Tras hacerse pública la propuesta, muchas preguntas quedan en el aire: ¿El sistema judicial ordinario está preparado para asumir ese reto? ¿Podrá la Fiscalía lograr en seis meses imputaciones de cargos precisas? ¿Las medidas restaurativas son eficaces? Análisis.
El miércoles 15 de febrero en la noche, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, junto a los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, presentó al país el borrador del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que no poseen un estatus político. Con estos lineamientos, se otorgarían beneficios penales y se comprometería a los miembros de estructuras delincuenciales a cumplir con un componente restaurativo a las víctimas.
El documento, de 54 artículos, se enmarca en la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno nacional, la cual se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento. (Leer más en Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)
El borrador del proyecto de ley, que actualmente está siendo analizado por el Consejo Nacional de Política Criminal, atiende este segundo componente de la ley de Paz Total. Su contenido ha generado varios debates que dejan al descubierto algunas contradicciones en el gobierno nacional.
De acuerdo con el diagnóstico del conflicto armado realizado el año pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia hay seis conflictos armados no internacionales: el Gobierno de Colombia contra el Eln; el Gobierno de Colombia contra las Agc; el Gobierno de Colombia contra las estructuras de las antiguas Farc no acogidas al proceso de paz (las de ‘Iván Mordisco’); las Agc contra Eln; Segunda Marquetalia contra las estructuras de las antiguas Farc; y esas estructuras contra el Comando de Frontera.
Con ese contexto bajo el brazo, en los últimos cuatro meses, el actual gobierno nacional ha sostenido diálogos exploratorios con distintos grupos armados organizados con el fin de determinar su voluntad de acogerse a la política de Paz Total. La dificultad radica en definir si aquellos grupos con los que está conversando poseen “estatus político”.
Para definir ese “status”, el borrador de proyecto de ley propone que sea la Instancia de Alto Nivel —conformada por el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa y el Director Nacional de Inteligencia— la encargada de caracterizar y clasificar las estructuras armadas ilegales.
A finales del año pasado, al menos 25 organizaciones criminales habrían manifestado su intención de buscar cupo en la Paz Total, que van desde estructuras de centenares de miembros hasta miles de hombres armados en todo el territorio nacional. “Tenemos un balance preliminar, según información de la Fuerza Pública, que nos dice que el ‘Clan del Golfo’ cuenta con unos cuatro mil miembros y que las Autodefensas de la Sierra Nevada serían cerca de 200 personas”, explica Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Para facilitar la interlocución con grupos armados organizados al margen de la ley, el gobierno nacional solicitó la suspensión de órdenes de captura de algunos de sus jefes y otorgar la calidad de Gestores de Paz a algunos voceros clave de las estructuras armadas, garantizando con ello la suspensión de la medida de aseguramiento que pagan en cárcel para avanzar en los diálogos de paz.
Sin embargo, todo ello se alteró con el estallido de un escándalo en el que se advertía que, al parecer, varios narcotraficantes querían colarse en el proceso comprando su cupo por millonarias sumas de dinero. Y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se opone a suspender las órdenes de captura hasta tanto no haya mayor claridad de los lineamientos de la Paz Total.
Estatus, bajo miradas críticas
¿Qué se conoce de la clasificación de los grupos con los que el Estado va a negociar y a cuales les ofrecerá unos términos para someterse a la justicia? Aunque la clasificación la dará la Instancia de Alto Nivel, el gobierno nacional ha enviado mensajes contradictorios sobre sus intenciones. Esa situación se agudiza por cuenta de por lo menos ocho demandas contra la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022) que se tramitan actualmente en la Corte Constitucional.
En uno de los procesos de acción de inconstitucionalidad, presentado por el ciudadano Jorge Enrique Pava Quiceno, la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, presentó un extenso concepto en defensa de la constitucionalidad de la norma.
En ese documento, el Ejecutivo precisa qué grupos podrían alcanzar el estatus político y, en ese sentido, esboza que la guerrilla del Eln, por ejemplo, cumpliría con ese requisito, al igual que las estructuras armadas asociadas a las antiguas Farc que se declararon en disidencia y no firmaron el Acuerdo de Paz suscrito con el Estado colombiano, entre ellas el llamado ‘Estado Mayor Central de las Farc’, estructura que saltó a los titulares de la prensa a mediados de enero de este año por incursionar en un escuela en Yarumal, Antioquia, y regalar útiles escolares a sus estudiantes.
