Desde la oleada de violencia en Arauca tres años atrás, los catatumberos temían que, de igual manera, la situación humanitaria se agravara en su territorio. Desde la semana pasada, decenas de víctimas mortales, de un número aún por establecer, enseñan la peor cara del conflicto entre disidencias de las Farc y el ELN. Mientras naufragan los diálogos de paz, organizaciones sociales y firmantes de paz piden ser escuchados para direccionar el accionar institucional.
El pasado jueves en horas de la noche, Javier* se movilizaba por la vía que va del casco urbano de Tibú a La Gabarra, cuando a la altura de la vereda Km 25 las ráfagas de fusil sostenidas entre ‘elenos’ y disidencias de las Farc lo frenaron. La comunidad le advirtió que se resguardara porque ya iban varios muertos en el pueblo. “La gente muy atemorizada y de ahí para acá, mejor dicho…”, lamenta el líder.
A la mañana siguiente, en diferentes caseríos del Catatumbo, miembros del ELN fueron casa por casa sacando personas, que después fueron encontradas sin vida. El temor se propagó y ese mismo día, en caravana de motos y carros, ondeando banderas blancas, cientos de docentes salieron huyendo de El Tarra y Tibú.
Varios enfrentamientos se propagaron por la región los días posteriores, dejando una situación sin precedente en el departamento de Norte de Santander: al menos 80 muertos —de estos, cinco firmantes del Acuerdo de Paz— , 20 heridos, decenas de secuestrados y miles de desplazados, según informó este domingo el gobernador del departamento, William Villamizar.
Aunque se han presentado varios combates en los municipios de El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y la zona norte de San Calixto, la situación es más aguda en Teorama y Tibú. Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, 11.000 personas han sido desplazadas en la región durante esta crisis, las cuales, en su mayoría, han llegado a la cabecera municipal de Ocaña y Tibú y la ciudad de Cúcuta.
Entre los cientos de desplazados que la administración municipal de Cúcuta acomodó en el estadio General Santander, Javier ahora se alista para volver a zona rural de Tibú, a pesar de la situación. “Yo tenía un tío que decía: ‘mejor vivir entre las balas y tener la comida, y no estar por ahí mendigando”, expresó, lamentando la manera en que se está atendiendo la crisis humanitaria del Catatumbo. Cansado de una guerra eterna.
A pesar de que disidencias con el ELN hacían presencia en todos los municipios del Catatumbo, líderes de la región señalan que las tensiones empezaron desde hace dos años, cuando con diferentes acciones cada uno fue declarando control sobre ciertas regiones y restringiendo la movilidad. Luego se presentaron retenciones de hombres de un grupo al otro. Después, empezaron a tener lugar las balaceras. Finalmente, los muertos en enfrentamientos.
El riesgo estaba ampliamente advertido, recuerda Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar. “Las organizaciones de derechos humanos, en distintos espacios y mecanismos de interlocución que tenemos con el gobierno nacional hemos discutido el riesgo evidente de que se desencadenara una guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc”, expresó. “El gobierno nacional hizo muy poco para parar esto”, agrega.
En distintas Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que se asomaba para ocho municipios del Catatumbo. En la última de estas, fechada el 15 de noviembre del año pasado, llama la atención sobre la escalada de violencia que venía ejerciendo el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Calarcá’, hacia municipios de Santander y sur de Cesar.
El asesinato de líderes y firmantes de paz alertó la situación a nivel internacional. Algunos de ellos, optaron por esconderse ante el inminente riesgo de muerte. Es el caso de José del Carmen Abril, líder social fundador del municipio de Convención. “Hoy temo por mi vida, porque han ido a la casa a buscarme cuatro veces el ELN”, denunció en un video el líder.
En un segundo testimonio, su hijo, Dairo Abril, un firmante de paz, le imploró al gobierno que no dejaran que le arrebataran a su padre. Carmito Abril, como lo conocen en su comunidad, fue rescatado por el Ejército Nacional en una extracción aérea el pasado viernes. De la misma manera familias de excombatientes y líderes sociales han sido liberados y extraídos del territorio por el gobierno.
Gran parte de la responsabilidad de esta violencia se le ha atribuido al ELN, estructura con la que el gobierno suspendió diálogos de paz.
