Ramiro y Javier Buitrago, padre e hijo, fueron asesinados por su labor social. Los casos, que se encuentran en los tribunales de Justicia y Paz, no han avanzado, y la tierra que abandonaron aún no la recuperan. La familia tuvo que huir para protegerse y hasta el día de hoy el desplazamiento les pasa factura.
Ramiro era un líder comunitario que trabajaba a favor de los habitantes del corregimiento Plan de Armas, municipio de Landázuri, en el sur del departamento de Santander, donde vivía con su familia en un pequeño terreno en el cual producía distintos alimentos que les permitía vivir dignamente. Enid, su hija, así lo recuerda: “era una persona muy querida por la comunidad, era consciente de las dificultades que enfrentaban día a día los habitantes de la zona y por eso le exigía al Estado que las solucionara”.
Antes de su asesinato, en una entrevista con María Clara Torres, investigadora de la Universidad Javeriana, Ramiro mencionó justamente la inacción del Estado en Landázuri: “Hay una cantidad de familias que tienen una situación precaria, una situación jodida ¡y el Estado debe de ver por ellas! Pero ni unos cumplen el deber, ni ellos reclaman ese derecho. Con el Estado toca es reclamándole, ¡el Estado no suelta nada así como así!, es necesaria la organización social”.
Enid vivió toda su infancia y adolescencia en la región y confirma las palabras de su padre: “El ambiente era muy difícil. Había muertos siempre, en el pueblo tenían siempre gente amarrada para matarlos”.
Ramiro fue uno de los fundadores del Comité de Derechos Humanos en Landázuri. Una de sus labores era mediar con los grupos armados que operaban en la región. Con su oportuna intervención, evitó que muchos campesinos fueran asesinados.
También participó en la creación de las Escuelas Básicas Integrales para el Desarrollo Sostenible, que surgieron en respuesta a la situación precaria de violencia y pobreza que se vivía en la región. El municipio de Landázuri fue uno de los primeros lugares en adoptar esa metodología, que involucraba a la comunidad, a expertos y a líderes locales.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/ Programa para la Paz), estas escuelas empoderaban a los pobladores de la región para compartir saberes y experiencias que fortalecieran redes entre vecinos y el tejido social. El proceso incluía a los más pequeños de la región para formar ciudadanos que tomaran decisiones y se convirtieran en constructores de paz. Así, se buscaba acabar con el estigma de que “los campesinos no son capaces de propiciar el cambio, pues viven en el atraso, el subdesarrollo, la pobreza y la ignorancia”.
El trabajo que hizo Ramiro por la comunidad le hizo merecedor del Premio Provincial de Paz en su versión del 2001, otorgado por la Pastoral Social de Vélez, Santander. Enid, quien ha estado frente al caso del asesinato de su padre, lo recuerda como la persona más grande que ha conocido. Edelmira García, su esposa, y sus hijos, se sentían muy orgullosos del trabajo que él hacía para su gente.
Irrumpe la muerte
El 23 de enero de 2004, la violencia tocó la casa de la familia Buitrago. Hombres armados del Frente Isidro Carreño del Bloque Central Bolívar llegaron a la finca y asesinaron a Ramiro, a sus 67 años de edad. Para esa época, ese grupo paramilitar estaba comandado por Ciro Antonio Díaz Amado, alias ‘Nicolás’, y Luis Alfonso Rangel Bernal, alias el ‘Tigre’, quienes fueron asesinados posteriormente en disputas territoriales con el Bloque Puerto Boyacá.
El liderazgo que ejerció Ramiro inspiró a su hijo Javier, quien dedicó su vida al servicio de las comunidades de Plan de Armas, desempeñándose como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento y como inspector de policía. incluso, fue candidato al Concejo Municipal de Landázuri.
Poco más de un año después del asesinato de Ramiro, su hijo corrió la misma suerte. El 1 de septiembre de 2005 fue acribillado por hombres del Bloque Puerto Boyacá. El paramilitar Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, comandante de ese grupo armado ilegal, reconoció la autoría de sus hombres en este hecho y admitió su responsabilidad en ese crimen, así como en el desplazamiento forzado de su núcleo familiar, en una audiencia de versión libre realizada el 28 de mayo de 2015 ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bucaramanga.
