Se trata de un predio en el departamento de Córdoba que, en 2003, fue expropiado por paramilitares y entregado a familias que aún continúan allí. El problema se agravó porque el Estado lo catalogó como baldío y firmó contratos de derecho de uso con los ocupantes, pero luego corroboró que era propiedad privada. La Procuraduría abrió actuación preventiva.
Un entuerto jurídico creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT): no sólo despojó a su legítima propietaria de un predio de 309 hectáreas, sino que ahora tiene a decenas de familias campesinas en riesgo de desalojo, lo que podría generar un drama social y económico para quienes están allí desde hace poco más de 20 años.
El inicio de esa maraña se dio en el corregimiento Batata, del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, y lo generaron paramilitares que, en 2003, obligaron a sus legítimos dueños a abandonar el predio, conocido como Puerto Rico, para entregarlo a 45 familias campesinas que carecían de tierra para trabajar.
Esa arbitraria “micro reforma agraria” la lideró Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ con hombres bajo su mando que hacían parte del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa fue una estrategia de control social que emplearon diversos grupos paramilitares. (Leer más en: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada)
La trama de Puerto Rico se ha enredado aún más por la poca eficiencia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en resolver una solicitud de restitución presentada desde el 21 de junio de 2012, pese a que el predio fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y su propietaria como persona despojada.
Y todo acabó de complicarse a finales de 2019 cuando la ANT calificó el predio como un baldío de propiedad de la Nación y, con base en esa decisión, suscribió y formalizó 26 contratos “de otorgamiento de derechos de uso sobre predio baldío inadjudicable” por diez años con las familias ocupantes e inició el proceso con 19 más, que conforman el grupo de labriegos que llevó allí alias ‘Don Berna’.
Esos 26 contratos fueron firmados entre el 29 de enero y el 9 de febrero de 2021. Por la ANT los rubricó Campo Elías Vega Rocha, quien, para ese año, ocupaba el cargo de Subdirector de Administración de Tierras de la Nación.
El desorden institucional es de tal magnitud que la ANT desconocía que la tradición de la propiedad de la hacienda Puerto Rico se remontaba a 1963, cuando la Gobernación de Córdoba le adjudicó 185 hectáreas a Luis Antonio Rodríguez García, mediante la Resolución 00021 del 20 de agosto de ese año. Y que, posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), mediante la Resolución 00591 del 28 de febrero de 1973, le adjudicó 124 hectáreas más.
De esa manera se constituyó un globo de tierra de 309 hectáreas (aunque la escritura registra 304 hectáreas) que fue registrado el 25 de agosto de 2008 en la Notaría Segunda de la ciudad de Montería por el entonces propietario Rodríguez García. Para ese año, el predio ya estaba ocupado por medio centenar de familias de escasos recursos que llegaron allí auspiciadas por grupos paramilitares.
Ante la muerte del propietario, el 12 de mayo de 2016, su esposa, Gabriela Solano, y su hija adoptiva, Adriana Isabel Gómez Echenique, heredaron el predio en partes iguales. En julio de 2018, la hija adquirió la parte de su madre y quedó como propietaria única de la hacienda.
En diversas comunicaciones dirigidas a la ANT el año pasado, Gómez Echenique le solicitó a esa agencia estatal que le explicara por qué se estaban adelantando “procesos misionales” en su propiedad, lo que a todas luces era arbitrario e ilegal, y reiteraba que se estaba cometiendo un grave error al catalogar su finca como un baldío, configurándose así un despojo estatal que la autoridad agraria enmendó, pero con impactos indeseados en los actuales ocupantes.
Mediante un oficio fechado el 8 de septiembre de 2022, el último que recibió la dueña del predio sobre sus reclamaciones, la ANT admitió que la hacienda Puerto Rico “efectivamente es de propiedad privada y dicho derecho real de dominio se encuentra en cabeza de la peticionaria”.
Con base en esa aclaración, el 21 de noviembre del año pasado los abogados de Gómez Echenique le enviaron una carta al nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, designado por el presidente Gustavo Petro, solicitándole una audiencia para hablar del tema y buscar soluciones, pero pasados más de cinco meses no ha habido respuesta alguna.
Asediados por la guerra
Rodríguez García y su familia se dedicaban al trabajo agropecuario en su finca: sembraban maíz y arroz, aprovechaban la madera, y criaban cerdos, vacas y caballos. De eso vivían. No obstante, llegó la guerra a aquellas montañas cordobesas y todo cambió.
