En su undécima versión, la mayoría de los galardones fueron otorgados a dos lideresas y un colectivo de mujeres con amplio recorrido en defender las causas de diversas comunidades, así como a una red que agrupa a 160 procesos organizativos rurales.
El teatro del Centro de Memoria Distrital de Bogotá fue el escenario donde se reconocieron las luchas de quienes arriesgan sus vidas e integridad para defender los derechos humanos y denunciar atropellos contra los más indefensos a través del Premio Nacional de DDHH, que promueven Diakonia y Act Iglesia Sueca.
En esta ocasión, además de premiar las cuatro categorías habituales, se le hizo reconocimiento a la religiosa Yolanda Cerón, quien fue asesinada en Tumaco el 19 de septiembre de 2001 por un comando paramilitar pertenenciente al Bloque Libertadores del Sur de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. (Leer más en: Asesinato de Yolanda Cerón: dos décadas esperando respuestas… y aún no llegan)
“La tenacidad y el liderazgo de la hermana Yolanda fue indispensable para que las comunidades negras del Pacífico nariñense lograran la titulación colectiva de sus tierras. Además, sus denuncias visibilizaron a nivel nacional las violaciones de derechos que ocurrían en Tumaco en la década de los 90’s y principios de los 2000. Su liderazgo aún es un referente de valentía y cooperación que inspira a nuevas generaciones a seguir trabajando por la defensa de la vida, la paz y el territorio”, resaltó el Premio.
En la ceremonia de premiación fueron galardonadas dos defensoras, una organización de mujeres y una red de organizaciones mixtas, que representan la lucha de miles de personas en Colombia y América Latina por justicia y condiciones de vida dignas.
“Sus voces han sido indispensables para la construcción de paz y la defensa de los derechos sociales, colectivos y del territorio en diferentes escenarios, que gracias a su valentía han vivido transformaciones importantes”, destacaron los organizadores.
A continuación, presentamos los perfiles de las ganadoras y los ganadores de esta nueva versión del Premio Nacional de DDHH.
Ganadora del reconocimiento a toda una vida
Esta defensora de derechos humanos, oriunda del departamento de Santander, es presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). Durante más de 30 años, sus luchas por los derechos vulnerados de las comunidades campesinas, afros e indígenas, así como por gremios de pescadores, mineros y artesanos, se han concentrado no solo en Colombia, sino en América Latina.
Los derechos humanos y los derechos agrarios, diferenciados, han sido la razón de ser de su activismo. Fue una de las voces escuchadas cuando, a comienzos de la década de los años noventa, se estaba construyendo la normatividad agraria, que derivó en la promulgación de la Ley 160 de 1994, y que incluyó apartes significativos orientados a las mujeres campesinas.
Para Mendoza, el derecho a la tierra es un tema clave en su trabajo con las comunidades campesinas y todas aquellas actividades que la circundan, como el acceso a semillas, a créditos y a asistencia técnica. Así lo ha resaltado en los procesos de educación popular dirigido a sectores rurales del país que orienta la organización que preside.
Su incidencia política se ha visto reflejada en el relacionamiento con aquellas entidades estatales que tienen que ver con los sectores que representa y cuyos aportes se han visto reflejados en diversos decretos, resoluciones y leyes agrarias, entre ellas la Ley 731 de 2002, sobre la mujer rural, y la Ley 2071 de 2020, que creó alivios financieros para la producción agropecuaria, pesquera, acuícola y forestal afectados por fenómenos no controlables por parte de los productores.
En representación de la plataforma de mujeres rurales, que aglutina a más de 800 organizaciones de todo el país y que incluye a indígenas, negras, pesqueras y artesanas, esta lideresa también ha tenido una intensa participación en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC.
Desde la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas esta lideresa ha aportado conocimientos, visiones y experiencias con enfoque de género en el desarrollo de cada uno de los puntos de lo pactado, especialmente el de la Reforma Rural Integral y de manera específica en aquellos temas que tienen que ver con quienes siembran amapola, marihuana y hoja de coca para uso ilícito.
