Las agresiones y la violencia contra periodistas han arreciado en el último año. Este es el panorama en los seis departamentos donde es más riesgoso ejercer la libertad de prensa.
En la mañana del 27 de junio, el periodista comunitario Jorge Méndez fue asesinado en zona rural de Tibú, Norte de Santander, convirtiéndose en el cuarto periodista a quien le han quitado la vida este año en Colombia. De seguir la tendencia de asesinatos, 2024 se convertiría en el año del siglo XXI más mortífero para el periodismo en el país.
La muerte violenta de Méndez se suma a la de Mardonio Mejía, asesinado en enero en San Pedro, Sucre; a la de Jaime Vásquez, periodista y veedor ciudadano asesinado el 14 de abril en Cúcuta; y a la de Julio Zapata, apuñalado dentro de su vivienda en San Rafael, Antioquia, el 23 de abril.
Este nivel de ataques mortales contra periodistas no se veía en Colombia desde hace décadas. En los primeros seis meses del año, fueron asesinados más periodistas que en todo el año 2018, cuando a tres les arrebataron la vida. Si sigue así, se acercará al récord histórico de 2003, cuando siete periodistas fueron asesinados por razones de oficio, según el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Pero los asesinatos son la expresión más extrema de un patrón de agresiones a periodistas que la FLIP viene registrando desde 1938. Según los datos de la oenegé, a partir del 2017, un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, ha habido un aumento significativo en las violaciones a la libertad de prensa, en particular en seis departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Santander y Cauca.
“Después del año 2016, vino un año muerto; en la espera de qué iba a pasar, dejaron quieto al periodismo. Pero nuevamente empiezan a subir las violaciones a la libertad de prensa por el aumento del conflicto en las regiones, especialmente con el auge del paramilitarismo”, explica Fabiola León Posada, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Colombia.
Aunque la FLIP siempre registra un mayor número de amenazas a periodistas en Bogotá, Daniel Chaparro, asesor para la dirección de la organización, comenta que no necesariamente refleja la realidad, ya que hay una concentración de medios en la capital, y los periodistas allí conocen mejor el trabajo de la FLIP.
“Los periodistas de medios locales, en regiones, son menos protegidos que los de la capital”, afirma John Otis, corresponsal en la región Andina del Committee to Protect Journalists (CPJ).
Una amenaza o el asesinato a un periodista tiene un efecto multiplicador. Cuando colegas son víctimas de cualquier tipo de agresión, el resto de periodistas tiende a dejar de investigar los temas que podrían poner en riesgo su seguridad. Por ejemplo, desde el asesinato de Jaime Vásquez en Cúcuta, la FLIP ha observado una aparente disminución de las agresiones a periodistas. Pero Chaparro reconoce que esto se debe a la autocensura por “miedo a represalias” que sienten los periodistas locales.
“En Colombia, la autocensura se normalizó hasta tal punto que ya no la consideramos algo atípico”, afirma León, de RSF. Como consecuencia, “los medios o los periodistas que denuncian terminan siendo pocos”, continúa. Esto no sólo vulnera el derecho a la libertad de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada, añade.
Después del asesinato, la agresión más traumatizante que un periodista puede vivir es la amenaza de muerte. Pero existe un amplio abanico de amenazas que también contribuyen a crear un entorno de miedo constante, como agresiones físicas, acoso, daño a las instalaciones donde trabajan, decomiso arbitrario de equipos periodísticos, y hostigamientos legales.
“La lógica siempre, a pesar de que tengamos cambios en las dinámicas y en las maneras de hacer el periodismo, es de poderes que activan la violencia para evitar que cosas salgan a la luz o que la verdad se revele”, explica Chaparro, de la FLIP. “Son personas que hacen uso de la violencia para que algo que no quieren que se sepa, permanezca oculto o se oculte por completo. Lo desafortunado es que muchas veces lo logran”.
Chaparro reconoce que es muy complicado medir los niveles de censura y autocensura porque no todas las personas denuncian, ya sea porque desconocen esta u otras organizaciones a las que acudir, o por temor. “Hay una extrema naturalización de la violencia”, dice. “Muchas personas no son conscientes de cómo están siendo agredidas y de cómo les están vulnerando los derechos”.
