No se ha dictado la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pero miles de excombatientes, militares retirados y civiles han pasado los últimos ocho años realizando labores y actos reparadores para las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, los participantes en programas piloto de trabajos restaurativos advierten que las amenazas, la apropiación de proyectos por organizaciones privadas y la ambigüedad legal obstaculizan el programa que se estableció en el acuerdo de paz.
Los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador o Restaurador (Toar) hacen parte de las medidas de sanción de la JEP y pueden tener una duración de entre dos y ocho años.
Adelantándose a las sentencias, 76 exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc y de la Fuerza Pública han participado en los tres proyectos piloto de los Toar, con resultados mixtos. En la localidad de Usme, en Bogotá, los participantes han intervenido 15 hectáreas para recuperar flora y fauna a través del programa Siembras de Vida, que incluye trabajos de restauración ecológica y capacitación en siembra y mantenimiento.
En Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá, en Antioquia, el programa Horizontes Seguros ha hecho trabajos de educación sobre el riesgo de las minas antipersonal. En Armonizándonos, en el Pacífico nariñense, se realizan actividades de restauración de bosque y la creación de corredores de acceso a las veredas junto con la comunidad del Pueblo Awá.
Además, existen los Toar anticipados, aquellos realizados de forma previa a que exista una sanción y que nacen por iniciativa de los comparecientes. Para que estas acciones sean certificadas deben pasar primero por la revisión de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y posteriormente será la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) que decidirá si servirán como descuento de la sanción que se les imponga.
A finales de julio de 2024, ya habían sido realizadas más de 3.000 actividades reparadoras por 3.141 comparecientes certificadas como Toar anticipados, en 19 departamentos. Se han realizado construcciones de canchas de fútbol, carreteras, actos de reconocimiento, festivales culturales, pedagogía en temas de paz, entre otras.
Según lo establecido en el Acuerdo de Paz, una vez los comparecientes ante la JEP hayan reconocido su responsabilidad y aportado a la verdad, podrán proponer el proyecto o la actividad reparadora dentro de varios lineamientos. Entre esos, que haya una participación de las víctimas y que se repare a las comunidades.
Durante la realización participan diferentes profesionales que apoyan y monitorean el proceso de los trabajos y actividades. “Aquí la clave es el acompañamiento psicosocial, psicojurídico y psicoespiritual de ambas partes. Este es un proceso inédito en el mundo, no hay nada parecido”, dice Harvey Suárez, secretario ejecutivo de la JEP.
Este mecanismo, más allá de ser una sanción judicial, es una parte de la reconstrucción de las comunidades y una forma de promover la participación activa no sólo de quienes se acogieron a la jurisdicción, sino de las víctimas que buscan ser reparadas.
La situación de seguridad
Las preocupaciones de los excombatientes cada día son más grandes por el aumento de atentados en su contra por parte de grupos armados como el Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año ya han sido asesinados 17 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y el total desde que ocurrió la dejación de armas de las Farc asciende a 409. La defensa de algunos asegura que esto obedece a la falta de implementación de acciones de desestigmatización y prevención.
La seguridad se vuelve aún más necesaria cuando se implementan los Toar porque los lugares donde se desarrollan muchas veces se convierten en objetivo militar. Al ser zonas veredales o alejadas de las grandes ciudades, los comparecientes tienen más riesgos por la presencia de grupos armados ya que muchos de ellos están amenazados.
En un primer momento, cuando se comenzó a desarrollar el proyecto exploratorio de Horizontes Seguros en Antioquia, no existían las condiciones para ofrecer un lugar sin riesgos.
No había pólizas por si les sucedía algo o sufrían de algún atentado, teniendo en cuenta que eran jornadas de trabajo de ocho horas en las que permanecían en un mismo espacio, ya que vivían ahí. Factor que aumenta su nivel de riesgo.