Enid recalca que Ramiro fue el último de los fundadores del Comité de Derechos Humanos en ser asesinado. Los demás fueron ultimados alrededor del pueblo, pero a su padre lo asesinaron en su propia casa aprovechando su situación de discapacidad.
“Yo vi a mi papá luchar por las personas del pueblo. A pesar de ser discapacitado, lo vi subirse a un caballo e irse al monte a hablar con guerrilla y paramilitares”, menciona ella para explicar su insistencia con el caso y reclamar justicia.
El desarraigo de la violencia
Según el Registro Único de Víctimas, entre 1985 y el 30 de noviembre de 2022, 8,3 millones de personas sufrieron desplazamiento forzado en el país. Los Buitrago engrosaron esa cifra tras el asesinato de su padre. Para 2004, la mayoría de hermanos ya eran mayores de edad, por lo que, recuerda Enid, cada uno tomó un rumbo distinto para subsistir lejos de la violencia.
La necesidad de salir de su hogar para huir de la violencia y evitar represalias en su contra los ha sometido a varios tipos de dificultades desde hace casi 20 años. Enid, quien al momento del asesinato de su padre tenía 26 años, ahora vive en situación de desplazamiento forzado. Además, es responsable de sus dos hijos y de Edelmira, su mamá.
El asesinato de su padre afectó psicológicamente a su madre al punto de estar actualmente en una casa de reposo. Sufre episodios de Alzheimer. Según la psicóloga que la atiende, es una respuesta emocional a la pérdida de su esposo, su hijo y su hogar. Esa enfermedad impide que pueda viva sola, pues necesita ayuda y atención constante de un profesional de la salud.
El desplazamiento les dejó todas las carencias del mundo. La necesidad de huir de Landázuri separó a la familia por completo y en la actualidad todos viven en ciudades distintas. Enid menciona que el desplazamiento los dejó sin un lugar de unión o reunión, lo que ha ocasionado que los lazos familiares que una vez tenía ahora estén quebrados
Además, señala que después del desplazamiento todo ha sido aún más difícil, pues ha tenido que rehacer su vida en una ciudad desconocida sin ayuda de nadie: “Ser víctima de la violencia es lo peor que le puede pasar a uno”, reitera Enid. En su experiencia, el conflicto armado obliga a sus víctimas a cargar con estigmas y señalamientos.
Su lucha por salir adelante le permitió hacer estudios técnicos y universitarios. Se desempeñó como representante legal de las víctimas del conflicto armado en Barbosa, Santander. Lamenta que, mientras que en el papel las víctimas del conflicto armado tienen muchos derechos, la realidad es distinta.
En su caso, hoy, después de más de 18 años del desplazamiento, su familia no ha recibido ningún tipo de ayuda. De hecho, explica que, si bien tienen una resolución que los reconoce como víctimas de desplazamiento forzado, no han recibido “una indemnización para tener al menos con que arrancar”.
La experiencia de la familia Buitrago con los procesos burocráticos que el Estado tiene establecidos para las víctimas del conflicto armado no ha sido la mejor. Enid los cataloga como imposibles, pues ellos no han logrado conseguir justicia para padre e hijo ni han logrado la restitución de tierras de la finca que tenían en Plan de Armas.
Según la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de Santander, su caso tuvo una resolución de no inicio tras considerar, sin siquiera haber practicado pruebas o visitado el terreno, que la familia no había perdido el vínculo con la finca por haber tenido un supuesto administrador durante todos estos años, lo cual es falso, dice Enid, y cerró la posibilidad de una reparación integral por la vía de la Ley 1448 de 2011.
Los tropiezos en Justicia y Paz
La injusticia que ha vivido la familia Buitrago después del asesinato de Ramiro y Javier, y el posterior desplazamiento forzado, no solo se siente en su día a día. En los tribunales de Justicia y Paz el proceso de esclarecimiento no avanza y hasta la fecha no se ha logrado la reparación integral.