Desde finales de la década de los años ochenta comenzaron a ser acosados por diversos grupos armados ilegales, que los han obligado a desplazarse de su predio de manera forzada. El primer caso ocurrió en 1988. Para ese año, fueron amenazados de manera reiterada por guerrilleros de Epl que trasegaban por el departamento de Córdoba, situación que los obligó a abandonar el predio por unos años.
Tras volver para recuperar su hacienda, fueron víctimas de robo de muebles, enseres y ganado en 1999 por hechos perpetrados por guerrilleros de las extintas Farc, ocasionando de nuevo su desplazamiento y dejando tras de sí años de labores agropecuarias.
El recrudecimiento de la guerra y el posicionamiento de grupos paramilitares en Córdoba obligaron a muchos dueños de fincas a abandonarlas, lo que generó prácticas de apropiación ilegal impuestas por los jefes de esas estructuras armadas ilegales, entre ellos el predio Puerto Rico, que cayó en manos de alias ‘Don Berna’, quien lo parceló para entregar los lotes, 45 en total, a familias campesinas de la región.
De ese despojo supo la Fiscalía el 26 de diciembre de 2006, cuando Rodríguez García puso en conocimiento del ente investigador lo ocurrido. La víctima narró que meses después de la ocupación del predio, su hija Adriana Isabel acudió con su esposo a una reunión citada por ‘Don Berna’ y le pidió explicaciones de por qué les habían quitado la finca y le solicitó que se las devolviera. “En respuesta, aquél la insultó, le dijo que necesitaba el terreno y la amenazó con matarla”, se lee en documentos judiciales.
Esa apropiación ilegal fue coordinada por el paramilitar Jesús María Rivera Pico, conocido con el alias de ‘Fernando Pico’, y de ella dio cuenta alias ‘Don Berna’ ante fiscales de Justicia y Paz el 9 de septiembre de 2014. En audiencia de versión libre, explicó “que dicha finca estaba abandonada y con el respaldo del grupo armado ilegal bajo su mando fue ocupada por campesinos que comenzaron a trabajarla”.
Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 7 de julio de 2021, el predio fue protegido por una medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo del proceso transicional que se sigue contra exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová, lo que significa que está por fuera del mercado de tierras.
De acuerdo con el alto tribunal, “si se comprueba que quien solicita la restitución en verdad fue despojada de su predio, afectada a causa de ese hecho o le asiste derecho para reclamar, se garantizará su derecho fundamental y preferente a la restitución. Por el contrario, si se verifica que no cumple las exigencias legales para la devolución, el bien retornará a Justicia y Paz para ser cautelado con fines de reparación a las víctimas”.
Grave error estatal
En esta trama es clave un oficio fechado el 8 de septiembre de 2022 y remitido por la ANT a Gómez Echenique. El documento está firmado por Vega Rocha, el mismo funcionario que suscribió los 26 contratos “de otorgamiento de derechos de uso sobre predio baldío inadjudicable”.
En ese documento, el funcionario le explicó a la propietaria por qué catalogaron la hacienda Puerto Rico como un bien baldío de la Nación y de qué manera se suscribieron esos contratos de uso. Además, aprovechó para resaltar que la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación “actuó con pericia, probidad y buena fe duranta el desarrollo de todas las etapas procedimentales”.
Pero esa supuesta diligencia contrasta con la realidad expresada en sendos documentos de propiedad, lo que llevó a la ANT a concluir que “no está en discusión la naturaleza del predio que, luego de un análisis detallado de los documentos aportados, es evidente que se trata de un bien inmueble de propiedad privada y cuyo derecho real recae en cabeza de la señora Adriana Isabel Gómez Echenique”.
Incluso, para llegar a esa conclusión se descartó que el predio estuviera afectado por las limitaciones a la propiedad privada impuestas por el Decreto 2811 de 1974, entre ellas la prohibición de adjudicar baldíos en zonas de reserva forestal, pues la entrega de los dos predios que conformaron la hacienda Puerto Rico, y que hacen parte de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, se hizo en 1963 y 1973, antes de la entrada en vigencia de esa norma.
¿Pero, cómo fue que la ANT conceptuó que la hacienda Puerto Rico era un baldío? En noviembre de 2019, esta agencia estatal inició un proceso de intervención en zona rural del municipio de Tierralta con el fin de establecer si era posible otorgar derechos de uso a familias campesinas que ocuparan predios baldíos de la Nación y que, además, fueran afectados por alguna condición de inadjudicabilidad, entre ellas la de estar en zona de reserva forestal.