Por otro lado, según el concepto de Presidencia, los desertores del Acuerdo de Paz deben asumir el sometimiento a la justicia porque “ya perdieron” el estatus político al haber firmado el Acuerdo y retomado las armas. Sería el caso de la llamada ‘Segunda Marquetalia’ que, bajo ese análisis, estaría obligada a someterse en los mismos términos que deberían hacerlo las Agc, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ‘Los Chotas’, ‘Los Espartanos’ y ‘Los Pachelly’, entre otras organizaciones criminales de alto impacto.
Pese a esa diferenciación, Alfonso Prada, ministro del Interior, reconoció que el gobierno nacional estudia la posibilidad de otorgar estatus político a la Segunda Marquetalia. “Se están estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía de reconocimiento político a dichas disidencias”, dijo el pasado jueves en un foro realizado en la Universidad Externado de Colombia.
Estas distinciones de carácter político son cuestionadas por Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE). “El gobierno depende de que el grupo armado acepte esta ley”, afirmó y por eso considera que para alcanzar el éxito de la Paz Total, el gobierno nacional debería, bajo unos términos u otros, negociar para convencer al grupo criminal para que acepte esta ley de sometimiento.
“Si son ‘narcos’ o no, es una discusión trasnochada, simplista y confusa”, complementa Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río: “En la guerra se han construido una serie de ficciones que divide ‘lo político’ y ‘lo económico’ como sí lo político fuera ‘lo bueno’ y lo económico, ‘lo malo’”. (…) En la situación actual, parece que traficar coca es más crítico y penalizable que masacrar, despojar, desplazar o asesinar”.
Bajo esa línea, Johnson considera que la distinción entre grupo político y grupo criminal no funciona, “no es una dicotomía, es una zona llena de grises”. Y agrega: “Yo creo que el asunto es ¿tienen una ideología política que mire hacia el futuro y permita negociar o no?”.
Un asunto complejo, pues varios analistas han puesto en tela de juicio la ideología de los grupos armados que aseguran guiar sus acciones por un fin político. “Es muy difícil trazar divisiones entre las acciones políticas y criminales”, reprocha Preciado, de la FIP. “Hoy por hoy tenemos expresiones políticas que se han degradado a actividades más criminales y actividades criminales que se han organizado bajo esquemas y discursos políticos, como el caso de los grupos de La Sierra que antes eran ‘Los Pachenca’”.
En otro caso puntual, desde la FIP consideran que grupos como las Agc poseen un estatus político e ideológico artificial porque tienen un “discurso de autodefensas que con el tiempo se ha ido mezclando con una copia de la operatividad más clásica de una guerrilla”, mientras su faceta más fuerte es la relacionada con economías ilícitas.
Eso mismo piensa Ciro: “Las Agc son actores más parecidos a las corporaciones armadas en México que se enquistan en procesos de extracción económica, pero también de expansión de modelos de poder y de desarrollo, afines, por ejemplo, al statu quo”.
El investigador de la FIP considera que sería un error aplicar la negociación política a las Agc, “porque luego entonces el estatus político podría aplicarse casi que a cualquier grupo de crimen organizado al margen de la ley en armas en el país”. En ese sentido Preciado y Ciro coinciden en que es clave identificar el origen de esa organización, su composición, su operatividad, objetivos y la multiplicidad de actores que la conforman.
Más allá del estatus político, el gobierno precisó que no cualquier grupo podría obtener beneficios jurídicos. El borrador de proyecto de ley contempla cinco condiciones para ser reconocidas como estructura criminal de “alto impacto”: “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas”; “Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red”; “Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo”; “Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen”; y que “cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
Reparos de lado y lado
Actualmente, el borrador del proyecto de ley está en revisión en el Consejo Superior de Política Criminal. Se espera que proponga ajustes y una vez discutidos se presente ante el Congreso de la República para su respectivo trámite legislativo. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene lo propuesto por el gobierno nacional?
“Me parece que la línea general del proyecto está ajustada a la situación”, considera Camilo Goznález Posso, presidente el presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Y continúa: “Hay que mirar asuntos más de procedimiento, algunos detalles en relación al papel de la Fiscalía, como lo ha dicho el propio fiscal General”.
