Como sucede con otros repertorios de violencia en Colombia, las masacres se han ido volviendo parte del paisaje. Suceden una tras otra ante el silencio de la mayoría de la sociedad y de tímidas respuestas por parte del Estado. VerdadAbierta.com le puso la lupa a las cifras de los últimos cinco años, revelando que si bien la mayoría ocurren en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado, se evidencian nuevas dinámicas y patrones de victimización.
El término masacre está grabado en la memoria de ciertas generaciones y poblaciones que vivieron las épocas más convulsionadas del conflicto armado. Entre la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio eran frecuentes. Hoy, las masacres siguen ocurriendo pero se diferencian ampliamente de las que ocurrían en el pasado.
Antaño, esos crímenes implicaban grandes movilizaciones de tropas de grupos armados ilegales, ocurrían en apartadas regiones marginadas y rurales, dejaban decenas de víctimas e inmediatamente eran reivindicadas por sus autores para enviar diferentes mensajes con el fin de castigar a comunidades o imponer su control territorial.
De ese modo, fueron cometidas las masacres de El Salado, Mapiripán, El Naya, Mampuján, Macayepo, Chengue, El Aro, Barragán, Alaska y Trujillo, entre otras. (Leer más en: Masacres: la ofensiva paramilitar)
El panorama en los últimos años ha cambiado: actualmente hay nuevos victimarios, diferentes a los protagonistas históricos del conflicto armado interno, y las razones por las que implementan esta violenta estrategia no son las mismas. VerdadAbierta.com ha destacado el fortalecimiento de bandas urbanas como protagonistas principales en las masacres en Colombia, junto con los grupos armados ilegales. Estas compiten por el dominio territorial en ciudades y zonas que representan puntos estratégicos para actividades económicas ilícitas.
Entre 2019 y lo corrido de 2024 este portal ha documentado 439 masacres. Tienen en común que en la mayoría de los casos fueron asesinadas entre tres y cuatro personas, por lo general ningún grupo armado o del crimen organizado se atribuye la autoría de esos crímenes, y se repiten con frecuencia en algunos departamentos.
Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Putumayo, Magdalena, Bogotá y La Guajira, son las regiones con más casos. Y durante los últimos tres años la cantidad de masacres perpetradas en ellos fluctúa en rangos similares.
Salvo Bogotá, los nueve departamentos de ese listado históricamente han sido golpeados directamente por diferentes actores del conflicto armado. Lo anterior supondría que, al revisar los casos a escala municipal, aparecerían en los primeros lugares municipios de regiones como el Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el Catatumbo, el norte de Cauca y el Andén Pacífico.
Sin embargo, la realidad es otra, y deja entrever que en la actualidad hay nuevas dinámicas y actores ejecutando ese repertorio de violencia con distintos fines.
Entre los municipios con más masacres en los últimos cinco años se encuentran cinco ciudades capitales, entre ellas la capital de la República, Bogotá.
Por otro lado, la temporalidad muestra que las masacres casi se duplicaron entre 2019 y 2020; disminuyeron en tres casos para 2021, pero a partir de allí crecieron constantemente, aunque con pocos casos. Lo anterior significa que esos niveles de violencia se han estabilizado y que diferentes gobiernos nacionales no han podido encontrar soluciones.
Paula Tobo, investigadora del Área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que el aumento tan brusco después de 2019 se debe a que los grupos armados cada vez le tienen menos miedo las acciones del Estado y la Fuerza Pública. “No es de gratis que los actores armados decidan cometer ese tipo de crímenes”, sugiere Tobo. “Ellos perciben la inefectividad de las estrategias de seguridad nacionales y locales y sienten la facilidad de cometer este crimen”, finaliza.
Masacres en zonas metropolitanas
A lo largo de los últimos años, hubo una ‘urbanización de la violencia’, según afirma Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que defiende los derechos humanos en Cúcuta y sus alrededores, en Norte de Santander.
Mientras en los años 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisición de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en día se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtráfico y narcotráfico.
Así, desde el Acuerdo de Paz, ocurrida el 24 de noviembre de 2016, se ha ido reconfigurando el panorama de los grupos armados ilegales en los vacíos dejados por la extinta guerrilla de las Farc, y se afirman bandas delincuenciales violentas en las zonas urbanas del país.
