Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA
La salida del conflicto, el fortalecimiento de la democracia y la atención a los desplazados sufrió una arremetida por el congelamiento de la ayuda financiera de Estados Unidos en todo el mundo. En Colombia ya hay órdenes claras de suspensión de los programas financiados por ese país, en medio de la confusión y el silencio de las oenegés. La implementación del Acuerdo de Paz se ve transitoriamente afectada y se especula que tras la revisión de proyectos de agendas afro, de derechos reproductivos, de mujeres y LGBT+, perderán respaldo.
La directiva ejecutiva empezó a circular en la tarde del viernes 24 de enero con efectos inmediatos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos congeló por 90 días toda la ayuda extranjera a nivel global. El efecto en Colombia, el principal recipiente de ayuda de Estados Unidos en América Latina, fue instantáneo.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que tiene cientos de programas de desarrollo en el país, ordenó a todas sus oficinas a dejar de publicar nuevas oportunidades de financiación de asistencia extranjera, así como para continuar ejecutando proyectos de cooperación para el desarrollo, hasta que cada uno haya sido revisado y aprobado “como consistente con la política del presidente”, se lee en el documento que conoció este portal, firmado por Jami Rodgers, Ejecutivo Superior de Adquisiciones de USAID.
También se ven afectadas operaciones en el país de organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que atiende tanto el tema de desplazamientos forzados como de migración, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además estaría congelada la ayuda antinarcótica.
Tras la investidura presidencial el pasado 20 de enero, Donald Trump hizo pública esta decisión a través de una de las decenas de órdenes ejecutivas que firmó ese día.
Según la directriz, mucha de la ayuda extranjera actual no está alineada a los intereses y valores estadounidenses y “sirven para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armónicas y estables internas y entre países”.
“En 45 años de existencia del actual plan de cooperación del Departamento de Estado de Estados Unidos, eso nunca había pasado”, señaló una de las pocas voces de una organización que recibe fondos de USAID que accedió a hablar con VerdadAbierta.com. La mayoría declinaron ser entrevistadas por temor a las represalias.
Según el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), para 2025 tiene registros de 327,4 millones de dólares destinados por Estados Unidos para la financiación humanitaria en todo el mundo. De esta cifra, el 7,2 por ciento estaba destinado a Colombia, lo que representa más de 23 millones de dólares.
Para este año, Colombia ha registrado a la fecha 60,21 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos es el mayor donante, representando el 39 por ciento de toda la ayuda. En 2024, Colombia registró donaciones por 471,9 millones de dólares, de las cuales Estados Unidos había aportado el 70,6 por ciento. Se trata de una tendencia en el último lustro: desde 2019, el país norteamericano había aportado entre el 60 y 70 por ciento de toda la ayuda que recibía Colombia.
Buena parte del dinero que había destinado este año el país Norteamericano para Colombia buscaba brindar atención sobre desminado y seguridad alimentaria. Es último ha sido el sector al que más le había invertido en el país los últimos cuatro años: Estados Unidos ha invertido 316,9 millones de pesos en Colombia para seguridad alimentaria entre 2021 y 2014.
En redes algunos sectores aprovecharon para endilgarle responsabilidad al presidente de Colombia por la fricción que tuvo con el gobierno Trump el fin de semana pasado en relación a dos vuelos que transportaban connacionales deportados. “Petro no tiene nada que ver con esto”, aclaró la fuente anonimizada. “Esto para mí es un acto fundacional. El gobierno Trump está llegando por segunda vez a la Casa Blanca y quiere hacerse notar y está tomando unas decisiones de entrada que están mostrando su radicalidad”, agregó.
Washington Office on Latin America (Wola), un centro de pensamiento sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina, dijo que el efecto en Colombia del congelamiento de ayuda “va en contra de los intereses de Estados Unidos en cuanto a migración, narcóticos, otras economías ilÍcitas, seguridad y paz”.
“Hay cosas que al día de hoy no son claras, es decir, ¿qué pasa por ejemplo con el dinero que se usa para pagarle al personal? ¿Cómo pagas tú al personal si no tienes actividades? ¿Qué pasa con los contratos de arriendo?”, agregó la fuente que reservó su identidad.
La confusión es generalizada y tuvo su propio revuelo en el país norteamericano. A través de una circular interna, el pasado viernes 24 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, ordenó congelar toda la ayuda exterior, exceptuando los fondos destinados a Egipto e Israel, cumpliendo así la orden ejecutiva firmada por Trump tras su posesión.
El lunes se conoció un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) a través del cual se estableció el congelamiento de fondos y la cual entraría en vigencia el martes en la noche. Pero antes de que se cumpliera el término, una jueza federal en Estados Unidos suspendió la directriz presidencial sobre el congelamiento de asistencia federal y programas de subvenciones hasta el 3 de febrero, término de tiempo hasta el que oenegés y el gobierno estadounidense deben discutir los términos de estas medidas.
Fue así como el miércoles la Oficina de Administración y Presupuesto rescindió el congelamiento de subvenciones federales y otros programas. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, precisó que la decisión se toma sobre el memorando interno, pero que “las órdenes ejecutivas del presidente sobre la financiación federal siguen en pleno vigor y efecto, y se implementarán rigurosamente”, señaló a través de X.