No obstante, el borrador no cayó nada bien entre miembros de grupos armados ilegales que están tras las rejas y a la espera de ser extraditados. De ello ha llamado la atención el abogado Alex Morales, miembro de la Corporación Sinergia, organización que desde Medellín ha tenido la oportunidad de hablar con miembros de varias estructuras criminales.
Morales aseveró que el proyecto de ley no se construyó dialogando con organizaciones que tienen acceso a estos grupos criminales y le preocupa que no se haga una sola mención a la regulación de extradición y la repatriación de presos.
Por su parte, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, enumeró en rueda de prensa realizada hace varios días nueve observaciones que tiene del proyecto de ley, entre las que se destacan los tiempos que tendría el ente investigador para actuar en el proceso penal, los topes de extinción de dominio, librar a la Fiscalía de roles de verificación de obligaciones o la protección de las víctimas.
Pasos procesales
El sometimiento de grupos criminales tendría tres etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y cumplimiento. En la primera etapa, las estructuras armadas ilegales deberán expresar su intención de sujetarse a la ley. En ese momento, se podrían fijar zonas de ubicación temporal, si es del caso, y suspender la ejecución de órdenes de captura.
En la etapa de procesamiento, los fiscales delegados imputarían “de manera colectiva ante los jueces de la República a los integrantes de los estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, según el contenido de las actas individuales y el acta colectiva de sujeción y de garantías de no repetición, y sus anexos. Los jueces verificarán la legalidad de lo convenido e impondrán el tratamiento penal correspondiente”.
Y en la etapa de cumplimiento, el gobierno nacional, a través de diversas instancias, “hará seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones de contribución y condiciones del tratamiento penal”. Por su parte, “los jueces de ejecución de penas declararán el cumplimiento de la pena sustitutiva y de todas las obligaciones y condiciones de contribución”.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UEI) —creada dentro de la Fiscalía General de la Nación, fruto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc—, dispondría de los recursos necesarios para que esa sección pueda funcionar y conformar grupos de trabajo e investigación y trabajar de manera autónoma.
Sobre este punto, el fiscal Barbosa expresó en sus reparos al borrador de proyecto de ley por cuanto, planteó, que es toda la institución la que debería investigar a las bandas criminales de alto impacto y “no una unidad especial dentro de la Fiscalía”.
Esa preocupación la comparte Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch. A través de su cuenta de Twitter, advirtió que “la UEI cuenta con apenas 24 fiscales y 16 analistas. Y la UEI ya tiene asignada la tarea de liderar investigaciones por masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes”. Un proyecto de ley que busca incluir 25 fiscales más se debate en el Congreso, pero los recursos siguen siendo limitados.
A esas limitaciones se suman las voces de varias organizaciones sociales, que han cuestionado los supuestos logros de la UEI para desmantelar las estructuras criminales mediante la investigación y el juzgamiento de sus principales responsables, así como de su autonomía dentro de la Fiscalía. (Leer más en Cuatro cambios claves para proteger a personas defensoras de derechos humanos)
¿Sin herramientas?
El borrador del proyecto de ley plantea que durante un periodo de dos años, quien desee someterse a este beneficio podrá suscribir un acta individual de sujeción y garantías de no repetición que cobijará los delitos cometidos hasta el momento en que firma el acuerdo. Dicho plazo podría extenderse un año más si desde la Presidencia de la República así lo deciden.
Manifestando su intención de reparar a las víctimas y no recaer en su perfil criminal, los grupos delincuenciales se deben comprometer a desmantelar el grupo criminal; entregar armas, secuestrados, menores reclutados e información de redes de apoyo, beneficiarios y colaboradores. Además, tendrían que realizar un inventario de bienes y activos vinculados a las actividades ilegales de la estructura.
“En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas”, se lee en el borrador de proyecto de ley.
Al respecto, Alberto Sánchez Galeano, investigador sobre temas de seguridad y defensa, se pregunta: “¿Cuáles son las herramientas que puede tener el Estado hoy para saber que esas estructuras criminales tienen 200 apartamentos y estén reconociendo solo tres?”
