La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) publica este sábado una serie de informes sobre las afectaciones que vivieron los pueblos originarios en 2022. Asesinatos, masacres, deforestación, explotación de hidrocarburos y megaproyectos en resguardos indígenas, son algunos de los temas que documenta.
“Nos siguen matando”. Esa frase ilustra la portada del informe ¿La Última Esperanza para la Paz? Informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas en 2022. El documento, realizado a partir del monitoreo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, señala que finalizada la fase de reconfiguración del conflicto armado iniciada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, la “violencia política” aumentó de manera alarmante en Nariño, Chocó y La Guajira.
Para esta Comisión, la violencia política “se traduce en hechos violentos y sistemáticos a través de los cuales se busca debilitar el movimiento indígena y sus procesos organizativos autónomos en torno a la defensa de la vida y el territorio, por medio del exterminio a los liderazgos y el uso del miedo y el terror como dispositivos de poder para alcanzar unos intereses concretos y de control territorial”.
De ese modo, los homicidios de integrantes de comunidades indígenas son vistos como la máxima manifestación de la violencia política que sufren en el país, los cuales, “en años recientes se han incrementado como consecuencia de la falta de implementación del AFP (Acuerdo Final de Paz) y la reconfiguración del conflicto armado interno”.
Además, el año pasado tuvo una intensa actividad electoral en la que, por primera vez en su vida republicana, la jefatura del Estado quedó en manos de gobernantes de izquierda, con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, como presidente y vicepresidente de la Nación. Ese proceso tuvo eco en la violencia contra los pueblos indígenas: “Por otra parte, junio, julio y agosto que corresponden al final de la carrera electoral por la presidencia y vicepresidencia del país, y la posterior posesión del gobierno Petro Urrego-Márquez Mina, dan muestras de la relación existente entre los hitos electorales y el ‘recrudecimiento generalizado de la violencia en el país’”.
Los registros del observatorio de la CNTI, que datan de 2017, dan cuenta de que cada cuatro días una persona de comunidades indígenas es asesinada en Colombia. “Esta cifra es una desafortunada muestra del riesgo inminente que corren los pueblos indígenas, quienes vienen denunciando el genocidio al que se enfrentan ‘en tiempos de paz’, ante la firme negativa a permitir la incursión en sus territorios de actores externos con intereses económicos ligados al narcotráfico y procesos extractivistas o de explotación intensiva de la tierra, que van en contravía de su ley de origen y derecho propio”, detalla el documento.
Al revisar los 108 asesinatos por distribución territorial, se encuentra que ocurrieron en 10 departamentos y 39 municipios de Colombia. La mayor cantidad de ellos, el 72 por ciento, se concentró en la región suroccidente, en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.
Lo anterior está relacionado, según la CNTI, “con la consolidación de esta región como un corredor estratégico para las economías ilegales y grupos armados, y da cuenta del impacto diferenciado que las dinámicas de violencia territorial tienen en los ejercicios de organización y resistencia adoptados por los pueblos indígenas allí asentados”.
Sin embargo, hay un quiebre en las tendencias de años anteriores en esa región, pues Nariño, con ocho víctimas más que en 2021, pasó a ser el departamento con más indígenas asesinados; situación contraria sucedió en Cauca, que tuvo 22 víctimas menos, entre 2021 y 2022.
Al respecto, el informe indica que esa “variación en las cifras de homicidios indígenas encuentra explicación en la intensificación de la situación de violencia en Nariño, particularmente en la región del Pacífico que por su doble condición de corredor hacia el mencionado océano y frontera con Ecuador, se ha vuelto particularmente estratégica para las economías ilícitas”.
Otros departamentos en donde la violencia aumentó drásticamente son Putumayo y La Guajira. Con relación a 2021, los asesinatos se incrementaron un 216 por ciento en el primero, y un 200 por ciento en el segundo. Para la CNTI, esa situación está relacionada con “el escalonamiento del conflicto armado en estas regiones de la mano de la consolidación de intereses económicos extractivistas sobre los territorios y el consecuente impacto sobre los pueblos indígenas asentados en estos”.
Los 108 asesinatos perpetrados en 2022 afectaron a 15 pueblos indígenas, lo cual representa otro aumento frente a 2021, que tuvo 13 pueblos atacados. Los más afectados el año pasado fueron los Awá, los Nasa, los Wayúu y los Embera.
Lo anterior refleja una tendencia marcada desde la firma del Acuerdo de Paz, pues esos cuatro pueblos son los “más afectados por la violencia homicida, debido a su asentamiento en regiones fuertemente impactadas por el conflicto armado interno y a las presiones que existen de los actores armados sobre sus territorios ancestrales u ocupados tradicionalmente”. Aunque es la primera vez que ese listado lo encabezan los Awá y no los Nasa.
La CNTI recalca que 14 de los 15 pueblos afectados, cuentan con medidas de protección por parte de la Corte Constitucional, en seguimiento a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado derivado del conflicto armado interno.