En medio de ese limbo quedaron las organizaciones sociales de Colombia, pues hasta el momento, a pesar de haber quedado sin efectos el congelamiento de fondo dentro de Estados Unidos, las restricciones a la cooperación que designa a otros países siguen en pie.
Cooperación para el desarrollo, congelada
La decisión contempla un plazo de 90 días para revisar que la cooperación esté alineada con temas de interés del gobierno de Estados Unidos, que no tenga ningún vínculo con enemigos de ese país y que no subsidie acciones que pongan límites a ese gobierno.
La cooperación para el desarrollo busca impulsar las condiciones de los países para que no dependan de la ayuda externa, sino que tengan capacidad para desarrollarse por ellos mismos. “Hay que reconocer que en los países de la región, particularmente Colombia, ni el Estado ni la empresa privada ni la filantropía tienen el músculo para entrar a copar ese escenario en caso de una salida de la cooperación estadounidense. Podríamos estar ad portas de un debilitamiento financiero que lo que haga sea limitar la participación de la sociedad civil en un momento tan histórico como el que tenemos en Colombia”, lamentó otra fuente que pidió la reserva de su nombre.
USAID en Colombia venía desarrollando diversos programas para prevenir violaciones de los derechos humanos y dar respuesta a las violencias que atraviesa el país. La organización se interesaba en varias líneas, que abordaban justicia, migración, derechos humanos, emprendimiento o sostenibilidad.
Una de estas era el programa InspiraPaz que durante cinco años contribuiría a la paz y estabilidad de Colombia. De esa manera, el gobierno extranjero venía trabajando con oenegés como La Fundación Ideas para la Paz (FIP), Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Pastoral Social de Colombia y la Ruta Pacífica de las Mujeres.
También la cooperación llega a las arcas del Estado. Este anunció afecta la reforma rural del país, la justicia transicional, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y otros aspectos de la implementación del Acuerdo de Paz.
En lo que respecta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se conoció que se vieron afectados cerca de 15.000 millones de pesos. En una publicación en la red social X, Gustavo Petro anunció que el gobierno nacional reemplazaría con su presupuesto los fondos congelados a la JEP provenientes de Estados Unidos, siguiendo su compromiso con la verdad y la justicia del conflicto.
“La cooperación estadounidense, sobre todo en los años 90 y en la primera década del 2000, a partir del gobierno de Bill Clinton, creció muchísimo. Es la cooperación más grande del mundo, está comprometida con muchas agendas sociales, y ahora está paralizada en el mundo”, precisó una fuente del sector que pidió la reserva de identidad.
“Entendemos que Estados Unidos no se va a quedar sin cooperar. Quedar fuera de las cooperación es quedarse fuera del escenario internacional, pero sí es claro que quieren ajustar la cooperación a su mandato ideológico”, agregó. Sin embargo, bajo consignas como “América Primero” con la que el gobierno Trump ha planteado su política exterior, sugiere que va a buscar mayor distancia de los asuntos de otras naciones.
La decisión de congelar fondos ya está afectando el trabajo, capacitación y formación que decenas de organizaciones en el país estaban llevando con víctimas del conflicto o migrantes. De otra parte, los equipos de trabajo de estas entidades quedan sin sustento, viéndose en la necesidad de suspender contratos, a no ser que la organización tenga cómo mantenerlos. Este portal conoció que algunas organizaciones humanitarias tuvieron que prescindir del trabajo de más de una docena de personas, a las que les suspendieron sus contratos.
“Pero también en Colombia y en América Latina es un recurso que se usa para pagar albergues, hospitales, centros educativos o centros de acción. Todo esto queda suspendido”, recordó una de las fuentes consultadas por este portal.
El documento firmado por Rodgers que le llegó el pasado viernes a la organizaciones sociales en Colombia señala unas exenciones de la pausa prevista en la orden ejecutiva, por las que quedaría excluida la “ayuda alimentaria de emergencia y los gastos administrativos, incluidos los salarios, necesarios para administrar dicha ayuda”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, algunos manifiestan su preocupación de cara a la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo y en donde la movilidad humana es uno de los asuntos coyunturales en los que la asistencia de distintas organizaciones ha buscado contener. “Suspender servicios en crisis humanitaria es poner en jaque la vida de la gente”, concluye una fuente que pidió la reserva de su nombre. (Leer más en Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)
Las agendas que se especula más se verían afectadas serían las que abordan temas de comunidades afrodescendiente, de salud sexual y reproductiva, de mujeres y de género y diversidad sexual. Sobre la agenda de cooperación en asuntos LGBT, que en el mundo lleva cerca de 20 años, se especula que serían más duras las medidas del gobierno estadounidense, en particular contra las personas trans y no binarias, así lo analiza una fuente que pidió la reserva de su nombre.
*Nota de la redacción: Aunque VerdadAbierta.com recibe donaciones de diferentes agencias de cooperación internacional, actualmente no ejecuta fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos.