“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado viernes. Este lunes, volvió a pronunciarse señalando al ELN de perder su rumbo revolucionario y ser un estructura ‘narcoarmada’. “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo”, expresó.
Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas.
La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2025
Unas horas después, Petro declaró conmoción interior y el estado de emergencia económica. La primera es una figura constitucional que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público.
Cañizares recuerda que exigirle al ELN que no se levantara de la mesa hacía parte de evitar que empezaran las confrontaciones con las disidencias.
Ya en los últimos días, el comandante General de las Fuerzas Militares, Francisco Hernando Cubides, había anunciado el fortalecimiento de las operaciones militares en la región. Cerca de 300 efectivos fueron dispuestos para fortalecer la seguridad del Catatumbo, según anunció el Ministerio de Defensa.
Antes de esta oleada de violencia, el país se había conmocionado por la masacre del dueño de una funeraria, su esposa y su bebé de seis meses el pasado 15 de enero. Les arrebataron la vida cuando un grupo armado abrió fuego contra el vehículo en el que se movilizaba la familia López Durán, en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. A la fecha, ningún grupo se ha atribuido la autoría y se endilgan la responsabilidad unos a otros.
Aunque varios expertos han apuntado a una relación de este hecho con la violencia que experimenta la región, lo cierto es que aún hay muchas preguntas y las familias siguen silenciadas por el fuego cruzado.
En un comunicado difundido el pasado domingo, el Frente de Guerra Nororiental del ELN señaló que el “fracaso” del Acuerdo de Paz ha conducido a cientos de excombatientes a vincularse a grupos armados ilegales “al servicio del narcotráfico, bandas, a los organismos de seguridad del estado”. Bajo esa idea, el grupo armado acusa al Frente 33 de las disidencias de estar conformado por varios firmantes de paz que están actuando como combatientes y milicianos. De esa manera, el ELN justificó el asesinato de los firmantes de paz y del resto de población civil.
“Jugaban a dos bandos, por un lado ponían la cara ante la JEP para recibir prebendas y por otro integraban las filas del 33, prueba de ello son las armas, logística y cocaína decomisada en las operaciones contra estos sujetos”, se lee en el comunicado.
Una vocera del partido Comunes, que pidió la reserva de su nombre, expresó que estos señalamientos ponen en riesgo a toda la población firmante y a sus familias que, desde todas las orillas, los han catalogado como traidores a la causa revolucionaria. Camilo Fagua, abogado defensor de varios firmantes trae a colación las estadísticas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que muestran que más del 90 por ciento de los excombatientes se mantiene en su proceso de reincorporación
“Asesinar, desplazar, amenazar firmantes es una manera de demostrarle al gobierno que un Acuerdo de Paz en Colombia es inviable. Es decirle: ‘no dejo las armas porque si dejo las armas, paso al lugar de ese tipo que ahora no se puede defender por sí solo’ y que tampoco la arquitectura de la implementación del Acuerdo tiene cómo responderle”, expresó la vocera de Comunes.
Sin salidas
“Estas son comunidades que han sufrido mucho el rigor del conflicto armado: grandes operaciones militares, el control estricto de grupos guerrilleros toda la vida, el paramilitarismo del 99”, lamenta Cañizares. Ahora, con la guerra entre disidencias y ‘elenos’, las familias actúan bajo el instinto que siempre han conocido: sobrevivir.
“Ambos actores tienen una responsabilidad política inmensa en la que están afectando gravemente a la población y hasta ahora, ante la historia, son responsables de una crisis humanitaria que no veíamos en 20 años”, expresó Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
La violencia contra la población civil, según coinciden varios analistas, se centra en que para uno y otro bando los líderes sociales, firmantes de paz y población en general son el apoyo o “la base social” de su enemigo, por el simple hecho de vivir en un territorio controlado por dicho actor. En otros casos, por ser familiares de personas armadas del grupo enemigo.
“El tema financiero siempre es importante, pero lo que uno supone es que en el fondo hay una decisión de quedarse uno solo en el territorio. Así lo ha dicho ‘Richar’ —comandante de las disidencias de las Farc en el Magdalena Medio— , según un audio que estaban difundiendo, el hombre dice: ‘aquí no cabemos dos’”, explica Cañizares.