De acuerdo con Tobo, de la FIP, ahora las masacres son un fenómeno propenso a ocurrir en cualquier espacio afectado por la criminalidad, a nivel local o nacional. Ejecutar una masacre es una herramienta que está al alcance de cualquier grupo criminal y es efectiva para amplificar la percepción de las capacidades del grupo o del control que ejerce. Por eso, al menos en el tiempo reciente, ocurren tanto en zonas urbanas como rurales.
También aclara que el aumento de las masacres en sectores urbanos se debe al empeoramiento de la situación de seguridad en las ciudades capitales que, principalmente, se ha atribuido a la emergencia de bandas locales que se multiplican en ciudades como Cúcuta o que multiplican sus disputas como en Barranquilla.
Cúcuta, la capital más afectada
La incidencia de 17 masacres desde 2019 en esa capital es un indicador claro de la gravedad del problema, que también se extiende a su zona metropolitana . Sólo en 2023 se perpetraron cuatro masacres, todas en la zona urbana de ese municipio. Así, Cúcuta es la capital departamental más afectada.
Cañizares destaca que la violencia en el departamento se ha focalizado especialmente en la zona metropolitana de Cúcuta en los últimos tres años. Además, señala que aunque las masacres no son tan comunes en el departamento, cuando ocurren, suelen ser perpetradas por bandas delincuenciales que luchan por el control territorial de barrios de la ciudad. De acuerdo con las autoridades locales, se enfrentan cuatro bandas con capacidad local y transnacional identificadas como Los Porras, Los AK47, Los Lobos y el grupo de ‘Carlos Pecueca’.
Por otro lado, según un análisis hecho por InSight Crime, esta ciudad se ha convertido en un lugar ideal para los grupos criminales venezolanos y su interés para establecerse en ella se debe principalmente a dos factores vinculados con Norte de Santander: el flujo migratorio y la variedad de economías ilegales en la frontera. Si bien en un inicio la aparición de estas bandas provocó enfrentamientos con el Eln, con quien competían por el control de los pasos fronterizos irregulares conocidos como trochas, hoy han logrado expandir su influencia en Cúcuta.
En esta capital, buena parte de las disputas entre bandas criminales están relacionadas con el control del microtráfico. Por ejemplo, según las autoridades policiales, el 27 de junio del año pasado, hombres armados asesinaron a tres miembros de una familia en su propia casa, que hacían parte de la misma red de microtráfico.
Barranquilla y Soledad, otro lío de bandas
Con 12 masacres desde 2019, en Barranquilla, capital de Atlántico, también se ha disparado la violencia por las bandas urbanas. Si bien las masacres prácticamente se duplicaron cada año desde 2021 en el departamento, las nueve masacres registradas en 2023 fueron perpetradas en su zona metropolitana, que incluye los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En el conteo de VerdadAbierta.com esa docena de casos sólo corresponde a los ocurridos en Barranquilla y no los municipios aledaños.
El puerto marítimo de Barranquilla es uno de los territorios más afectados por las disputas entre grupos por el control de rutas de paso de narcotráfico y puntos estratégicos para el contrabando de armas y otros ilícitos, como es la salida hacia La Guajira, por la troncal del Caribe.
A organizaciones criminales históricas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), se suman otras que tienen más influencia sobre las zonas urbanas, conocidas como Los Costeños y Los Pepes, según explica Luis Fernando Trejos, investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.
Soledad es otro municipio fuertemente afectado por ese repertorio de violencia. Y su situación cambió vertiginosamente en 2023: pasó de ser el escenario de una sola masacre en 2020 y en 2022, a cinco durante el año pasado. Lo anterior lo convirtió en el municipio con más casos en 2023, las cuales dejaron un saldo de 15 víctimas.
El origen de esas muertes se debe a la expansión de Los Pepes de Barranquilla hasta Malambo. Como consecuencia de los enfrentamientos con otras bandas ya presentes en el territorio, las masacres en Soledad, que se encuentra justo en el medio de ambos municipios, aumentaron significativamente el año pasado.
Paralelamente, Los Costeños se adjudicaron la masacre del 29 junio en Puerto Colombia. Asesinaron a tres miembros del Clan Vega Daza: Rafael Julio Vega -conocido como Kike Vega-, el padre de esa organización ilegal, y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Según el diario El Colombiano, ‘Kike Vega’ era conocido por ser un sicario de grandes narcotraficantes y dirigir un gran grupo criminal que se dedicaba al microtráfico y otros delitos. A este atentado sobrevivió Roberto Vega Daz, quien huyó a España y fue asesinado allá el 28 de febrero de este año.
