El rearme

El poder
de las bandas criminales se ha incrementado en Colombia. A pesar de las últimas
respuestas estatales, la reintegración continúa siendo una de las patas cojas de este  proceso.

La reaparición de las masacres realizadas por las bandas criminales (Bacrim) y el lanzamiento de una nueva estrategia gubernamental para combatirlas son solo algunos indicadores que muestran  el poder que estos grupos han adquirido en muchas zonas del país. Según la Policía Nacional, hoy estas bandas cuentan con más de tres mil ochocientos hombres y siguen actuando como mínimo en 159 municipios del país.

En enero deeste año la FIP alertó sobre la existencia de graves riesgos que hacían pensar que estas bandas podrían convertirse en el mediano plazo en una tercera generación de grupos paramilitares (ver informe de la FIP). Entre ellos mencionó su enorme poder económico alimentado por el narcotráfico, su avance territorial incluyendo estrategias de control social, y los vínculos con miembros de la fuerza pública en varias regiones del país (Ver informe de El Tiempo).

A esto debemos sumar hoy su notorio poder militar. Como evidencia están las múltiples masacres en Antioquia, Córdoba y Cauca (ver artículos relacionados). Además siguen contando con la capacidad de entrar armas ilegales en enormes proporciones, en alianza con las FARC. Tal como lo registró la revista Semana desde inicios de este año, es muy posible que las Bacrim sean las directas compradoras de por los menos 10 mil AK 47 chinas que entraron por las costas colombianas, cuando se creía que estos temas eran del pasado (ver “Misterio oriental” y “El señor de la guerra”).

Dentro del mapa de seis Bacrim registradas por la Policía (ver cuadro), los datos muestran que algunas de ellas, como la antigua banda de ‘Don Mario’, capturado el año pasado, conocida como los ‘Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’  (ver panfletos), ‘Los rastrojos’ y el ‘ERPAC’ de ‘Cuchillo’ hacen presencia en departamentos estratégicos del país, tanto por su coincidencia con cultivos ilícitos (Ver informe del Simci), como por su cercanía a las fronteras con otros países, en especial con Venezuela, Ecuador y Panamá.

Fuente: Policía Nacional de Colombia. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Grupo deSeguimiento a Grupos Armados Ilegales.

La dimensión del problema obligó al estado a lanzar una nueva estrategia que incluyó la regionalización de las unidades de policía que las persiguen, la creación de comisiones interinstitucionales para combatirlas (Decreto 2374 de 2010), y muy posiblemente una directiva presidencial como herencia para el gobierno Santos. La situación llegó a tal punto que el propio presidente Uribe lanzó alertas públicas sobre la materia.

Por fortuna y a pesar de que no lo admitan públicamente, la Policía Nacional ha aceptado que el fenómeno rebasó el tema del narcotráfico y hoy en día tiene comportamientos que parecieran orientarse a reproducir el viejo ejercicio de las Auc. Por ejemplo, en enero la FIP informó sobre una reunión de unificación en 2009 que fue corroborada días más tarde por el propio General Naranjo (Ver El Tiempo), y al parecer entre abril y mayo de 2010 la situación se volvió a repetir en la misma región del suroriente colombiano. De igual modo, la posibilidad de sacar de la cárcel a cabecillas como ‘Carecuchillo’ o alias ‘Tribilin’ son muestras de su poderío e intenciones.

Algo similar se rumora en el Casanare en donde al parecer ‘Martin Llanos’ ya estaría de nuevo en la zona estableciendo su apoyo a las personas que buscan destronar de su sitial a ‘Cuchillo’. Precisamente dos semanas atrás el periódico ‘Llano 7 Días’ mostró una cruda fotografía del ERPAC y del mapa de alianzas y disputas que se están fraguando en esa zona, que concentra según las autoridades un alto porcentaje de salida de coca hacia el exterior  (Ver artículo).

Más víctimas del paramilitarismo y desmovilizados asesinados

De acuerdo al reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entre el 1 de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2008, por lo menos 4.300 personas han sido asesinadas o desaparecidas por fuera de combate por estos grupos, que se supone habían entrado a un cese de hostilidades y luego se habían desmovilizado
(Ver informe).

Según los propios registros oficiales, entre 2001 y marzo de 2010, 2.290 desmovilizados han muerto. Se han registrado el mayor número de homicidios en ciudades como Medellín y en departamentos como Córdoba, Antioquia y Cesar, precisamente las zonas en donde las Bacrim han adquirido un poderío militar importante.
(ver informe de la Policía Nacional).

Estos asesinatos de desmovilizados han afectado directamente la investigación de los hechos enunciados en las versiones libres de la Ley 975 y son una muestra de la existencia de mandos medios que nunca se desmovilizaron.

Finalmente y tal como lo encontró VerdadAbierta.com en regiones como el Meta y los Montes de María luego de la realización de las ‘Semanas de la Verdad’ (en alianza con el PNUD), tanto las víctimas como los periodistas locales encuentran que la persistencia de estos grupos armados ligados a las antiguas Auc son un obstáculo para avanzar en la reconstrucción de la verdad sobre el paramilitarismo en estas regiones (Ver cubrimientos en Meta y Montes de María).

El panorama del proceso de reintegración

En la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) el fenómeno de las Bacrim trae por lo menos tres consecuencias directas para el proceso de reintegración de los paramilitares.

Primero, refuerza la idea de un proceso de desmovilización parcial e incompleto de los grupos paramilitares (ver
informe de la FIP), en donde los mandos medios que nunca se desmovilizaron o abandonaron el proceso de Justicia y Paz aparecen como los cabecillas principales de las bandas criminales emergentes.

En segundo lugar sugiere un peligroso panorama de riesgo para las víctimas registradas en la Ley 975, como también para los desmovilizados que quieren seguir en el proceso y se niegan a ser reclutados por estas estructuras ilegales. Por último, limitan las posibilidades para que la verdad de la barbarie paramilitar en muchas regiones pueda ser develada de manera completa. (Ver artículo).

Estas son las principales cifras oficiales del proceso de reintegración:
•    Entre agosto de 2002 y mayo de 2010 se han desmovilizado 53.300 personas. 21. 629 de manera individual y 31.671 de manera colectiva.
•    De los desmovilizados individuales, 14.434 son de las FARC y 3.682 del ELN
•     44 mil personas que dejaron las armas están afiliadas al régimen subsidiado de salud.
•    Más de 28 mil personas que dejaron las armas están vinculadas al sistema educativo y se creó un modelo especializado de educación. 61% cursan bachillerato, 36% primaria y 3% universitaria.
•    19 mil personas que dejaron las armas se encuentran trabajando. Se han desarrollado acuerdos con más de 600 empresas para generación de oportunidades y desembolsado 2.914 planes de negocio.
•    La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) ha gestionado recursos de cooperación por $69 mil millones desde 2006.  (Ver Balance de la ACR 2002-2010).