se ha querido dar la pela de hacer una proyección de lo que podría costar. Pero si se mira el otro lado de la moneda, cuánto le cuesta al Estado no tener ley de víctimas, se entiende por qué, desde el punto de vista fiscal, también puede ser bueno para el país emprender este esfuerzo.
Tal vez la razón de mayor peso es que sin ley la lluvia de demandas puede ahogar al Estado colombiano. Hay más de 170 demandas contra Colombia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podrían costarle a la Nación más de cuatro billones de pesos. Y ya se ha condenado al país en 11 casos por más de 50.000 millones de pesos. Por el más reciente caso, el del exsenador Manuel Cepeda, el Estado fue condenado a pagar más de mil millones.
La operación de costear la ley de víctimas es, sin duda, monumental. Y para que todo salga bien, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo fiscal grande y funcionar como un relojito. Ha habido experiencias de leyes ambiciosas que no han prosperado. Como el caso de Perú, que se calculó en 96.000 millones de dólares, o la de El Salvador, que fue vetada por el propio FMLN por sus altos costos. Pero hay otras, como las de Argentina, Chile o Sudáfrica, que han transformado la historia.
Más allá de las matemáticas, si la voluntad política de fondo es reconciliar al país reconociendo a sus víctimas y sus derechos, se podrá conseguir el dinero.
Por Revista Semana