Masacres en la capital
Bogotá acumula una docena de masacres desde 2019. En 2022 y 2023 ocurrieron la mayor cantidad de ellas, cuatro en cada año y todas en la zona sur.
La violencia en Bogotá está profundamente enraizada en las disputas territoriales entre diferentes bandas armadas, conocidas, entre otros, como Los Villegas, Los Yayas, Los Maracuchos, el Tren de Aragua y Las Bandas de Satanás.
En particular, los corredores entre zonas como Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar y Usme son críticos para controlar áreas estratégicas de la ciudad con el fin de alimentar el flujo de tráfico de armas y drogas. Así, las masacres se concentran en las áreas más pobres de la capital, donde la población es más vulnerable y los grupos criminales ejercen mayor dominio.
En este contexto, al ‘urbanizarse’, la violencia se ha vuelto más selectiva, con masacres y homicidios múltiples que a menudo están relacionados entre sí. Los jóvenes y los líderes sociales son objetivos principales: los primeros para enviar un mensaje de control; y los segundos para amedrentar y desarticular la cohesión social, explica David Jiménez, investigador en seguridad y derechos humanos.
Cali y una herencia mafiosa
Con ocho masacres desde 2019, la capital de Valle del Cauca es la cuarta capital regional con más masacres.
Cali es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado por ser la ciudad más grande de la región Pacífico y arrastra una tradición de violencia desde el furor de los extintos carteles del narcotráfico. El departamento de Valle del Cauca sirve como puente entre el norte de Cauca, el sur de Chocó y el océano Pacífico, lo que ha convertido su capital en un enclave para el crimen organizado.
El corredor hacia Buenaventura es un punto estratégico crucial por ser el principal puerto del país. No sólo es vital para la economía legal del país, sino que también juega un papel significativo en las economías ilícitas, como el tráfico de drogas y armas.
La presencia de grupos armados, en específico el Estado Mayor Central (Emc), en zonas rurales cercanas como los Farallones y en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como Pradera, exacerba la situación de violencia en las áreas urbanas de Cali. De hecho, con redes de apoyo en la ciudad se facilitan las operaciones de estos grupos que buscan extender su control territorial hacia el entorno urbano.
Por otro lado, a nivel local, el legado mafioso que dejaron los carteles de Cali y del Norte del Valle, los cordones de miseria que genera el conflicto armado con desplazados de diferentes regiones, la corrupción y la falta de oportunidades en sectores vulnerables, generaron la proliferación de diversas redes de crimen organizado. Una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicada en septiembre de 2019, documentó que en esa ciudad hay 182 empresas delincuenciales, que no tienen cabezas visibles de mando y tercerizan sus crímenes.
“En Cali no se han establecido diálogos con las bandas urbanas en el proceso de Paz Total”, explica Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “En Medellín, en cambio, hay una conversación de paz urbana abierta con La Oficina de Envigado y sus principales bandas que dominan la ciudad”, finaliza. Esto sugiere que, a diferencia de otras ciudades que han logrado avances significativos en términos de diálogos de paz con grupos armados, Cali enfrenta desafíos únicos en este frente.
Medellín, el caso atípico
El caso de Medellín es contrario al de las ciudades capitales del país. Sólo se han presentado dos masacres en los últimos cinco años. En la última, ocurrida el 22 de marzo de 2022, tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados en el barrio Robledo, al noroccidente de Medellín. Hay muchas versiones sobre la razón de esta masacre; una de ellas, contemplada por la Policía, es que podría tratarse de una retaliación entre bandas criminales.
La anterior masacre se remonta al 15 de febrero de 2020, cuando cuatro personas fueron asesinadas mientras departían en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13. Según El Colombiano, integrantes de la banda La Agonía estaban vengando el intento de asesinato de uno de sus integrantes apodado ‘César’, a manos de Los Peñitas. Apenas una de las víctimas tenía relación con la disputa.
El hecho de que sólo se registren estas dos masacres desde 2019 llama la atención, pues Medellín se encuentra entre los primeros lugares de otras expresiones de violencia. En 2023, según Medicina Legal, la capital antioqueña fue el quinto municipio con más homicidios (345), por detrás de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Según Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, esto se debe al modelo de gobernanza ilícita que hay en Medellín.
