En el último mes, tres líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Según varias Ongs en el último año ya son 39 los líderes asesinados y se cree que estos crímenes están asociados con denuncias que han realizado sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de
tierras.
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Organizaciones de derechos humanos advierten que en 15 departamentos, donde están las tierras más ricas del país, líderes de víctimas y defensores de derechos están siendo asesinados. |
El último crimen conocido fue el del presidente de una junta de acción comunal
de San José de Apartadó, Álvaro Montoya, asesinado al parecer por las
Farc. (Ver nota Asesinan miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó)
La comunidad de paz informó que a las seis de la mañana del 12 de agosto, varios hombres camuflados y
armados de fusiles obligaron a Álvaro Montoya a bajar de un campero de
transporte público, cuando se dirigía a San Josesito, una vereda cercana
a San José de Apartadó.
Los hombres le ordenaron al conductor seguir su camino y unos minutos después habitantes
del pueblo encontraron el cuerpo de Montoya a un lado de la carretera destapada.
En un comunicado público, la comunidad de paz de San José de Apartadó
señaló que la víctima tenía una farmacia en el pueblo y era presidente
de la junta de acción comunal de San José. También denunciaron que el
crimen se cometió a pesar de la presencia de patrullas del Ejército en
la zona.
La comunidad de paz de San José de Apartadó se declaró neutral frente al
conflicto y rechazan la presencia de todos los grupos armados en su
territorio. Esta posición les ha traído amenazas, hostigamiento y muerte
de ‘paras’ y guerrilla. Además la justicia condenó varios miembros de
la Brigada XVII del Ejército por su complicidad en la masacre de ocho
personas el 21 de 2005.
En relación con los líderes de organizaciones de víctimas, La Consultoría para el Desplazamiento, Codhes
advierte que, con el asesinato de Álvaro Montoya ya son 39 los
líderes asesinados entre el 1 de marzo de 2002 y el agosto de 2010.
Somos Defensores y Codhes coinciden en que estas agresiones y crímenes
están asociadas a las denuncias que han realizado los defensores y
líderes sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.
“Vamos
de mal en peor en términos de garantías a los líderes de víctimas.
Vemos que los nuevos grupos paramilitares están desarticulando a ese
movimiento social que está reclamando tierras. Los lugares donde están
ocurriendo los crímenes son particularmente las tierras más ricas del
país. Esto es una advertencia al Ministerio de Agricultura y al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) sobre cómo van a
garantizar la restitución de tierras a las víctimas de la violencia”,
señaló Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes.
En los reportes
de Somos Defensores y de Codhes coincide que los departamentos más
afectados son: Antioquia, Putumayo, Caldas, Atlántico, Córdoba, La
Guajira, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Chocó,
Arauca, Risaralda, Sucre y Cauca. “Los casos más graves están en el
Valle, donde los grupos armados ilegales no están dispuestos a que se
restituyan las tierras. Han matado a mucha gente. Esta es la nueva
geografía del paramilitarismo”, agregó Rojas.
En zonas críticas
como el suroccidente del país, el número de víctimas de la violencia
también habría aumentado. En Popayán, donde se registró el más reciente
asesinato de un defensor de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo
pasó de atender 94 víctimas durante el primer semestre de 2009 a 1.015
víctimas durante el primer semestre de 2010.
La muerte de Beto Ufo Pineda
El miércoles 25 de agosto también se conoció el asesinato de Beto Ufo Pineda, un reconocido líder de los desplazados en Popayán.
Janeth Mosquera, otra líder y amiga de Pineda, aseguró que este asesinato es consecuencia de la estigmatización que padecen los defensores de víctimas en esta región del país. “Todo el que habla de derechos humanos y representa a los que no tienen
voz, lo mandan callar con la muerte. Nuestra vida está valiendo un tiro.
Estamos totalmente desprotegidos”.
Mosquera sobrevivió a un atentado el pasado 27 de julio, pero siguió recibiendo amenazas telefónicas, además dejó de recibir protección con escoltas y por eso, teme que sea asesinada como Pineda. “Lo conocía desde hace 11 años. Trabajamos en la Cruz Roja y nos capacitamos para ayudar a las víctimas del desplazamiento. Beto apareció muerto hace unos días. La situación es crítica”, dijo.
En otro caso conocido, el pasado 24 de agosto la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) denunció el asesinato de Beto Ufo Pineda Muñoz y la agresión física contra Olga Castillo, ambos líderes de las víctimas del desplazamiento en Popayán, Cauca.
Según Codhes, Pineda Muñoz desapareció el pasado 17 de agosto cuando se disponía a trabajar en la finca El Rosal, una tierra que en 2007 el Gobierno Nacional le había entregado a 10 familias víctimas del desplazamiento. Tres días después, los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida en la vía a Coconuco, a 15 minutos de Popayán, con heridas provocadas por machete. Pinedo era representante de la organización de víctimas Nueva Floralia, y tenía medidas de protección debido a las múltiples amenazas que había recibido.
“El pasado 24 de agosto Olga Castillo fue agredida físicamente por un sujeto que se movilizaba en una moto. Solicitamos a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, la Defensoría del Pueblo, se garantice el derecho a la vida y a la integridad física de los líderes de población desplazada que se encuentran amenazados”, indicó Codhes en un comunicado.
Esa misma solicitud la realiza el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), a raíz del asesinato de Norma Irene Pérez. La mujer había desaparecido el 7 de agosto en el municipio La Macarena, y seis días después los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida con heridas de bala, en la localidad de La Unión.
Según la Ong, Pérez fue una de las líderes de derechos humanos que el pasado 22 de julio se movilizó a Bogotá para participar de una audiencia convocada por el Congreso Nacional. Durante el encuentro, Pérez denunció la existencia de una fosa común La Macarena, que al parecer tiene los restos de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.
La situación se agrava
Frente al panorama, las organizaciones de derechos humanos indican que estos hechos no son aislados y que las agresiones contra líderes aumentaron durante los últimos dos años.
Somos Defensores, el Programa no Gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos, advierte con base en estadísticas que los casos de agresiones contra defensores aumentaron de 82 casos en 2008 a 174 casos en 2009. Aunque el balance más actualizado de 2010 será publicado en septiembre, Somos Defensores señala que mayo ha sido el mes más crítico.
“Si bien el año 2009 fue el peor de los últimos cuatro años en cuanto a agresiones se refiere, el año 2010 y en particular el mes de mayo, parece superar todo pronóstico”, indica el programa. Ese mes siete defensores fueron asesinados y más de 100 organizaciones de derechos humanos fueron víctimas de amenazas por parte de los actores armados ilegales, a través de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes.
“Desde hace semanas la Defensoría ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Departamento la convocatoria de un comité técnico, para impulsar la Mesa de Garantías. Este mecanismo está congelado y no se ha podido concretar. Es urgente que se reúna el comité para buscar soluciones a estas situaciones que están sucediendo con los defensores y líderes de víctimas de la región”, dijo Víctor Meléndez, defensor Regional del Pueblo.