Sánchez cuestiona la falta de acciones de búsqueda activa del Estado para encontrar los bienes que grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las extintas Farc no entregaron. “Eso es una diferencia en este caso. En el Acuerdo con las Farc se esperaba que de buena fe la guerrilla entregara todo. Con los grupos criminales hay un margen para pensar que no lo van a entregar todo y hay que identificarlo”, advirtió y expresó su preocupación sobre la capacidad estatal no está instalada y la información de base no completada para tal fin.
“Tenemos encima Justicia y Paz, Acuerdo con las Farc y yo no he visto la primera macroinvestigación sobre esto. En donde la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) diga ‘este grupo mintió, lo que nos dijeron que tenían era esto y hemos descubierto que en realidad son dueños de más’”, agregó.
Más limitaciones
La Fiscalía tendría un plazo de seis meses para elaborar el escrito de imputación colectiva y al llegar a la aceptación de la imputación de cargos, los miembros de los grupos criminales tendrían que identificar los bienes inventariados para que entren a un proceso de extinción de dominio bajo la responsabilidad de la UEI.
Asimismo, deberán entregar información que contribuya a impedir actividades de organizaciones criminales, identificar autores de delitos, caracterizar hechos victimizantes contra población vulnerable, señalar la ubicación de bienes y precisar fuentes de financiamiento.
Sánchez cuestionó la capacidad del Estado para cumplir con esas tareas, en dos hechos puntuales: recursos y capacidad administrativa. “Ni territorialmente ni temáticamente ni organizacionalmente, considero que en este momento la Fiscalía, la Rama Judicial y la Defensoría estén en la capacidad de absorber toda las responsabilidades y roles que le están poniendo sobre los hombros, salvo si los tiempos se alargan un poco”, señaló este experto.
Por su parte, Preciado, de la FIP, no solo criticó el corto plazo de imputación colectiva, sino que llamó la atención sobre la necesidad de establecer plazos prudentes para los procesos y evitar que ocurra lo que pasó con Justicia y Paz: “El colapso vía la cantidad de procesos”.
El mismo fiscal Barbosa advirtió que en solo seis meses la Fiscalía no podrá hacer corroboración y contrastación probatoria. “¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado para la Paz, nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen”, explicó.
Y aclaró el funcionario que los bienes que la justicia ha logrado incautar a estas bandas criminales y que están en los inventarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con anterioridad a que eventualmente se sancione la ley, no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales: “26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”.
Para efectos de la pena a cumplir, el borrador del proyecto de ley diferencia dos grupos, según la gravedad de sus acciones y su grado de participación: por un lado, los que tengan mayor responsabilidad tendrían que cumplir una pena carcelaria de seis a ocho años, más cuatro años de participación en acciones restaurativas fuera del penal y, del otro lado, no irán presos quienes estuvieron involucrados en delitos menores como el uso de prendas de las Fuerzas Armadas, empleo de equipos transmisores con fines ilícitos, el porte de armas de fuego o el concierto para delinquir.
El fiscal Barbosa no está de acuerdo plenamente con este punto: “No es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esas circunstancias”.
El borrador en discusión precisa que los que no vayan a la cárcel de todas maneras tendrían que participar por cuatro años en los programas de justicia restaurativa, así como de otros compromisos y aclara que “la renuncia condicionada a la persecución penal será exclusivamente por estos delitos y a ella no podrán acceder los jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto”.
Sánchez considera que es favorable que se le dé un trato diferencial a los miembros de las bandas criminales que cometieron delitos menos graves, pero le preocupa que se pudiera volver una puerta trasera para que los menores reclutados —que sirven en acciones de vigilancia, control o tráfico— se desvinculen de las estructuras delincuenciales y no se reconozca la magnitud del crimen de lesa humanidad que se cometió.
Además, el hecho de que los delincuentes se sometan a cumplir una pena carcelaria, está en duda. Algunos analistas coincidieron en que los más antiguos miembros de estas estructuras pueden tomar esta oportunidad como una vía para salir de sus problemas legales, en especial los que ya están purgando una pena en la cárcel. Sin embargo, los más jóvenes es probable que den un paso al costado.
Por eso a Ciro le preocupa lo que puede venir después: si las cabezas de las organizaciones se entregan, se puedan generar confrontaciones internas por mercados que siguen dando muchos réditos.
