En un nuevo informe, el International Crisis Group plantea que, a corto plazo, las negociaciones con el Estado Mayor Central pueden ser la única manera de controlar la tala indiscriminada en las regiones amazónicas del país.
Durante décadas, el conflicto armado sirvió, paradójicamente, para proteger a los bosques de la Amazonía colombiana de la deforestación. Hoy, sin embargo, el Estado Mayor Central (EMC) que tiene el control principal de la región ha demostrado que utiliza ese poder como una ficha en las negociaciones con el gobierno, según el informe Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano, del International Crisis Group (ICG).
En este momento, el EMC, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha demostrado que tiene el poder para reducir o aumentar la deforestación en la Amazonía. Por eso, en el corto plazo, Crisis Group insta al gobierno colombiano a continuar negociando con los grupos armados y buscar formas para detener la deforestación..
“Aunque han enfrentado obstáculos, las conversaciones de paz siguen siendo prioritarias tanto para mitigar el conflicto como para proteger el medio ambiente”, dice
Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia. Pero enfatiza la urgencia de que el Estado recupere su autoridad sobre la Amazonía.
“A través de conversaciones de paz y estrategias de seguridad más robustas, el Estado colombiano debe buscar garantizar el acceso de las autoridades civiles a las regiones afectadas. El gobierno necesita una estrategia de seguridad que se centre en los deforestadores a gran escala y proteja a las poblaciones sometidas a vivir bajo el dominio armado”, indica.
El informe se publica en momentos en que Cali se prepara para servir como anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.
Guerra, paz y el medio ambiente.
ICG explica que antes del Acuerdo de Paz, las Farc protegían los bosques del país de la tala indiscriminada para ocultar el movimiento de sus tropas de la vigilancia aérea estatal. Los taladores que infringían las normas podían ser sancionados con multas, desplazamientos forzados o tareas como reparación de puentes.
En 2014, cuando se anunció el alto al fuego unilateral por parte de la guerrilla como parte de los diálogos de paz, la deforestación comenzó a aumentar significativamente.
Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República la situación empeoró. Mediante la Operación Artemisa, ofensiva contra los infractores ambientales implementada durante este gobierno, se detuvo a más de 200 personas y se abrieron investigaciones en la Fiscalía General. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la época, gracias a la Operación Artemisa se recuperaron 21.480 hectáreas de bosque en diferentes regiones del país.
Sin embargo, Crisis Group asegura que la deforestación continuó a ritmo acelerado durante la administración Duque y que, además, las comunidades locales fueron críticas con la operación, pues las fuerzas de seguridad perseguían a los campesinos, incluidas mujeres y hombres ancianos, en vez de enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras. Al final de este periodo presidencial, el EMC había consolidado su control sobre grandes partes de la Amazonía.
Al posicionarse como presidente en 2022, Gustavo Petro aseguró que la defensa del medio ambiente sería prioridad en su mandato. Desde el comienzo de la administración Petro, la facción guerrillera demostró su poder para detener la tala de bosques, utilizándolo como un gesto de buena voluntad durante las incipientes negociaciones. La deforestación se redujo en un 51 por ciento en las zonas de la Amazonía controladas por el EMC (y aproximadamente en una tercera parte a nivel nacional) entre 2022 y 2023.
El fracaso de estas negociaciones, en parte causado por las divisiones internas del EMC, ha disparado de nuevo las tasas de deforestación, pues se nota un gran aumento en el primer semestre de 2024.
Deforestación y lucro
Gracias a la deforestación, el EMC puede realizar actividades económicas esenciales para su financiación. El grupo armado utiliza su poder para controlar el uso de la tierra y los recursos naturales en las áreas bajo su influencia, imponiendo reglas mediante la coerción. Ellos determinan qué actividades son permitidas o prohibidas, y lo comunican a los civiles a través de panfletos.
El EMC también aplica un régimen de multas y sanciones para quienes incumplen las normas locales, utilizando un sistema de carnets de identificación para controlar a la población y exigir el pago de extorsiones.
Por otro lado, la construcción de carreteras ilegales es clave para la deforestación masiva, pues facilita la expansión de otras actividades como la ganadería, la minería y el tráfico de vida silvestre.
La deforestación también es una fuente importante de ingresos para el EMC porque permiten que se convierta en pradera tierras a cambio de dinero y facilitan la tala de bosques para políticos y élites locales. El grupo disidente también se ha beneficiado de programas como el de los bonos de carbono: según el informe, manipulan a las comunidades indígenas para que se inscriban en estos proyectos y después exigen una parte de los ingresos recibidos.
Mantener fuera al Estado
Aunque dentro de las políticas de Petro la inversión social y la participación comunitaria han sido promovidas como las mejores formas de reducir la deforestación, hay obstáculos que no han permitido que este dinero llegue a las comunidades.
Crisis Group cita tres razones principales: primero, para gobernar plenamente el área y proteger sus actividades lucrativas, como operaciones de narcotráfico, cultivos de coca, ganadería y minería ilegal, el EMC no ha permitido que las autoridades de Parques Nacionales en Guaviare entren a la Amazonía desde 2019. Hay restricciones similares en otros parques nacionales de la Amazonía, incluidos Tinigua y la Serranía de la Macarena, en Meta.
En segundo lugar, el Crisis Group dice que el grupo armado ilegal consiguió el control de algunas organizaciones de la sociedad civil, como las Guardias Campesinas. El EMC obliga a los campesinos a unirse a las Guardias y los amenazan con hacerles daño si no obedecen. La Guardia también aprueba o no las decisiones de algunas de algunas Juntas de Acción Comunal y es un intermediario entre las comunidades y los ministerios, las agencias humanitarias y otras entidades que necesitan ingresar a la zona.
Por último, las fuerzas del Estado, como militares y policías, afirman que no pueden tomar acciones concretas contra la deforestación. Aunque haya evidencia de la construcción ilegal de vías y asentamientos, “estamos bloqueados de ejecutar”, contó a Crisis Group un oficial militar del área ambiental. Sin embargo, en agosto se realizó un operativo en contra de la deforestación en el Parque Nacional Chiribiquete que los campesinos afectados denunciaron. (Leer mas: Ministra de Medio Ambiente comparó a campesinos con estructuras criminales)
Un futuro posible para la Amazonía
Se ha demostrado que el papel del EMC es clave en la lucha contra el daño ambiental, aunque las razones son de interés propio. Por eso, el informe de Crisis Group insta al gobierno a continuar el diálogo con líderes guerrilleros. A largo plazo, el Estado tiene que recuperar el acceso y control del Amazonas y velar por la seguridad y oportunidades de subsistencia para la población civil, que está bajo la asfixiante presión de los grupos armados, dice el grupo.
“El gobierno colombiano tiene una oportunidad única para ayudar a diseñar un conjunto de políticas que vinculen el medio ambiente, la consolidación de la paz y el intento por consolidar la autoridad estatal en todo el país”, se asegura en el informe. De no hacerlo en este momento, el conflicto se recrudecerá y tanto el Amazonas como las comunidades que la habitan estarán en grave peligro.
* Foto de apertura: Unidos por los Bosques – Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
