En este departamento del sur del país, las comunidades indígenas se han enfrentado a múltiples violencias que han afectado su buen vivir, de acuerdo a sus costumbres ancestrales. De ellas fue enterada en días pasados la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación es crítica.
Arlex Mestizo estuvo en Bogotá para expresarle personalmente las preocupaciones de las comunidades indígenas de Cauca a Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien estuvo en días pasados en el país.
Mestizo es una voz autorizada para presentar ese diagnóstico: es coordinador del Tejido Económico Ambiental de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) e integrante del resguardo de Jambaló. Habló con claridad sobre la situación de los casi 200 mil indígenas que habitan ese departamento, casi el 20 por ciento de la población aborigen total del país, en los 84 de los 679 resguardos constituidos a la fecha.
Los incumplimientos de la consulta previa y de distintos acuerdos suscritos en el pasado con varios gobiernos nacionales, con los cuales se pretende reparar a la comunidad después de masacres y abusos por parte de empresas privadas, así como el acaparamiento de los recursos naturales por parte de foráneos hicieron parte de su agenda de conversación con la relatora García Muñoz.
Antes y después del encuentro con la funcionaria, VerdadAbierta.com conversó con Mestizo sobre la situación que se vive en su región, centrándose en tres temas fundamentales: el extractivismo de recursos naturales; el incumplimiento del Estado colombiano de varios compromisos adquiridos en el pasado, entre ellos los relacionados con los impactos de la construcción de la Central Hidroeléctrica Salvajina y la reparación colectiva luego de ocurrida la masacre de El Nilo; y la persistencia del conflicto armado en sus territorios ancestrales.
Extrayendo la vida de la tierra
La ley 21 de 1991, mediante la cual se adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que los pueblos étnicos tienen derecho a votar para aprobar o desaprobar proyectos, obras u actividades que se vayan a ejecutar en sus territorios. Este proceso, conocido como Consulta Previa, es de carácter obligatorio y busca proteger la integridad económica, social y cultural de las comunidades.
No obstante esa obligatoriedad, Mestizo dijo que, en 2018, la ACIN registró actividades de explotación ilícitas al igual que el proyecto de riego Tesalia – Paicol en el resguardo Piçkwe Thã Fiw, Tierradentro sin cumplir con ese requisito. Esa situación se presentó a pesar de que cuatro años antes, el pueblo Nasa firmó un mandato en el XIV Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el que rechazaban la presencia de multinacionales en sus territorios.
El vocero de los Nasa agregó que “ni siquiera íbamos a permitir la consulta previa”, para cerrar así la presencia de esas empresas. Por ello, desde 2013, decidieron declarar al departamento de Cauca como un territorio libre de planes, programas y proyectos mineroenergéticos.
Una investigación realizada por este portal en 2014 reveló que, para ese año, en las bases de datos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca había 271 títulos mineros vigentes. La Agencia Nacional de Minería registraba 259 títulos activos que, para la fecha, según la entidad, más de la mitad explotaban material de construcción necesario para viviendas y vías. (Leer más en: Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién?)
La institución aclaró que la posesión de un título minero no es sinónimo de explotar recursos naturales. Así, las estadísticas señalaban que el 37 por ciento de los títulos se estaban explotando y los demás estaban en fase exploratoria o de montaje.
Para 2017, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), había 227 títulos mineros activos en el departamento y 158 solicitudes Al respecto, un funcionario de esa entidad, que pidió mantener su nombre bajo reserva, le explicó a VerdadAbierta.com que la idea de declarar un municipio o departamento como zona libre de proyectos mineros o extractivistas es, más que todo, política.
De acuerdo con su explicación, la única entidad que puede permitir y prohibir la minería es la misma Agencia. Y agregó que en caso de que haya presencia de una comunidad étnica en la zona a explotar, debe llevarse a cabo la consulta previa correspondiente para permitir o no la presencia de la empresa minera. “No es potestad de la comunidad tomar ese tipo de decisiones”, reiteró.
Según datos de la ANM, en 2017 se otorgaron cinco títulos mineros para los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Villa Rica, Guapi y Puerto Tejada. En su mayoría, los títulos permitían explotar materiales de construcción, carbón y oro. Su vigencia va hasta el año 2047.