Estos tribunales surgieron con la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que se aplica a los exparamilitares desmovilizados de manera colectiva bajo los acuerdos logrados a mediados de 2003 entre el estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En este ámbito, se conceden penas alternativas hasta de ocho años a quienes confiesen sus crímenes, cuenten la verdad de lo sucedido, reparen a las víctimas y se comprometan a no volver a las armas.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización de derechos humanos que representa a la familia Buitrago, explica que el procedimiento de Justicia y Paz tiene distintas fases. En un primer momento se debe llevar a cabo una audiencia de versión libre en la que los postulados serán interrogados sobre todos los hechos de los que tengan conocimiento. En ese momento, se puede establecer una sentencia anticipada para evitar la fase probatoria. De lo contrario, la normativa indica que la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz debe desarrollar una investigación para confirmar la información entregada por el postulado y realizar la correspondiente imputación de hechos y delitos.
Como el homicidio de Ramiro Buitrago ocurrió en medio de enfrentamientos entre comandantes de grupos paramilitares del Magdalena Medio, el esclarecimiento del caso se ha complicado. De acuerdo a testimonios rendidos en Justicia y Paz, en esa confrontación murieron los responsables de su asesinato, por tanto, no hay un exparamilitar que pueda reconocer la comisión del asesinato del líder campesino, ya sea como determinador o autor material.
Esa circunstancia complica el proceso judicial porque, según la ley 975 de 2005, es necesario “el reconocimiento del hecho por parte de alguno de los responsables para abrir el incidente de reparación integral”.
La investigación la lleva Iván Augusto Gómez Celis, Fiscal 34 Delegado con sede en Bucaramanga. Ante una consulta de la CCJ, este despacho respondió que el caso sería llevado ante el Tribunal de Justicia y Paz por principio de verdad, lo cual quiere decir que se imputaría el homicidio al comandante fallecido para dar paso al incidente de reparación.
Sin embargo, la familia Buitrago cuestiona que ese compromiso no se haya materializado en cinco años. Sin tener certeza de su realización, Enid se ha enterado que esa audiencia de imputación se habría llevado a cabo en diciembre pasado sin la notificación de las víctimas y sus representantes a pesar de haberse acreditado en debida forma e insistido ante fiscal Gómez Celis del interés de participar en las diligencias.
Otro de los obstáculos en la determinación de responsables y el esclarecimiento de la verdad consiste en que Arnubio Triana, alias ’Botalón’, excomandante del Bloque Puerto Boyacá, se niega a reconocer el crimen de Ramiro. “Yo no voy a reconocer algo que no cometió mi bloque”, ha reiterado ante jueces y fiscales de Justicia y Paz.
En este caso, entonces, no habría ningún tipo de responsabilidad penal, sino que se procedería a hacer una reparación económica sobre los daños causados a la familia Buitrago. Para que esta reparación se dé, debe abrirse un incidente de reparación integral, situación que después de 19 años no ha ocurrido.
El caso de Javier, hijo de Ramiro, está en una situación distinta. Fue asesinado el 1 de septiembre de 2005 mientras se desempeñaba como Inspector de Policía en Landázuri. Este asesinato sí fue reconocido por alias ‘Botalón’, quien admitió su responsabilidad en el hecho y confesó que lo ultimaron “por ser informante de la Fuerza Pública”.
A pesar de esa declaración, el caso no ha avanzado más allá de haberse realizado apertura del incidente de reparación integral, proceso que comenzó en febrero de 2022. Enid participó en esa audiencia y habló en nombre de su hermano. Sin embargo, la audiencia se ha suspendido en dos ocasiones. Recientemente fue reprogramada para el próximo 27 de febrero.
Para Enid, el caso ya debería estar resuelto y considera que, además de la falta de verdad y justicia frente a los responsables de estos hechos, lo único que hace falta es que la magistrada Oher Hadith Hernández Roa, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, determine el monto de la indemnización y una fecha de pago para que la familia pueda cerrar este capítulo.
En el aspecto económico, los familiares de Ramiro y Javier aspiran tener una reparación que les permita solventar las carencias que han acumulado por casi dos décadas, entre ellas pagar con facilidad la casa de reposo de Edelmira, esposa y madre, y encontrar un lugar en el que reunirse nuevamente como familia.
