El senador liberal Juan Fernando Cristo y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, representan dos visiones de la ley de víctimas que cursa en el Congreso. En conversación con SEMANA, ambos expusieron sus diferencias.
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| El senador Juan Fernando Cristo y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie. / FOTO SEMANA |
SEMANA: ¿El gremio granadero se opone al proyecto de ley de víctimas?
José Félix Lafaurie: No. Los ganaderos somos víctimas, no victimarios. Bienvenida la ley si el Estado está dispuesto, sin hacer diferencias, a pagar la deuda que tiene con aquellos a los que les ha tocado vivir bajo fuego durante los últimos 40 años. Ojalá que no nos ocurra lo que hemos denunciado en el libro Acabar con el olvido: más de 3.500 de los nuestros fueron asesinados, secuestrados o extorsionados y no hay una sola sentencia a tantos crímenes.
Juan Fernando Cristo: Espero que no se opongan, porque no es una ley contra los ganaderos decentes de este país. Es una iniciativa para reparar y restituir a cuatro millones de compatriotas, de los cuales más de tres y medio han sido desplazados de sus tierras. Los despojadores, los narcotraficantes y los avivatos son los que tienen por qué preocuparse.
SEMANA: Pero los ganaderos han planteado duras críticas sobre la ley.
J.F.L.: Más bien tenemos observaciones e inquietudes. Primero, el tema de la tierra se ha venido tratando como el único eje del conflicto y hay que avanzar. El Estado debe restituir la tierra a quien injustamente ha sido despojado de ella, pero no puede suceder que la tierra se constituya en una bandera política, como en los años 60. La tierra es un activo productivo y como tal debe ser tratada para que se constituya en generadora de bienestar y prosperidad. El mundo cambió y hoy los temas agroalimentarios, ambientales y de generación de biocombustibles están en la agenda internacional. Un país tropical como Colombia tiene la palabra.
J.F.C.: En la medida en que conozcan el proyecto, estoy seguro de que sus dudas se irán despejando. Lo que no se puede pretender es quedarnos sentados frente al más grande despojo de tierras que se ha dado en el hemisferio occidental en el último siglo. Hay que ser audaces y contundentes con medidas como la inversión de la carga de la prueba a favor del despojado o la definición de un proceso abreviado de justicia transicional. En estos puntos no cabe la negociación.
SEMANA: Hay quienes dicen que la defensa de la restitución de tierras y la ley de víctimas hacen parte de una estrategia política del Partido Liberal.
J.F.C.: Si es una estrategia política exigir que la sociedad colombiana dignifique y repare a las víctimas de esta guerra, aceptamos el señalamiento. Fuimos los liberales quienes desde 2007 comenzamos esta lucha acompañando a las organizaciones de víctimas. Y hoy nos complace que la haya asumido el presidente Santos dentro de la agenda de la Unidad Nacional y que haya sectores conservadores y de La U que estén comprometidos con la ley.
J.F.L.: No del Partido Liberal pero sí de los agitadores de oficio. Ya se están presentando casos de invasiones en el Cauca y nuevos despojos de las Farc en Arauca. Lo que sigo sin entender es por qué una ley tan dura como la Ley de Extinción de Dominio no ha podido quitarles la tierra a los usurpadores armados y sí lo hará la que actualmente se tramita, cambiando el operador judicial de un fiscal a un juez agrario… siempre he creído que es más intimidante la jurisdicción penal.
SEMANA: ¿Qué opinan de que la restitución de tierras sea el principal elemento de la reparación?
J.F.C.: Pienso que es lo lógico porque, como ya lo dije, más del 80 por ciento de las víctimas de este país lo son por haber sido despojadas de sus tierras. Pero no es el único elemento. Hay medidas de carácter simbólico; de reparación en educación, salud y vivienda; de rehabilitación y garantías de no repetición.
J.F.L.: Solo si se trata de un despojo. Sin embargo, el Estado también deberá garantizar el derecho a la tierra que haya sido bien adquirida. Lo que me atemoriza nuevamente es que toda esta dinámica sirva para que algunos tengan la excusa de promover invasiones y ocupaciones de hecho, y terminen creándole situaciones de hecho al Estado o al gobierno sobre determinados predios.