En el municipio de Jambaló se registran dos títulos mineros. Según los datos de la ANM, uno está en solicitud de evaluación y el otro fue archivado. Ambos proyectos buscaban explorar y explotar metales preciosos como oro, plata y platino.
Sin embargo, esta situación no es la misma en los demás municipios del norte de Cauca. En Santander de Quilichao, por ejemplo, hay tres proyectos activos para la extracción de materiales de construcción como arcilla, arena y grava. Pero, dentro de los registros, hay otros 29 proyectos que están en etapa de solicitud de evaluación que buscan extraer arena, grava, oro y platino, entre otros materiales.
Por otra parte, en Buenos Aires, hay 16 proyectos activos que extraen materiales preciosos, todo tipo de rocas del suelo y material para la construcción. Hay otros 40 proyectos que están esperando aprobación para poder comenzar a explotar los recursos naturales de la zona. La vigencia de los proyectos activos es de largo aliento, entre 10 y casi 40 años, con fechas tan lejanas como marzo de 2039. (Leer más en: En Buenos Aires se pararon en la raya)
Sin embargo, la denuncia de Mestizo es que luego de un estudio realizado en 2018 por la misma comunidad descubrieron que los títulos mineros seguían activos, pese a la declaratoria de 2013, situación que para los indígenas era preocupante. Y señalaron a la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti como una de las empresas asentadas en sus territorios.
Al respecto, el 20 de diciembre del año pasado, esta compañía aclaró en un comunicado de prensa que no tenía ningún interés en realizar actividades mineras en el departamento de Cauca y precisó que “las propuestas de área que hoy aparecen en el registro minero” a su nombre, le pertenecen realmente “a la empresa Royal Minerals desde 2019 y se encuentran en trámite de registro ante la Agencia Nacional de Minería”.
Otro de los reparos de Mestizo es que las empresas mineras dejaron como herencia la “minería criminal”, como la han denominado en la región. Este tipo de explotación se da en alianzas con grupos armados ilegales. De acuerdo con operaciones realizadas por la Fuerza Pública contra zonas de explotación minera ilegal en diversas áreas de Cauca, la disidencia de las antiguas Farc conocidas como Frente Jaime Martínez estaría detrás de esa actividad.
Contra los más jóvenes
A pesar de que la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, trajo un tiempo de calma en la región caucana, en cuestión de un año surgieron nuevos grupos armados que lograron ocupar los espacios de las extintas Farc. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
Según denuncias de líderes del CRIC, como Edwin Mauricio Capaz, en ese departamento hay tantos grupos armados, que la Guardia Indígena ya no logra controlarlos. Mestizo complementa y asegura que hay alrededor de 20 grupos armados y en la región norte hay mínimo 10 organizaciones al margen de la ley.
La presencia de estos actores violentos afecta sobre todo a los más jóvenes, pues son reclutados a través de promesas como dinero en efectivo —los grupos armados prometen hasta un millón de pesos—, carros y motos.
La disputa por el control de los cultivos y la distribución de hoja de coca para uso ilícito y de marihuana ha ocasionado una guerra entre las disidencias de las antiguas Farc y el Eln en el sur de Cauca, en municipios como Argelia y Balboa.
En esta región, muchos jóvenes de comunidades indígenas son instrumentalizados por las economías ilícitas, indica Mestizo: “Mientras haya narcotráfico siempre va a haber alguien que quiera controlarlo”.
El CRIC ha venido denunciando casos de reclutamiento forzado en el departamento. La última denuncia fue hecha el pasado 1 de agosto por las autoridades indígenas del territorio ancestral Kweth Kina – Las Mercedes, quienes se pronunciaron sobre el reclutamiento de tres menores de edad de 13, 14 y 16 años, respectivamente.
Según datos de la misma organización, en 2021 por lo menos 275 jóvenes caucanos, varios de ellos indígenas, fueron víctimas de reclutamiento forzado.
Mestizo explica que la Guardia Indígena ha actuado para recuperar a los menores de edad que son llevados por la fuerza hacia la guerra. Sin embargo, aclara, que esto no siempre es así y muchas veces, a la semana, vuelven cinco o diez jóvenes en ataúdes al territorio.