Los funcionarios llegaron a la vereda Puerto Rico, del corregimiento Batata, en marzo de 2020. “A partir de ahí, entre marzo del 2020 y mayo del 2021, se iniciaron cerca de 50 procesos de otorgamiento de derechos de uso, lo que significa que se caracterizaron 50 familias y se realizó el levantamiento topográfico de igual número de predios, actuaciones que son el punto de partida para el resto de las etapas subsiguientes, como los informes técnico-jurídicos preliminares y definitivos, auto de inicio y demás actos administrativos”, se lee en el oficio de la ANT.
Uno de los labriegos que aún posee contrato de uso fue consultado por VerdadAbierta.com y contó cómo fue ese proceso: “Aquí llegaron los de la ANT, nos hicieron una reunión y nos explicaron que íbamos a firmar unos contratos y nos iban a dar unos incentivos por eso del cambio climático para conservar bosques. Entonces ellos comenzaron a mediar las tierras, sin preguntar de quiénes eran”.
En su defensa, la ANT insistió en el oficio remitido a Gómez Echenique que al momento de hacer esos procedimientos no había información clara en entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitiera concluir que estaban frente a un predio privado. Y agregó: “Tampoco era posible saber que este predio contaba con una medida de protección por despojo a causa del conflicto armado, máxime cuando la URT no informó de ningún conflicto o medida de algún tipo”.
Este portal consultó a la agencia agraria para corroborar la información enviada en septiembre del año pasado a la propietaria de la hacienda Puerto Rico. A través de un correo remitido desde la Oficina de Comunicaciones, la entidad explicó que al momento de hacer el proceso de caracterización de las familias campesinas “la ANT no encontró ninguna oposición por parte de propietario alguno, que el propietario del predio no hace presencia en el mismo desde hace varios años y al revisar la información registral y catastral el predio no contaba con un folio de matrícula, lo cual lo constituía como baldío”.
Y reiteró la entidad que una vez se analizó “la documentación suministrada por quien se identificó como propietaria se pudo constatar que el predio era propiedad de esta persona”, con lo cual se confirma que los 26 contratos de uso firmados por los campesinos no cumplían con los requisitos para su suscripción y deben cancelarse.
Sin información y sin plata
Desde el 8 de septiembre de 2022, la ANT había establecido la ruta jurídica para atender los reclamos de Gómez Echenique: revocar los 26 contratos de uso firmados con las familias campesinas que se encuentran vigentes y darlos por terminados; y ordenar el archivo de los 19 contratos que estaban en etapa de formalización y firma. En ambos casos, el argumento es que, con el reconocimiento de propiedad privada, ya no se cumple el requisito mínimo para suscribir este tipo de contrato, que es el de que se ejecuten sobre un predio baldío de la Nación.
Si bien la decisión se produjo hace ocho meses, los labriegos que ocupan la hacienda Puerto Rico aún no han sido notificados por la autoridad agraria de la medida. Así lo constató este portal al comunicarse con varios de ellos. La noticia los tomó por sorpresa. “Llevo 18 años de vivir en la parcela y tengo muchos bosques”, dice el labriego consultado, a quien por razones de seguridad se le omite la identidad. “Y aquí nadie ha venido a decirnos que ya no tenemos contrato”.
Tanto ese campesino como otros reconocen a la señora Gómez Echenique como la dueña del predio Puerto Rico. “Nosotros no hemos tenido ningún problema con ella”, dice uno de los labriegos. De hecho, sabe que “metió papeles a eso de restitución de tierras”.
Otra dificultad que surge en todo este entuerto son los incentivos económicos que reciben por conservar los bosques. El proceso está a cargo de la Corporación Masbosques, que ejecuta un convenio suscrito con el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Río Sinú (CVS) a través del cual se implementó un esquema de pagos por servicios ambientales en los municipios de Tierralta y Valencia, con los cuales se pretende impulsar la protección de los bosques de zonas de reserva forestal.
Jorge Andrés Urrea García, director ejecutivo de Masbosques, le aseveró a este portal que tampoco tenía conocimiento de la decisión tomada por la ANT: “Procederemos a comunicarle dicha información al Ministerio de Ambiente y la CVS para determinar los pasos a seguir con respecto a la continuidad o no de las 26 familias incluidas en el asunto. Así mismo identificar cuáles son estas 26 familias que estarían involucradas en el asunto”.
