Seis altos mandos del Ejército Nacional siguen insistiendo en que no son responsables de ordenar asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en Huila, a pesar de que en medio de la audiencia de reconocimiento soldados y subalternos contaron cómo estos les exigían resultados.
Entre el 8 y 10 de agosto, en Neiva, se realizó la primera audiencia de reconocimiento y aceptación de responsabilidad del Caso 03 en Huila, donde 74 exmiembros de la Fuerza Pública contaron a más de 140 víctimas presentes los hechos que los llevaron a cometer asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles en la región entre los años 2005 y 2008.
De los 28 imputados del Ejército Nacional, fueron seis militares quienes no reconocieron su responsabilidad, pese a todos los testimonios entregados por sus subalternos que los involucran directamente. Ahora, el proceso se trasladará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) donde se hará una recopilación de información y de existir mérito se les acusaría ante el Tribunal de Paz.
Y ante esta última instancia se realizaría un juicio adversarial que les implicaría sanciones ordinarias entre los 15 a 20 años de cárcel.
En esta situación se encuentran los generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Fernando Moncayo Guacha y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quienes fueron llamados a reconocer su responsabilidad como coautores. El mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca enfrentarían cargos como autores a título de comisión por omisión.
“Los aportes de verdad que surgieron en la audiencia, servirán mucho en el proceso adversarial contra los seis comparecientes que no reconocieron. Las víctimas esperan conocer la verdad de la voz de los comandantes que continúan en negación; quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos de los crímenes. Esperan que los responsables sean sancionados de manera justa y proporcionada a la gravedad de los delitos cometidos y la responsabilidad que ostentaban”, dice Rosa Liliana Ortiz, coordinadora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio.
Desde el equipo de la defensa de estos militares dicen que ellos no reconocen su responsabilidad porque no encuentran fundamento de reproche válido, porque creen que no faltaron a ningún deber y no están de acuerdo en la forma en la que se les atribuyeron los hechos.
Será el Tribunal para la Paz quien tome la decisión de estos seis militares, pero con la información que brindaron los comparecientes en la audiencia les será complicado defenderse. Aún así, continúan teniendo la posibilidad de reconocer su responsabilidad y verdad antes de que se produzca una sentencia definitiva, que le podría dar entre cinco y ocho años, pero si no lo hacen podrían tener una pena privativa entre 15 y 20 años.
Adicionalmente, entre las peticiones de las víctimas se encuentra que se limpie el nombre de las familias y comunidades de forma pública a través de medios de comunicación, la creación de símbolos y escenarios en los que se mantenga la memoria y la reparación a las familias por no sólo el daño de los militares sino el olvido estatal durante tantos años.
La verdad de los subalternos
Durante tres días, los comparecientes dieron a conocer cómo ejecutaron el patrón criminal que hoy en día se conoce como ‘falsos positivos’, que en Huila produjo en el asesinato de 200 personas, 32 desapariciones forzadas y ocho víctimas que lograron escapar de la tentativa de homicidio, tres de esas presentes en la audiencia.
Para Gloria Orcué, representante de víctimas de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, durante todo el proceso diferentes comparecientes mencionaron cómo desde los altos mandos había una presión sobre los subalternos para mostrar esos resultados y hacerlos pasar como combates a pesar de que eran asesinatos a civiles. “Cada vez que se presentaba un hecho daba total credibilidad a pesar de que hubo denuncias no hicieron nada y al contrario facilitaron el ascenso y la entrega de medallas”, dice.
En este caso en específico la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Situaciones Jurídicas decidieron articularse al darse cuenta que las víctimas necesitaban una verdad completa y esta fue la razón para que el subcaso tuviera un alto número de comparecientes contando su historia.
“Una verdad que no sólo podía ser otorgada por los máximos responsables, sino que era necesaria que las víctimas supieran la verdad que también podían dar en detalle aquellos que no fueron seleccionados como máximos responsables en la JEP. Por eso hoy hay 28 máximos responsables y 46 comparecientes que no fueron máximos responsables”, expresó la magistrada Claudia Rocío Saldaña.