Y cuando sí denuncian, los resultados son desalentadores, incluso en el caso de los asesinatos. “El nivel de impunidad en las investigaciones de asesinatos de periodistas vinculados a su labor ronda en el 80 por ciento”, dice Otis, de la CPJ.
De los 169 periodistas asesinados desde 1977, sólo en un caso, el de Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria de Manizales baleado en 2002, ha habido justicia, dice Chaparro. “Justicia plena, justicia que logre esclarecer toda la cadena criminal que participó en el asesinato, y no sólo a los sicarios”, recalca.
En los departamentos de Colombia más afectados por la presencia de grupos armados, se presentan dos escenarios aparentemente contradictorios, explica el asesor. Los grupos pueden amenazar a los periodistas para que no publiquen cierta información, o, por el contrario, para que difundan los mensajes que a ellos les conviene. Según lo que publiquen, los periodistas son acusados de pertenecer a un bando o al otro.
“Los modos de agresión han cambiado en los últimos años; son mucho más difusos debido a la multiplicidad de los actores armados en los territorios”, explica Otis. “Ese cambio en la naturaleza de la guerra, con grupos mucho más impredecibles, hace que haya más desafíos para los periodistas hoy”, continúa.
Chaparro concuerda. “Ahora, los nuevos actores armados no tienen miedo a meterse con periodistas, a asesinarlos”, mientras que antes mostraban más respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario que protegen a los periodistas, dice.
Y si bien las agresiones contra periodistas aumentaron tras la firma del Acuerdo de Paz, llama la atención, como explica Jonathan Bock, director de la FLIP, que la mayor cantidad de agresiones del año pasado, entre las que se encuentran estigmatización y acoso judicial, provinieron por parte de funcionarios públicos y no de actores armados.
En las últimas semanas, por cuenta de investigaciones de posibles actos de corrupción de personas allegadas al gobierno nacional, usuarios de redes sociales, congresistas, funcionarios públicos y el propio presidente de la República, Gustavo Petro, han emitido una serie de mensajes que buscan deslegitimar la labor de periodistas y de la propia FLIP, elevando los niveles de riesgo que ya padecen. (Leer más en: Desinformación del presidente Petro sobre la FLIP causa un efecto bola de nieve en contra de ella)
Ante ese panorama, el pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo el siguiente llamado: “Los Estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública; prevenir desde su discursos todo tipo de violencia contra la prensa; abstenerse de activar riesgos contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerse ante amenazas”.
La protección de los periodistas, cuestionada
Los periodistas coinciden en que se necesitan más garantías por parte del Estado, ya que los esquemas de seguridad proporcionados por la UNP son insuficientes o inadecuados ante la complejidad y gravedad de las amenazas que reciben. “El esquema de protección de un periodista no se ajusta a los niveles de riesgo”, afirma Chaparro, de la FLIP.
“Con un escolta, uno pierde su vida social, su vida privada, su credibilidad con las fuentes”, precisa Christian Herrera, del periódico La Opinión de Cúcuta. El periodista Emiro Goyeneche, periodista de la emisora Sarare Stereo, en Arauca, está de acuerdo con su colega de Cúcuta: “Un esquema te está limitando en el oficio de ser periodista”.
Sin la libertad de prensa, la democracia empieza a tambalear y es deber de todos los actores sociales protegerla, a la par de exigirle a quienes la ejercen rigor y calidad en sus publicaciones, sin incrementar el riesgo que padecen.
A continuación, presentamos el panorama de cada uno de los departamentos con menos garantías para quienes ejercen el oficio del periodismo, que parte de revisar las agresiones consolidadas por la Fundación para la Libertad de Prensa entre enero de 2010 y junio de 2024.
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Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de junio de 2024, en Antioquia se registraron 501 agresiones a la libertad de prensa, según la FLIP. Sin contar a Bogotá, esto lo convierte en el departamento con más agresiones registradas. Entre estas, se destacan las amenazas (163), las agresiones físicas (57) y la obstrucción al trabajo periodístico (52), entre otras.
Las amenazas en este departamento pueden provenir de diferentes actores. Éder Narváez es comunicador social y periodista y ejerce el periodismo desde hace 13 años. Es creador y director de un medio digital llamado NP Noticias Online y trabaja como corresponsal de Teleantioquia en Caucasia. Desde el año 2013, ha recibido amenazas de diferentes grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y Los Caparros. Este grupo, también conocido como Frente Virgilio Peralta Arenas o Los Caparrapos, es sucesor de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y está involucrado en el narcotráfico de Antioquia y Córdoba, y en la minería ilegal de oro en el noroeste de Colombia, según InSight Crime.
