Tras el fallo de
la Corte Constitucional, el Gobierno tendrá que explorar otras
alternativas para resolver la situación de unos 19.000 exparamilitares.
El Mininterior admite que el escenario es complejo.
 No se sabe cuál será la salida a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la ley que cobijaba a miles de ex paramilitares. Foto Semana |
 – Corte Constitucional tumba principio de oportunidad para 19 mil paramilitares – Cámara aprueba ley que beneficiará a 19 mil paras rasos – Gobierno radicó modificación a la Ley de Justicia y Paz (07/04/2009).  – Informe de Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 342 de 2008 Cámara – 261 de 2008 Senado “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad” (Feb. 2009). – Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) |
Luego de que la Corte Constitucional decidió que no se puede aplicar el
principio de oportunidad a cerca de 19.000 desmovilizados, el Gobierno
no tiene una salida jurídica posible para solucionar la situación de
estos exparamilitares que sólo son juzgados por su pertenencia a la
organización ilegal.
La situación pone en serios aprietos al
Gobierno. Así lo considera el ministro del Interior, Germán Vargas
Lleras, quien encendió las alarmas al señalar que si estos paramilitares
rasos deben responder por concierto para delinquir agravado y deben
reparar a las víctimas, muchos de ellos podrían volver a lasarmas.
El
proceso de reinserción atraviesa por un nuevo obstáculo. Vargas
Lleras considera que muchos desmovilizados podrían rearmarse y ser
reclutados por bandas criminales. Informó, además, que ya hay cerca de
800 órdenes de captura.
“No pudiéndose aplicar el principio de oportunidad para estas personas,
habrá que buscar una alternativa porque hoy en la práctica, la única
posibilidad es que se acojan a la Ley de Justicia y Paz, que significa
contribuir con la verdad y reparar a las victimas”, dice Vargas Lleras.
Sin
embargo, la posibilidad de que 19.000 personas se acojan a la Ley de
Justicia y Paz también supone un colapso para la Fiscalía, ya que en
cinco años de instrumentarse esta ley tan solo se ha producido una
sentencia, la del caso Mampuján, y solo un desmovilizado de los casi
3.000 que se acogieron a esta ley está ad portas de ser juzgado.
A
los llamados paramilitares rasos tampoco se les puede aplicar delito
político, pues la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 2007
consideró que la sola pertenencia a las organizaciones ilegales
constituye concierto para delinquir agravado, un tipo penal que impide
que se les pueda aplicar indulto o amnistías.
Por eso es más
difícil para el Gobierno cobijar a estos desmovilizados con los alcances
de la prórroga de la ley de orden público, que establece indultos o
suspensión de órdenes de captura y que está a un solo debate de ser ley
de la República.
La única salida que admite Vargas Lleras es
una fórmula que también contribuya a que estos desmovilizados colaboren
con verdad y reparación. “Los principios que sienta la Corte
Constitucional es que se puede avanzar en la desmovilización de ciertas
personas siempre y cuando concurrran a un procedimiento en que se pueda
establecer verdad y reparación”.
Parala Fiscalía la situación
también es compleja. El fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago,
explicó que a partir del fallo de la Corte Constitucional, habrá que
analizar si estos desmovilizados pueden ser juzgados por concierto para
delinquir simple, aunque admite que la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia ya se ha referido en sentido contrario.
Mendoza
Diago también explicó que la fórmula de aplicar el principio de
oportunidad fue una salida desesperada impulsada por el Gobierno
anterior, pues en la práctica supondría un desgaste sin precedentes para
la Fiscalía, que tendría que resolver 19.000 casos de forma particular.
Lo cierto es que hoy los 19.000 ex paras siguen en un limbo
jurídico. Y tras más de cinco años de su desmovilización tendrán que
someterse a la justicia, pagar ocho años de cárcel, lo cual podría
afectar el proceso de reinserción.