La violencia en Cauca no solo se expresa a través del reclutamiento forzado. Miller Correa, autoridad de la ACIN, fue asesinado el 15 de marzo de este año. El hecho se presentó en las afueras de la ciudad de Popayán y, según denuncias de la Asociación, su nombre había aparecido en un panfleto amenazante firmado por las llamadas Águilas Negras Bloque Suroccidente de Colombia, ocho días antes del crimen.
Cifras de la organización Indepaz indican que tan solo este año 18 líderes sociales han sido asesinados en ese departamento. Con el asesinato de Correa se completaron siete asesinatos de autoridades indígenas en ejercicio.
Agua: fuente de vida y de disputa
El agua es otro recurso natural que está en disputa en el norte de Cauca. La Vía Panamericana está rodeada de cientos de hectáreas sembradas de caña de azúcar que pertenecen a grandes empresas azucareras como Azúcar Manuelita, Riopaila e Incauca.
Según Mestizo, estas empresas que poseen grandes cantidades de tierra hacen dentro de sus terrenos pozos profundos de agua que afectan a los resguardos aledaños, pues no permiten el acceso al líquido. Igualmente, están secando las fuentes de agua cercanas. Además, resalta que la organización indígena ha intentado conversar con las azucareras para explicarles esa situación, pero no responden a estos llamados.
La tensión entre la industria azucarera y las comunidades indígenas se ha agravado con las recientes ocupaciones a los sembrados de caña en el departamento. A comienzos de agosto un grupo de cien “recuperadores”, como se le conoce a los indígenas encargados de ocupar los predios para recuperar el territorio ancestral del pueblo Nasa, ingresó a una hacienda en Caloto, propiedad de la familia Garcés, dueños de Manuelita.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, ha denunciado a través de distintos medios de comunicación que en lo que va del 2022 por lo menos cinco mil hectáreas han sido ocupadas. Esa cantidad de tierras están representadas en 71 predios.
Esas ocupaciones han detenido la producción de azúcar y, según Calero, cerca de 75 mil toneladas del endulzante se han dejado de generar por la situación. Otros afectados por la situación son los trabajadores de las plantaciones de azúcar, pues por las ocupaciones a los predios han perdido días de trabajo y, asimismo, días de sueldo.
El segundo problema relacionado con el agua que mencionó Mestizo tiene que ver con megaproyectos de energía, en particular con la Hidroeléctrica La Salvajina, construida por la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) en operación desde 1985, aprovechando las aguas del río Cauca a su paso por el municipio de Suárez.
En el momento de su construcción y puesta en funcionamiento, el mecanismo de participación de la consulta previa no estaba reglamentado por lo que los pueblos étnicos no pudieron sentar su voz ante las posibles consecuencias que traería el represamiento.
La inundación de tierras para crear el embalse y aprovechar su fuerza hidráulica para la generación de energía incomunicó a las comunidades de los resguardos Honduras y Cerro Tijeras. Esa situación ocasionó el desplazamiento de los pobladores, quienes tuvieron que moverse hacia las partes altas. La organización Biodiversidad LA denunció que unas seis mil personas tuvieron que desplazarse de manera forzada por cuenta de este proyecto energético.
Ante esa crítica situación, se convocaron jornadas de protesta para llamar la atención sobre los efectos adversos del represamiento del agua que derivaron en la firma de un acta de compromiso suscrita por comunidades indígenas, negras y campesinas con voceros de los gobiernos locales, regional y nacional el 17 de agosto de 1986.
Se pactaron obras de infraestructura, salud, empleo, educación y vías, fundamentalmente, pero pasados ya 36 años, los incumplimientos persisten, advierte Mestizo, quien alega que se vulneraron derechos como el libre desplazamiento pues el funcionamiento del proyecto aisló a estas comunidades y, en consecuencia, los pobladores no podían acudir a los puestos de salud ni a las instituciones educativas.
Y persisten pese a que en 2014, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-462A-14, estableció que, para ese momento, apenas se había cumplido un 30 por ciento de los acuerdos pactados, razón por la cual falló a favor de la comunidad indígena afectada y dejó varias directrices para los involucrados.