Riesgo ante autoexcluidos
De acuerdo con el borrador en discusión, las imputaciones se harían de manera colectiva y entre varios requisitos, la Fiscalía debería incluir patrones macrocriminales que lleven a agrupar los diferentes delitos y formas de victimización, y llegue a conclusiones sobre los niveles de mando y control de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
Ciro piensa, al respecto, que en relación a los patrones el Estado colombiano debe dar respuesta frente a casos como el de la Segunda Marquetalia: “Debe dar cuenta de los responsables de los entrampamientos que motivaron la decisión de desistir del proceso de paz, cómo va a ser la reintegración en el proceso y qué es necesario ajustar del proceso de implementación de los acuerdos que han llevado a un incumplimiento generalizado”.
Adicionalmente, en el borrador de proyecto de ley se compromete a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz —en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), varios ministerios y otras entidades que el gobierno central— a ofrecer programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria efectiva de los vinculados.
Esta ley podría ser una salida conveniente para aquellos miembros de estas estructuras armadas que ya purgan una condena intramural, para que al momento de cumplir ocho años desde su encierro puedan salir de la cárcel y cumplir con el resto de compromisos restaurativos. Serían “puestos en libertad provisional condicionada, un año después del momento de la firma del acta individual de sujeción y garantías de no repetición”.
Durante el desarrollo de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, algunos narcotraficantes compraron su cupo en las filas de las Auc para obtener rebajas de pena, es el caso de Miguel Ángel Mejía Múnera y Víctor Manuel Mejía Múnera, alias ‘Los Mellizos’; Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra; y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’. (Leer más en ‘El Mellizo’ Mejía Múnera, a un paso de salir de Justicia y Paz y Exclusión de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra de Justicia y Paz, en manos de la Corte Suprema)
Para que no vuelvan a haber colados en las listas que entregarán estos grupos criminales, se propone que, si se llega a identificar estas trampas —tras verificación de la Dirección de Inteligencia Policial (DNI) e Inteligencia Militar, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, a los voceros-representantes de las estructuras delincuenciales, como quienes pretenden hacerse pasar por integrantes, no se les aplicaría la ley de sujeción.
“No está claro de antemano que el gobierno ni el DNI, tengan una caracterización muy precisa de los 53 grupos con los que van a negociar”, dice Sánchez, a quien le preocupa que sean los miembros de los grupos delincuenciales los que den el primer listado de quiénes conforman la estructura, pues podría caerse en una jugada de los criminales presos que aseguren que muchos de los miembros del grupo delincuencial ya están tras las rejas y un grueso de los miembros no figure nunca en los registros.
“Eso puede dar pie a que muchos de los que están en la cárcel o que ya han pasado por la cárcel y el Estado los conoce, decidan darse el nombre de la estructura”, advierte Sánchez, lo que generaría nuevos riesgos, pues aquellos miembros que el Estado no tenga identificados podrían optar por seguir en las calles, conformar otro grupo y quedarse con las zonas de operación. Por eso, alerta este experto que no hay criterio expresado en el borrador del proyecto de ley para sancionar a los autoexcluidos. De ser así, la Paz Total podría ser engañada.
Participación de víctimas
“La participación de las víctimas en el proceso se hará de manera colectiva, designando para su representación legal voceros, los cuales ejercerán la representación efectiva de sus derechos”, se lee en el borrador del proyecto de ley.
La tarea de identificar a las miles de víctimas de las organizaciones criminales de alto impacto recaería en la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que tendrán la responsabilidad de convocarlas, identificarlas y contactarlas.
Sería el juez, mediante sentencia, quien integraría las medidas de justicia restaurativa y las de reparación colectiva que correspondan, incluyendo los aportes de verdad. También aclara que habrá “sentencias complementarias” si después de proferida la sentencia colectiva se conociera algún hecho atribuible a los integrantes de las estructuras criminales.
Pero, ¿en qué momento serían escuchadas las víctimas? Según el borrador del proyecto de ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recogerían las demandas de verdad y reconocimiento de responsabilidad que esperan acepten las estructuras criminales para que el juez las tenga en cuenta antes de la elaboración de la sentencia colectiva.
