Contrario a lo que se esperaba, con la dejación de armas de las extintas Farc y la puesta en marcha de las denominadas políticas del posconflicto, en la Amazonía se dispararon la deforestación y se agudizaron otros problemas relacionados con el uso de la tierra. El surgimiento de nuevos actores armados empeoró la situación.
El municipio de San Vicente del Caguán fue orientado sobre la idea de un desarrollo económico basado en transformar una parte de la selva en potreros, al mismo tiempo en que se incluyó grandes extensiones de su territorio en una vasta reserva forestal. Mientras existía el dominio de la región de la otrora guerrilla de las Farc, hubo cierto control para que las fronteras de la ganadería no se extendieran a las áreas protegidas.
Pero hoy, la inadecuada implementación del Acuerdo de Paz que puso fin a esa fuerza guerrillera, ha agudizado algunos problemas socioambientales que afectan la conservación de la Amazonía colombiana, y ha estimulado otros como la deforestación desmedida.
Desde los años 60 el desarrollo de la ganadería en este municipio de Caquetá fue impulsado desde diferentes entidades del Estado y apoyado por grandes corporaciones económicas. Y en ese sentido ha sido un éxito. San Vicente del Caguán, con una población de 54.150 habitantes, concentra el mayor número de ganado en todo el departamento: según el Comité Ganadero del Caquetá, en 2022 había alrededor de 910.976 cabezas de ganado, casi 17 vacas por cada habitante.
Al mismo tiempo, la Ley Segunda de 1959 estableció la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía que abarca el 80 por ciento del área de San Vicente. Así mismo, en este territorio se encuentran porciones representativas de las áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales Picachos y Chiribiquete.
Pero las medidas que buscaban preservar las áreas protegidas en realidad han llevado a una situación de falta de control estatal sobre los bosques y es precisamente en esas zonas en donde hay mayor deforestación.
Deforestación, conflicto y paz
El comportamiento de la deforestación en San Vicente del Caguán está intrínsecamente relacionado con las dinámicas de conflicto y paz.
Luego del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc aumentó la deforestación, ya que la salida de la guerrilla más antigua del continente y su reagrupamiento en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), implicó la desaparición de los controles sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que eran ejercidos por ese grupo armado en las poblaciones donde hacían presencia.
Así lo identifica Eliana Hernández, una lideresa de San Vicente del Caguán: “Antes del 2016 no había deforestación porque el actor armado ejercía un rol de ‘cuidado’. Pero cuando dejó de hacerlo, entonces también empezó con estrategias para entregar (tierras). Hoy en día hay una dinámica diferente, si el actor armado dice no tale más, San Vicente no (tala), pero si el actor armado dice: ‘Hay que entregarle esta tierra a los campesinos’, hay que ceder (talar) y hacer”.
Para Marta Cecilia Díaz, Subdirectora de Gestión y Riesgo y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, la relación entre las dinámicas de paz, conflicto y deforestación, están atravesadas a su vez por la falta de una planificación que vincule a las comunidades: “No hubo una correcta planificación del territorio después de la firma del Acuerdo Final de Paz, puesto que se requiere ejercer procesos de gobernanza, liderados por comunidades campesinas y étnicas que viven cerca de áreas protegidas, lo que ha afectado su forma de vida y su relación con el entorno natural, como también se han visto expuestos a amenazas”.
La ausencia histórica de una distribución de tierra acorde a su función social y ecológica es causante de los procesos de colonización campesina en zonas exclusivas para la preservación. Asimismo, estas zonas han sido marginadas del acceso a bienes y servicios fundamentales, ya que las figuras de protección ambiental llevan consigo la idea que el acceso de estos estimularía la ocupación de estas zonas.
Sin embargo, para Visnu Posada, experto en Ley Segunda, esta idea, lejos de desestimular la colonización de la selva, ha permitido el desarrollo de economías que han sido en gran medida causantes de la deforestación de la amazonia.