Entre los máximos responsables se encontraban tres excomandantes del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García. También comparecieron subtenientes, comandantes y soldados profesionales del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la Novena Brigada.
El departamento de Huila fue uno de los escenarios ‘prodigiosos’ para cometer estos crímenes debido a la posición geoestratégica que tiene gracias al río Magdalena y al valle interandino. Desde 1993 las extintas Farc expandieron su poder hacia el sur del país. Por este motivo, la Quinta División del Ejército, a través de la Novena Brigada, desplegó sus fuerzas para retomar el control sobre todo con la política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, haciendo que la guerrilla se alejara.
Debido a la presencia militar, las Farc decidieron tener otra estrategia y los enfrentamientos disminuyeron pero las fuerzas militares siguieron reportando un alto número de bajas en combate para ser presentados como guerrilleros y reportar ante la opinión pública que estaban trabajando por la paz del país.
En medio de la audiencia, el teniente coronel (r) Yair Salamanca, reconoció que requirió a sus subordinados que presentaran bajas en combate simulando los enfrentamientos y falsificando los informes. “Se empezaron a establecer operaciones pero los resultados eran mínimos, no eran los esperados. Entonces me reuní con el oficial de inteligencia Luis Carlos Aguilera, le ordené tomar contacto con grupos al margen de la ley para identificar a las personas que íbamos a asesinar y luego llevarlas donde se encontraban los grandes pelotones con el fin de cegarles la vida”.
Y es que para los representantes de las víctimas es claro que había coordinación entre las planas mayores y los comandantes de compañía, de ahí la existencia de los tres patrones macro criminales identificados por la JEP, cumpliendo las etapas de planeación, ejecución y encubrimiento, las cuales guardaban muchas similitudes entre sí. La cadena de mando no se rompía. Todo obviamente obedeciendo la política del conteo de cuerpos, como afirmó Rosa Liliana Ortiz.
Entre las órdenes y la estigmatización
Fueron 59 casos que la JEP incluyó en el patrón de criminalidad en el que los militares traían víctimas de otros lugares del país con ofertas de trabajo falsas, los alejaban de las zonas donde vivían y luego ponían en los informes que habían caído en combate.
Luz Mery Martínez, víctima acreditada, contó cómo fue asesinado su hermano Jaime Rodríguez. “Ese día llegó un señor a preguntarlo. Mi hermano salió a la puerta y le dijo a la mamita que por favor le tapara la comida que no se demoraba más de cinco minutos”, dijo en la audiencia. Amaneció la comida tapada y desde ese momento él no volvió a la casa. Al otro día su familia se enteró que Jaime había sido asesinado por el Ejército, y presentado como un guerrillero.
De acuerdo con el subteniente del Batallón Cacique Pigoanza, Miller Damián Forero, el proceso consistía en engañar o forzar a las víctimas a ir a sitios alejados, donde las identificaban y preparaban el lugar para su asesinato. Los comandantes de pelotón preguntaban a los soldados quién estaba dispuesto a cometer el acto, y organizaban funciones como la seguridad y el disparo final.
Tras el asesinato, colocaban armas en las víctimas para simular un enfrentamiento, y luego informaban al comando del batallón para que realizaran el levantamiento.
En medio de su reconocimiento aseguró haber declarado ante la Justicia Penal Militar y ante la justicia ordinaria “una versión que fabriqué y que le llevé a mis hombres para que lo dijeran en esos dos escenarios”.
La forma en la que decidían quién iba a ser la víctima era por informantes que llegaban a las brigadas, remitidos al comando del batallón para vender la información. Quienes llegaban con los señalamientos recibían entre $1.3 millones y $2.5 millones provenientes de dineros públicos de los impuestos de los colombianos como lo menciona la JEP en su serie documental “Nunca Más: historia de los falsos positivos”.