“Mi trabajo se enfoca en la investigación periodística sobre narcotráfico, bandas criminales, orden público y también en hacer veeduría ciudadana y control político”, cuenta Narváez. Por ese tipo de publicaciones ha sido amenazado de muerte en muchas ocasiones. Desde 2013, ha presentado 13 denuncias ante la Fiscalía General.
Estas amenazas, y la falta de garantías para ejercer su labor, lo han llevado a tomar medidas con las que no se siente cómodo. “Entre los aspectos negativos del periodismo que he tenido que vivir está la autocensura. Es algo que ningún periodista quisiera hacer, pero a veces es la única opción”, relata el director de NP Noticias Online. “Además, en dos ocasiones he tenido que desplazarme forzosamente a la ciudad de Medellín, pues me llegaron mensajes en los que me daban 24 horas para salir del municipio”, agrega.
Los grupos armados ilegales no son los únicos autores de las agresiones que ha vivido Narváez. El periodista cuenta que cuando hace investigaciones sobre política o corrupción administrativa, también es víctima de estigmatización y señalamientos por parte de los políticos e incluso otros ciudadanos.
Éder Narváez:
Debido al riesgo que vive, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad. “Al inicio sólo me dieron un chaleco antibalas, un botón de pánico y un celular. Con mucha insistencia, a través de los años, me dieron un hombre de protección y un carro blindado”. A pesar de esto, Narváez se siente inseguro en todo momento, y exige al gobierno más garantías para ejercer su profesión.
Desde que empezó a trabajar como periodista hace unos seis años, Daniela Sánchez ha sentido la dificultad de publicar sobre ciertos temas en Antioquia. Hoy trabaja en la Agencia de Prensa de la oenegé Instituto Popular de Capacitación (IPC), donde se hace periodismo de largo aliento, con investigaciones que tardan meses en desarrollarse, y periodismo inmediato al publicar noticias, por ejemplo, sobre denuncias desde los territorios para evidenciar amenazas que viven los líderes y las lideresas.
“Visitar estos espacios genera temor”, cuenta Sánchez, refiriéndose a los territorios rurales del departamento. “Aunque soy de Antioquia, no estaba acostumbrada a entrar a territorios dominados por grupos armados porque incluso con la presencia del Ejército Nacional no se asegura la seguridad de quienes visitamos estos entornos”, agrega.
Explica que para no correr riesgos, siempre debe entrar a los territorios con una persona conocida y adaptarse a las reglas impuestas tanto por los moradores como por los grupos armados ilegales. “Las personas tienen que reconocerme, por lo que no puedo entrar con casco de moto o algo que cubra mi rostro. Antes de ir debo informar a los líderes de la región lo qué voy a hacer, a qué hora llego, a qué hora salgo… Una se va adaptando a las dinámicas de las regiones”, finaliza.
El IPC está realizando investigaciones sobre derechos humanos, derechos de la naturaleza y protección y defensa del territorio. Al hablar de estos temas, se pone en riesgo la seguridad tanto de los periodistas e investigadores, como de las personas de la comunidad que los ayudan. Sánchez cuenta que una compañera está investigando sobre los daños e impactos que causan las empresas extractivas de minería en el departamento. Por esta razón, asegura, un grupo paramilitar hostigó a su compañera y a los habitantes de la zona que la ayudaron con la investigación.
“Vuelve y juega, como pasaba antes, que las grandes empresas, se alían con los subversivos para poder hostigar a la comunidad”, asegura Sánchez. “Ya no es sólo la guerrilla por el uso del territorio, el cultivo de hojas de coca o los liderazgos sociales, sino que también las empresas que tienen intereses allí se vuelven un actor muy clave en estos temas de las amenazas”, finaliza. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)
Sánchez cuenta también sobre los protocolos de seguridad diferenciados para hombres y mujeres que se están estableciendo en el IPC. “Una cosa es seguridad e inseguridad para el hombre y otra para una, como mujer. Para mí siempre los riesgos son mucho más grandes”, explica.