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, resalta que estos enfrentamientos están mediados por la reconfiguración armada de las estructuras ilegales que obedece no solo a la situación del Catatumbo, sino a una dinámica nacional de divisiones y reacomodaciones. Según explica, durante las negociaciones de paz que ha llevado el actual gobierno, el Frente 33 había venido afianzando su presencia en esta zona fronteriza con Venezuela. Con estos enfrentamientos, cree que distintas estructuras del Magdalena Medio se reacomodarán en la zona para apoyar las confrontaciones.
Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN movilizó tropas ubicadas en el departamento de Arauca para lograr su violenta arremetida en el Catatumbo.
Está confirmado que integrantes del ELN fueron llevados de Arauca al Catatumbo y participaron en una expedición sanguinaria. Esto genera un fortalecimiento en esta zona que, por la acción de las @FuerzasMilCol, será transitorio. En la segunda fase, cuando despleguemos la… pic.twitter.com/R96iKhkuHz
— Mindefensa (@mindefensa) January 20, 2025
“Andrey (Avendaño) —jefe de las disidencias de las Farc— ya había advertido que el ELN iba a hacer una arremetida para sacarlos de la zona”, recuerda la investigadora. El escalamiento de las hostilidades en el que está vinculado el Frente 33, aunque no es una violación al cese al fuego con el Estado, para varios sectores sí desestima su voluntad de paz. “Más cuando quien los representa en la mesa es uno de los que comanda este Frente”, aclara Cabezas.
Sobre esto, a la vocera de Comunes que reservó su nombre le preocupa que en este momento la fuerza pública no puede entrar al Catatumbo a confrontar al ELN porque tienen “una mesa incipiente con los de ‘Calarcá’, entonces corren el riesgo de no saber si se van a enfrentar con los del Frente 33”, expresó.
“Como organizaciones, nos habíamos pronunciado múltiples veces, nos habíamos movilizado junto con las poblaciones campesinas, habíamos hecho incidencias frente a las delegaciones de paz en las mesas de diálogo de ambos actores, pero la conclusión que podemos sacar hoy es que ninguna de las dos partes hizo caso al clamor de las comunidades de que este tipo de enfrentamientos solamente va a generar mucho dolor y sangre en nuestro territorio”, lamenta Quintero.
La investigadora de Indepaz resalta que a la situación se suma la inestabilidad que atraviesa las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela y las acciones que ha tomado el ELN para mantener el poder fronterizo sobre economías ilegales como las extorsiones al sector de hidrocarburos, el narcotráfico o la extracción de coltán y oro.
“Se viene una oleada de violencia que si no se atiende desde el gobierno puede generar una emergencia humanitaria gravísima en los próximos meses, muy parecida a la que vimos en 2022 en Arauca, cuando se tomaron el estado de Apure en Venezuela”, explica Cabezas.
Sobre esto concuerda Cañizares de la Fundación Progresar, quien recuerda que desde los hechos ocurridos en Arauca empezaron a correr rumores de que esa guerra se trasladaría al Catatumbo, en especial donde el control social y militar lo compartían ambas organizaciones armadas. “Lo preocupante es que se repita lo de Arauca… Esto que está arrancando no sabemos en que vaya terminar si no hay una actuación de la sociedad civil, las autoridades locales y el gobierno Nacional”, lamenta. (Leer más en Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)
Una fuente de una organización social que pidió la reserva de su nombre por seguridad recuerda que en el caso de Arauca, entre 2022 y 2023 esta guerra entre ambos actores dejó un saldo de 200 muertos del lado colombiano, pero con un número de víctimas sin establecer del vecino país. “Ahora en Catatumbo los homicidios parecen ser sistemáticos y tienen características de un plan sistemático de exterminio”, señala.
Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/qS1dWLNhaU
— Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) January 17, 2025
Buscando soluciones
Ante la posibilidad de declarar conmoción interior en Catatumbo, como lo esbozó el presidente Petro, líderes como Quintero ven con preocupación que se agudice más la situación. “Militarizar la cotidianidad de la sociedad catatumbera puede generar una situación muy compleja que la organización que yo represento, no compartimos”. Por el contrario, el líder considera que debe insistirse en habilitar diálogos sociales, el principal, el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, con la cual se vincule las visiones de diversos actores sociales del territorio.