“Nosotros vimos la más fácil, usar la combinación de todas las formas de lucha, una guerra fratricida y asesinar pobladores que estaban estigmatizados por ser delincuentes comunes”, dijo Faiver Coronado, compareciente de la Fuerza Pública.
Fueron varios los comparecientes que reconocieron haber mentido ante la Fiscalía y la Justicia Penal Militar durante más de 15 años.
“En la justicia ordinaria di información falsa, habían amenazas de comandantes y uno tenía que declarar basado en el informe que hacía el comandante del batallón. Permití, ordené y supervisé”, dijo Wilder Samboní, compareciente del Batallón Magdalena.
“El comandante del batallón no puede decir que no sabía, esto era prácticamente una cadena. Porque esto se convirtió en algo común a nivel nacional. En algunas ocasiones hice capturas y por obedecer, tomamos la decisión (de ejecutarlos) porque no les funcionaba que los llevaran vivos”, Fernando Riveros, compareciente del Batallón Magdalena.
Pese a que varios comparecientes mencionaron a sus superiores como al mayor general retirado Marcos Evangelista Pinto y Édgar Alberto Rodriguez Sánchez, estos dos no reconocieron su responsabilidad por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
En su versión voluntaria, Pinto reiteró que la intención siempre tuvo una orden que era capturar, tratando de neutralizar y causar el menor daño posible a las personas que se estaban contrarrestando. Dentro de su testimonio defendió al general William Perez Laiseca, quien tampoco aceptó la imputación, diciendo que nunca sintió presión ni una mala señal dentro de lo que está en la ley.
“No era un indigente, no era un guerrillero”
En medio del conflicto en Huila, los militares se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban cientos de personas para hacerlos pasar por guerrilleros, pensando que nadie iba preguntar por ellos.
Eran personas desplazadas en malas situaciones económicas de las ciudades de Pitalito, Garzón y Neiva. Este patrón coincide con la estructura de ejecución de los ‘falsos positivos’ en diferentes zonas como Norte de Santander, Casanare, Antioquia y la costa Caribe; se realizaban para demostrar el control territorial.
Aprovechaban los días festivos que eran días de reunión familiar en los que no había movimiento de gente o vehículos.
Mario Hernán Duarte, del Batallón Magdalena, compareciente y máximo responsable, aseguró que debido a la presión ejercida por sus superiores planeaban operaciones y realizaban misiones de observación en las que identificaban a las personas en situaciones vulnerables.
“Nos encontrábamos con el comandante del batallón, quien recibía la información de inteligencia, se daban las instrucciones al oficial de operaciones y este era quien determinaba cuáles eran las patrullas que iban a ejecutar”, manifestó Duarte.
También comentó que las dinámicas de presión eran muy fuertes y se les pedían resultados operacionales por parte del comandante de brigada Jaime Lasprilla Villamizar y Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del batallón.
Frente a esto, la magistrada Lily Andrea Rueda resaltó que durante esa audiencia estaba ocurriendo algo evidente y que tal vez no lo era antes y es que “esto que sucedió es una mentira que no se puede mantener y esta audiencia es un ejemplo y la voz viva”.
Felipe Andrés Ramírez, de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, teniente para ese momento, reconoció el asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías a quien llevaron a Iquira el 1 de febrero de 2008, lo bajaron de una moto y le dispararon tres veces para luego hacerlo pasar por guerrillero del Frente 66 y dejarlo como un N.N.
Su hermano Mauricio Aguirre le reclamó a Ramírez, pidiéndole la verdad: “¿Cuál era la estructura militar, quién dio la orden? Éramos personas humildes, no era un desechable como ustedes dijeron”.
Ramírez pidió perdón a las víctimas y afirmó que fue amenazado para cumplir estas órdenes. “Mi carrera se vio amenazada por un artículo de un código de reglamento institucional de régimen, en el artículo 103 de facultad discrecional. Con el mismo amenazaron a generales, coroneles, comandantes de batallón de relevarlos y echarlos si no cumplían con la política de Seguridad Democrática”.