“Que las zonas de frontera tengan menos infraestructura y acceso a derechos es premeditado. La debilidad y la construcción de estas figuras municipales o de estas gobernaciones con territorios tan amplios y tan alejados, se sustenta en que las economías que se producen en estos lugares son funcionales a unos mercados internacionales… tierra barata… y mano de obra barata (es lo que hay)”, plantea el investigador.
Y las cifras anuales respaldan su planteamiento.
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En municipios como San Vicente del Caguán, en donde el trayecto entre las zonas rurales y la cabecera urbana supera las cinco horas, existe en sus regiones alejadas una gran ausencia de infraestructura y servicios básicos. Y bajo estas condiciones difícilmente se han podido instalar actividades productivas distintas a producción de ganado en pie o economías ilegales.
El conflicto sigue y suma
A lo anterior se suma el nuevo estado de guerra y la actual dinámica del conflicto, caracterizada por el surgimiento de disidentes de las Farc como el Estado Mayor Central (EMC), sus facciones y la Segunda Marquetalia, que se enfrentan a sangre y fuego entre sí por el control territorial, teniendo una fuerte incidencia en la dinámica de la deforestación.
De acuerdo con el Informe Preliminar del 2023 presentado por la FIP, sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño “el EMC también ha impulsado colonizaciones dirigidas a baldíos de la nación y al resguardo (indígena) Yaguará II, mientras que en otras zonas de control han impuesto multas y castigos para prevenir la deforestación y las quemas. Esto parece ser un ‘gesto de buena fe’ ante las negociaciones de Paz Total, ya que antes de estas el grupo fomentaba la tala y quema en zonas de importancia ambiental como el Parque Nacional Natural Los Picachos”.
De igual manera, resalta el International Crisis Group, en un informe publicado el pasado 18 octubre, que el EMC ha demostrado que puede utilizar su poder sobre la región como una ficha en las negociaciones con el gobierno. Luego de que las conversaciones colapsaran, en parte causado por las divisiones internas del EMC, se ha disparado de nuevo la deforestación, pues se nota un gran aumento en el primer semestre de 2024.
Para la investigadora Karla Díaz, de la Asociación Ambiente y Sociedad, hay una clara relación entre la perpetuación del conflicto armado y la sostenibilidad ecológica de la Amazonía, marcada por la dependencia de los actores armados en la captación de rentas de las economías que afectan los ecosistemas.
“Existe una posibilidad de captación de recursos por parte de actores armados y esto no es postacuerdo, esto es una dinámica continua en donde economías ilegales terminan financiando economías legales: el acaparamiento (tierras) en gran medida y la dinámica de expansión ganadera, generan unos excedentes que terminan financiando la guerra”, señala Díaz.
Y prosigue: “Esto pasa con las vacunas (extorsiones), con las cuotas por ganado, con el pago de actores económicos y con mucho dinero para que permitan deforestar. Yo creo que aquí lo que sucede es cómo se captan recursos, y cuando se captan recursos, el actor armado se ata a estas dinámicas y se hace dependiente de estas dinámicas de acaparamiento y acaparamiento hay hace mucho tiempo”.
Además, la investigadora concluye respecto a la acumulación de tierra por parte de terratenientes: “Yo creo que quien tiene claro quién está acaparando tierra, más que cualquier otro, es el actor armado. Y en gran medida se permite. Entonces creo, por ese punto de la captación de recursos, que sí puede haber una permanencia de conflictividades frente a la permanencia de los actores armados”.
Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra
A pesar de que en la Amazonía existen figuras de protección y manejo desde la primera mitad del siglo XX, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la declaratoria de Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y Chiribiquete, y teniendo en cuenta el papel que cumple gobernanza comunitaria por parte de campesinas e indígenas en la protección de la Amazonía, aun así, se viene dando un constante proceso de deforestación.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Zonas de Reserva Forestal, pese a no ser áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), son consideradas como una estrategia de conservación in situ que aportan a la protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.