En el informe Mujeres periodistas y libertad de expresión realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se explica que aunque las mujeres periodistas enfrentan los mismos peligros que sus colegas hombres al investigar y reportar sobre corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, también se enfrentan a riesgos particulares por ser mujeres y por la intersección con otras identidades como la raza y la etnia.
La Relatoría registra “hechos de violencia contra mujeres periodistas, incluidos los asesinatos, la violencia sexual y la violencia en línea, evidenciando con preocupación que las mujeres periodistas están sujetas de manera desproporcionada y habitual a diversas formas de violencia y discriminación basada en su género tanto en el ejercicio de la profesión como en los lugares en donde desempeñan su labor”.
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de junio de 2024, en Valle del Cauca se registraron 329 agresiones a la libertad de prensa, según la FLIP. Sin contar a Bogotá, esto lo convierte en el segundo departamento con más agresiones registradas.
“Es muy difícil hacer periodismo de investigación de largo aliento porque no hay recursos; y para sobrevivir, uno tiene que entrar en el juego comercial. Es muy difícil ejercer la independencia sin que las fuentes de financiación no ejercen presión sobre lo que tú publicas”, resume Rodrigo Victoria, director del periódico ‘Porteño, Se Nota’ para describir el oficio en el departamento.
En sus treinta años de ejercicio, ha recibido varias amenazas verbales por parte “de los mismos funcionarios” quienes lo intimidaron para que no publicara ciertas noticias, sin precisar más. Añade: “Cuando empiezas a ser parte de una repartición de una torta de pautas, toca el tema del celo profesional, hace que vengan incluso agresiones de los mismos colegas”.
En los 17 años que lleva Carlos Aponte trabajando de periodista en el suroccidente del país ha identificado tres temas que son más riesgosos para cubrir: conflicto armado, bandas delincuenciales y el estallido social. Para Aponte, al hacer reportería de una noticia en cualquiera de estos escenarios, los periodistas quedan expuestos a situaciones de inseguridad.
Cubrir noticias relacionadas con las acciones de los grupos al margen de la ley es peligroso para los periodistas regionales, pues estos grupos no quieren la presencia de los medios de comunicación en sus territorios. “Hay zonas donde nosotros no podemos llegar o zonas donde somos objetivo militar”, cuenta. En Valle del Cauca están presentes el Estado Mayor Central (Emc) y otras disidencias de las extintas Farc, a la par de la guerrilla del Eln.
Cubrir temas sobre las bandas delincuenciales, como La Inmaculada y Los Flacos, que operan en diferentes municipios de Valle del Cauca también pone en peligro a los periodistas. Este año, La Inmaculada, un grupo con mucha influencia en Cali, declaró a Aponte y sus colegas ‘objetivos militares’ a través de un panfleto, debido a denuncias sobre la extorsión, el tráfico de drogas y los homicidios.
El estallido social del 2021 dejó una sensación de inseguridad para los medios de comunicación locales, continúa el periodista. “Porque si no se respetan las autoridades, pues imagínese lo que podría pasar con nosotros, los que salimos a la calle a cubrir esas situaciones de bloqueo, esas situaciones de manifestación, de enfrentamientos con la autoridad”, cuenta.
En su carrera profesional, Aponte dice haber recibido tres amenazas de muerte. “Me amenazaron durante el estallido social. Durante el paro, me amenazaron desde varios números, me llamaban y me decían que me iban a matar y me ponían así como una cabeza como si fuera un trofeo”, recuerda con tristeza.
Carlos Aponte:
En los últimos dos años, la intensa presencia del Eln y disidencias de las Farc en la región ha puesto a los periodistas en medio de enfrentamientos entre grupos armados, acusados de pertenecer a uno u otro.
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de junio de 2024, en Arauca se registraron 230 agresiones a la libertad de prensa, según la FLIP. Sin contar a Bogotá, esto lo convierte en el tercer departamento con más agresiones registradas. Desde 2017, los niveles de agresiones se mantienen en un alto nivel en comparación con los siete años anteriores “por esa guerra entre grupos armados que se va intensificando”, explica Chaparro, de la FLIP. “Esa violencia genera desconfianza entre los mismos periodistas, y entre las fuentes”, continúa.