La gran estructura criminal que domina la ciudad es La Oficina de Envigado, también conocida como ‘La Oficina del Narcotráfico’. A esta organización pertenecen alrededor de 12 bandas criminales que a su vez regulan los llamados ‘combos’, un conjunto de más o menos 400 grupos pequeños que están en todo Medellín. La división del territorio ya está establecida, por lo que tampoco hay competencia o enfrentamientos entre las bandas.
El control de territorio y población es una fuente importante de legitimidad para estas bandas criminales. Al contrario de las organizaciones criminales en otras ciudades, estas sólo usan la violencia para casos excepcionales con el objetivo de enseñar una lección sin llamar la atención de las instituciones gubernamentales y generar confrontación. Por eso, las masacres no son un recurso utilizado en esta ciudad.
“Desde 2003 no hay presencia insurgente territorial en la ciudad”, explica Yuri. “El nuevo paramilitarismo, que devino en los grupos del narcotráfico, se caracteriza por la búsqueda de control social, pero sin el objetivo de eliminar blancos políticos sociales, por lo que ninguna modalidad se expresa en indicadores de violencia abierta y muchos menos en masacres”, finaliza.
En teatros ‘tradicionales’ del conflicto
Esta tendencia de violencia urbana se suma al histórico conflicto armado que ha azotado ciertas regiones desde hace décadas. En el país hay dos situaciones contradictorias, reporta la FIP en un análisis del 13 de febrero de 2024: por un lado, los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas; por otro, las disputas que tienen entre ellos por el control social y territorial han aumentado de manera significativa.
En algunos territorios las masacres todavía son utilizadas para ejercer control sobre poblaciones, economías ilegales e, incluso, violencia intrafilas. Un caso que representa esa situación es el asesinato de cuatro menores de edad indígenas ocurrido el 17 de mayo de 2023 en Putumayo, quienes intentaron desertar de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, tras ser reclutados de manera forzada.
Antioquia, el departamento más masacrado
En Antioquia las masacres todavía hacen parte del panorama de violencia. Los grupos armados aún utilizan esta estrategia para controlar los territorios del departamento, lo que lo convierte en el que más casos registra en los últimos años: VerdadAbierta.com documentó 66 masacres con 244 víctimas.
En Antioquia tienen injerencia y control los frentes 18 y 36 de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (Emc), las Agc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hay territorios controlados por un sólo grupo, otros donde hay coexistencia, alianzas y zonas con enfrentamientos. En particular, las comunidades del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, quedan atrapadas entre los enfrentamientos del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Agc, contra los frentes 4, 18, 24 y 36 del Emc, que están aliados con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln.
Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que la minería ilegal es uno de los principales negocios de los que se están lucrando los grupos armados por lo que los enfrentamientos son por el control de alrededor de 13 minas ilegales en la región. A partir de las investigaciones del IPC se descubrió que las masacres perpetradas en Cáceres (el 24 de agosto) y en Santa Fe de Antioquia (el 3 de diciembre de 2023), fueron por esta disputa; cada una dejó el saldo de seis personas asesinadas.
Sobre el último caso, la Policía reportó que un grupo de hombres robó $2.000 millones en oro que pertenecía a las Agc, pues fue extraído de sus socavones ilegales. Por eso, los líderes del grupo armado capturaron a los supuestos ladrones antes de que huyeran de la región con el jugoso botín. Después los torturaron, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en dos tandas en la zona rural del municipio.
Zapata explica que este es uno de los tres escenarios en los que se presentan las masacres en Antioquia. El segundo tiene que ver con la disputa por la expansión del microtráfico en las fincas cafeteras, donde se pueden emplear más de 100 o 200 personas en épocas de cosecha y la mayoría es adicta al bazuco.
Las masacres de 2023 perpetradas en Ciudad Bolívar (el 28 de enero y el 14 de febrero) y en Venecia (el 17 de diciembre) responden a esta dinámica. “Si llega un nuevo traficante a la zona, busca asesinar al distribuidor actual y si cae también el administrador de la finca o los consumidores, no importa”, precisa Zapata.
En el tercer escenario se enfrentan guerrillas y paramilitares y las zonas más afectadas son las que tienen municipios vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, los lugares que han sido especialmente afectados por el conflicto armado debían ser prioridad para convertir el campo en un escenario de reconciliación y transformación estructural.
Sin embargo, Zapata explica que el Estado no ha sustituido la presencia de los grupos armados y, por eso, continúan la violencia que puede expresarse en masacres. En algunos casos, un grupo armado hace un atentado contra alguien que supuestamente hace parte de otro grupo y a partir de ahí mueren más personas.