Por ello, lamenta que, “a pesar de que en Autos de seguimiento como el 004 de 2009, el 382 de 2010, el 174 de 2011, el 266 de 2017 y el 620 de 2017, la misma Corte ordenó la formulación e implementación de planes de salvaguarda étnicos para los pueblos indígenas, para prevenir y atender las situaciones derivadas del impacto del conflicto armado, a la fecha no se encuentra en fase de implementación ningún plan de salvaguarda ni las medidas de protección”.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 17 por ciento de ellas estaba relacionada con roles de autoridad en comunidades indígenas o defensa de los derechos humanos. Además, fueron asesinados 13 guardias indígenas, la mayoría en Cauca (53 por ciento), Nariño (30 por ciento) y Chocó (15 por ciento).
Sobre los presuntos responsables de los asesinatos, como suele ser frecuente, se desconoce quiénes son. Para el año pasado, la CNTI señala que se desconoce la autoría en el 57 por ciento de los casos, situación que está a la par con el promedio registrado entre 2016 y 2021.
Lo anterior “da cuenta de un contexto de violencia caracterizado por la impunidad y la vulnerabilidad que enfrentan a causa de las constantes disputas con actores armados en respuesta a los intereses económicos sobre los territorios indígenas, lo que ha desencadenado desarmonías territoriales y desajustes en las prácticas culturales y espirituales fundamentales para su pervivencia”.
Masacres
El informe también realiza un análisis de las masacres ocurridas el año pasado, en la que también les fue arrebatada la vida a integrantes de comunidades indígenas. De los 108 asesinatos, 34 ocurrieron en once masacres, perpetradas en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
Esa situación sitúa a 2022 como el año en el que más indígenas fueron asesinados en medio de masacres. “Entre 2017 y 2022 se registraron en el país 29 masacres, cuyas víctimas fueron indígenas; de las cuales el 40% sucedió durante este último año”, señala el informe.
Y prosigue: “En cuanto a la tendencia de ocurrencia de masacres contra población indígena, en el periodo mencionado se evidenció el exabrupto de una tasa de crecimiento del 1.000% respecto de 2017, lo cual deja a 2022 como el año de mayor ocurrencia de este hecho violatorio de los derechos humanos en lo que va de corrido de la firma del AFP (Acuerdo Final de Paz)”.
Por lo tanto, la CNTI insta a crear una alerta sobre las masacres como hechos de violencia sistemática en contra de la población indígena del país, dada la tendencia a su incremento durante los últimos seis años.
“Ante la profundización del conflicto armado después de la firma del AFP, las masacres han sido empleadas como dispositivos de poder y coacción en contra de los pueblos indígenas y su movimiento colectivo y organizativo, con la clara intención de romper el tejido social fundamental para su pervivencia física y cultural”, plantea el documento.
De acuerdo con la información consolidada por el observatorio de la CNTI, las masacres se concentraron entre 2017 y 2021 en Cauca, con el 44 por ciento de los casos; Nariño, con el 28 por ciento; Putumayo, con 11,11 por ciento; y Caldas, La Guajira y Valle del Cauca, cada uno con un respectivo 5,5 por ciento.
En 2022 las masacres ocurrieron en Putumayo (tres), Chocó (tres), Nariño (dos), La Guajira (dos) y Cauca (una). En cuanto a víctimas en esos eventos, Nariño tiene la mayor cantidad de víctimas: diez, seguido por La Guajira con nueve, Chocó con siete, Putumayo con cinco y Cauca con tres.
La CNTI llama la atención sobre la situación de Chocó y La Guajira, ya que, comparados con los promedios de masacres ocurridas entre 2017 y 2021, el año pasado tuvieron un aumento del 200 y del 100 por ciento, respectivamente. Por ello, enciende las alarmas, ya esa situación “parece indicar que el ejercicio de la violencia directa en contra de los pueblos indígenas se ha ido dispersando y profundizando en varios puntos del territorio nacional después de la firma del AFP”.
Y recalca: “La violencia ya no se concentra únicamente en una zona sino que, con el pasar de los años, se ha ido reproduciendo en lugares donde anteriormente no había registros, o estos eran bajos en comparación con los territorios con mayor número de masacres: norte del Cauca y el Pacífico nariñense, en el acumulado 2017-2021”.
También pone la lupa en la situación del pueblo Awá, pues nueve de los diez asesinatos que padeció el año anterior, ocurrieron en contextos de masacres.
Finalmente, el informe hace una llamado a la Justicia: “Sobre esta situación es preciso resaltar el nivel de impunidad e incertidumbre alrededor de las masacres, pues en el ciento por ciento de los casos se desconoce sus autores mediatos e inmediatos, de manera que en el departamento de La Guajira se reproduce la situación de violencia e impunidad que viene ocurriendo en otros como Cauca y Nariño desde años anteriores”.
Como lo muestra la evidencia, a pesar del cambio de gobierno nacional, que además está adelantado negociaciones con grupos armados de diversas naturalezas para construir una Paz Total, a los pueblos indígenas los “siguen matando”. Este diagnóstico y cinco más serán presentados esta tarde en el Museo Nacional de Bogotá, como un llamado de atención, otro más, que hacen estos pueblos originarios para vivir sin violencia y en armonía en sus territorios