SEMANA: ¿Tienen el cálculo de cuántas tierras se les deben reponer a los ganaderos y a los desplazados?
J.F.L.: Se oyen datos, algunos exagerados. Por supuesto que en zonas de violencia generalizada mucha fue la tierra que se abandonó o se vendió muy mal. Los ganaderos son las primeras víctimas. Desde febrero recorreré el país, como lo hice hace cuatro años, ya no solo para volver a identificar los casos de secuestros o asesinatos, sino para hacer un inventario de tierras despojadas. Tenga la seguridad de que el país será notificado una vez más de cómo nuestro sector fue de lejos el más golpeado. No olvide que en Fedegán concurren más de 400.000 ganaderos que tienen menos de 50 animales, mientras que aquellos que tienen actividades al margen de la ley, narcotraficantes, y compran tierras y ganados no se pueden considerar propiamente ganaderos. Fedegán solo representa a los ganaderos que están en la legalidad.
J.F.C.: Por su seriedad, le creo al último informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, conformada por la Corte Constitucional. Entre tierras despojadas y abandonadas podemos hablar de seis millones de hectáreas que se deben restituir. Es un proceso que debemos empezar ya, si queremos la reconciliación.
SEMANA: ¿En el país están dadas las condiciones de seguridad para avanzar en procesos de restitución?
J.F.L.: El Estado las tendrá que garantizar. Como también tendrá que garantizar que la tierra no se convierta en una bandera política para generar conflictos donde no existen.
J.F.C.: En unas zonas más que en otras y, por eso, una vez aprobada la ley, hay que focalizar los esfuerzos del Estado y la fuerza pública e ir región por región. Debemos comenzar por las zonas de mayor despojo: Urabá, Catatumbo y Montes de María, por ejemplo.
SEMANA: ¿Cuál es su posición frente a que en los procesos de restitución sean los propietarios los encargados de demostrar que adquirieron las tierras lícitamente?
J.F.C.: Que es un elemento esencial en el propósito y se debe asumir de manera clara y contundente, así no les guste a algunos.
J.F.L.: La inversión de la carga de la prueba al usurpador me parece un instrumento duro, pero válido, de justicia transicional. Aunque repito: también lo tiene la Ley de Extinción de Dominio.
SEMANA: ¿Cómo evalúa que en la ley también se incluyan las víctimas de los agentes del Estado?
J.F.L.:Creo que con esa decisión se corre el riesgo de que algunos sectores involucren a miembros de la fuerza pública, injusta y deliberadamente, ya no para una reparación administrativa, sino para generar responsabilidad penal sin que un juez así lo resuelva. Me preocupa, además, que a largo plazo esa decisión se vuelva contra el Estado. Puede haber una trampa fiscal muy complicada, frente a la cual el gobierno debe estar atento.
J.F.C.: Como una decisión lógica y justa. Los principios internacionales en la materia señalan con claridad que no se puede discriminar a ninguna víctima en razón de quién sea su victimario. La víctima es víctima y punto. Eso lo entendieron con claridad el presidente Santos y el ministro Vargas Lleras, quienes son fieles defensores de nuestra fuerza pública. La ley busca exclusivamente reparar a las víctimas, no perseguir a sus eventuales victimarios.
SEMANA: Con todas esas advertencias de los ganaderos, ¿se puede decir que apoyan la ley?
J.F.L.: Fedegán no estará del lado de los usurpadores. Estaremos del lado de las víctimas, que lo hemos sido. No obstante, más de 3.000 causas de ganaderos víctimas esperan una decisión judicial. Si es del caso, recurriré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrarlo.
J.F.C.: Pues si consideran que hay que discriminar a las víctimas en razón de su victimario, que la ley representa un costo fiscal muy alto y que la restitución de tierras será complicada, es claro que no comparten los ejes fundamentales de la iniciativa que se tramita en el Congreso. Ojalá en el debate los podamos convencer.
SEMANA: ¿Fedegán ha hecho acercamientos con parlamentarios para plantear sus observaciones al proyecto?
J.F.L.: Aún no, pero estamos dispuestos a hacerlo.
Revista Semana