Cauca, el conflicto al rojo vivo
Este es el segundo departamento con más masacres. En el último quinquenio fueron cometidas 61, promediando 12 por año. Tiene dos municipios entre los primeros cuatro lugares con más casos: Santander de Quilichao (12) y El Tambo (10). Y otros como Argelia, Corinto, Suárez y Balboa, superan en cantidad a municipios de otros departamentos.
En este territorio actualmente tienen presencia el Emc, la Segunda Marquetalia y el Eln. Actualmente el gobierno nacional suspendió el cese al fuego con el grupo de ‘Iván Mordisco’ en ese departamento tras múltiples incumplimientos y el asesinato de líderes indígenas, razón por la que las confrontaciones entre ese grupo armado ilegal y la Fuerza Pública han aumentado. También rondan panfletos de grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc como las Águilas Negras y las Agc, aunque las autoridades señalan que no tienen presencia en esta región.
Esta región es zona de disputa tanto por la minería ilegal como por la siembra de cultivos de denominado uso ilícito (coca, amapola y marihuana). También por su ubicación geográfica, por tener conexión con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila, a la par de salida al Pacífico, con los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi.
Norte de Santander, centro de masacres urbanas
Este departamento cuenta con una particularidad: ocupa el cuarto puesto como el departamento con más masacres, pero ahora se concentran en su ciudad capital y no en el Catatumbo, pues 17 de las 33 registradas por VerdadAbierta.com ocurrieron en ella. Lo anterior no significa que ya no ocurran en los ocho municipios que conforman esa región, pues en el último quinquenio se perpetraron nueve en Tibú, Ocaña y El Carmen.
Cañizares, de la Fundación Progresar, explica que durante los últimos cinco años la región del Catatumbo ha estado marcada por el rearme y fortalecimiento de las disidencias de las Farc. En el marco del posacuerdo surgieron tres estructuras: los frentes 33 y 41 del Emc, y la Segunda Marquetalia, que se suman a las alrededor de diez estructuras del Eln y los rezagos que persisten del Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos grupos armados pelean por economías ilegales y el copamiento de los territorios abandonados por las extintas Farc.
A pesar de las disputas, el analista de la Fundación Progresar asegura que durante los últimos cinco años las masacres no han sido empleadas por los grupos armados como antaño.
Nariño, donde la guerra no cesa
Con 30 casos y 123 víctimas, este es el quinto departamento de Colombia con mayor cantidad de masacres ocurridas entre 2019 y 2023. El municipio más afectado por este tipo de violencia es Tumaco, donde se registraron 12 casos.
Así como el resto de Colombia, en 2020 las masacres aumentaron drásticamente: de dos casos en 2019 subieron a nueve, cifra que se mantuvo en 2021. En 2022 se redujeron a cuatro.
“Podemos decir que es una de las disputas más activas en el conflicto armado”, declara Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group. Explica que en este departamento está presente el Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, el Eln, el Emc e incluso las Agc. Los combates entre estos grupos por el control de las rutas del narcotráfico son constantes y la población siempre queda en medio, por lo que las masacres son inevitables.
Putumayo, disputa entre disidencias
Durante los últimos cinco años, VerdadAbierta.com registró 21 masacres que dejaron 85 víctimas en ese departamento ubicado en la Amazonía colombiana, lo que lo convierte en el sexto con más casos.
Putumayo es un departamento con altos niveles de desigualdad e insuficiente presencia integral del Estado, lo que genera una ventaja para los grupos armados y un desafío para que haya paz en el territorio.
Actualmente tienen presencia dos grupos armados inmersos en un conflicto: el Frente Carolina Ramírez del Emc y los Comandos de la Frontera (Cdf), un grupo adscrito a la Segunda Marquetalia, conformado por disidencias de las Farc y La Constru (desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)), que busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.
La violencia sigue latente en todo el departamento, pero ha disminuido su expresión en forma de masacres. Putumayo es uno de los tres departamentos del país en los que hubo un leve decrecimiento entre 2022 y 2023: pasaron de ocho a cinco. De acuerdo con el investigador Mantilla, esa reducción se debe a un ‘empate técnico’ entre los Cdf y el Emc, que quedó replegado en el vecino departamento de Caquetá.
Además, sugiere que después de que se perpetraron violentas masacres en la región, hubo atención mediática que recalcó la necesidad de actuar frente a este fenómeno y hubo una atención del Estado.