Desde que Daniel Martínez comenzó a trabajar como periodista a comienzos de los años 2000, ha enfrentado amenazas. Cuando apenas empezaba a trabajar para Caracol Televisión en Arauca, fue amenazado por su vecino, que era un jefe de las autodefensas. Pero a pesar de que muchos periodistas de la zona se trasladaron temporalmente a Bogotá por amenazas dirigidos a ellos, él decidió quedarse. “No quería abandonar el lugar”, explica.
Sin embargo, en 2019, se vio obligado a dejar el departamento tras recibir amenazas de muerte por denunciar el tráfico de combustible a través del río Arauca, que es disputado por las disidencias de las Farc y el el grupo criminal de orígen venezolano conocido como el Tren de Aragua. Inicialmente, se autocensuró y eliminó su material. “El primero de mayo, me hicieron una llamada y me dieron dos horas para irme del departamento”, cuenta con la misma angustia que sintió entonces. Se fue para RCN Bogotá, donde siguió investigando temas controversiales. “Decidí tomar precauciones y me asignaron un esquema de protección”. A pesar de esto e incluso estando en Bogotá, seguía recibiendo amenazas.
“Esa experiencia fue bastante dura porque me la pasaba casi llorando todo el tiempo, siempre con el pensamiento de que fueran a hacer algo a mi familia”, confiesa. Al regresar a Arauca, optó por dejar el canal y dedicarse al periodismo en redes sociales, “pero más limitado, evitando denuncias e investigaciones profundas”, lamenta. Su página, El Círculo, llegó a tener 15.000 seguidores. Pero aún así, sigue siendo difícil. “Me han amenazado diciendo que si publico una nota del Eln, las Farc dirán que estoy con el Eln; y si publico algo de las Farc, dirán que estoy con ellas. Estoy diezmado”, concluye con la voz entrecortada.
Josué Nieves, periodista desde hace ocho años y director de Teleoriente, la televisión comunitaria de Saravena, dice que los periodistas a veces se ven obligados a doblegarse ante grupos armados. “Los grupos al margen de la ley te envían contenido, y te obligan a publicarlo: ‘Si no lo publica, lo vamos a matar’. Pues obviamente, tienes que publicarlo”, cuenta. Debido a las amenazas de las disidencias de las Farc, a inicios de 2022 tuvo que dejar el departamento y trasladarse a Bucaramanga. “Me amenazaron a mí, a mi esposa y a mis dos hijos”, recuerda. Regresó a Saravena dos meses después y hoy todavía se encuentra en medio del conflicto y constantemente es acusado de ser simpatizante de las disidencias Farc, por lo que cuenta con la protección de tres hombres armados y un vehículo blindado.
Josué Nieves:
La corrupción representa otro grave obstáculo para la libertad de prensa en Arauca, con alianzas entre políticos, grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. “Mientras investigaba la corrupción en la administración araucana, el alcalde me amenazó”, recuerda Emiro Goyeneche, periodista de la emisora Sarare Stereo desde hace 29 años.
“No existe un periodismo de investigación independiente; muchas veces las investigaciones están teñidas de intenciones políticas o personales”, lamenta Goyeneche, quien se quedó en el departamento con un esquema de protección de dos hombres armados y un carro blindado a pesar de amenazas de muerte por parte de “paramilitares”.
“En Arauca somos muy pocos los periodistas que hacemos ese trabajo de investigación”, confirma Martínez. “Si te metes con un político, pues te cierran las puertas en absolutamente todo, te cortan publicidad, no te invitan a las ruedas de prensa”, añade.
Este año, la emisora comunitaria Calor Stéreo recibió una llamada del comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Javier Hernando Africano López, solicitando que retiraran una noticia en la que afirmaba que “todos los asesinatos en Arauca están vinculados de alguna manera con grupos armados ilegales”, recuerda Narda Guerrero, presentadora del noticiero. Y en otra ocasión, la radio tuvo que denunciar un intento de manipulación de una entrevista por parte del alcalde.
“No es fácil porque nosotros también nos tenemos que autocensurar. Desde los Acuerdos de Paz, se puso más en riesgo la labor por la polarización”, añade Guerrero, periodista desde hace 23 años. En 2003, junto con un grupo de 16 periodistas, tuvo que abandonar el departamento debido a amenazas de paramilitares y las Farc, que presuntamente asesinaron a dos de sus colegas, Efraín Varela Noriega y Luis Eduardo Alfonso. A su regreso tuvo un esquema de seguridad, pero las amenazas continuaron.