En este artículo del Decreto 1790 se establecen las circunstancias por las cuales un miembro de las Fuerzas Militares puede ser excluido del servicio, incluyendo comportamientos que afecten la disciplina, la ética militar o faltas graves o delitos.
De supuestos atracos a asesinatos
El tercer patrón macro criminal que se presentó fue usar situaciones de delincuencia común, como atracos o robos, para justificar supuestas investigaciones que terminaban en asesinatos.
El magistrado Alejandro Ramelli resaltó, con algo de ironía, que se lanzaban operaciones contra supuestos delincuentes comunes y el resultado siempre era el mismo: “En las tropas ningún herido, ningún delincuente, ni capturado. Todos muertos”.
A pesar de esto, Marcos Pinto en versión voluntaria dijo que la delincuencia estaba contemplada como organizaciones al margen de la ley y las operaciones que se realizaban eran solo de control territorial.
Fabián Fermín Durando, compareciente y quien fue sargento del Batalllón Magdalena entre 2008 y 2010, contó que el 26 de febrero de 2008 en la vereda Los Ángeles, dijo que por órdenes de su teniente, con el mayor Álvarez y con pleno conocimiento del general Marcos Evangelista Pinto, recibió la orden de desplazarse con siete hombres para recibir unas personas que habían sido recogidas en Pitalito para transportarlas y hacer un montaje de un combate para luego asesinarlas.
“No ganamos nada, sólo era inflar estadísticas de resultados operacionales de un batallón y los fines personales de un comandante. Marco Evangelista Pinto Lizarazo, que no está acá hoy presente, que necesitaba ser general. Tanto fue el descaro que los días posteriores a estos hechos ganamos medio pollo y una gaseosa, diciéndonos: ‘Muy bien, salen de permiso, muchas gracias por el aporte dado’”, aseguró Durando. Por esos “resultados” finalmente fue ascendido al grado de general.
Todo esto se dio gracias a la directriz ministerial 029 de 2005 en el que se daba un incentivo económico de $3.815.000 por cada guerrillero dado de baja, entonces con ese dinero se les pagaba a los reclutadores poniendo precio así a seres humanos. Esta información se dio a conocer públicamente en uno de los informes de la Comisión de la Verdad.
Julián Andrés Motta, quien fue uno de los que intentó quitarle la vida a Ríos, quiso dejar claro que el comandante de pelotón no era una rueda suelta. “Quiero comentar la precisión que se recibía por parte del comandante de batallón, que no está presente, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez. Que precisamente no me dijo vaya y asesine, pero las palabras por medio del radio eran: ‘Usted es un mal oficial, usted no da resultados, usted se está comiendo los víveres, le voy a hacer una sanción en el folio de vida’. Y eso era más humillante que cualquier otra cosa”.
El panorama de los militares en el Caso 03
Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis zonas priorizadas, hoy en día subcasos, en las que se concentran los esfuerzos de los magistrados, pues fue donde se registró la mayoría de las víctimas.
Adicionalmente, hay un caso conjunto del “Cementerio las Mercedes de Dabeiba, Antioquia”, que recoge algunas situaciones dentro del 03 y el 04 que prioriza la situación territorial en Urabá.
Hasta el momento Huila ha sido uno de los departamentos con más militares imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero aún falta que se dé un Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el subcaso de Meta para conocer a los imputados.
Sin embargo, las cifras revelan que una gran parte de los militares comparecientes que han sido acogidos por la JEP han aceptado su responsabilidad y recibirán sanciones propias que incluyen el reconocimiento de verdad y la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar).
Finalmente, todavía no existe una fecha para llevar a cabo los juicios públicos de quienes no admitieron la imputación, entre esos los seis militares del Huila. Hasta ahora la única cita de este tipo para el Caso 03 será llevada a cabo el 18, 19 y 20 de septiembre al coronel retirado, Publio Hernán Mejía responsable del Batallón La Popa en Valledupar, por la costa Caribe.