El 17 de mayo de 2023, cuatro adolescentes del pueblo indígena Murui-Muina, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, fueron asesinados por integrantes del Frente Carolina Ramírez del Emc. Los menores, que habían sido reclutados forzosamente por el grupo armado, intentaron huir para volver a su comunidad, pero cuando se encontraban en la comunidad de El Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, los asesinaron.
Ese caso conmocionó al país y no sólo generó rechazo en diversos sectores sociales y políticos, incluyendo una fuerte declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro ordenara el fin del cese el fuego con este grupo en esa región.
Masacres en municipios PNIS y PDET
El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es una herramienta creada en 2016 por la firma del Acuerdo de Paz para implementar de manera prioritaria los programas de la Reforma Rural Integral y otras políticas del posconflicto. Se escogieron 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones en las que se busca garantizar la presencia del Estado, la provisión de bienes y servicios públicos y la disminución de conflicto armado y pobreza.
Junto al PDET, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), como una estrategia para promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en 56 municipios y, así, superar las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten ellos. En total, 46 hacen parte de ambos programas.
VerdadAbierta.com registró 178 masacres en municipios PDET y 86 en municipios PNIS en los últimos cinco años. La lectura de esas cifras coincide con la tendencia nacional del país, pero tiene un matiz diferenciador: las masacres prácticamente se duplicaron entre 2019 y 2020, pero a partir de 2021 se han reducido considerablemente.
Para Dickinson, del International Crisis Group, esa disminución se debe entonces más a una “decisión estratégica por parte de los grupos armados en el contexto de los diálogos de Paz Total para no llamar la atención”. Y plantea que el repunte de ellas en los años anteriores se debe a que “ninguna región PDET alcanzó cambiar las condiciones estructurales más rápidamente que el conflicto se reconfiguró”.
Pero dado que los programas PDET y PNIS fueron diseñados como una estrategia a largo plazo, el impacto tangible en la reducción de esas masacres está por venir.
¿Qué debe hacer el gobierno nacional?
En este contexto de aumento general de las masacres en Colombia, Carlos Zapata concuerda con Indepaz, señalando que los ceses al fuego con grupos armados ilegales y las treguas acordadas entre bandas delincuenciales han disminuido algunos eventos violentos contra la población y han generado un poco de esperanza con que se apacigüen los conflictos en algunas regiones.
Sin embargo, los expertos consultados por VerdadAbierta.com, en general, afirman su escepticismo en cuanto al descenso o desescalamiento de la violencia para el año 2024. En particular, Mantilla advierte que no se debe bajar la guardia porque sugiere que, ante un declive real, “podríamos estar presenciando un apaciguamiento momentáneo de los grupos armados, que podrían estar consolidando su control territorial para sentar su control en las comunidades, esperando el desenlace de las conversaciones en curso”.
Para realmente invertir la tendencia, sugiere que el gobierno nacional debe tomar dos medidas cruciales: avanzar y converger en diálogos regionales de paz, pese a posibles crisis en la mesa con el Eln, y establecer ceses al fuego multilaterales en zonas donde estén presentes el Emc y el Eln, ambos en procesos de paz.
De igual manera, Trejos insiste en que es importante que desde la Casa de Nariño se mantengan estrechas relaciones con todos las administraciones locales afectadas por el conflicto y no sólo con las que están alineadas con su ideología o partido político, porque esta dinámica deja excluidas del panorama de la Paz Total a muchas ciudades del país como Barranquilla y Santa Marta, que también necesitan su atención para disminuir la violencia.
Además, los expertos coinciden en que el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación no ha sido suficiente para procesar a los responsables de las masacres. Debido a que las autoridades sólo actúan sobre hechos probados, estos crímenes quedan impunes. Las limitadas respuestas institucionales hacen que las víctimas se queden sin justicia, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad, pues a los grupos armados y las organizaciones criminales les queda el camino fácil para seguir cometiendo masacres.
El Ministerio de Defensa reportó que en los primeros 21 días de este año ocurrieron seis masacres, que dejaron 18 víctimas. A la fecha de publicación de esta investigación (18 de abril de 2024), este portal ha verificado 18, con 52 víctimas, en los departamentos de Bolívar, Cauca, César, Chocó, Huila, Magdalena, Risaralda, Bogotá y Valle del Cauca. Este último departamento sigue siendo de los más violentos, pues ya registra tres masacres.