En el ámbito internacional, Mendoza ha tenido una presencia activa desde comienzos de la década de los años noventa. Representó al campesinado colombiano en la constitución del movimiento global Vía Campesina, que se concretó en mayo de 1993 en Bélgica, y que agrupa, actualmente más de 200 millones de campesinos en 81 países.
Ha tenido la oportunidad de hablar de la situación del campesinado colombiano y latinoamericano en el Parlamento Europeo, así como en otros espacios creados en Francia y Holanda, respaldada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.
Su tarea fundamental en esos ámbitos internacionales ha sido mostrar la pluriculturalidad de Colombia y América Latina, dejando clara la idea que indígenas, negros, campesinos, pescadores, mineros y artesanos tienen una fuerte relación con el campo y para los cuales siempre ha reclamado justicia, igualdad e inclusión.
Esas actividades le han generado un entorno de inseguridad constante desde que surgió su liderazgo social y político. Ataques de la Fuerza Pública, intimidaciones, amenazas y atentados de grupos armados ilegales a nivel personal y contra la organización que representa. También ha padecido acoso judicial por parte de las autoridades que, incluso, acabó en una detención. Actualmente carece de la protección personal que brinda el estado colombiano.
Ganadora de la categoría defensor o defensora del año
Abogada feminista, defensora de derechos humanos y valedora de comunidades marginadas de la región Caribe. El haberse criado en Magdalena, uno de los departamentos más golpeados por la violencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en donde cometió cientos de masacres, ataques de violencia sexual y despojo de miles de hectáreas de tierra a humildes campesinos, la condujeron por el camino del activismo social y la protección de las víctimas del conflicto armado.
Para ejercer su carrera profesional y luchar por quienes no pueden ejercer sus derechos, en el año 2003 fundó la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD). Desde sus días de estudiante de Derecho tenía anhelos de aportar, desde la teoría y la práctica feminista a la justicia de género y social, a través de la abogacía y el litigio estratégico de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, crimines de lesa humanidad e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, con impacto diferenciado en mujeres y niñas.
Y lo logró en los últimos 20 años, litigando en pro de víctimas del conflicto armado de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre y La Guajira. Ella ha representado a colectivos y mujeres ante la justicia ordinaria, penal y administrativamente; en la jurisdicción de Justicia y Paz, sistema transicional que juzgó a los desmovilizados de las AUC; en la jurisdicción especializada en Restitución de Tierras; y, actualmente, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar a exguerrilleros de las FARC y miembros de la Fuerza Pública que cometieron crímenes en medio del conflicto armado.
Paralelamente, desde ASOCOLEMAD ha realizado incidencia para la exigibilidad de casos colectivos de reparación en el Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar, por despojo de tierras, desplazamiento forzado, masacres, amenazas contra lideresas y defensoras de derechos humanos, y otros crímenes de lesa humanidad.
Cuenta con estudios de género, administración pública, planeación territorial, estadística e indicadores de género, turismo sostenible y desarrollo local en áreas rurales. Por esa razón, también apela a la planificación estratégica de genero e interseccional del trabajo en defensa de los derechos humanos de colectivos, comunidades rurales y periurbanas, poniendo énfasis en la formación de liderazgo de niñas y mujeres.
Desde el año 2012, Caicedo y sus compañeras de activismo han sufrido constantes agresiones, pasando por amenazas de desconocidos, intentos de robo de información y de allanamientos a la sede de la Asociación, y ataques físicos. La situación más grave ocurrió en diciembre de 2019 en Barranquilla, cuando el hijo menor de edad de esta lideresa fue víctima de un intento de secuestro. Tras denunciar ese hecho, se intensificaron las amenazas por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos e, incluso, personalmente por parte de desconocidos en la calle.
Esa situación la llevó a exiliarse del país y encontró refugio en el País Vasco, en España, en donde se encuentra desde el año pasado. A pesar de la distancia, sigue dirigiendo ASOCOLEMAD, trazando línea de litigio y protegiendo a las comunidades del Caribe colombiano.