La CCJ afirma que una de las falencias que tiene el proceso de Justicia y Paz es la lentitud y su falta de respuesta a las víctimas. Un corte de cuentas realizado en 2020 por el diario El Tiempo precisa que en 15 años de vigencia de la Ley 975 se han emitido 70 condenas mediante las cuales se condenaron a la pena alternativa de ocho años a 588 exparamilitares por 9.929 hechos que dejaron 38.426 víctimas. Entre tanto, hay 81.732 hechos en proceso judicial, es decir, sin sentencia, cometidos contra 154.370 víctimas.
¿Qué pasa con las tierras abandonadas?
El desplazamiento forzado de los Buitrago vino después del asesinato de Ramiro y la finca quedó abandonada en septiembre de 2005. El terreno, de 16 hectáreas, no está a nombre de él ni de alguno de los miembros de la familia porque tras la compra en 1976 no se formalizó el negocio.
Enid explica que, en ese año, no había en Landázuri instituciones para tramitar las escrituras de propiedad. Por esa razón, se concretó como una venta de palabra que nunca se registró. El predio aún está a nombre de Jorge Armando Pachón, el anterior dueño.
Luego del desplazamiento, y para evitar que el predio cayera en manos equivocadas, Edelmira García elevó una solicitud de protección por inminencia de desplazamiento ante la Alcaldía. La finca, actualmente, se encuentra abandonada.
A pesar de esta situación, Enid aclara que la familia ha seguido pagando de forma puntual los impuestos y obligaciones que generan el predio, pues aspiran algún día a retornar con un proyecto productivo bajo el brazo que les permita salir adelante.
Para resolver el tema de la propiedad, el 2013 iniciaron un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, mediante el cual se le pedía a un juez civil el reconocimiento pleno del derecho de dominio a la familia Buitrago, tras ser la legítima dueña por más de cuarenta años. Sin embargo, la petición no prosperó porque para ese año el predio aún se encontraba protegido por la medida cautelar activada por Edelmira García.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad creada mediante la Ley 1448 de 2011 para garantizar que las víctimas de despojo y abandono de tierras pudieran ser beneficiarias de la reparación integral, tampoco le dio una respuesta satisfactoria a la familia Buitrago García. Ante su petición de restitución, la Oficina Territorial en Bucaramanga decidió no darle inicio al proceso de clarificación, dejándola por fuera de los beneficios de esa norma.
Hace tres años se levantó la solicitud de protección que tenía el predio, lo que permite volver a iniciar los procesos de restitución. Enid menciona que hace poco la familia volvió a presentar la solicitud ante la URT y tiene esperanzas de que, finalmente, se logre su retorno porque ahora la situación de violencia en Landázuri no es tan extrema.
Sobreviviendo pese a todo
La experiencia de Enid luego del desplazamiento forzado no ha sido nada fácil. La violencia no solo le arrebató a una parte de su familia, sino que también rompió los vínculos comunitarios que existían en el corregimiento de Plan de Armas.
A pesar del tiempo que ha transcurrido desde los asesinatos, la familia no ha logrado reconstituirse. En especial, resalta Enid, a causa de la falta de un hogar en el que puedan encontrarse todos los hermanos, como lo fue la finca que tenían en Landázuri.
Su experiencia después de este hecho también ha estado llena de carencias y complicaciones. “Yo pensaba que estudiar iba a ser la forma de salir adelante, pero ni así”, menciona cuando piensa en su vida después de salir de su hogar.
La realidad de esta mujer es que, posterior al desplazamiento, no ha logrado restablecer su vida, trabaja ocasionalmente en la Corporación Autónoma de Santander con un contrato por prestación de servicios, pero no ha encontrado un trabajo estable.
La vida de Enid ha sido de constante revictimización, tanto en escenarios judiciales como extrajudiciales, pues menciona que en espacios como la búsqueda de trabajo, siente que detrás de ella hay una marca de víctima que hace que las cosas sean más difíciles de lograr.
Su familia hoy, después de casi 20 años del asesinato de Ramiro y Javier, no ha podido reestablecerse ni sortear las dificultades económicas que les dejo la violencia, la estigmatización, la falta de acompañamiento e inacción de las instituciones del Estado por casi una década.