Al cierre de este artículo, estaba en proceso una solicitud de reunión presentada por Masbosques al Ministerio de Ambiente, a la CVS y a la ANT para revisar el tema.
El más reciente encuentro de funcionarios de Masbosques con campesinos de Puerto Rico se dio el pasado 18 de abril. “Ese día tuvimos una socialización sobre cuestiones de Masbosques”, dijo uno de los labriegos asistentes a ese encuentro, quien aprovechó el contacto con este portal para elevar una queja pública sobre el atraso en los pagos por servicios ambientales.
“Nos prometieron seis pagos de 800 mil pesos cada uno, pero en 2022 solo nos hicieron tres pagos y el convenio se venció en febrero pasado. Somos campesinos pobres que cuidamos la tierra, no podemos cultivar, no podemos quemar, por eso necesitamos el incentivo, nos deben tres pagos”, insistió el labriego entrevistado.
La dirección de Masbosques admitió la demora y así se lo hizo saber a este portal: “Me permito informarle que el convenio tuvo una suspensión, por tal motivo se interrumpieron los pagos, y este fue ampliado con el fin de cumplir con el número de pagos acordado, en el momento nos encontramos ampliando los acuerdos de conservación y en espera que el ministerio nos haga desembolso para iniciar con el cuarto pago”.
Pese a las dificultades, los campesinos ocupantes están esperanzados en la iniciativa del gobierno nacional de comprar tierras para entregarlas a labriegos que carezcan de ellas como parte de su estrategia para hacer una reforma agraria integral. El proceso lo inició la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López, que concluyó funciones el pasado 1 de mayo. En su informe de gestión consignó la adquisición de las primeras 9.628 hectáreas. Esa tarea le ha quedado a la nueva titular de esa cartera, Jhenifer Mojica.
“Nosotros queremos quedarnos en estas tierras. Llevamos muchos años en ellas. Por eso es importante que el presidente Petro mire para esta región. Sabemos que no se pueden titular, pero por lo menos que nos dejen y nos mantengan los derechos de uso. Es lo mínimo que pedimos”, dijo uno de los labriegos que aceptó hablar con este portal.
La propietaria del predio, por su parte, pretende que la autoridad agraria le cancele el valor de la tierra a fin de que pueda legalizar la entrega que les hizo la ANT a 26 familias a través de los contratos de uso y formalizar los 19 contratos que fueron archivados.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) prevé este tipo de transacciones cuando se trata de favorecer a campesinos sin tierra y se realizar por oferta voluntaria, pero ¿cómo hacer esa transacción si sobre esa propiedad pesa una medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia que la saca del mercado de tierras hasta tanto la URT no tome una decisión definitiva?
Actuación preventiva
VerdadAbierta.com elevó una consulta a la Procuraduría 10 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios, con competencia en el departamento de Córdoba para establecer si conocía del enredo creado por la ANT. En respuesta, esa instancia del Ministerio Público afirmó que tuvo conocimiento del caso “por la consulta elevada por el medio de comunicación y la remisión que nos hicieron del oficio 20224301163491 que la ANT dirigió a la señora Adriana Isabel Gómez Echenique. No hemos recibido directamente queja o solicitud de intervención de la señora”.
“Una vez analizando el asunto –agregó esa Procuraduría– procedimos de manera oficiosa a abrir actuación preventiva en materia agraria (Radicado E-2023-275480), en la que se solicitará información a la Agencia Nacional de Tierras sobre el análisis de la naturaleza jurídica del predio Puerto Rico; copia de los expedientes de los contratos de uso para verificar el trámite adelantado por la ANT para el otorgamiento de los mismo dentro del polígono del predio; y los avances de la Agencia Nacional de Tierras con relación a las actuaciones que según se informó en el oficio 20224301163491 se surtirían ante la queja presentada por la señora Gómez Echenique”.
Además, se consultará a la autoridad agraria si la misma Agencia, o sus antecesoras (Incoder o Incora), “adelantaron alguna actuación con relación a la situación de ocupación del predio que ha denunciado la señora Gómez Echenique”.
Asimismo, “se dará traslado a la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras para que adelante la actuación a que haya lugar ya que según se indica, la señora Gómez Echenique presentó solicitud de restitución de tierras ante la URT”.
De no encontrarse una solución adecuada, que favorezca tanto la propietaria del predio como a las familias que lo ocupan hace poco menos de 20 años, este nudo creado por el mismo Estado será difícil de desatar.