Sobre por qué continúa luchando por estas causas, que le han costado sufrimiento a ella y a sus compañeras de trabajo, que incluso la obligaron al desarraigo del exilio, responde: “Vivo en medio del miedo provocado por los actores que ven mi defensa como una oposición a su interés. Pero con la conciencia y la tranquilidad que mi aporte suma al cambio y la transformación de la realidad actual de nuestro país. Así que el miedo en mi como en mis colegas se vuelve fuerza para actuar desde que tengo 20 años”.
Ganador experiencia o proceso colectivo del año a nivel proceso social comunitario
Somos Génesis es una red compuesta por más de 150 procesos organizativos y comunitarios de base que agrupa comunidades negras, indígenas, campesinas y redes sociales con asiento en diversas regiones del país que buscan alcanzar verdad, justicia y garantías de no repetición. En especial, las regiones que más han sufrido la guerra tienen una representación masiva a través de la red, como el Bajo San Juan, el Bajo Atrato o el Putumayo.
Esta red, con presencia en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, respalda a las víctimas del conflicto armado y genera espacios de paz y diálogo apelando a estrategias como Cartas Abiertas, Festivales y Encuentros de Memorias, y Acuerdo Humanitario Global.
Entre febrero 2018 y febrero 2022 organizó, en coordinación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, siete “Festivales de las Memorias” y nueve “Encuentros de Memorias”. Con respecto a las Cartas Abiertas, se destaca su difusión como estrategia de incidencia, visibilización y presión al Estado colombiano para la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades y procesos que hacen parte de la red Somos Génesis. Desde marzo de 2020 han sido escritas y difundidas por lo menos 54 cartas sobre diferentes temáticas que han servido también como elemento de protección.
La red realiza un trabajo coordinado de diferentes experiencias y realidades de resistencia frente al conflicto armado para responder conjuntamente a situaciones específicas del país. Sus actividades incluyen a una gran parte de la población colombiana, identificada o no como víctima, comprometida en la construcción de paz.
En su labor, mantiene un foco especial sobre el territorio, para impulsar procesos de paz locales y regionales que puedan llevar a una “Paz Global”, expresión con el que consideran que la paz se construye desde los territorios donde se desarrollan factores de violencia y de sus expresiones armadas. Con este propósito, las estrategias de resistencia desarrolladas a lo largo de los años por la red están enfocadas en procesos de retorno y permanencia en el territorio de las diferentes comunidades.
La red impulsa iniciativas desde y en los territorios, entre ellos, la oferta de una formación educativa universitaria en las regiones más afectadas por el conflicto amado. Y ha procurado generar espacios de diálogo entre víctimas y responsables de hechos violentos para reconstruir una nueva memoria colectiva que tenga en cuenta las necesidades y los relatos de ambas partes y favorecer así la reconciliación y la convivencia.
El proceso asociativo inició con el retorno de las comunidades negras a la cuenca del Cacarica, en el Chocó, a inicios de la década del dos mil, luego de casi tres años de desplazamiento por cuenta de la Operación Génesis, acción militar adelantada por la Brigada 17 del Ejército Nacional en alianza con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc.
La red cuenta, desde su comienzo, con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que respalda diferentes procesos internos, como la creación de la Comisión Ética de la Verdad, así como la organización de festivales y encuentros; y la visibilización y denuncia de las amenazas sufridas por varios de sus integrantes. En materia de justicia y lucha contra la impunidad, apoya su trabajo de denuncia, incidencia y visibilización regional, nacional e internacional.
Dado su origen, Somos Génesis tiene un trayecto de más de 20 años implementando procesos de retorno de comunidades desplazadas. Es por ello que propone juntar las experiencias de diferentes organizaciones y comunidades en la defensa de la vida y del territorio para responder conjuntamente a situaciones o momentos específicos del país, manteniendo un enfoque especial sobre el territorio.
