El proyecto con el que se resolvería la situación jurídica de cerca de 30 mil desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas pasó a sanción presidencial. El Polo Democrático lo definió como una ley de “perdón y olvido”.
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| La ley fue hecha para evitar que 19 mil paramilitares volvieran a las armas. Foto Semana |
En tiempo record -apenas 15 días- el Congreso le entregó al Gobierno la
fórmula para resolver el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros
rasos a los que, por decisión de la Corte Constitucional, no los podía
cobijar con la figura del principio de oportunidad.
La nueva
ley, que pretende cumplir con los compromisos pactados para
desmovilizaciones colectivas o individuales, establece un nuevo pacto
entre Gobierno y excombatientes.
Estos últimos, si no han
incurrido en delitos de lesa humanidad, deberán suscribir un nuevo
acuerdo con el Gobierno para cumplir los derechos que las víctimas
tienen a conocer la verdad.´
Para que no sean juzgados por
concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir
a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el
esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la
conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y
en general sobre todos los hechos o actuaciones de que tenga
conocimiento en relación con su participación en el grupo.
Eso
para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en
reciente fallo había advertido que el principio de oportunidad para los
desmovilizados violaba los derechos de las víctimas.
Sin
embargo, los desmovilizados deberán entregar esa información ante un
organismo no judicial. Según la nueva ley, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación será la encargada de recibirla.
Pero
lo que un sector del Congreso cuestionó con preocupación fue una
especie de letra menuda de esta ley, que establece que la información de
los desmovilizados no podrá servir como prueba para procesos judiciales
contra terceros.
Por eso la bancada del Polo Democrático,
tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, se opuso al
proyecto, y dijo que si la información de exparas y exguerrilleros no
sirve como prueba sería lo mismo que decir que el Estado renunciará a
investigar posibles delitos de aquellos particulares o servidores
públicos que promovieron o tuvieron connivencia con los grupos ilegales.
“Esto es una ley de perdón y olvido” –dijo el representante
Germán Navas Talero–. “El gobierno dice que busca la paz y la justicia,
pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes
cometieron delitos tendrá que quedarse callado”.
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. “Esto es una ley de impunidad”.
El
ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se surtió el
último debate de la iniciativa, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el
motivo de esta especie de cláusula es que se trata de mecanismos no
judiciales “que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos
de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la
recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales”.
La ‘aplanadora santista’
En
la jornada del miércoles, este proyecto surtió los dos debates que le
restaban tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En
ambas corporaciones la bancada de la ‘Unidad Nacional’ fue más
aplanadora que nunca.
Incluso, el ministro del Interior, Germán
Vargas Lleras, pidió a los representantes a la Cámara que aprobaran el
proyecto sin tener en cuenta las proposiciones que se le habían
incluido, tres en total, y todas ellas de autoría del Polo Democrático.
Eso
motivó el malestar de la bancada de este partido, que consiguió que se
debatieran estas observaciones pero fueron derrotados de forma
implacable. La aprobación de esta ley contó con el respaldo de 100
parlamentarios en contra de los ocho del Polo.
La llamada ley
que resolverá el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos pasará
a sanción del presidente Juan Manuel Santos. Y cuando lo haga quedarán
suspendidas las órdenes de captura que había por concierto para
delinquir agravado contra casi un millar de desmovilizados.
El
único artículo incluido a última hora es el que le da facultades al
Gobierno para determinar qué desmovilizados serían excluidos de los
beneficios de esta ley, en caso de que incumplan los compromisos
adquiridos al momento de su desmovilización, como son no volver a
delinquir y cumplir con los programas de reintegración a la sociedad
civil.
Publicado en Semana.com