Por su parte Cañizares crítica que para este gobierno las organizaciones de derechos humanos no han sido escuchadas. “El movimiento de derechos humanos, para este gobierno, no existe”, cuestiona. Según él, las 750 organizaciones sociales que hacen presencia en 27 territorios en conflicto en el país no han podido discutir con el presidente la lectura de lo que está ocurriendo en las regiones.
“Otty Patiño sólo se escucha a él, allá en el palacio (Casa de Nariño)”, asegura y agrega que “la forma en que han abordado el diálogo con los actores ilegales ha sido un fracaso porque no han protegido a nadie y todo el tiempo hemos gritado, porque no nos escuchan, que aquí el centro de toda estrategia, de toda política de paz y de diálogo, debe ser proteger a la gente donde hay emergencias humanitarias”, señala.
Por su parte, la vocera de Comunes que pidió la reserva de su nombre, resaltó que ese colectivo aún no termina de descifrar el compromiso de Petro con la implementación del Acuerdo de Paz y criticó la decisión de realizar ceses al fuego con los actores armados en la estrategia de Paz Total, atando las manos a la fuerza pública y posibilitando la movilidad de varios de estos armados por el territorio. “Incluso con recursos del estado como esquemas de protección, camionetas”, reprocha.
Según explica, cientos de núcleos familiares en el espacio de reincorporación Caño Indio de Tibú, así como el resto del Catatumbo, permanecen en riesgo. Algunos de ellos siguen discutiendo cómo sacarlos de la zona, pero el gobierno no ha trazado los canales de interlocución para hacer labores articuladas. “Si hay un PMU (Puesto de Mando Unificado) con los ministros, ¿por qué no nos llaman a nosotros?”, reprocha.
Cañizares también llama la atención sobre la responsabilidad militar. “Aquí también hay gente dentro de la fuerza pública y el Estado que ha jugado a dejar que se maten entre ellos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la guerra entre el EPL y el ELN. Era una cosa descarada: el alto mando militar salía a decir que se estaban matando entre bandidos”, expresó el defensor de derechos humanos.
Se refiere a la guerra entre estos dos grupos que estalló en 2018 y según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 109 personas civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo. (Leer más en En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl)
Juana Cabezas, desde Indepaz, señala que, además de atender la situación humanitaria de manera integral, el gobierno debe llegar al Catatumbo más allá de la acción militar y garantizar su presencia para quitarle el poder a los actores armados. “Hemos visto cómo el Frente 33 en los últimos meses ha inaugurado obras o construcciones viales, dejando de lado el control que debería tener el Estado”, explica. Incluso, en un video que circula por redes en diciembre del año pasado, se observa a hombres repartiendo regalos en un barrio de Cúcuta y dicen hacerlo a nombre de ‘Jhon Mechas’, ‘Richard’ y ‘Andrey’, comandantes de las disidencias.
El vocero de Ascamcat se pregunta si ambos grupos van a volver a respetar las reglas de la guerra. “Aquí lo que hay son crímenes de guerra, hay una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, independiente (de) si hay acusaciones o no. Hay unos juicios apriori a pena de muerte a gente desarmada”.
En esto coincide la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien precisó que hay una vulneración generalizada del principio de distinción. “Hay ataques indistintos a excombatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas”, expresó a través de un video de X.
Según precisó Ortíz, a partir de reuniones con las organizaciones sociales y autoridades territoriales de la región, las exigencias que le hacen a los armados se centran en el respeto a la vida y el DIH, la libertad de los secuestrados y la necesidad de establecer corredores humanitarios para evacuar a las familias en riesgo, ingresar alimentos y extraer los cuerpos de las personas asesinadas.
También solicitaron a los grupos armados que levantaran las restricciones a la movilidad en todo el territorio, así como que cesaran la estigmatización de la población y las autoridades que son acusadas de colaborar con alguno de los grupos, evitando cualquier tipo de represalia contra ellas.
“Que las garantías no sólo sean para los grupos, sino también para nosotros los campesinos del Catatumbo”, expresó Javier antes de volver a su tierra asediada por las balas.
*Nombre cambiado por seguridad.