Primero, le ordenó a EPSA que en los siguientes seis meses culminara el proceso de consulta previa con la comunidad. A parte le indicó a la empresa que, en conjunto con la comunidad, debían encontrar una solución para el aislamiento de las comunidades. La sentencia indica que la empresa debe tener en cuenta “(a) transporte fluvial a través del embalse, (b) obras de infraestructura y de adecuación de caminos transitables entre las veredas y (c) las demás actividades que las comunidades indígenas actoras consideren convenientes para solucionar la problemática de la conectividad”.
Las indicaciones de la Corte no solo incluían a EPSA, la empresa operadora de La Salvajina, sino que también incluía a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Educación y de Salud, así como al Ministerio de Ambiente. Estas instituciones debían participar activamente de las mejoras que llevará a cabo la empresa así como seguirlas y vigilarlas. Y de acuerdo con Mestizo, nada se ha cumplido.
El Nilo, otra promesa incumplida
El 16 de diciembre de 1991, fueron asesinados por lo menos 21 indígenas que se encontraban en la Hacienda El Nilo, zona rural del municipio de Caloto. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la masacre fue ordenada por uno de los nuevos dueños del predio El Nilo y entre los perpetradores había agentes de Policía.
Esa apreciación es corroborada por la sentencia del Consejo de Estado, fechada el 26 de junio de 2014, que declaró responsable a la Nación por esos hechos: “La masacre fue ordenada por uno de los socios de la empresa que recientemente había adquirido la propiedad de la hacienda El Nilo y contó con la participación de civiles y miembros de la Policía Nacional acantonados en Santander de Quilichao”.
La ocupación de ese predio de 873 hectáreas, por parte de los indígenas del pueblo Nasa pertenecientes al resguardo de Huellas, responde al punto 1 de la Plataforma de Lucha del CRIC que en 1971 propuso “recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas”. Así, la ocupación de este terreno pretendía recuperar las tierras ancestrales.
Mestizo recuerda que la masacre se planeó en la hacienda La Emperatriz, otro terreno importante en el proceso de recuperación de la tierra ancestral que adelantaba el pueblo Nasa, que ha intentado solucionar el problema del acceso a las tierras en distintas oportunidades. En 1999, los pueblos indígenas del Cauca se declaran en emergencia económica, social, cultural y ambiental; en respuesta, el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) expidió el Decreto 982 de 1999 para atenderla y en la actualidad la mayoría de sus artículos está subrogada en otras leyes.
En 1992, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición en contra del Estado colombiano por la masacre de El Nilo. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Estado se declaró culpable y, como medida reparadora, llegaron al acuerdo en entregar 15 mil hectáreas al pueblo Nasa para reparar individual y colectivamente a los afectados.
En materia de justicia penal, tres civiles involucrados en la masacre fueron condenados a penas entre 25 y 27 años por homicidio y tentativa de homicidio. Sin embargo, en abril del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por esos hechos y solicitó avanzar, juzgar y sancionar a los involucrados. Asimismo, exhortó al Estado a que tomara las medidas necesarias para evitar que hechos victimizantes como estos se repitieran.
Ahora, según Mestizo, si bien el Estado ha avanzado con el proceso de compra de los predios que deben entregar al pueblo Nasa, se ha hecho incorrectamente pues están catalogados como predios de propiedad privada. Hasta la fecha, según el vocero indígena, el Estado ha comprado cerca de 13.325 hectáreas de las 15.600 que deben entregar.
Los predios están ubicados en los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca y Cauca. El problema, según el seguimiento que ha hecho la ACIN, es que estos predios están a nombre de la Asociación y de algunos cabildos indígenas jurídicamente (pero en posesión de las comunidades indígenas) y al estar tipificados como propiedad privada hay una deuda a causa del impuesto predial.
De acuerdo con Mestizo, las obligaciones tributarias rondan los ocho mil millones de pesos entre todos los predios. Ahora, la solución a este problema jurídico es que los municipios en los que se encuentran ubicados esas tierras condonen la deuda para que puedan convertirse en resguardos o sirvan como ampliación de los ya existentes.
Al respecto, la Unidad de Víctimas se encuentra adelantando las labores necesarias para saldar la deuda de los predios. La intención es que todas las entidades involucradas, como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, intervengan para que sea posible hacer la transferencia a las comunidades que requieren la tierra. En palabras de Mestizo, “hasta que eso no ocurra, esos predios no se pueden entregar a quienes los necesitan”.