En particular, desarrolla un trabajo de implementación de mecanismos de protección – como aquellos de las Zonas Humanitarias, Zonas de Biodiversidad, Resguardos Humanitarios Biodiversos, Espacios Humanitarios, Eco-aldea de Paz – y un trabajo de formación, denuncia, incidencia y visibilización, sobre memoria colectiva, garantía de no repetición, esclarecimiento de la verdad y contra la impunidad.
Además, desde el 2020, impulsa las propuestas “Acuerdo Humanitario Global” y la “Paz Global Territorial”, que están dirigidas a los distintos grupos armados ilegales y al Gobierno Nacional, que busca no solo lograr un cese al fuego en medio de un recrudecimiento del conflicto armado, sino dar los primeros pasos para que las comunidades rurales puedan vivir tranquilas, sin la zozobra que genera la guerra.
Ganador experiencia o proceso colectivo del año a nivel ONG, colectivo y ONG acompañantes
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad es una organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja en la construcción de paz feminista en Colombia desde hace 23 años. Hace parte y es filial en Colombia del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), reconocida como la organización pacifista de mujeres más antigua del mundo, con 107 años de activismo por la paz en 45 países.
LIMPAL, como también se conoce, promueve la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Agenda de “Mujer, Paz y Seguridad” en Colombia. Es reconocida por su apuesta por el desarme, la reintegración, la reconciliación desde una perspectiva feminista-pacifista y el fortalecimiento de las organizaciones a nivel local, así como por su incidencia en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
La organización apuesta por la construcción de la paz a través del empoderamiento de las mujeres y jóvenes; y de su participación ciudadana y política para el reconocimiento, apropiación, defensa y protección de sus derechos, que les permita una vida digna, autónoma y libre de violencias, con equidad de derechos.
Trabaja con víctimas de múltiples formas de violencia de género, social y armada, que viven en territorios afectados por el conflicto armado, a través de la gestión de conocimiento, el acompañamiento psicosocial y jurídico, el activismo sostenible, la construcción de paz y la incidencia política para la ciudadanía plena de las mujeres.
De esta manera, fortalece los mecanismos y procesos de exigibilidad para la protección y garantía de todos los derechos de las mujeres, la autonomía económica, la participación política y las acciones transformadoras, desde el pacifismo y la no violencia.
La Liga posiciona la paz y la seguridad humana feminista en múltiples niveles, reivindicando los saberes y las experiencias de las mujeres en los territorios para conseguir una sociedad justa, responsable ecológicamente y en donde sea posible vivir en dignidad.
Así, acompaña y fortalece procesos comunitarios de mujeres, para la producción local y sostenible de productos como aceite de coco, harina de yuca y aceites esenciales. Y aporta a discusiones locales y nacionales sobre el cuidado del ambiente y el uso consciente de productos con un menor impacto ambiental, apostando por la autonomía económica de las mujeres.
LIMPAL resalta por su trabajo con mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, jóvenes y niñas, en los departamentos de Bolívar, Meta y, recientemente, en Guaviare.
Entre 2019 y 2021, capacitó en competencias y capacidades para promover iniciativas desde un enfoque de igualdad de género, incorporando lineamientos asociados a la economía del cuidado y la división sexual del trabajo, a 753 excombatientes de las FARC, ubicados en 17 de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De ellos, 439 son mujeres.
Esta Liga desarrolla en los departamentos de Bolívar (María la Baja y Cartagena) y Meta (Villavicencio) tres espacios de cuidado colectivo para mujeres, conocidos como “Casa Amaranta”, bajo la premisa que el cuidado es una práctica que transforma, repara y sana liderazgos.
En su trabajo territorial recientemente han sufrido intimidaciones. Una de ellas ocurrió en abril de este año en el municipio de María La Baja, Bolívar, cuando un tallerista, que se dirigía a realizar una sesión de masculinidades transformadoras, fue intimidado por hombres que se transportaban en motociclistas que pasaron repetidamente frente al espacio donde se iba a desarrollar la jornada e instaron a varios de los jóvenes que participarían en ese espacio a que no se involucraran.