Sin embargo, a la vez que se realizaron las declaratorias de área protegidas y zonas de reserva forestal, el Caguán vivió uno de sus auges de colonización más intensos, marcados por el desplazamiento producto del conflicto social y armado bipartidista, iniciado desde el 9 de abril de 1948, y por los programas de colonización que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Esa contradicción es la génesis del actual conflicto socioambiental de ocupación y hábitat en zonas de reserva forestal y áreas protegidas. No obstante, en algunos casos, como lo ilustra el líder campesino Jorge González, de la Inspección Troncales, la ocupación del territorio se dio incluso antes de la declaratoria de estas áreas y enfatiza en cómo estas áreas han implicado obstáculos para el desarrollo de su comunidad.
“Al ser zona de Ley Segunda, el gobierno no invierte por motivos constitucionales. Entonces nos ha tocado a nosotros mismos hacer carreteras, hacer puentes… donde hay veredas que tienen personería jurídica del 60, del 50, inclusive, mucho antes de que surgiera esta Ley Segunda de 1959”, indica González.
Además, recalca que el hecho de que existan veredas que fueron fundadas entre 1920 y 1940, antes de la formulación de la Ley Segunda, demuestran que estaban antes de que existiera ese ordenamiento jurídico que no los tuvo en cuenta: “Entonces vinieron y nos marcaron poniéndonos Tipo A y Tipo B donde ya estamos viviendo”, refiriéndose a la distribución de las zonas de Ley Segunda, según su tipo de demarcación y uso de la tierra.
Tanto la Ley Segunda como las áreas protegidas han limitado que familias que llevan casi un siglo viviendo en este territorio puedan acceder a servicios y bienes, lo cual también ha dificultado la implementación del Acuerdo de Paz.
Varias de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que eran las principales apuestas para transformar el campo y acabar las causas que sostienen el conflicto armado, han encontrado barreras en las leyes de manejo y protección ambiental. Dichas limitaciones han surgido especialmente en la realización de inversiones en proyectos productivos y el desarrollo de infraestructura, pues requieren de la formalización de la propiedad de la tierra y estar al día jurídicamente.
“No se ha podido avanzar ni en ese tema de poder entregar al campesino, ni en la titulación de su propiedad, ni mucho menos en el reconocimiento de derechos, como, por ejemplo, una batería sanitaria”, dice Eliana Hernández, lideresa en San Vicente.
Pero no todo está perdido.
La implementación del Acuerdo Final de Paz no solo constituye una oportunidad para la transformación social de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado, sino que también es una oportunidad para atender los históricos conflictos socioambientales presentes en el Caguán, por medio de la generación de acuerdos y fortalecimiento de las figuras que habían acogido formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Entre ellas están las que giran alrededor del reconocimiento de la ocupación histórica, a través de estrategias que permitan generar un ordenamiento del territorio, de acuerdo con su función social y ecológica, como son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las cuales son mencionadas en el Punto 1 del Acuerdo de Paz.
En este pacto de paz se apuesta por “la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola”, además reconocer el papel y la contribución que los campesinos, campesinas, raizales y palenqueros y demás comunidades étnicas han hecho al territorio desde un ordenamiento sostenible. Indica que “para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de asociatividad solidaria”.
El 30 de agosto de 2024, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, firmó la modificación del Decreto 1777 de 1996 sobre la reglamentación de Zonas de Reserva Campesinas, indicando que la nueva normatividad permitirá que “quienes están en los territorios de la Ley Segunda, que han construido ahí su vida, que han cuidado, hoy van a poder ser reconocidos por el Estado”.
Al cierre de esta investigación, se habían adelantado dos solicitudes de Zona de Reserva Campesina en el Caquetá, entre ellas la ZRC Cuenca del río Orteguaza y San Pedro, que recoge localidades rurales de los municipios de Doncello, La Montañita, Paujil, y Florencia; y la ZRC Sur, que abarca el Piedemonte, Curillo y San José de Fragua.
“(Es) una apuesta conjunta por ordenar nuestros territorios, reconocerlos y entregarle al campesinado las herramientas necesarias y suficientes para proteger la vida, para proteger la biodiversidad, para hacer de sus territorios la paz”, dijo Carvajalino.
Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la paz en Colombia. Las opiniones y planeamientos expresados no reflejan, ni comprometen la visión del Fondo.