“Para salvaguardar mi integridad, me retiré del periodismo y me fui a trabajar a la Alcaldía en 2006”, comenta. Desde que volvió a presentar el noticiero en la emisora comunitaria Calor Estéreo, no ha vuelto a recibir amenazas, pero graba sistemáticamente cada llamada que recibe ‘por si acaso’.
Narda Guerrero:
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de junio de 2024, en Norte de Santander se documentaron 197 agresiones a la libertad de prensa, según datos de la FLIP. Excluyendo a Bogotá, esto lo sitúa como el cuarto departamento con más agresiones registradas. A lo largo de los años, la mayoría de las amenazas a periodistas reportadas por la FLIP se concentran en la capital departamental, con 28 casos, de un total de 31 en 2024. “En Cúcuta, hay un habitus de violencia por las bandas urbanas que operan en la ciudad”, explica Chaparro, de la FLIP.
“Desde hace dos meses en Cúcuta, se ha vuelto terrible ser periodista porque hay un juego de poder entre bandas criminales en el que amenazan a los periodistas por formar parte de tal o tal lado”, explica Cristian Herrera, quien trabaja como periodista para el diario La Opinión de Cúcuta desde hace 23 años.
Uno de los casos más sonados es el del periodista y veedor social Jaime Vásquez, quien fue asesinado el 14 de abril de 2024 y era reconocido por investigar e informar sobre asuntos de interés público en Cúcuta y Norte de Santander. (Leer más en: Asesinato de Jaime Vásquez reaviva el miedo entre líderes sociales y periodistas de Cúcuta)
Después de este asesinato, integrantes de la FLIP fueron a la ciudad y cuando se entrevistaron con periodistas, reconocieron el miedo que sentían tras el asesinato de Vásquez. “Mataron a alguien que parecía intocable. Si le hicieron eso a Jaime Vásquez, ¿qué nos pueden hacer a nosotros?”, dice Chapparo que le contaron algunos comunicadores.“Los periodistas se sienten muy desprotegidos”. En la actualidad, cinco periodistas en Cúcuta cuentan con un esquema de protección proporcionado por la UNP debido a amenazas de muerte.
Cristian Herrera:
Herrera es un periodista que entre 2001 y 2004 recibió amenazas de paramilitares tras revelar la manipulación de estadísticas por parte de la Policía en Cúcuta. Aunque la FLIP le aconsejaba salir del país, él inicialmente se resistió, pero en 2004 decidió marcharse tras una amenaza directa de paramilitares.
La FLIP le ayudó a exiliarse en Chile por ocho meses. Regresó en 2005 y trabajó en Bogotá y Villavicencio antes de volver a Cúcuta en 2006 con un esquema de protección. A pesar de recibir más amenazas, las mantuvo en secreto hasta 2014, cuando un panfleto amenazante lo obligó a denunciar de nuevo y volve.r a tener su protección. De igual manera, las amenazas no cesaron.
En 2020, Herrera tuvo que salir nuevamente del país con su esposa y sus dos hijos, de 10 y 17 años, debido a las amenazas que recibía de bandas urbanas sobre las que investigaba. Durante tres meses, fue acogido en España bajo el sistema de protección de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Durante este período, RSF le proporcionó “los recursos básicos para establecerse en España, alejarse del peligro y reducir el estrés”, explica Alfonso Bauluz, presidente de RSF España.
Después del asesinato de Jaime Vásquez, aunque la FLIP observó un descenso en las agresiones debido a la autocensura entre los propios periodistas, muchos siguen enfrentando graves amenazas, dice Chaparro.
Jullieth Cano, periodista de Noticias Caracol, fue amenazada el 24 de junio mediante un panfleto por parte de un grupo armado. “Me preocupa bastante, por mí, por mi familia, por mi hija pequeña”, confiesa la periodista, quien lleva diez años en la profesión y pasó una semana sin poder dormir.
No es la primera vez que ha sido amenazada. “Como periodista, en las marchas me dicen muchas cosas y me agreden por pertenecer a un medio nacional”, explica Cano, cuyo medio le aconsejó evitar ciertas manifestaciones. Desde la reciente amenaza, cuenta con una medida de emergencia de la UNP de dos escoltas y la Policía está investigando el caso. Sin embargo, reconoce que la multiplicidad de bandas en la capital hace que la investigación sea muy difícil. “Yo creo que toca tratar de evitar los temas por los que me amenazaron”, concluye. En sus notas había informado sobre la guerra que hay entre las bandas criminales de la ciudad.