Tampoco tenían esquemas de seguridad, pese a que varios de ellos ya habían sido amenazados. Esto hacía que los excombatientes no sólo estuvieran en alto riesgo, “sino que era encerrarlos ahí, truncando su participación política y sus procesos de reincorporación. Ellos llevan un proceso muy bonito con las comunidades, con el territorio y eso truncaba todo”, cuenta Valezca Indira Cuaical, coordinadora del equipo Toar del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de los excombatientes de las Farc.
Por este motivo, se tuvieron que replantear las necesidades a través de cinco mesas técnicas en las que participaron representantes de la defensa, víctimas y la Secretaría Ejecutiva de la JEP y así se obtuvieron consensos que permitieron el desarrollo del proyecto. Se permitió que los escoltas de la Unidad Nacional de Protección pudieran acceder a los sitios donde se encontraban realizando las actividades, podían ir a sus lugares de vivienda y luego regresar como un horario de trabajo y les ofrecieron mejores condiciones en las pólizas.
Y es que esta inquietud no es únicamente de los comparecientes, sino también de las víctimas. “Nosotros tenemos el temor de que, dada las circunstancias de orden público en las zonas de mayor afectación del conflicto armado, las víctimas no puedan ser beneficiarias del del sistema restaurativo y terminen ejecutándose únicamente en cabeceras municipales con acceso muy restringido”, plantea Fernando Quiroga, coordinador del área de Representación de víctimas de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Financiación en duda
En cuanto a los recursos económicos, la situación es de incertidumbre ya que el dinero viene por parte de cooperación internacional y del gobierno. Los proyectos piloto fueron financiados por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
Suárez asegura estar esperando que el Estado colombiano libere esos recursos ya asignados para estos procesos restaurativos, como también el Fondo Colombia en Paz. Pero reconoce que “no hay Estado, recursos, ni tiempo, para lograr que las 360.000 víctimas acreditadas puedan participar de los procesos restaurativos”.
Por temas fácticos, lo que ha tenido que hacer la JEP, teniendo en cuenta que muchas víctimas no podrán participar, es seleccionar, priorizar y agrupar. “Y lo que sí hemos visto positivamente como un significado de reparación simbólica es que los procesos y proyectos en el esclarecimiento están reparando al conjunto de víctimas de los macrocasos”, dice Suárez.
También existe malestar por la asignación de los proyectos a operadores privados, como sucedió en Siembras de Vida con la Fundación Natura, una oenegé ambiental colombiana que fue la encargada de ordenar y dirigir cómo se realizarían las intervenciones en el territorio.
“Nadie sabía cuál era la naciente de que estuvieran ahí, nuestra preocupación era que las sanciones se tornaran privadas”, dice Cuaical.
Esto podría generar más adelante situaciones de inconstitucionalidad por contravenir la normativa que se estableció a la hora de realizar estos trabajos porque beneficiaría a organizaciones privadas, pero es una zona gris de los Toar porque no hay claridad.
Adicionalmente, la defensa asegura que la JEP está consiguiendo sus propios recursos para la realización de esas medidas y afirman que esto es un descarrilamiento de sus funciones. “La JEP no es el medio de reparación, la JEP no repara. No puede ser que yo te sancione y también tenga la plata para reparar. Debe existir un ente de gobierno aparte”, menciona Cuaical.
Garantías
Son varias las dificultades que se enfrentan en este momento para realizar los Toar. En primer lugar, está la participación de las víctimas. Diez organizaciones de derechos humanos aseguraron en un comunicado el pasado mes abril, que hubo ausencia de consulta previa con las víctimas en el proyecto Siembras de Vida, no se les socializó e informó previamente sobre el diseño y posterior desarrollo Toar de carácter anticipado para que se pudieran valorar los impactos del mismo y los beneficios en términos de satisfacción.
Dentro del índice restaurativo que estableció la JEP para aprobar un Toar siempre debe existir participación de las víctimas, siendo este uno de los pilares fundamentales. Y se da una valoración del proyecto dependiendo de qué tan apto con base a su contenido reparador, que restablezca la dignidad, el buen nombre, el honor de las víctimas y que las reconozca como población sin mensajes justificatorios.