Además, durante la etapa de procesamiento, la Fiscalía o el Ministerio Público solicitaría abrir incidente de restauración de los daños colectivos y tras haber pasado el proceso de imputación de cargos, la Defensoría del Pueblo, en representación de las víctimas, presentaría “la caracterización de las consecuencias dañosas de los patrones criminales, y las propuestas de las víctimas sobre actos y proyectos de restauración colectiva”.
A Pappier, de Human Rights Watch le preocupa que en el articulado “no se establezca ninguna consecuencia para los miembros de estructuras criminales que no reconozcan delitos que solo son conocidos más adelante en ‘sentencias complementarias”‘.
Por otro lado, desde que inicien las conversaciones, las estructuras armadas criminales podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica de las víctimas y territorios afectados.
Sin embargo, Sánchez duda que todos los delitos que hayan cometido las bandas criminales puedan ser objeto de justicia restaurativa: “Muchas de las bandas criminales en zonas urbanas están fijadas a minar la capacidad del patrimonio económico de los ciudadanos. Ahí estamos en una discusión mucho más material que simbólica”.
Además, este experto observa que el rol de las víctimas termina siendo marginal. Estarían en el proceso para “legalizar el reconocimiento de unos delitos, pero que no están tan activamente metidas en el proyecto de ley para pelear por una reparación material”.
En este punto coincide la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que ha llamado la atención de los tiempos que se plantean para que las víctimas de estas estructuras delincuenciales se acerquen al proceso penal y restaurativo.
“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, resaltó por su parte Francisco Barbosa e instó a que se incluya una ruta de atención, reconocimiento o reparación.
Para Preciado, investigador de la FIP, “el peligro está en no tener víctimas de segunda categoría, es decir, no tener víctimas que importen más que otras si las comparamos con las posibles víctimas de procesos de negociación política como las que serían las que surjan del proceso con el Eln y su reconocimiento”, y llama la atención sobre la claridad en la responsabilidad financiera con la que se busca reparar a las víctimas.
En el contenido de la sentencia colectiva, se consignarán “las obligaciones de contribución a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad de los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y el compromiso de no volver a delinquir”. El gobierno nacional, a través de la instancia de verificación, haría seguimiento al cumplimiento de las condiciones de contribución, y los jueces de ejecución de penas declararán el cumplimiento de la pena sustitutiva.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz armarían un programa que impulse el reconocimiento de responsabilidad, la dignificación y la transformación de las relaciones entre las víctimas, los responsables y las comunidades en los territorios de operación de las estructuras.
Dichas acciones no empezarían a ponerse en marcha cuando los condenados cumplan su pena. En la cárcel accederían a un modelo de penas con componente restaurativo, reparación y contribución a la verdad en pabellones especiales. Para ello, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñaría programas y actividades especiales de restauración y reinserción que contribuyan a la desvinculación del condenado de las estructuras delictivas, “la restauración de los daños colectivos de las víctimas, la contribución a la verdad sobre la actuación criminal de la estructura y la recomposición del tejido comunitario”.
El investigador de la FIP considera que ya es momento de preguntarse qué tanto se ha usado la justicia restaurativa para reparar el tejido social, qué ha funcionado y qué no. Para el proyecto de ley que propone el gobierno nacional, considera, debe ser pieza fundamental la participación de las víctimas: “de manera que no solo se hable de por qué es necesaria la justicia restaurativa, sino para lograr entender que sería justicia para las víctimas de estos grupos en su imaginario”, concluye.
A Ciro le preocupa que se siga desconociendo las dinámicas de los mercados de la cocaína y la marihuana y lleve al gobierno nacional a usar la ley de manera equívoca para la excarcelación y la impunidad. “La Paz Total sin el tránsito a la regulación legal estricta de las drogas en el país, va a simplemente desestructurar los equilibrios que se han logrado entre actores violentos y crear nuevas violencias”, advierte esta analista.
La discusión alrededor del borrador de proyecto de ley es amplia y habrá mucho más que debatir cuando se pronuncie el Consejo Nacional de Política Criminal y el documento pase al Congreso de la República.
Nota del Editor: De manera insistente se solicitó una entrevista con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pero no fue posible obtenerla por razones que no fueron explicadas por sus asesores de prensa.