Como consecuencia de las múltiples violaciones a la libertad de prensa y las amenazas a los periodistas en la capital departamental, “somos muy pocos los periodistas que nos arriesgamos a hacer un buen periodismo de investigación”, lamenta Herrera.
“Aunque hoy en día en Santander ya no se vive el conflicto como hace 20 años, sigue siendo riesgoso hacer periodismo sobre orden público y conflicto armado”, asegura Cristian Díaz, quien es periodista en este departamento desde hace 15 años y corresponsal de RCN Televisión. Trabajó también en el Canal Televisión Regional del Oriente.
Díaz es uno de los periodistas que ha recibido intimidaciones por su labor. “Un día, en 2021, en la madrugada estábamos en un parque de la ciudad y llegaron unos hombres y nos dijeron que saludos del Eln, que si queríamos conocer algún día el Catatumbo”, cuenta Díaz. “En su momento no le pusimos atención, pero nosotros entendemos el peligro de trabajar temas que involucren a este tipo de grupos al margen de la ley”, añade.
Esta es una de las 187 agresiones que registró la FLIP en Santander entre el 1 de enero de 2010 y el 12 de junio de 2024.
Dentro de las agresiones de las que son víctimas los periodistas también están los ataques verbales, aunque están a menudo normalizados. “Aquí en Santander es riesgoso cubrir algún tipo de protesta o manifestación”, asegura Díaz. “Ya sea por los enfrentamientos con la Fuerza Pública o por ser de un medio tradicional, los periodistas estamos acostumbrados a recibir insultos. Yo ya estoy acostumbrado, pero hay colegas que se bloquean”, afirma.
Díaz resalta también lo difícil que es hacer periodismo de investigación en el departamento: “En las ciudades es difícil solicitar información de contratos y asuntos públicos, y en las zonas rurales es más peligroso y las personas pueden poner en riesgo su vida”.
Lorenzo Lizarazo, quien hace periodismo en Santander desde 1987, concuerda con Díaz. Asegura que ejercer la profesión en las provincias es más difícil que en la capital porque los medios dependen de las pautas gubernamentales y se ven presionados por los políticos.
“Los periodistas que están en Puerto Wilches, en Sabana de Torres o en Barrancabermeja, tienen que optar por la autocensura para preservar su vida. Si no, corren el riesgo de ser amenazados. Informar sobre un asesinato, incluso sin señalar a los responsables, puede dar lugar a una amenaza de muerte a los periodistas”, cuenta Lizarazo. Así fue la situación que él vivió cuando informaba sobre temas de seguridad y orden público hace 20 años.
Cuando trabajaba en el diario regional Vanguardia cubrió un consejo de seguridad público que se hizo en Socorro, Santander. Después de publicar la nota, empezó a recibir amenazas de las Auc. Según cuenta, no recibió ayuda ni del periódico ni de las autoridades. Desde ese momento dejó de cubrir temas relacionados con el conflicto armado.
Lorenzo Lizarazo:
Lizarazo ha trabajado para medios tradicionales, medios comunitarios y para la Gobernación de Santander. Ahora es director de su propio medio independiente, llamado Ecolecuá. Intentó enfocarse sólo en noticias e investigaciones del medio ambiente, pero asegura que sin abordar otros temas, como los deportes, no es posible crecer la audiencia en las redes sociales para optar, con criterios técnicos, en la inclusión de los planes de medios de entidades públicas y privadas.
Afirma que no hacer seguimiento a la agenda de los políticos de turno es complicado conseguir financiación, por lo que ni siquiera tiene los recursos para mantener activa su página web, sólo puede usar redes sociales. “Los periodistas independientes debemos escoger entre incluir información oficial en los contenidos o ser independientes totalmente, pero en este último caso se corre el riesgo de desaparecer. Si no se tiene otra fuente de ingresos es casi inevitable y yo opté por autofinanciarme como periodista con otras actividades no periodísticas”.