Frente a esto, Quiroga, de la CCJ, asegura que lo que esperan las víctimas es tener un rol de cocreación y no de mera validación, para que sus iniciativas puedan ser convertidas en proyectos elegibles con una debida asesoría por parte de esta jurisdicción de justicia transicional. En la medida en que las víctimas puedan participar y tener un rol decisorio se puede garantizar que haya congruencia entre los daños documentados y las medidas de carácter restaurativo que ordene la jurisdicción.
Incluso, los mismos comparecientes se quejan frente a esto, ya que aseguran que el proyecto de Horizontes Seguros, de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en un principio había sido idea de ellos y lo que hizo la Secretaría Ejecutiva fue modificarlo y tomarlo como propio. Este proceso era de tres fases: educación en minas, recopilación de información y atención a víctimas. “Ellos fueron los primeros en criticar este último componente porque no se cumplió, ellos decían que querían trabajar por las víctimas y con ellas y eso fue algo que no sucedió”, asegura Cuaical.
Así también, una de las observaciones que realizó la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el 27 de junio, hace referencia al cumplimiento de Toar por parte de personas que no son consideradas máximas responsables, debido a que dentro del acuerdo en el régimen de condicionalidad, que son las obligaciones que aceptaron los comparecientes cuando se acogieron a la jurisdicción, no está previsto el cumplimiento de estas actividades.
En 2023 la Sala de Situaciones Jurídicas sacó una resolución en la que se determinó que los comparecientes con baja responsabilidad tendrían que cumplir con Toar, pese a que esto no había sido especificado desde un inicio en el acuerdo.
Esto quiere decir que no hay una ruta para la ejecución y medición de los Toar para aquellos que no tuvieron un rol determinante en el conflicto armado y significa que casi todos los comparecientes tendrían que cumplir con trabajos o actividades anticipados durante dos años para que se les quite la responsabilidad penal, sin tener alguna garantía que resuelvan su situación jurídica porque sería hasta última instancia en el Tribunal para la Paz.
“La seguridad jurídica implica llegar sabiendo las reglas del juego y las sanciones iban a ser únicamente para los que fueran seleccionados como no máximos responsables y aquí lo que están haciendo son sanciones de facto”, aseguró un abogado experto que pidió anonimato para comentar la situación.
El futuro de los Toar
A pesar de las dificultades, los resultados de los proyectos experimentales han sido positivos. Si bien hay muchas cosas que mejorar con el balance que se obtuvo en Horizontes Seguros, las víctimas y los comparecientes tienen esperanza de que las cosas cambien.
Eddie Pinzón Turcios, compareciente de la Fuerza Pública que hizo parte del proyecto, afirmó que la “asistencia integral a víctimas es la manera perfecta para restaurar y reparar a las víctimas del conflicto. Sólo me motivaba el rostro alegre de una víctima cuando recibía esa ayuda y esa colaboración para desarrollar esos proyectos productivos”.
La idea, de acuerdo con la JEP, es profundizar los proyectos exploratorios y ampliarlos a otras líneas. Suárez aseguró que ya han avanzado en acción integral contra minas en Dabeiba, procesos de restauración ambiental en Bogotá y construcción de obras de infraestructura, y quieren ampliarlo en la búsqueda de personas desaparecidas.
María Argensola Carrillo Giraldo, víctima del conflicto armado y acreditada en el Caso 04, el cual investiga las violaciones de derechos humanos en la región de Urabá, aseguró que con esta iniciativa aprendió y conoció la importancia de la justicia restaurativa para las víctimas, para la comunidad y el territorio, como también el impacto que deja la guerra en las víctimas.
“Ha sido para mí como una terapia y estoy segura que para las demás víctimas que participamos también lo fue”, asegura.
Finalmente, será hasta que el Tribunal para la Paz empiece a emitir sentencias que estos proyectos hagan parte de la pena que se les imponga. Hasta ahora sólo hay certificaciones diciendo que sí se realizaron pero aún no se ha establecido el alcance que han tenido y el tiempo significativo en términos de la sanción.