“En Cauca, el nivel de reportes es muy bajo: porque los periodistas no conocen a la FLIP, porque hay una falta de cultura de denuncia o una desconfianza muy alta”, subraya Chaparro, cuya organización no manda corresponsales al norte de Cauca por la situación extrema de violencia. Entre el 1 de enero de 2010 y el 12 de junio de 2024, en el departamento se documentaron 179 agresiones a la libertad de prensa, según la FLIP. Excluyendo a Bogotá, esto lo posiciona como el sexto departamento con más agresiones documentadas.
En el departamento hay presencia del Eln, la Segunda Marquetalia y el Emc. Las confrontaciones entre estos grupos por el dominio del territorio dificulta que los habitantes y, por supuesto, los periodistas no siempre sepan quién controla exactamente qué zonas. Por eso, cuando los periodistas reciben amenazas o intimidaciones no saben a qué grupo fue el victimario. (Leer más: Cauca arde en medio de incertidumbre de la Paz Total)
“En Popayán, el periodismo es muy débil y muy oficialista. En las regiones, hay una precarización fuerte del oficio”, explica Andrés Córdoba, docente del área de periodismo en la Universidad del Cauca y miembro del Comité Directivo de Consejo de Redacción, organización de periodistas de investigación de Colombia. A menudo, por falta de presupuesto, los periodistas se limitan a “noticias de boletines de prensa”, continúa.
“Es complicado ser periodista de región en un departamento como el Cauca”, afirma Jessica Molano Vivas, periodista en el municipio de El Tambo para las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia, que dan cuenta, desde 2021, de la implementación del Acuerdo de Paz en territorios marcados por el conflicto armado. “En este momento, por orden nacional, todas las emisoras de paz tenemos un esquema de protección”, precisa.
Con Córdoba tienen unos códigos de seguridad, explica la periodista. “Mándame letras para saber cómo estás. Y todo el tiempo: ‘¿Dónde estás?’ Nos bajamos del helicóptero: ‘¿Cómo vas?’ Todo el tiempo, pendientes. Son como algunos protocolos de seguridad que yo tengo”, continúa. “Para dormir vivos, procuramos ser más prudentes”, dice.
“Hace dos años, tuvimos que suspender emisiones durante una semana”, relata la periodista, debido a un hostigamiento “muy feo” contra la estación de Policía que está frente a sus estudios. Alguien les advirtió que fueran “muy prudentes porque les estaban escuchando”. “Nos tocó tirarnos al piso, apagar la luz. Son situaciones que ocurren y que para las comunidades se vuelven normales porque viven en constante conflicto”, explica con tristeza la reportera comunitaria, quien a veces visita territorios afectados sin decírselo a su familia.
“Es como una tensa calma”, describe Córdoba, quien fue amenazado de muerte hace 10 años por investigar casos de ‘falsos positivos’. Aunque con los Acuerdos de Paz “se notó un cambio grande”, la presencia de las disidencias ha vuelto a hacer peligroso este oficio en el departamento en los últimos años.
Jessica Molano:
Para adentrarse en los territorios controlados por los grupos armados, los periodistas siempre tienen que estar acompañados por las comunidades, “es el protocolo”, explica Córdoba. Sin embargo, “que uno logre tener los permisos, no garantiza la seguridad como tal”, matiza el que se considera como un “periodista de ciudad”.
Andrés Córdoba:
Hace un año, mientras realizaba un proyecto de memoria con estudiantes del medio Co.marca, de la Universidad del Cauca, sobre tres casos de ‘falsos positivos’ en el vecino departamento de Huila, fue víctima de intimidación. La lideresa que les acompañaba les advirtió que miembros del Ejército “estaban rondando la vereda en una moto grande, preguntando por nosotros”.
En 2021, durante un reportaje en Tumaco sobre la conmemoración de Yolanda Cerón Delgado, una monja muy representativa para las comunidades afro de Nariño, que fue asesinada hace 20 años, “unos paramilitares estaban vigilando” su trabajo. “Las intimidaciones y violencias terminan incidiendo un poco psicológicamente en la investigación y en el periodista”, señala el periodista, que reconoce la normalización de la violencia en la profesión.
Chaparro dice que es común. “No son conscientes muchas veces de cómo están siendo agredidos y que se les están vulnerando los derechos”, explica.
Andrés Córdoba:
Por otro lado, Chaparro subraya la necesidad de fortalecer la voluntad política de las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, para que comprendan las amenazas que enfrentan los periodistas no sólo de manera individual, sino como un todo que pone en riesgo sus vidas como colectivo.
